“Chiapas al borde de una guerra civil” es el título de un comunicado que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sacó en septiembre de 2021. Más de dos años después, los analistas de la entidad se dividen entre quienes piensan que fue una premonición y quienes la consideran una definición inadecuada. En lo que están de acuerdo todos los chiapanecos, menos el gobernador Rutilio Escandón, es que después de la pandemia de Covid-19 y en el marco de las elecciones estatales de 2021, la entidad cayó en una grave crisis de seguridad que sigue empeorando.

El EZLN se acerca a su 30 aniversario en este contexto. Al invitar a la sociedad civil nacional e internacional a participar en sus festejos, que se llevarán a cabo entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, el subcomandante Moisés escribió: “Es nuestro deber, al mismo tiempo que se les invita, desalentarles. Contrario a lo que informa y desinforma la prensa oficialista, autodenominada cool-progre-buena-ondita, las principales ciudades del suroriental estado mexicano de Chiapas están en un completo caos. Las presidencias municipales están ocupadas por lo que nosotros llamamos “sicarios legales” o “Crimen Desorganizado”. Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso. No son propuestas políticas las que se enfrentan, sino sociedades criminales. Entonces, pues claro les decimos que, a diferencia de otros años, no es seguro. O sea que sí queremos que vengan, aunque no lo recomendamos”.

Chiapas destaca por la rapidez con la que incrementó la percepción de inseguridad entre sus habitantes, en 10 años creció en 34%, de acuerdo con el Inegi.

Violencia generalizada en Chiapas

Dos meses antes del comunicado zapatista “Chiapas al borde de una guerra civil”, en julio de 2021, explotó lo que llevaba años gestándose. Tras el asesinato del luchador social y catequista Simón Pedro Pérez de Las Abejas de Acteal, la población de Pantelhó se rebeló y nacieron unas autodefensas. Se volvió visible que en la región los Altos de Chiapas no sólo hay presencia histórica de agrupaciones armadas, que los caciques usan para desplazar gente y acaparrar tierras, sino que operan grupos de la criminalidad organizada procedentes de otros estados de la República.

Los dos fenómenos se fueron hibridando. “La delincuencia organizada va comiéndose a los grupos de poder que hay en el territorio, es como una transnacional que va incorporando las tienditas locales”, explica Mario Ortega del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). Esto pasó también con muchas organizaciones que acabaron disolviéndose en supuestas organizaciones sociales creadas e impuestas por la criminalidad organizada.

En julio de 2021, mientras la violencia en Pantelhó estallaba y miles de personas fueron obligadas a desplazarse, en Frontera Comalapa, a unas seis horas de allí, ocurrió algo que no solía pasar en Chiapas: enfrentamientos entre cárteles. La disputa por el territorio se esparció de Comalapa a los demás municipios de la zona fronteriza con Guatemala y de la Sierra Mariscal, llegó hasta la Zona Norte y a la Selva Lacandona.

La prensa local documenta, mes tras mes, cómo nuevos municipios se vuelven parte de la región en disputa. Es común leer notas sobre personas desaparecidas, cuerpos desmembrados y poblados enteros desplazados. La violencia no trajo sólo miedo sino problemas económicos: los campesinos no logran llegar a sus parcelas o comercializar sus productos, en los mercados se volvieron frecuentes los desabastos y a causa de la inseguridad cerraron algunos centros ecoturísticos que daban de comer a comunidades enteras.

El contexto no es fácil de leer y hay muchas zonas grises: es cada vez más difícil entender si los ejidatarios que bloquean una carretera tienen un interés genuino o están obligados por la criminalidad organizada, y se volvió complicado discernir una marcha por la paz espontánea de una impulsada por un cartel para dañar al otro.

La preocupación de los chiapanecos es que los niveles de violencia puedan incrementar al acercarse las próximas elecciones a la gubernatura en 2024. “Los cárteles van sobre la estructura más débil controlable en los territorios, que son los ejidos y los municipios: desde allí pueden controlar todo en términos políticos, económicos, financieros, de caminos y de fuerza pública”, dice Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil Otros Mundos. “Sus tráficos implican el control del territorio y su objetivo es dominar cada presidencia municipal”. Ya en 2021, se cancelaron los comicios en seis municipios de Chiapas debido a la inseguridad.

Guerra de desgaste

De acuerdo con Gustavo Castro, a partir de 2000 se empezaron a sentir las consecuencias del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN): las medidas impulsadas por el gobierno, entre ellas el programa PROCEDE, causaron una crisis en el campo que debilitó el control territorial del EZLN como de los ejidos y bienes comunales, que fungían como una barrera al ingreso de las organizaciones criminales.

