Un currículum peligroso en Colombia, el país de América Latina donde más líderes sociales son asesinados. De acuerdo con las ONU, han matado a más de 420 desde 2016, año en que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC-EP.

Ha recibido amenazas desde 2008, ha sido víctima de dos atentados y le ha tocado desplazarse sin parar, pues en el país sudamericano es difícil encontrar un lugar donde un líder social pueda sentirse a salvo.

«Esperábamos que con la firma del acuerdo de paz el conflicto iba a ir desescalando poco a poco, pero, por contra, la situación empeoró. El Centro Democrático [fundado por el ex presidente ultraderechista Álvaro Uribe], que desde el principio se opuso a las negociaciones con las FARC, está al gobierno y no está cumpliendo lo pactado. Las comunidades campesinas, indígenas y negras seguimos en medio del fuego cruzado», afirma.

El 28 de abril, una reforma tributaria que incrementaba los impuestos en plena crisis económica causada por la pandemia ha desatado una ola de protestas en todo el país que aún no termina. Día tras día, la gente que sale a las calles para protestar ha ido aumentado. El Estado ha respondido con la misma brutalidad que emplea en los combates con los grupos armados en las zonas rurales.

En los videos difundidos en las redes sociales se ve a policías y civiles armados disparar en contra manifestantes, las céntricas calles de las ciudades convertidas en zonas de guerra, a madres llorando la muerte de sus hijos a manos de la policía. Centenares de manifestantes han sido heridos o desaparecidos y, de acuerdo con el Instituto para el Desarrollo o la Paz (INDEPAZ), 43 han sido asesinados hasta la fecha.

La reforma tributaria parece ser la gota que derramó un vaso que se iba llenando desde hace tiempo. ¿A qué se debe tanto descontento?

La reforma tributaria fue el detonante de un descontento que tiene que ver con una serie de deudas históricas que el establecimiento tiene con el pueblo colombiano: falta de salud, educación e infraestructuras, además del incumplimiento de los acuerdos de paz, que no cerraron las brechas dejadas por el conflicto. Por todo esto la gente está volcada en las calles enardecida. Además, estamos hartos de la represión de la Fuerza Pública. Un muchacho que vi nacer en mi aldea fue asesinado la semana pasada en Cali; al salir de la marcha un policía lo increpó, él le contestó y luego el policía le disparó todos los tiros de su pistola en su cabeza. Convocamos a la comunidad internacional a fijar los ojos en lo que está haciendo el gobierno en cabeza del presidente Iván Duque.

Mirando a las zonas rurales, la firma de los acuerdos de paz y la salida de las FARC-EP del conflicto causaron un reposicionamiento de los actores armados. ¿Asistimos a una fragmentación del conflicto armado?

En cada región hay muchos grupos alzados en armas, que se financian con el narcotráfico. Donde hay más presencia militar, hay más de estos grupos. El Departamento del Cauca, de donde vengo, tiene el primer lugar en asesinato de líderes sociales, el primer lugar en masacres y hay soldados en todos lados. Militarizar el territorio con el pretexto del combate al narcotráfico no es la solución.

¿O sea que el combate al narcotráfico sería sólo un pretexto? 

El narcotráfico se ha utilizado en muchos países como un pretexto para invadir el territorio y colonizarlo. Hay otras fuerzas que están avanzando en las zonas rurales, como los megaproyectos extractivistas de las transnacionales.

Algunos analistas sostienen que en Colombia se firmó una paz para el capitalismo, que la salida de las FARC-EP de territorios ricos en recursos naturales abrió la puerta a la entrada de las grandes corporaciones, interesadas en explotarlos. 

Sí, esto ha pasado. Cuando los sectores populares apoyamos la firma de los acuerdos, lo hicimos más con el corazón que con la razón. Antes de la llegada de las grandes empresas, estas zonas fueron completamente militarizadas y no precisamente para cuidarlas: en el norte del Departamento del Cauca, hay cantidades de militares y es justo donde a diario hay asesinatos y persecuciones. Lo que vemos es que la Fuerza Pública no está para cuidar a la población.

¿Y para que está entonces?

Para cuidar los intereses de las transnacionales, o sea, para abrirles el campo para que se puedan apoderar de los recursos naturales..

¿Cómo se prepararon los pueblos que viven las zonas rurales, en su mayoría indígenas y negros, para defenderse de esta embestida?

El papel de las comunidades es seguir reforzando sus procesos organizativos. Si no hubiese consejos comunitarios y organizaciones campesinas, estas zonas ya estarían totalmente devoradas por las transnacionales. Por esto nuestras comunidades están resistiendo, y por eso a diario están matando gente.

Los acuerdos de paz establecen que el Gobierno apoye la reincorporación a la vida civil de los y las exguerrilleros. ¿Qué tanto ha cumplido el Gobierno con este compromiso?

