Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto? 

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos. 

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

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No habiendo más, con mi marido me acuesto», afirma Chiqui al comentar su nueva casa de paredes de cartón en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, en el departamento colombiano del Cauca. Allí, hoy en día viven unos centenares de exguerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chiqui es una mujer bajita y enérgica de cincuenta años, que ha militado en la guerrilla durante cuarenta: cuando era niña entró en el M19 y, cuando éste se desmovilizó, se incorporó a las FARC. «Nunca he creído en las desmovilizaciones», afirma la excombatiente. «En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan doscientos años en el poder. Y no creo que el Gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió», añade.

Sin embargo, esta vez Chiqui ha aceptado los acuerdos firmados en setiembre de 2016 entre los mandos guerrilleros y el Gobierno colombiano, y ha decidido desmovilizarse. Con su perro Morocho y sus compañeros de la columna móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC, en enero dejó la montaña donde combatía y marchó hasta uno de los veintiséis puntos donde los acuerdos de paz establecían que se concentraran las FARC durante seis meses, para entregar sus armas y desmovilizarse paulatinamente.

Una vez que los combatientes llegaron allí se tuvieron que enfrentar con el primer incumplimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos: en lugar que una estructura para recibirlos, encontraron un terreno lleno de lodo. Con el tiempo llegaron los materiales, y los mismos integrantes de las FARC se encargaron de construir la Carlos Perdomo, que hoy luce como una pequeña aldea equipada con alcantarillado y alumbrado público.

«No diría que el Gobierno no cumplió, sino que no ha cumplido. Hay demoras, retrasos e inconvenientes pero vamos avanzando, porque lo importante es sacar adelante el acuerdo y sentar las bases de la paz. Estamos convencidos de que hay sectores en el Gobierno que están comprometidos con lo que firmaron», afirma Marco León Calarcá, responsable por parte de las FARC de la Comisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. «Otro tema fundamental es el de los presos políticos, todavía no logramos que estén todos libres a pesar de que la Ley de Amnistía se aprobó en diciembre del año pasado».

Inseguridad y falta de trabajo

Chiqui fue presa política «de alta peligrosidad» durante diez años. La Policía la encontró en una casa de Bogotá con un pescado (secuestrado) y se la llevó junto con tres hermanas suyas. Su madre se enteró viendo la televisión. «Me tuvieron por todo el país andando, me sacaban de una cárcel para otra, fue horrible», recuerda la excombatiente.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora que vive en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación se aburre, los días pasan lentos y todos se parecen. Para ocupar el tiempo, prepara ambientadores naturales o toma tinto (café) en la casa de su amigo Rubencho, charlando sobre el tiempo pasado y sobre lo que viene. A la Carlos Perdomo, Chiqui trajo muchos recuerdos. Algunos muy duros –el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses– otros bonitos: «Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad».

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los cuarenta años que pasó en armas siente nostalgia: «Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ya sabemos que no pasará».

Desde que entregó su arma, Chiqui está preocupada por su seguridad y por la de sus compañeros. Sus temores están fundados: entre abril y agosto se han registrado doce homicidios de excombatientes de las FARC y once asesinatos de sus familiares, evidenciando la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el Gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP), a finales de la década de los ochenta: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui quiere irse a vivir a la ciudad, a pesar de que sabe que quedarse en la Carlos Perdomo, rodeada por sus compañeros, sería más seguro. Como todos los 6.900 guerrilleros y 1.541 milicianos desmovilizados, en los próximos dos años la mujer recibirá unos 190 euros mensuales más unos 560 euros de entrada, pero es muy pesimista sobre la posibilidad de tener una ocupación en el futuro: «Después de los treinta años, nadie te da trabajo en este país».

En este momento, en los veintiséis Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se están desarrollando reuniones y talleres para preparar a los excombatientes a su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz. No será fácil garantizar una ocupación estable a las más de 8.400 personas desmovilizadas y el temor es que, al no tener trabajo, acaben integrándose en los grupos delictivos.

Reincorporación a la vida cotidiana.

«Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar clausulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia», explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz, que encontramos pocos días después de la fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la agrupación con que la exguerrilla se presentará a las elecciones presidenciales de 2018.

«En el acuerdo se establecen también unos princi- pios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica», añade Eduardo Álvarez. «Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una estrategia que han llamado Economías del Común (ECOMUN), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen ‘nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se sigue yendo».

Sandra Ramírez, exmando de la guerrilla que hoy en día aparece en la lista para el congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sabe que es cierto. Mirando desde arriba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, admite que, una vez amnistiados, los guerrilleros pueden irse adonde quieran y que muchos se están yendo. Sin embargo, según ella, la organización tiene que brindar la posibilidad a los excombatientes de tener una casa y seguir viviendo en comunidad, pues las FARC para muchos representan su única familia.