La presencia del EZLN, que en sus comunidades tiene prohibida la siembra de estupefacientes, sigue representando un problema para los planes de expansión territorial de las organizaciones criminales. Sin embargo, no se conoce ningún ataque directo de la criminalidad organizada en contra de las aldeas zapatistas.

Esto no quiere decir que las comunidades rebeldes nos sean victima de agresiones. Según el Frayba ya no se trata del paramilitarismo de los años ’90, cuando la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) entrenaba “secretamente a ciertos sectores de la población civil” para destruir el EZLN, haciéndole el trabajo sucio: sembraban el terror en la población civil, desplazaban miles de personas, cometían masacres. Tras la masacre de Acteal de 1997, el revuelo nacional e internacional fue tan grande que la guerra contrainsurgente cambió de cara y se volvió una “guerra integral de desgaste”. Las acciones llamativas fueron sustituidas por operaciones menos visibles, pero continuas, que desgastan a la población, día tras día: unos balazos en una comunidad, unas familias desplazadas de otra, unos jóvenes encarcelados sin pruebas.

José Díaz Gómez, campesino y base de apoyo del EZLN, fue detenido el 25 de noviembre de 2022 y torturado por la policía, que lo acusó de robo con violencia. Otro zapatista, Manuel Gómez Vázquez, fue acusado del homicidio de un hombre, mientras Manuel se encontraba en su casa con su familia. El 16 de noviembre de 2023, el zapatista de 22 años fue absuelto porque la Fiscalía no pudo presentar pruebas; ya había pasado casi 3 años en prisión preventiva.

“En 2000, con el cambio de gobierno, se reestructuran las relaciones de poder y hay un cambio en la estrategia de contrainsurgencia. Se prioriza la cooptación: muchas organizaciones de lucha terminan siendo aliadas del Estado, se corporativizan y reciben beneficios, entre ellos cargos políticos para sus líderes, a nivel municipal o incluso estatal como diputados. Estas organizaciones disputan a otras, como el EZLN, su base social”, dice Mario Ortega del Frayba. “Al mismo tiempo, la violencia armada en contra del EZLN sigue. No existe un impulso directo a nivel federal, pero sí una permisividad, como en el caso de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que es una de las organizaciones corporativistas que fueron cooptadas”.

Desde 2019 a la fecha la ORCAO, que hasta finales de los años 90 y antes de recibir programas sociales estuvo ligada al zapatismo, realizó más 110 ataques armados contra las comunidades de la región zapatista de Moisés y Gandhi, además de quema de escuelas y bodegas de café. Secuestró y torturó a bases de apoyo del EZLN y en mayo de 2023 uno de ellos, Jorge López Santiz, recibió un impacto de bala a la altura del pecho. Estuvo diez días en terapia intensiva y el funcionamiento de su intestino quedó afectado.

En una situación de violencia generalizada como la que existe en Chiapas, los zapatistas son víctimas también de agresiones que no son dirigidas específicamente en contra de ellos. Es el caso de Aldama, víctima durante unos 4 años de ataques constantes de un grupo armado de Chenalhó, que causó 8 muertos, 27 heridos y más de 2 mil desplazados, algunos de ellos zapatistas.

En las últimas semanas, el EZLN emitió una serie de comunicados en los que anunció una reestructuración interna que no estaría completa hasta volver más eficaz y horizontal el gobierno autónomo en sus territorios e incrementar su seguridad.

Explica el subcomandante Moisés: “Se ha reorganizado la estructura y disposición del EZLN de modo de aumentar la defensa y seguridad de los poblados y de la madre tierra en caso de agresiones, ataques, epidemias, invasión de empresas depredadoras de la naturaleza, ocupaciones militares parciales o totales, catástrofes naturales y guerras nucleares.  Nos hemos preparado para que sobrevivan nuestros pueblos, incluso aislados unos de otros. Como desde hace 30 años, nuestra lucha es por la vida”.

Artículo publicado en Animal Político el 26.12.2013.

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Cada vez que ve a su casa “lastimada de bala”, una mujer zapatista del ejido Moisés Gandhi tiene ganas de llorar. Otra vive con la sensación de que su compañero “ya está muerto”, asesinado con las palabras de un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que amenazó con matarle y colgarle la tripa en el cuello.

Son algunos de los testimonios de mujeres zapatistas recogidos por la Caravana de Solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi, en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que se realizó el 29 de octubre del 2020.