El Gobierno no fue capaz de garantizar la seguridad de los excombatientes y ya son 276 los que han sido asesinados. Tampoco cumplió con la promesa de apoyar los proyectos productivos que los excombatientes impulsaron para poderse reincorporar a la vida civil con un trabajo digno. Te pongo un ejemplo: cerca de mi comunidad está el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de La Elvira, una aldea construida para las y los excombatientes del Bloque Alfonso Cano de las FARC-EP. Allí empezaron con un proyecto productivo de transformación de café, pero cuando los grupos armados empezaron a matar a los excombatientes, quienes estaban a cargo del proyecto se tuvieron que ir y lo dejaron tirado.

Algunos excombatientes han pasado a formar parte de las llamadas «disidencias de las FARC». ¿Están coordinadas, responden a algún tipo de mando central?

Las «disidencias» retomaron las armas porque este gobierno no cumplió con su palabra, que es la implementación del acuerdo de paz. No creo se pueda afirmar que tengan una ideología política, lo que se dice es que se están refundando y que tal vez en algún momento se consoliden o se unifiquen, tal vez en el futuro tendrán una postura más política. Esto todavía no está ocurriendo y en algunas comunidades han asesinado a líderes sociales. Las «disidencias de las FARC» se están disputando un poder y un territorio con el gobierno y no están ahí solas: el gobierno las necesita para que haya un enemigo interno para seguir justificando su guerra, el negocio de armas y el despojo de la tierra a campesinos, indígenas y negros que estamos asentados en los territorios.

Durante décadas, Colombia ha elegido presidentes conservadores. El expresidente ultraderechista Álvaro Uribe tiene tanto poder que pudo «poner» a dos presidentes. El próximo año habrá elecciones presidenciales y Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá y ex guerrillero del M-19, lidera las encuestas. ¿Será Petro el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia?

Álvaro Uribe gobernó durante mucho tiempo y diseñó una estructura que le ha permitido mantenerse en el poder. Si el pueblo colombiano, los movimientos populares, nos juntáramos alrededor de una iniciativa progresista que reúna los intereses del pueblo, podría ser que el partido de Uribe no llegase a ganar. Pero hasta el momento yo no lo veo claro. Hay varios candidatos alternativos pero si no se juntan alrededor de una iniciativa que sea de un candidato único, va a ser muy difícil competirle a Uribe por el poder de maniobra que tiene.

Entrevista publicada en El Gara el 12.05.2021.

The post «Estamos hartos de represión, de falta de salud, de educación…» first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

The post Falsos Positivos first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

¿El hip-hop es algo más que música de resistencia y protesta? ¿Puede contribuir a la reconstrucción de los tejidos sociales? Unos raperos de Medellin, en Colombia, demuestran que sí. AGROARTE es un grupo de hip-hop agrario, una banda de raperos-sembradores que toman de las historias del campo su inspiración. La música para vincular, entender y trabajar en comunidad. En Así Como Suena Orsetta Bellani nos cuenta esta historia desde Colombia

The post La siembra del Hip-Hop first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Lo mismo dijeron a Zoraida Muñoz unos hombres de la Fiscalía, cuando le enseñaron la foto de su hijo Jonny Duvián Soto Muñoz. Estaba boca arriba y con tres tiros en la espalda. “Me explicaron que había sido un enfrentamiento con el ejército, que mi hijo traía un revolver”, recuerda la mujer. “Pero mi hijo jamás ha sido guerrillero”.

Era 2008, y desde hace algunos meses los noticieros reportaban una noticia alarmante:soldados asesinaban jóvenes, les sembraban armas y los presentaban a la opinión pública como guerrilleros caídos en combate. Por esto, pronto las dos mujeres entendieron que se encontraban donde nunca hubieran querido estar.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz aún no sabían que Jaime y Jonny Duvián habían sido entregados a los militares en un falso retén por un hombre llamado Alexander Carretero Díaz, quien a cambio recibió unos 300 euros por cada uno de ellos. Se había presentado a los dos, que soñaban con ser soldados, como reclutador del ejército. Por esto confiaron en él. Poco después a Jaime y Jonny Duvián los encontraron en una fosa de Ocaña, en el Departamento de Norte de Santander.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz integran la asociación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), que pide verdad y justicia para las víctimas de “falsos positivos”.

Así se conoce en Colombia este tipo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los soldados para cobrar premios, en dinero o en vacaciones, que el Estado les otorgaba por cada baja realizada en su guerra contrainsurgente. Una práctica que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, recientemente resurgió en Colombia.

Cuando en 2007 el escandalo se hizo público, el gobierno afirmó que los “falsos positivos” obedecieron a unas “manzanas podridas”. Pero las organizaciones civiles las consideran como una política de Estado, pues los altos mandos favorecían las muertes sobre las capturas: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”, decía una directiva interna del general Mario Montoya. Ningún general llegó a ser condenado por “falsos positivos”, pero sí tuvieron sentencia 1300 soldados y oficiales de rango medio.