Por esto, a pesar de que al momento de la firma de los acuerdos de paz los veintiséis puntos donde se concentró la guerrilla fueron concebidos como campamentos transitorios, finalmente se convirtieron en aldeas donde cuando anochece las parejas de los exguerrilleros pasean con sus bebés. «Nunca habíamos tenido una casa antes», afirma Sandra Ramírez.

En su proceso de reincorporación en la vida civil, los farianos tendrán que enfrentarse también con el estigma que cargan los guerrilleros, ya que el 83% de la población colombiana tiene una imagen negativa de ellos.

Teresa, una niña de doce años que vive en la Carlos Perdomo con su madre, estudia en la cercana escuela de Pueblo Nuevo, donde la discriminan por ser hija de una guerrillera. Teresa se crió con su abuela porque su madre la dejó con ella después de parirla, para regresar a la montaña. «Recién mi abuelita me dijo que mi mamá estaba en la guerrilla, y que tenía un permiso para venirme a conocer», cuenta Teresa. «A mi mamá la cogió la Policía mientras que estábamos en una tienda, habían tenido una llamada anónima. Estuvo casi un año presa y cuando salió de la cárcel, tras los acuerdos de paz, nos vinimos a vivir acá. Es la primera vez en mi vida que vivo con ella».

Plátanos, café y marihuana.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo se encuentra en las montañas que rodean la ciudad de Caldono (Cauca), una tierra verde cultivada con plátanos, café y marihuana, en una de las zonas del país donde ha sido más brutal la guerra que durante más de cincuenta años enfrentó las FARC al Ejército y a los grupos paramilitares (ahora oficialmente llamados Grupos Armados Organizados).

Desde hace tiempo, en esta región hay tensiones muy fuertes también entre la guerrilla marxista y los indígenas, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos quince años, antes las dos organizaciones lograban convivir y, a menudo, las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

«Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra», recuerdan unos mayores ex gobernadores del resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona española arrinconó a los nasas. «La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo».

En Toribío, a unos cien kilómetros de Pioyá, en 2012 los indígenas caucanos se levantaron contra el Ejército y las FARC. Aquel día doscientas familias tuvieron que desplazarse del poblado por temor a caer ante el fuego cruzado, justo en la fecha en que marcaba el aniversario del estallido de una chiva-bomba [chiva es una especie de autobús] activada por las FARC enfrente de la estación de Policía y que dejó unas cien casas destruidas, cuatro muertos y ochenta heridos.

«Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa», declaró la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un comunicado: «Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios».

Según el portal colombiano “Verdad Abierta”, en aquella ocasión unas trescientas personas retiraron las trincheras que la Policía tenía instaladas en Toribío, y la Guardia Indígena arrastró a unos militares de pies y manos, expulsándolos de la base del cerro Berlín. Otro grupo de ACIN marchó rumbo a la montaña para hablar con los jefes guerrilleros y exigirles que salieran de sus territorios y, al no ser recibidos por los mandos, destruyeron su campamento.

Otro tipo de guerra.

«Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda», afirma Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto. Señala con la mano las montañas que nos rodean que, cuando el sol se mete, se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembrados de marihuana, y afirma que, desde que las FARC han empezado el proceso de desmovilización, la situación se ha calmado, que la gente sale más de su casa, mientras que antes los ataques y las balaceras eran diarios. «Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos a otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazaletes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y estamos preparando un plan para enfrentar lo que viene», explica Gilberto Cuetia.

De hecho, los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los grupos armados y las empresas. «La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares», afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. «No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados –según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca–. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara».

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que representa más que nada la «jubilación para los comandantes», llevó algunos guerrilleros a decidir no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el ELN y el EPL.

«Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC habían fricciones muy fuertes, se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana, y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el Frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor», explica Eduardo Álvarez de la fundación Ideas para la Paz. «Creemos que el Gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades».

El caso que tal vez más preocupó a la cúpula guerrillera ha sido el de Rodrigo Cadete, exjefe del Frente 27 que operaba en Guaviare, Caquetá y Meta, las regiones más inhóspitas del país. Cadete ya tenía su certificado de abandono de armas cuando, a mediados de setiembre, fue visitado por unos hombres armados mientras que tomaba un refresco en una tienda del Caquetá. Despojaron a los dos guardaespaldas de sus pistolas, y Cadete se esfumó con ellos.

Artículo publicado en Zazpika en octubre de 2017.