De acuerdo con las y los zapatistas de Moisés Gandhi, a inicios del 2020 la ORCAO comenzó una serie de agresiones que fueron escalando durante todo el año: robo y destrucción de cultivos, tala de árboles, destrozos en la escuela secundaria autónoma zapatista, amenazas y agresiones físicas. Los integrantes de la ORCAO cercaron a las comunidades zapatistas e invadieron las parcelas que en 1994 el EZLN recuperó, o sea quitó a los terratenientes para dárselas a sus bases, y de las que la ORCAO se considera propietaria.

El 22 de agosto pasado, la ORCAO llegó a saquear la tienda Arco Iris y dos bodegas de café del EZLN, que luego han sido rociadas con gasolina y quemadas junto con el comedor zapatista Compañera Lucha, ubicados en el crucero de Cuxuljá, unos de los puntos donde la presencia zapatista en la carretera que conecta las ciudades de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas es más visible. Las agresiones en Moisés Gandhi culminaron con el secuestro, el 8 de noviembre, del base de apoyo zapatista Felix López Hernández, torturado por unos 20 integrantes de la ORCAO.

A finales de agosto, mientras las llamas comían las bodegas de café y los balazos retumbaban en el cielo, a pocos centenares de metros una mujer zapatista estaba pariendo. Ella y sus compañeras viven una angustia constante: no pueden ir a sus parcelas por miedo a ser agredidas, sus cosecha se pierden y sus mesas se quedan vacías. Al arroyo para buscar agua se acercan sólo en grupo. Ver video.

“Los niños no saben si dormir con la bota puesta, porque la bala no tiene horario”, dijo Marisol Culej Culej, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), durante el foro “Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas”, que se llevó a cabo en línea el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento en línea el CDMCH, que participó en la Caravana de Solidaridad que visitó a las comunidades hostigadas por la ORCAO, destacó que las mujeres zapatistas no tienen actitud de víctimas, sino que crearon formas de resistencia a través del trabajo colectivo, en sus talleres de alfarerías o de telar. Denunció también que la ORCAO ocupó las tierras para poder aprovechar del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida, que otorga 5 mil pesos (unos 250 dólares) para supuestamente incrementar la productividad de zonas rurales, y que la acción de este grupo armado de corte paramilitar “tiene un objetivo primordial que es el desgaste”.

Tras la masacre de Acteal de 1997, la estrategia de guerra del Estado en contra de las comunidades autónomas de Chiapas consiste en agotar a la población con actos violentos, pero poco “llamativos”. Es la llamada “guerra integral de desgaste”. Al mismo tiempo, el gobierno impulsa proyectos asistencialistas para que las familias salgan de la resistencia y las comunidades acaben divididas.

“El gobierno incide individualizando a la persona, dándole un dinero y separandola de esta razón colectiva que le ha hecho frente al Estado mexicano, y a cualquier tipo de proyecto progresista”, ha afirmado la socióloga y antropóloga Margara Millán durante su participación en el foro en línea. “Las mujeres están en el centro de este conflicto y articulan varias luchas, entonces se convierten en un objeto a intimidar, a debilitar, porque nos mostraron que no hay que tener miedo”.

Este esquema de violencia, el “mismo miedo a los balazos”, de acuerdo con Rosy Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas afecta a las familias de Aldama, Chalchihuitán y Chilón; a la comunidad Los Chorros en el Municipio de Chenalhó, a Banavil en Tenejapa y al poblado de Viejo Velasco en Palenque. Y va mucho más allá de las fronteras chiapanecas.

De acuerdo con la antropóloga Aída Hernández Castillo, en distintas partes del mundo se utilizan prácticas de guerra similares, y elige una cita de la antropóloga Carolyn Nordstrom de la Universidad de Notre Dame que respalda su tesis: “Después de conducir investigación de campo en los epicentros de guerra en tres continentes durante más de quince años, he aprendido que el concepto mismo de guerras locales, ya sean centrales o periféricas, es una ficción”, escribe Nordstrom.

“No hay conflictos locales: la industria de guerra internacional está masivamente interconectada y hace posible las guerras en cualquier parte del mundo. He visto los mismos manuales de entrenamiento militar darle la vuelta al mundo, yendo de una guerra a otra. Cuando una nueva técnica de tortura se introduce en un país, la misma técnica puede ser encontrada en todo el mundo a los pocos días”.

Uno de los territorios donde la “industria de guerra internacional” implementa sus estrategias es el Kurdistán. Allí, inspiradas por la lucha de las zapatistas, las mujeres que resisten a la embestida del Estado turco están planteando unir los esfuerzos de las mujeres en lucha de todo el planeta, y crear una organización mundial de mujeres.