Entre 1988 y 2014 en Colombia se registraron 2248 víctimas de “falsos positivos”. El 59% de estas ejecuciones extrajudiciales se presentaron entre 2006 y 2008, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y el Secretario de Defensa era Juan Manuel Santos, ex presidente que en 2016 ha sido galardonado con el Nobel por la Paz por haber firmado un acuerdo de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un pacto que, a pesar de haber llevado a la reincorporación a la vida civil de unos 14 mil guerrilleros, no acabó con el conflicto en el país, donde hay territorios controlados por Grupos Armados Organizados – herederos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -, por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por las “disidencias de las FARC”, personas que no aceptaron los acuerdos firmados en 2016 por los mandos guerrilleros.

Es en el marco de esta nueva geopolítica del conflicto colombiano que reaparece la sombra de los falsos positivos. Una investigación del New York Times, basada en entrevistas con tres altos oficiales del ejército colombiano, ha revelado la existencia de nuevas ordenes finalizadas a intensificar los ataques sin “exigir perfección” al momento de ejecutarlos. A cambio, como en la peor época de los mal llamados “falsos positivos”, se les ofrecía a los soldados incentivos como vacaciones extras. Las directivas han sido emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel quien, como otros nueve generales, estaría supuestamente involucrado con algunos casos de “falsos positivos” ocurridos en la pasada década.

La situación preocupa a las familiares de las víctimas de “falsos positivos”. “El nuevo pronunciamiento del general Nicacio Martínez prendió nuevamente las alarmas”, afirma Jacqueline Castillo de MAFAPO. “Al exigir al ejército doblar las bajas que implica que podrían caer nuevamente muchos civiles y que sean presentados como bajas en combate”.

Una sucesiva investigación publicada por Semana documenta que se han presentado casos de falsos positivos en 2019. La revista colombiana revela también la existencia de una cacería adentro del ejército colombiano, finalizada a individuar y sancionar a los militares que filtraron informaciones a la prensa sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales y otro relacionado con actos de corrupción. Algunos oficiales, sospechosos de haber hablado, habrían sido interrogados usando el polígrafo y unos cien ya habrían sido trasladados.

Para hacer claridad sobre los hechos, el gobierno colombiano dispuso la creación de una Comisión Presidencial de Excelencia Militar, que investigará hasta noviembre. En su informe preliminar presentado al presidente Iván Duque a finales de julio, la comisión afirma que no se reportó ningún caso de “falso positivo” durante este año, y se felicita con el general Nicacio Martínez por haber retirado a las directivas cuestionadas por el New York Times.

“El informe de los expertos está plagado de errores”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien resaltó que la Comisión no ha evaluado algunas evidencias que eran de conocimiento público y que el ejército sacó solo una de estas directrices.

Intimidaciones y hasta amenazas de muerte se estarían ejerciendo, siempre de acuerdo con la información publicada en Semana, también sobre los militares que están rindiendo sus testimonios frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se trata del tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz para juzgar a los crímenes de guerra y favorecer la reconciliación a través de un mecanismo de justicia que imparte penas alternativas a la cárcel. Allí se abrió el caso 003 sobre “falsos positivos”, al que se acogieron 55 militares.

“Los militares llegan a la JEP para hacer un show mediático y su perdón que no es sincero”, afirma Carmenza Gómez, integrante de MAFAPO y madre de Víctor Fernando Gómez Romero, quien ha sido víctima de falso positivo. “Queremos saber la verdad, empezando por las responsabilidades de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y del general Mario Montoya”.

Artículo publicado en Público el 24.08.2019

The post La sombra de los asesinatos selectivos reaparece en Colombia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Un bebé gordito sonríe en el fondo de pantalla del celular de Jeison Murillo Pachón. Es su hijo. Nació hace pocos meses en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Antonio Nariño, en el Departamento de Tolima. Se trata de una de las 24 “aldeas” donde viven una parte de los ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), tras la firma de los acuerdo de paz con el gobierno colombiano y la entrega de sus armas.

El bebé de Jeison es uno de los 90 niños que nacieron en el ETCR Antonio Nariño: en los meses siguientes a la firma de los acuerdos se registró un verdadero baby boom entre los ex combatientes. Les dicen “hijos de la paz”. “Estamos construyendo un jardín autogestionado, casi todas las instalaciones que se encuentran aquí lo son. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no nos ha apoyado”, afirma Jeison Murillo.

La postguerra en Colombia se caracteriza por numerosos incumplimientos por parte del Ejecutivo de los Acuerdos de La Habana. Más aún ahora que el Gobierno está dirigido por Iván Duque del ultraderechista Centro Democrático, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe, que intentó poner trabas al acuerdo desde el comienzo de las negociaciones de paz con las FARC. 

Jeison Murillo Pachón tiene 40 años, un par de gafas rectangulares y una barba espesa y bien cuidada. Mientras habla se pasa su celular de una mano a la otra como si fuera una pelota antiestrés. Cuando combatía en el frente urbano Antonio Nariño era conocido como Alirio Arango. La vida de combatiente es para él un recuerdo muy lejano: en 2003, un compañero lo entregó al ejército, que lo capturó en Bogotá acusándolo de haber organizado una serie de atentados contra miembros del gobierno, instalaciones militares y de policía, centros comerciales, hoteles, empresas de transportes público y medios de comunicación.