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En 2009, Villa Saldarriaga le informó a la Fiscalía de Medellín sobre la presencia de unos cincuenta cadáveres enterrados en La Arenera del Agregado San Javier, un sector más conocido como La Escombrera, ubicado en lo alto de la Comuna 13. Allá, presuntamente, fueron a parar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas en los años de guerra entre las guerrillas y los paramilitares en Medellín, un enfrentamiento que llegó a su pico el 16 de octubre de 2002 con la Operación Orión.

Ese día, a la Comuna 13 entraron en la madrugada miembros de la Policía, el Ejército, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea, al parecer con el apoyo de grupos paramilitares, con el fin de expulsar del sector a guerrilleros de las Farc, el ELN y los Comandos Armados Populares (CAP).

La operación se extendió por varias semanas y, entre heridos, retenidos arbitrariamente, desplazados y desaparecidos, dejó más de 600 víctimas, según la Corporación Jurídica Libertad. Para 2013, la misma organización registraba a 104 personas desaparecidas forzadamente.

Con base en la información que más tarde dieron varios exparamilitares, se concluyó que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera. La insistencia de los familiares de los desaparecidos llevó a la Fiscalía a dar inicio a las excavaciones en el lugar en agosto de 2015. La exhumación duró cinco meses, terminó en diciembre de 2015 y no dio ningún resultado.

Los forenses no encontraron nada. Hoy, 15 años después de Orión, los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la Fiscalía aún no ha intervenido. Villa Saldarriaga fue uno de los paramilitares que conoció de cerca lo sucedido en la Operación Orión. Esto nos contó en entrevista exclusiva con ¡Pacifista!.

¡PACIFISTA!: ¿Usted cómo entró en las AUC?

Juan Carlos Villa Saldarriaga: Primero fui soldado, después me retiré del Ejército, y mataron a mi padre, secuestraron a mi madre y a mí me hicieron un atentado y me hirieron con varios impactos de bala. Al mes llegó una carta de un grupo de autodefensa del occidente antioqueño, del corregimiento San Cristóbal en el municipio de Bello, y me dice que yo era una persona estratégica para ingresar a las autodefensas, a una parte de la Comuna 13 de Medellín. Yo les concedí la reunión y fue allí donde me involucré en las autodefensas. Fue más bien por dolido de venganza, rabia e ira contra las milicias y las guerrillas, en especial con los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que mataron a mis familiares.

Explique el papel de las AUC en la Operación Orión.

Éramos los guías de la Operación Orión porque allá no nos dejaron entrar a nosotros. Ese fue el convenio que se hizo entre los comandantes míos con esa gente que entró a la operación.

Al decir “esa gente”, ¿se refiere a agentes del Estado?

Sí. ¿Qué hicieron supuestamente como “guías” de la Fuerza Pública? Se prestaron seis guías que salieron del corregimiento San Cristóbal. Eran exmilicianos [de la guerrilla] que se habían entregado a las autodefensas y que sirvieron para guiar al Ejército y señalar a aquellos líderes de la milicia que vivían allí.

¿Qué relación tenían las AUC con el entonces presidente Álvaro Uribe?

Todo el mundo dice que teníamos un convenio con Uribe. Yo no lo sé. De pronto los mandos altos tendrán más conocimiento de esto. Nosotros como mandos medios nos limitamos a recibir órdenes. ¿Que era claro que la Fuerza Pública no nos atacaba a nosotros? ¿Que ellos pasaban por un lado y nosotros pasábamos por otro? Es lógico que allí había algún vínculo. Varias veces tuvimos que apoyar a la Fuerza Pública en otros puntos fuera de la Comuna 13, cuando la guerrilla los arremetía. Supuestamente fuimos un segundo grupo de la Fuerza Pública para combatir a la guerrilla. Pero más vínculos que yo pueda confirmar, que por ejemplo haya visto al señor Uribe… sobre eso no tengo nada que decir.

Después de sacar a la guerrilla, ¿cuánto tiempo se quedaron en la Comuna 13?

Ya cuando tuvo dominio la Operación Orión, se da la retoma de esta comuna. No habíamos sido capaces de tomarla todavía porque no teníamos la cantidad de hombres para hacerlo. Éramos dieciocho hombres apenas, un grupo especial entre soldados retirados del Ejército y excombatientes del EPL y las Autodefensas de Casa Castaño. Estuvimos allí hasta 2003, cuando se desmovilizó el [Bloque] Cacique Nutibara. Nosotros, paradójicamente, después de que ya se había conciliado un poquito la Operación Orión, pasamos a estorbarles al Gobierno y a la Fuerza Pública y nos mataron al comandante alias El Paisa. Nos vimos obligados a abandonar la zona e ir al oriente antioqueño, donde comenzó una guerra contra el Bloque Metro que manejaba esta zona. Posteriormente se dio la desmovilización de una parte del Cacique Nutibara.