“Sin construir una lucha en común no se puede romper el patriarcado”, afirma al cierre del evento Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.

Para ver más material de la Caravana de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas:https://redajmaq.espora.org/materiales-caravana2020

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 30.11.2020

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Por su cercanía con Miguel Alemán, base de las operaciones de los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia, la pequeña comunidad maya chol de Susuclumil (Municipio de Tila) ha sido elegida como sede de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su capítulo que está focalizado en la guerra contrainsurgente que se desató en Chiapas después del levantamiento zapatista de 1994. “El TPP es una institución que no tiene jurisdicción pero quiere ser voz de aquellos que han sufrido injusticias por parte del gobierno o de los grupos armados. Llevaremos estas causas a los niveles más altos de justicia internacional”, nos relata el miembro del jurado Guillermo Villaseñor.

La preaudiencia se llevó a cabo el 6 y 7 diciembre de 2013 y concluyó con la declaración de culpabilidad del Estado mexicano por brindar “cobertura, seguridad y apoyo económico a las fuerzas paramilitares”. Además, según los jueces del TPP, el estado no ha garantizado el acceso de las víctimas a la justicia y “existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos”.

Las conclusiones de los jueces se sacaron a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas, que por motivos de seguridad prefirieron quedar anónimos. De estos se extrae que los paramilitares nunca atacaron a guerrilleros, sino a la población inerme: bases de apoyo del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), afiliados al PRD (Partido de la Revolución Democrática, agrupación socialdemócrata), integrantes de organizaciones populares que no apoyaban el oficialismo. Y de este modo las personas implicadas cuentan los asesinatos, descuartizamientos, violaciones sexuales, torturas y quemas de casas que vivieron en primera persona. Después de veinte años y las noches de insomnio el recuerdo sigue vivo, el dolor no se ha ido.

Frente a los jurados del TPP una mujer relata de cuando, aún adolescente, vio descuartizar a su padre. Algunos recuerdan el momento en que encontraron a un ser querido asesinado en una emboscada y otros los días difíciles pasados en la montaña a la intemperie, mientras los desplazados huían de la violencia de sus comunidades para encontrar amparo en otros poblados de la región, muchas veces dejando sus parcelas y sus casas quemadas por los paramilitares, con todas sus pertenencias dentro. Un hombre cuenta que en 1995, en la comunidad del Limar, estuvo encerrado quince días con otras personas en una casa rodeada por los grupos armados ilegales, hasta que finalmente algunos lograron huir a la ciudad de Palenque y otros a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Muchas personas afectadas por la violencia paramilitar han acudido a los tribunales de Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia. De hecho, se conocen los nombres de quienes mataron y de quienes mandaron matar. Se conocen también sus caras, que los familiares de las víctimas siguen encontrando en las calles o en los palacios del poder, ahora convertidos en alcaldes o diputados, habiendo formado parte de las filas de Desarrollo, Paz y Justicia.

De hecho, los crímenes de los paramilitares siguen impunes. Así ocurrió con la masacre de la comunidad de Viejo Velasco, donde el 13 noviembre de 2006 alrededor de 40 integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por unos 300 elementos de la Policía Sectorial, asesinaron a 5 personas, desaparecieron a 2 y desplazaron a 36, que nunca pudieron regresar a sus tierras.

Otro ejemplo de impunidad es el caso de la comunidad de Acteal, en los Altos de Chiapas, donde el 22 diciembre de 1997 un grupo de paramilitares del grupo Máscara Roja, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinó a 45 personas de la asociación Sociedad Civil Las Abejas de Acteal durante una oración. De los 87 paramilitares encarcelados, 51 fueron liberados. “Los liberaron bajo fianza y recibieron dinero, casa y tierra”, denuncia frente al TPP Rosendo Gómez Hernández, presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La asociación denuncia también la manipulación de los líderes comunitarios por parte de las autoridades a través de la entrega de dinero o regalos, que Rosendo Gómez Hernández define “balas de azúcar”.

Además, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales es otra etapa, empezada después de 1999, de la guerra de contrainsurgente que las autoridades mexicanas están librando contra las comunidades organizadas chiapanecas, con el objetivo de dividirlas y comprar a sus dirigentes. Sin embargo, aunque con diferente intensidad, la violencia paramilitar no ha terminado: los manuales de contrainsurgencia de los ’90 – “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000” – se siguen aplicando tanto en la selva Lacandona como en los Altos de Chiapas.

Artículo publicado el 13.01.2014 en Upside Down World

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