Murillo Pachón se encontraba en su celda en agosto de 2016, cuando supo que en La Habana la cúpula de las FARC-EP había llegado a un acuerdo con el gobierno. Pensó que difícilmente iba a ser algo solido, le parecía imposible que su organización dejara de luchar con el Estado colombiano. Se equivocaba.

Proceso irreversible.

A diferencia de ocasiones pasadas, el proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil parece hoy irreversible, aunque sigue siendo incompleto y está atravesando muchas complicaciones. “Los ETCR son la demostración más palpable de la voluntad de las FARC-EP de cumplir lo pactado”, afirma. De hecho, casi todos los ex combatientes han aceptado lo pactado en La Habana y se han concentrado en las ETCR, donde hace dos años entregaron casi 9 mil armas. 

Con ellas, la artista colombiana Doris Salcedo creó un “contramonumento” que se puede apreciar en el centro de Bogotá. Se llama “Fragmentos” y consiste en una habitación cuyo piso está formado por 1300 placas de metal fundido de estas armas aplastadas a martillazos por mujeres que han sufrido violencia sexual durante el conflicto armado. “Fragmentos” se puede caminar para percibir la dureza y la frialdad de su superficie, y el silencio que la rodea. 

De todos modos, en Colombia la guerra no se ha acabado realmente: el Estado sigue combatiendo a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y el país está constelado de Grupos Armados Organizados, organizaciones criminales herederas de las narcoparamilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La violencia sigue azotando el país y, en especial, a los movimientos sociales: 59 lideres sociales han sido ejecutados en los primeros 4 meses de 2019, frente a 81 en el mismo periodo del año anterior. Además, se ha matado a 133 ex guerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación. 

“Mataron a muchos compañeros pero ya no es exterminio, como ocurrió en pasado”, afirma Jeison al recordar lo ocurrido con la Unión Patriótica (UP), el partido creado por las FARC-EP tras los llamados “acuerdos de la Uribe” de 1984 que enfrentó una verdadera matanza con el asesinato de miles de militantes.

“Yo no renuncié al socialismo”

Lo que sí terminó con la firma de los acuerdos de paz de La Habana es la guerra entre el gobierno y las FARC-EP, aunque una parte de los combatientes decidieron no entregar sus armas. Les llaman “disidencias de las FARC” y se calcula que son unas mil personas las que no aceptaron lo acordado y siguen combatiendo al Estado, financiándose en buena parte con el dinero proveniente del narcotráfico. Están reclutando militantes y expandiendo su base, y acusan a la ex cúpula guerrillera de haber traicionado los principios socialistas al aceptar los acuerdos de La Habana. “Sabemos que no es cierto que traicionamos al proyecto socialista como ellos dicen”, explica Jeison Murillo Pachón. “Yo no renuncié al socialismo, en ningún momento las FARC-EP dijimos que la única vía para el socialismo es la vía armada”, subraya.

Actualmente, la guerrilla más longeva del mundo eligió la opción electoral como vía para el socialismo. En 2017 formó su partido, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que en sus primeras elecciones tuvo que enfrentarse a una rotunda derrota: sólo el 1.5% de los votantes lo eligieron. Sin embargo, los acuerdos de paz aseguran al partido FARC diez escaños en el Congreso a pesar del resultado de los comicios.

“No se sale de ser una guerrilla durante 54 años a ser el partido más votado en el país. Y no se sale de hacer la guerra – donde nuestro único contacto con las elecciones era quemar urnas u obligar los elegidos a renunciar a su cargo – a tener todo el respaldo del pueblo en las urnas”, afirma Jeison Murillo Pachón al comentar la derrota electoral.

Lo que sí preocupa a este ex combatiente son los incumplimientos del gobierno a los acuerdos firmados, que empezaron – asegura – desde el día en que unos 6 mil guerrilleros y guerrilleras aceptaron reincorporarse a la vida civil y marcharon desde sus campamentos rumbo a los ETCR, entonces llamados Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN). 

A principios de 2017, unas 300 personas marcharon desde el Departamento del Meta, por última vez en armas, a un terreno trepado en la montaña del Departamento de Tolima, en la vereda La Fila, a una hora de carretera sin asfaltar del pueblo de Icononzo. El Ejecutivo debería de haberles entregado casas y servicios. De acuerdo con lo pactado, el día de su llegada, la ETCR Antonio Nariño ya tenía que estar lista. Pero no había nada. La construyeron por su cuenta los ex guerrilleros, con el  material que el gobierno les entregó y que en buena parte está hecho con asbesto, material que en otros países ha sido prohibido por provocar cáncer.

Hoy en día, el ETCR Antonio Nariño tiene un restaurante, una tienda con billar, un hospedaje, un auditorio, baños comunales y casas. Algunas son muy sencillas – una litera, un mosquitero, la comida guardada en una reja – otras están más cuidadas y tienen pequeños lujos: televisores, masetas colgadas, muebles un poco más finos, lavadoras. Hay quienes sembraron hortalizas frente a su casa y quienes han construido un porche o un techado donde estacionar su moto.