¿Por qué la fuerza pública mató a un comandante de las AUC si colaboraban con ella?

No entendemos, pero teníamos muchas ganas de pelearle al Estado. Pedimos esa autorización de pelea contra ellos y nos dijeron que no podíamos hacerle ni un tiro a la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que ustedes desaparecían?

Guerrilleros. Muchachos seleccionados por sus excompañeros, por milicias que pasaron a trabajar con nosotros. Los sacaban de la Comuna 13 o de otras partes y se daba la orden de matarlos, de desaparecerlos o de sacarles la información.

¿Todas las personas que desaparecían eran guerrilleros?

No, no todas. Había violadores, cuatreros, ladrones de carros o moto. Lo que hacía daño a la sociedad era lo que íbamos desechando en el camino.

El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que integran madres de desaparecidos de la Comuna 13, sostiene que sus hijas y sus hijos no eran guerrilleros ni criminales.

No le puedo decir si eran buenos o no. ¿Hubo hartos desaparecidos de la comuna? Puede haberlos. Nunca me podrán decir las madres que me vieron con un fusil o una pistola allá metido en la Comuna 13 tumbando una puerta y sacando a un muchacho.

¿Por qué ocultaban los cadáveres?

No sé, eran órdenes directas. Por qué y cómo, no sé. Entre 2001 y 2002 comenzó a llegar la orden de no dejar a nadie por allí tirado en la calle. Antes, donde lo cogías se ejecutaba, y normal. Pero después comenzaron con esta doctrina.

¿Cuántas personas enterraron en La Escombrera?

Yo le hice una marcación a la Fiscalía de entre cuarenta y cincuenta personas. Les marqué tres puntos allí, cerca de donde entonces había un lago. El lago era drenado por un consorcio que lo utilizaba para poder lavar el material de playa en las partes bajas.

Mientras que ustedes enterraban cuerpos, ¿había una empresa trabajando allí?

Claro. [¡PACIFISTA! se abstiene de publicar el nombre de la empresa al no haber podido verificar la información dada por el entrevistado.]

¿Tenían relación con ella? 

De lo que sé… de pronto han tenido [relación] los señores ingenieros con los altos mandos. Es lógico que todo lo que había allí tenía que pagar impuestos a la organización. Esta fue una empresa retomada y quitada a sangre y fuego a la guerrilla, y luego pasó a mano de nosotros. Se hizo reunión en el caserío con la corporación […]. Pero no le podría decir cuánta plata saldría de allí para la organización.

¿Por qué cree que la Fiscalía no encontró ningún cadáver en La Escombrera?

¿Por qué se demoraron tanto en hacer la exhumación siendo que yo venía desde 2009 dándole esta información a la Fiscalía y sabiendo que ya había entregado dieciocho, veinte fosas? Mucha gente dice que de pronto Móvil 8 está mintiendo. Yo sé lo que viví allá y lo que tuve bajo mis manos, qué hice y no hice. Estoy jurando, no buscando mi beneficio. ¿Qué hizo la empresa […] que constantemente tiene su maquinaria allí? ¿Para dónde lo removieron?

¿Está afirmando que los cuerpos han sido sacados de allí? ¿No cree que, si alguien hubiera removido cincuenta cadáveres, al realizar la exhumación los forenses se habrían dado cuenta?

Pudieron haber sido removidos, porque allí tenían que estar. Porque yo sabía y no solamente fui yo. Fui con otros compañeros excombatientes e hicimos las mismas marcaciones.

Entrevista publicada en ¡Pacifista! el 16.10.2017

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Allí lo esperan unos jóvenes que cargan unas mantas que dicen “Bienvenidas FARC a la política” y “Construyamos democracia”. Cuesta imaginar que estos mismos muchachos que ahora brincan entusiastas y aplauden, con toda probabilidad hace unos pocos meses combatían en las montañas, o vivían en clandestinidad en las urbes colombianas.

Timochenko, que a partir de la firma de los acuerdos de paz prefiere presentarse con su verdadero nombre, Rodrigo Londoño, ya habla como un político. Ya no llama a la lucha armada, sino a la lucha en contra de la corrupción, ya ha asimilado las reivindicaciones de los movimientos sociales y habla de tolerancia, diálogo y reconciliación.

“Fueron más de 50 años de resistencia armada, llegados a su fin con la firma de los Acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente”, dice Rodrigo Londoño en su discurso. “Un país en el que en primer término la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política, en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido por pensar diferente. Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos”.

Los miles de personas presentes en la plaza central de Bogotá lo escuchan con atención. Difícil saber si llegaron para apoyar el acto público de lanzamiento del partido político de las FARC o si fueron más bien atraídos por la rica oferta musical.