Muchos edificios están adornados con murales, que recuerdan a comandantes de las FARC muertos en combate, o el Che Guevara, o Simón Bolívar; otros tienen pintada una hoz y martillo o una rosa, símbolo del nuevo partido nacido de la ex guerrilla.

Alrededor del ETCR Antonio Nariño se extienden las montañas del Tolima con su vegetación tropical. Los habitantes cuentan que cuando las FARC estaban en armas, en la zona había mucha violencia. Pero ahora la región está tranquila, a parte algunos casos de delincuencia común. Quizá también por esto, y a diferencia de otras regiones de Colombia donde los pobladores no ven de buen ojo la presencia de las “aldeas” de ex combatientes, en Icononzo no hay tensiones entre la población y las personas que viven en el ETCR. De ellos piensan que son campesinos, personas comunes y corrientes.

“Mucha gente [ex guerrilleros] se ha sentido obligada a salir de acá para buscar alternativas económicas a causa de la precariedad de la reincorporación”, sostiene Jeison Murillo Pachón, quien critica los fallos del gobierno en su apoyo a las cooperativas impulsadas por los ex guerrilleros, lo que les permitirían tener una entrada económica e insertarse nuevamente en la sociedad de forma colectiva. “Aquí tenemos tres cooperativas con varios proyectos: una agropecuaria, una multiactiva de manufactura, una multiactiva de servicios, una fundación de cultura y una asociación productora de cerveza”, enumera.

Sólo un proyecto aprobado 

De todos estos proyectos, sólo uno ha sido aprobado por el gobierno, los demás han sido impulsados de forma autónoma. En total, de los 52 proyectos productivos colectivos presentados a las mesas técnicas de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) por los ex combatientes de los 24 ETCR, únicamente 17 fueron aprobados y financiados por el gobierno. Y de los 13.039 excombatientes en proceso de reincorporación apenas 366 han sido beneficiados. 

El futuro les preocupa un poco a Jeison Murillo y a sus compañeros: a partir del 15 de agosto, el gobierno colombiano ya no estará obligado a apoyar económicamente a los 13 mil integrantes de las FARC que están participando en el proceso de reincorporación – actualmente les entrega unos 200 euros al mes – y se acabará la figura legal de las ETCR. El presidente, Iván Duque, afirma que el Estado comprará el predio donde se encuentra el ETCR Antonio Nariño, que hasta ahora está en arriendo, además de los terrenos donde se encuentran otras 12 “aldeas” de las ex guerrilla, para que puedan consolidar su presencia en estos territorios. Las restantes 11 ETCR deberán de reubicarse en otras regiones, pues no hay condiciones para que se queden. Un anuncio que ha generado malestar entre quienes llevan más de dos años en sus nuevos hogares, intentando acostumbrarse a su nueva vida sin armas. 

Artículo publicado en El Gara el 5 de julio de 2019.

The post El regreso a la vida civil de las FARC: un proceso irreversible first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

No habiendo más, con mi marido me acuesto», afirma Chiqui al comentar su nueva casa de paredes de cartón en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, en el departamento colombiano del Cauca. Allí, hoy en día viven unos centenares de exguerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chiqui es una mujer bajita y enérgica de cincuenta años, que ha militado en la guerrilla durante cuarenta: cuando era niña entró en el M19 y, cuando éste se desmovilizó, se incorporó a las FARC. «Nunca he creído en las desmovilizaciones», afirma la excombatiente. «En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan doscientos años en el poder. Y no creo que el Gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió», añade.

Sin embargo, esta vez Chiqui ha aceptado los acuerdos firmados en setiembre de 2016 entre los mandos guerrilleros y el Gobierno colombiano, y ha decidido desmovilizarse. Con su perro Morocho y sus compañeros de la columna móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC, en enero dejó la montaña donde combatía y marchó hasta uno de los veintiséis puntos donde los acuerdos de paz establecían que se concentraran las FARC durante seis meses, para entregar sus armas y desmovilizarse paulatinamente.

Una vez que los combatientes llegaron allí se tuvieron que enfrentar con el primer incumplimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos: en lugar que una estructura para recibirlos, encontraron un terreno lleno de lodo. Con el tiempo llegaron los materiales, y los mismos integrantes de las FARC se encargaron de construir la Carlos Perdomo, que hoy luce como una pequeña aldea equipada con alcantarillado y alumbrado público.

«No diría que el Gobierno no cumplió, sino que no ha cumplido. Hay demoras, retrasos e inconvenientes pero vamos avanzando, porque lo importante es sacar adelante el acuerdo y sentar las bases de la paz. Estamos convencidos de que hay sectores en el Gobierno que están comprometidos con lo que firmaron», afirma Marco León Calarcá, responsable por parte de las FARC de la Comisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. «Otro tema fundamental es el de los presos políticos, todavía no logramos que estén todos libres a pesar de que la Ley de Amnistía se aprobó en diciembre del año pasado».