El evento público se dio después de casi una semana de debates adentro del Congreso constitutivo de la agrupación política de las FARC. Allí unos 1,200 delegados entre exguerrilleros, exmilicianos e integrantes del Partido Comunista Clandestino (PC3) decidieron que el símbolo de su partido es una rosa roja con una estrella en el centro y que conserva el nombre FARC, convirtiéndolo en acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una decisión que muchos consideran un error estratégico, siendo que 83 por ciento de la población tiene una imagen negativa de la exguerrilla a causa de los centenares de crímenes que cometió.

“Si van a hacer un partido comunista viejo estilo y cerrado van a tener una presencia muy limitada en el país, pero si van a hacer un partido amplio mirando hacia el futuro, como ha dicho Timochenko, pueden tener un espacio para sus propuestas”, ha afirmado la periodista colombiana Marta Ruiz en la revista Semana, al evidenciar cómo la nueva agrupación podría sacar provecho de la gran crisis de credibilidad de la política y de los partidos tradicionales. Una crisis tan grande que, de acuerdo con los resultados de la encuesta Gallup Poll de agosto, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene una opinión favorable de 12 por ciento, dos puntos por encima de los demás partidos políticos.

***

Hay muchas imágenes que describen la nueva Colombia posacuerdos de paz. Unos policías que escoltan a los delegados de las FARC al Congreso de su partido. Un funcionario de Naciones Unidas que comparte con los periodistas el WhatsApp de un comandante de la exguerrilla. Unos marxistas que durante una rueda de prensa afirman haber solicitado un encuentro con el papa Francisco, e invitan a una reunión a su peor enemigo, el expresidente Álvaro Uribe.

Con mucha dificultad la FARC obtendrá una reunión con Uribe o con los integrantes de su partido, el ultraconservador Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido el impulsor del No en el plebiscito de octubre de 2016, donde se preguntaba al pueblo colombiano si quería aprobar el texto de los acuerdos de paz. Si el Centro Democrático ganara las elecciones presidenciales de 2018, con toda probabilidad intentará tumbar las partes del acuerdo de paz a las que las negociaciones no pusieron candados muy resistentes.

“El gobierno está haciendo todo lo posible por cumplirle a las FARC, lo que es preocupante porque se montó un nivel de gasto exacerbado. Ahora para el gobierno la prioridad es darle dinero a las FARC, cuando tenemos 26 millones de pobres, más 12 millones en pobreza extrema”, afirma María Fernanda Cabal, diputada del Centro Democrático.

En realidad, según cálculos del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), el dinero que el gobierno prometió a los 6,900 guerrilleros y 1,541 milicianos para su desmovilización —220 dólares mensuales durante dos años más unos 660 dólares de entrada— equivale a los gastos de menos de una semana de guerra.

El acuerdo de paz establece que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga asegurados diez curules y, como muchos colombianos, Cabal está preocupada también de que el Congreso se llene de criminales, acusación que muchos mueven a los miembros de su partido, especialmente a Álvaro Uribe, que tiene relaciones comprobadas con los grupos paramilitares.

“Me parece terrible que las FARC estén en el Congreso sin antes haberle contado algo de verdad al país. Vamos a ver acá en el Congreso al comandante de las FARC Iván Márquez y a todos los grandes asesinos, antes de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice la congresista.

La JEP es la entidad que tiene el mandato de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por parte de todos los actores armados. De acuerdo con Diego Martínez, asesor jurídico de la delegación de paz en La Habana y miembro de la comisión jurídica que la creó, como en cualquier proceso de transición está previsto que aquellos que puedan ser sujetos de la JEP puedan participar en política. “La otra posibilidad era aplicar amnistías e indultos generales para todo el mundo, que es lo que hace la comunidad internacional en gran parte de los procesos”, explica Martínez.

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Tras la firma de los acuerdos de paz, las FARC están promoviendo un gran lavado de imagen. Activísimos en las redes sociales, los cuadros de la organización hablan de paz, de reconciliación, de cuidado del medioambiente y de su capacitad de hablar con transparencia a diferencia de “algunos políticos”.

Los líderes del exgrupo armado circulan videos que muestran el lado humano y amigable de las FARC: guerrilleras dando pecho a sus bebés o guerrilleros sonrientes preparando árboles de Navidad, jugando al futbol, hablando de la importancia de la igualdad de género. En los últimos meses en Facebook aparecieron los rostros de los guerrilleros desmovilizados que se están incorporando a la vida civil, y que antes no tenían acceso a los celulares.

“Muchos cristianos salieron del clóset”, afirma riendo un exmando de las FARC al enseñarme, en la lista de sus amigos de Facebook, las fotos de sus camaradas recién llegados: cruces, parejas abrazadas, corazones, poses sensuales, perritos.

“Con Facebook la comunicación con la familia y con los amigos es más chévere, más cercana. Pero también es un riesgo poner las fotos porque este país está lleno de paramilitares. Nuestra preocupación es que se venga una arremetida y empiecen a matarnos”, dice una mujer que desde que entró en la guerrilla, hace 40 años, se llama Chiqui.

Las preocupaciones de Chiqui tienen fundamento. Entre abril y agosto se han presentado 12 homicidios de excombatientes de las FARC y 11 asesinatos de sus familiares, lo que evidencia la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP) a finales de la década de 1980: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui tiene 50 años —“¿te lo crees?”—, es chaparrita y muy enérgica. Se crio en una familia humilde de Bogotá, su papá militaba en las FARC y a los diez años decidió entrar en el movimiento armado M19. Allí combatió 20 años y, cuando la organización decidió desmovilizarse, pasó a las FARC. “Nunca he creído en las desmovilizaciones. En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan 200 años en el poder. Y no creo que el gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió”.

A Chiqui la encontramos en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Carlos Perdomo, en el Departamento del Cauca, una de las 26 aldeas que el gobierno tenía que construir para las FARC y que al final los guerrilleros tuvieron que edificar por su cuenta. Allí, a partir de enero, se concentraron tras dejar los territorios que ocupaban unos centenares de integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora se aburre, los días pasan lentos y todos parecen iguales. Para ocupar el tiempo, Chiqui prepara ambientadores naturales, o toma tinto [café] en la casa de su amigo Rubencho, una construcción sencilla que, sin embargo, representa la primera casa que el joven tiene desde hace mucho tiempo. A diferencia de la vivienda de Chiqui, la de Rubencho tiene baño y un cuartito que un día podría convertirse en una cocina. “No habiendo más, con mi marido me acuesto”, afirma Chiqui cuando le preguntamos si le gusta su nueva casa.

A Chiqui la encontramos el 13 de agosto pasado, cuando acababan de salir los tráileres de Naciones Unidas con las armas entregadas por los ya exguerrilleros. Desde aquel día, la ZVTN, como las otras 25 presentes en el país, cambió su nombre en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Allí siguen viviendo los excombatientes, preparándose para su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz.

“Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar cláusulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia”, explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz.

“En el acuerdo se establecen también unos principios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica. Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una que han llamado Economías del Común (Ecomun), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen: ‘Nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea, unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de las zonas veredales. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se siguen yendo”, añade Álvarez.

Chiqui está entre las personas que se quieren ir a vivir en otro lado. No tiene pensado dedicarse a ningún trabajo, pues “después de los 30 años nadie te da trabajo en este país”.

A la Zona Veredal, Chiqui trajo su perro Morocho y muchos recuerdos. Algunos muy duros —el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses—, otros bonitos: “Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad”.

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los 40 años que pasó en armas siente nostalgia: “Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la Plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ahora sabemos que no pasará”.

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Ángel está seguro de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es solo para los comandantes, y que acabará siendo un partido corrupto y clientelar como todos los demás. El joven maneja su nueva moto por las terracerías que rodean el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Carlos Perdomo”. Mientras intenta no perder el control de su moto sobre las piedras lisas de la carretera, cuenta sobre su militancia de diez años en las FARC. Ahora que entregó su arma está decepcionado con los cuadros de la organización porque no lo están apoyando en obtener la amnistía que le permitiría caminar tranquilo por la calle.

“A mí no me interesan los beneficios económicos”, afirma Ángel. “Yo solo quiero los papeles para regresarme a mi casa, quiero criar a mi hijo de dos años, mi mujer me espera. Y quiero seguir estudiando telecomunicaciones”.

La felicidad para Ángel se encuentra cerca de aquí. Tres horas de carreteras de polvo, rodeadas de montañas cultivadas con plátanos, café y marihuana, lo dividen de su familia.

“Por estas montañas antes de los acuerdos de paz había tiroteos a todas las horas del día. Ahora está mucho más calmado, aunque a veces se siguen escuchando disparos por allí”, asegura Ángel.

Ahora que las FARC están quietas y desarmadas la situación está mucho más tranquila en el Cauca, uno de los departamentos donde la guerra ha sido más brutal. Desde hace tiempo en esta región hay tensiones muy fuertes entre la guerrilla marxista y los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos 15 años. Antes las dos organizaciones lograban convivir y a menudo las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

“Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra”, recuerdan unos mayores exgobernadores del Resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona Española arrinconó a los nasas. “La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo”.

Los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los demás grupos armados y las empresas.