Inseguridad y falta de trabajo

Chiqui fue presa política «de alta peligrosidad» durante diez años. La Policía la encontró en una casa de Bogotá con un pescado (secuestrado) y se la llevó junto con tres hermanas suyas. Su madre se enteró viendo la televisión. «Me tuvieron por todo el país andando, me sacaban de una cárcel para otra, fue horrible», recuerda la excombatiente.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora que vive en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación se aburre, los días pasan lentos y todos se parecen. Para ocupar el tiempo, prepara ambientadores naturales o toma tinto (café) en la casa de su amigo Rubencho, charlando sobre el tiempo pasado y sobre lo que viene. A la Carlos Perdomo, Chiqui trajo muchos recuerdos. Algunos muy duros –el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses– otros bonitos: «Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad».

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los cuarenta años que pasó en armas siente nostalgia: «Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ya sabemos que no pasará».

Desde que entregó su arma, Chiqui está preocupada por su seguridad y por la de sus compañeros. Sus temores están fundados: entre abril y agosto se han registrado doce homicidios de excombatientes de las FARC y once asesinatos de sus familiares, evidenciando la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el Gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP), a finales de la década de los ochenta: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui quiere irse a vivir a la ciudad, a pesar de que sabe que quedarse en la Carlos Perdomo, rodeada por sus compañeros, sería más seguro. Como todos los 6.900 guerrilleros y 1.541 milicianos desmovilizados, en los próximos dos años la mujer recibirá unos 190 euros mensuales más unos 560 euros de entrada, pero es muy pesimista sobre la posibilidad de tener una ocupación en el futuro: «Después de los treinta años, nadie te da trabajo en este país».

En este momento, en los veintiséis Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se están desarrollando reuniones y talleres para preparar a los excombatientes a su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz. No será fácil garantizar una ocupación estable a las más de 8.400 personas desmovilizadas y el temor es que, al no tener trabajo, acaben integrándose en los grupos delictivos.

Reincorporación a la vida cotidiana.

«Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar clausulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia», explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz, que encontramos pocos días después de la fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la agrupación con que la exguerrilla se presentará a las elecciones presidenciales de 2018.

«En el acuerdo se establecen también unos princi- pios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica», añade Eduardo Álvarez. «Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una estrategia que han llamado Economías del Común (ECOMUN), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen ‘nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se sigue yendo».

Sandra Ramírez, exmando de la guerrilla que hoy en día aparece en la lista para el congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sabe que es cierto. Mirando desde arriba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, admite que, una vez amnistiados, los guerrilleros pueden irse adonde quieran y que muchos se están yendo. Sin embargo, según ella, la organización tiene que brindar la posibilidad a los excombatientes de tener una casa y seguir viviendo en comunidad, pues las FARC para muchos representan su única familia.

Por esto, a pesar de que al momento de la firma de los acuerdos de paz los veintiséis puntos donde se concentró la guerrilla fueron concebidos como campamentos transitorios, finalmente se convirtieron en aldeas donde cuando anochece las parejas de los exguerrilleros pasean con sus bebés. «Nunca habíamos tenido una casa antes», afirma Sandra Ramírez.

En su proceso de reincorporación en la vida civil, los farianos tendrán que enfrentarse también con el estigma que cargan los guerrilleros, ya que el 83% de la población colombiana tiene una imagen negativa de ellos.

Teresa, una niña de doce años que vive en la Carlos Perdomo con su madre, estudia en la cercana escuela de Pueblo Nuevo, donde la discriminan por ser hija de una guerrillera. Teresa se crió con su abuela porque su madre la dejó con ella después de parirla, para regresar a la montaña. «Recién mi abuelita me dijo que mi mamá estaba en la guerrilla, y que tenía un permiso para venirme a conocer», cuenta Teresa. «A mi mamá la cogió la Policía mientras que estábamos en una tienda, habían tenido una llamada anónima. Estuvo casi un año presa y cuando salió de la cárcel, tras los acuerdos de paz, nos vinimos a vivir acá. Es la primera vez en mi vida que vivo con ella».

Plátanos, café y marihuana.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo se encuentra en las montañas que rodean la ciudad de Caldono (Cauca), una tierra verde cultivada con plátanos, café y marihuana, en una de las zonas del país donde ha sido más brutal la guerra que durante más de cincuenta años enfrentó las FARC al Ejército y a los grupos paramilitares (ahora oficialmente llamados Grupos Armados Organizados).

Desde hace tiempo, en esta región hay tensiones muy fuertes también entre la guerrilla marxista y los indígenas, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos quince años, antes las dos organizaciones lograban convivir y, a menudo, las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

«Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra», recuerdan unos mayores ex gobernadores del resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona española arrinconó a los nasas. «La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo».

En Toribío, a unos cien kilómetros de Pioyá, en 2012 los indígenas caucanos se levantaron contra el Ejército y las FARC. Aquel día doscientas familias tuvieron que desplazarse del poblado por temor a caer ante el fuego cruzado, justo en la fecha en que marcaba el aniversario del estallido de una chiva-bomba [chiva es una especie de autobús] activada por las FARC enfrente de la estación de Policía y que dejó unas cien casas destruidas, cuatro muertos y ochenta heridos.

«Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa», declaró la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un comunicado: «Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios».