“La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares”, afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. “No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados —según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara”.

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de un partido que representa más que nada la “jubilación para los comandantes”, llevó algunos guerrilleros a no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC había fricciones muy fuertes. Se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor”, explica Eduardo Álvarez de la Fundación Ideas para la Paz.

“Creemos —añade— que el gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades”.

Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto, afirma que las comunidades del Cauca están aprovechando este momento de calma aparente, en que la gente sale más de su casa.

Señala con la mano las montañas que nos rodean, que cuando el sol se mete se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembradíos de marihuana, y afirma que allí, antes de la desmovilización de las FARC, los ataques y las balaceras eran diarios. “Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos en otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazalete del ELN y del EPL y nos estamos preparando en un plan para enfrentar lo que viene”, explica Cuetia. “Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 8.09.2017

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“Los jefes de las FARC nos dan posibilidad de estudio, un día el camarada Jorge me propuso estudiar medicina o odontología”, recuerda Marta. “Decidí por el segundo porque en este tiempo habían pocos dentistas en la guerrilla. Ahora llevo 18 años trabajando como odontóloga en las FARC”.

Encontramos a Marta a mediado de septiembre en los Llanos del Yarí, una sábana de atardeceres maravillosos que se encuentra en el Departamento del Meta, en el sur de Colombia. Allí fue enviada como delegada a la X Conferencia Nacional Guerrillera, donde las FARC ratificaron los acuerdos de paz alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y decidieron convertirse en un partido político.

Sin embargo, el plebiscito popular convocado para el 2 de octubre rechazó los acuerdos firmados el 26 de septiembre. Una noticia que cayó como un balde de agua fría en una buena parte de la población colombiana – las instituciones, los medios, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las mismas FARC – que daba por sentado que el Sí hubiera triunfado en el plebiscito.

El 30 de noviembre, el Congreso colombiano votó a favor de un nuevo acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno colombiano, seis semanas después de que el pueblo rechazara el plebiscito. El nuevo acuerdo incorpora algunos cambios, entre ellos, las FARC acordaron entregar una lista de sus activos que se utilizarán para el fondo de reparación material a las víctimas, y se restringió la reforma agraria a la normatividad vigente para ofrecer mayores protecciones a terratenientes. Estructuralmente, sólo las partes del nuevo acuerdo que implican el derecho internacional serían incorporadas a la Constitución.

Los miembros del congreso que se opusieron al proceso y a la votación alegaron que no hubo tiempo suficiente para revisar los cambios y se abstuvieron. La ultraderecha representada por el partido Centro Democrático (cuyo líder es el ex presidente Álvaro Uribe), sigue criticando los acuerdos de paz, a pesar de que incorporen muchas de las instancias de los promotores del NO en el plebiscito del 2 de octubre.

Tras la firma del nuevo acuerdo, las y los guerrilleros se desplazarán en las 23 zonas de concentración previstas, donde pasarán seis meses, para entregar paulatinamente sus armas y prepararse a la integración en la vida civil.

Una vez salida de la zona de concentración, Marta sueña con abrir una clínica en las áreas rurales de Colombia. Ledis, presa política de la Unidad Gabriel Galbis de las FARC que recibió un permiso especial para participar como delegada en la X Conferencia Nacional Guerrillera, comparte su mismo sueño, aunque sabe que antes de trabajar en la clínica tendría que terminar sus estudios, interrumpidos el día en que el ejército entró en la universidad para detenerla.

“Mis camaradas me mandaron a estudiar odontología en la Universidad. Yo iba de civil para que nadie se enterara de que era guerrillera. Pero un desertor me reconoció y me entregó. En el juicio me acusaron de rebelión, homicidio, secuestro y me condenaron a 60 años. No nos sentencian por haber cometido algún delito, sino por lo que somos, por ser revolucionarios”, cuenta Ledis, cuyos ojos se prendieron cuando le preguntamos que iba a pasar tras la ratificación de los acuerdos de paz en el plebiscito.

“Nos dijeron que todos los prisioneros políticos iremos a la calle”, afirmó casi conmovida. “Una vez libre pienso estudiar odontología, quiero terminar el curso que ya lo tengo arto avanzado y estar a disposición del partido que creeremos, nos va a tocar trabajar mucho, sobre todo en las zonas rurales”.