Según el portal colombiano “Verdad Abierta”, en aquella ocasión unas trescientas personas retiraron las trincheras que la Policía tenía instaladas en Toribío, y la Guardia Indígena arrastró a unos militares de pies y manos, expulsándolos de la base del cerro Berlín. Otro grupo de ACIN marchó rumbo a la montaña para hablar con los jefes guerrilleros y exigirles que salieran de sus territorios y, al no ser recibidos por los mandos, destruyeron su campamento.

Otro tipo de guerra.

«Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda», afirma Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto. Señala con la mano las montañas que nos rodean que, cuando el sol se mete, se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembrados de marihuana, y afirma que, desde que las FARC han empezado el proceso de desmovilización, la situación se ha calmado, que la gente sale más de su casa, mientras que antes los ataques y las balaceras eran diarios. «Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos a otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazaletes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y estamos preparando un plan para enfrentar lo que viene», explica Gilberto Cuetia.

De hecho, los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los grupos armados y las empresas. «La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares», afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. «No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados –según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca–. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara».

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que representa más que nada la «jubilación para los comandantes», llevó algunos guerrilleros a decidir no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el ELN y el EPL.

«Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC habían fricciones muy fuertes, se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana, y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el Frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor», explica Eduardo Álvarez de la fundación Ideas para la Paz. «Creemos que el Gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades».

El caso que tal vez más preocupó a la cúpula guerrillera ha sido el de Rodrigo Cadete, exjefe del Frente 27 que operaba en Guaviare, Caquetá y Meta, las regiones más inhóspitas del país. Cadete ya tenía su certificado de abandono de armas cuando, a mediados de setiembre, fue visitado por unos hombres armados mientras que tomaba un refresco en una tienda del Caquetá. Despojaron a los dos guardaespaldas de sus pistolas, y Cadete se esfumó con ellos.

Artículo publicado en Zazpika en octubre de 2017.

The post Colombia: una paz difícil first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Estamos en las afueras de la ciudad de Corinto, en el departamento del Cauca, viajando rumbo a una minga de liberación de la Madre Tierra. En esta región de Colombia, en 1971, nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), formado por indígenas de diez etnias, en su mayoría nasas. Armando, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad, forma parte del CRIC y es un «liberador de la Madre Tierra», un movimiento que se creó en el seno de esa organización indígena.

Durante las mingas de liberación de la Madre Tierra –minga es la palabra que los nasas utilizan para describir el trabajo colectivo–, los indígenas del Cauca cortan con sus ma- chetes la caña de los ingenios azucareros de la región, reapropiándose de las tierras que ancestralmente les pertenecían y que les fueron arrebatadas en el siglo XVI por los conquistadores españoles. Por esto, en América Latina más que de toma de tierras se habla de recuperación de tierras y los nasas han ido más allá, creando el concepto de «liberación».

«Hablamos de liberar a la Madre Tierra en lugar de recuperarla, porque con nuestra acción la estamos liberando de tanta contaminación ambiental, de tantos químicos, de tanto maltrato», subraya una mujer «liberadora de la Madre Tierra», a la que llamaremos Carmela, pues prefiere no revelar su verdadera identidad para garantizar su propia seguridad.

La conquista empujó a los indígenas caucanos desde las llanuras más fértiles hasta las montañas, donde han construido sus aldeas. Con el tiempo, su población se ha multiplicado, y para los jóvenes ya no queda tierra para cultivar. «Tierra sí hay, pero la tienen las grandes empresas», dicen los nasa de más edad del Resguardo indígena de Pioyá, en el norte del Cauca. Resguardo se refiere a un territorio donde los indígenas tienen un título de propiedad colectiva de la tierra y se gobiernan autónomamente.

Las bases del CRIC ya han liberado dieciséis fincas de la región, donde unas 250.000 hectáreas están sembradas con caña de azúcar destinada a la producción de agrocombustibles. Pertenecen a grandes ingenios azucareros como Incauca, propiedad del industrial colombiano Carlos Ardila Lülle, dueño también de otras grandes empresas como RCN Televisión y la refresquera Postobón, o como Mayagüez, de la familia Holgüin, que es pro- pietaria también de San Carlos, el único inge- nio condenado por su vinculación con los grupos paramilitares.

«Bien colectivo»

«Estas tierras que ahora son monocultivos son un bien colectivo, las queremos cultivar para sembrar alimento para nuestras familias», afirma Carmela, al recordar que después de tantos años de químicos y venenos, la tierra necesita descansar antes de ser sembrada nuevamente. La mujer reconoce también las dificultades que los «liberadores» están encontrando al hacerlo: cuando sembraron maíz en unas 70 hectáreas de tierra liberada, llegó una avioneta a fumigar sus cultivos; cuando plantaron plátanos, la Policía los tumbó.

Carmela vive con sus hijos y otra decena de familias del CRIC en unos cambuches, unas viviendas muy sencillas que construyeron en las orillas de un río que atraviesa un terreno «liberado». Allí se encuentra con sus compañeros antes de ir a tumbar la caña de azúcar de los grandes latifundistas, cada dos semanas.