Artículo publicado en el Programa de las Américas el 8.12.16

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¿Por qué se considera el problema del acceso a la tierra como causa histórica del conflicto armado colombiano?
Colombia nunca pudo atravesar un proceso de reforma agraria exitoso, todos los intentos que se hicieron en el curso de la historia del país  —y que coincidieron con momentos en que muchos países latinoamericanos estaban diseñando programas de distribución de la tierra— fracasaron. La razón principal es que las élites terratenientes nunca quisieron ceder los derechos de propiedad que habían acumulado a partir de las guerras civiles del siglo XIX. Después del asesinato del candidato del Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948 vino una época conocida como “la violencia”, donde los campesinos no sólo reclamaban el acceso a la tierra, sino una real participación política que nunca habían tenido. El acceso a la tierra es un punto central, pero si se observa la complejidad del mundo agrario se encuentran muchas más respuestas del por qué existe una guerra en Colombia: la subrepresentación de los campesinos en la vida política del país explica el origen de las guerrillas en los años 60.

Con respecto a la política agraria, ¿se registra un cambio de actitud entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la anterior administración del ex mandatario Álvaro Uribe (2002-2010)?
Sí, hay una actitud diferente. Los funcionarios que hoy están al frente de las entidades públicas tienen perfiles y origen político distintos de los de la administración de Uribe, por lo menos a nivel nacional. Por ejemplo, Miriam Villegas, directora del INCODER [gubernamental Instituto Colombiano de Desarrollo Rural], trabajó como defensora de los campesinos en reclamaciones emblemáticas de la tierra en la [céntrica] región del Magdalena Medio. De todos modos, el cambio en el plan nacional no ha logrado trasladarse a las instituciones regionales, donde mandan las élites locales muchas veces vinculadas con grupos paramilitares. Además, con Santos hay cambio de actitud y estilo, pero esto no significa que haya cambio en las políticas.

En junio del 2011 el presidente Santos sancionó la Ley 1448, o Ley de Victimas y Restitución de Tierras. ¿De qué se trata?
En término general, la Ley 1448 busca reparar e indemnizar a las víctimas del conflicto, generando las condiciones para garantizar el regreso de los campesinos desplazados a sus tierras y empezar un proceso de titulación. Se trata de tierras que actualmente se pueden encontrar en condiciones jurídicas muy diferentes entre ellas; estamos expectantes de lo que pudiera ocurrir. En diciembre pasado salió la noticia de que efectivamente se están entregando los primeros títulos de propiedad a campesinos desplazados en la zona de Montes de María [en la región Caribe]. En este caso fueron tierras donde no se consolidó el despojo sino hubo únicamente un abandono, o sea que nadie tituló y utilizó la tierra abandonada por los campesinos desplazados. Hay que ver si el Estado será capaz también de quitar los derechos de propiedad sobre tierras despojadas para devolverlas formalmente y materialmente a los campesinos, garantizando las condiciones de seguridad de los que van a regresar a su tierra.

Los críticos de la Ley 1448 afirman que ésta no suprime privilegios al agronegocio y a las grandes empresas. ¿Por qué?
La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras opera en el marco de una política agraria general del Estado; las dos tendrían que articularse. Hay que analizar cuál es el modelo de desarrollo rural que se está consolidando simultáneamente a la Ley 1448. ¿Es un modelo que además de reconocer títulos de propiedad a campesinos desplazados respeta y hace viable la economía campesina? ¿O es un modelo que prioriza las grandes inversiones, la agricultura empresarial e industrializada? La respuesta es que el modelo implementado por el gobierno no parece ser de apoyo a la economía campesina: se formaliza la propiedad de la tierra en la medida en que los campesinos se vinculen con un modelo determinado de producción agroindustrial. Un campesino despojado puede tener títulos de propiedad sobre la tierra pero no puede elegir su propio proyecto productivo sino tiene que vincularse con uno que ha sido determinado para una región; el Estado lo está orientando hacia un modelo particular de desarrollo. Además, para impedir la concentración de la propiedad, la Ley 1448 prevé una disposición muy débil y precaria frente a las condiciones del contexto, o sea que el campesino al que ha sido restituida su tierra no la pueda vender por un periodo de dos años.

A fines del año pasado se llevó a cabo el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral, organizado por la Universidad Nacional de Colombia y las Naciones Unidas, para que la sociedad civil colombiana presentara sus propuestas sobre desarrollo rural a la Mesa de Conversaciones. ¿Cree que los negociadores tendrán en cuenta las propuestas emanadas de ese foro?
No se puede pensar que en La Habana se firme el fin del latifundio o que se transforme estructuralmente al país. Pero el acuerdo sí puede generar unas bases sobre las cuales construir un modelo de desarrollo rural mucho más cercano a la necesidad de los sectores campesinos; esto sería más fácil en ausencia de conflicto armado. Sin embargo, la resolución de los conflictos agrarios del país no depende de la firma de los acuerdos de paz, la ausencia de conflicto armado no implica la ausencia de conflicto social.

Entrevista publicada el 11.04.2013 en Noticias Aliadas

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