Desayunan plátanos machos fritos con arroz, y luego se encaminan por los senderos que cruzan los monocultivos. Se despliegan por el campo y cortan la caña con sus machetes, que rebotan en el tronco duro de la planta. Mata tras mata, haciéndose un hueco entre los troncos de las plantas abatidas, moviendo sus pasos en la tierra dura y llena de hoyos de los cañaverales. Luego, los cortadores de caña queman los terrenos liberados.

Carmela es pariente de Daniel Felipe Castro Basto, un muchacho que murió a manos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) el 9 de mayo durante una minga de liberación de la Madre Tierra, dejando a su viuda embarazada de pocos meses.

«En lo que va de la liberación, el Gobierno ya ha asesinado a tres comuneros indígenas y los ataques han dejado más de 250 personas heridas, hechos que comprometen no solo a los agentes del ESMAD, sino a fuerzas privadas de seguridad del ingenio y a grupos armados ilegales», denuncia el CRIC en un comunicado.

A causa de la represión de la fuerza policial y de las guardias de las empresas, las mingas siempre se desarrollan acompañadas por la Guardia Indígena, que cuida las entradas a los terrenos y avisa en caso de que llegue la Policia.

«Siempre hubo guardias en contra de la persecución de los españoles, a pesar de que entonces no se llamaban así», explica Gilberto Cuetia. El hombre carga todo el tiempo un bastón de mando que lleva unos listones rojos y verdes, los colores del CRIC, y forma parte de la Guardia Indígena desde su nacimiento. «La Guardia Indígena nace el 28 de mayo de 2001 en el Resguardo de Caloto, porque los grupos paramilitares y las autoridades mataban a muchos líderes. Se creó con tres objetivos: acompañar las asambleas, las marchas y cuidar a nuestras autoridades. No tenemos armas, solo bastones y piedras para enfrentar al ESMAD», explica.

El CRIC emprende recuperaciones de tierras desde su nacimiento, hace 46 años. De acuerdo con Vilma Rocío Almendra Quiguanás, nasa misak integrante del colectivo Pueblos en Camino y autora del libro “Entre la emancipación y la captura”, estas acciones se pararon a partir de 1991.

«Esencialmente fue por dos hechos. El primero es que en aquel año se aprobó una nueva Constitución que, por primera vez, reconocía los derechos de los pueblos indígenas.

Esto, por un lado, fue una ganancia, pero, por otro, provocó una fragmentación de la lucha. Empezaron a llegar transferencias (de dinero) para los resguardos indígenas y las estructuras organizativas del CRIC y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, una de las nueve organizaciones que conforman el CRIC) se enfocaron más a administrar ese dinero que a luchar por la tierra», explica la activista. «El segundo hecho que ha paralizado las recuperaciones de tierras fue la masacre de El Nilo de diciembre de 1991, justo seis meses después de la aprobación de la nueva Constitución. Asesinaron a 20 compañeros indígenas durante la recuperación de una finca, y la gente se asustó mucho», recuerda.

Dos modelos de autonomía indígena

Posteriormente, en 2004, tras el fortalecimiento de espacios de formación política donde se debatía sobre las dinámicas de despojo, no solo en el Cauca sino también en otras regiones de Colombia y de Abya Yala, las comunidades indígenas desde el norte del Cauca pasaron otra vez a la acción para protestar en contra de los incumplimientos del Gobierno, que firmó más 1.282 acuerdos de restitución de tierra que han quedado en pa- pel mojado.

«Desde el año 2004, la gente ha empezado a reflexionar sobre el hecho de que no es suficiente recuperar la tierra, que quitársela al patrón para seguir con su mismo monocultivo es seguir matando la tierra. Entonces se ha empezado a hablar de la necesidad de liberar la Madre Tierra», sostiene Vilma Almendra. «Hoy las y los liberadores se están oponiendo al sistema capitalista y extractivista. Se enfrentan al empresario Ardila Lülle y están confrontando también el autoritarismo interno en la organización: en los últimos años, la dirigencia más visible ha estado muy cercana al Gobierno de Santos. Le apoyaron con votos y le apoyaron en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, a cambio de la promesa del dinero que está llegando a Colombia para financiar el posconflicto. Algunos líderes decían a sus bases que si salían a tomar las fincas iban a entorpecer las mesas de negociación», critica.

Estas dos actitudes frente al Gobierno re- velan dos formas distintas de entender la autonomía indígena. Almendra califica como «radical y emancipatoria» el modelo impulsado por los liberadores de la Madre Tierra, que establecen su prioridades y formas de lucha oponiéndose a la cooptación por parte del Gobierno, y «subordinada» la forma de entender la autonomía de los cuadros del CRIC y la ACIN, que utilizan los recursos que provienen del Estado en la forma que el Ejecutivo impone.

Artículo publicado en El Gara el 19.09.2017.

The post En Colombia los indígenas liberan a la Madre Tierra first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

En 2009, Villa Saldarriaga le informó a la Fiscalía de Medellín sobre la presencia de unos cincuenta cadáveres enterrados en La Arenera del Agregado San Javier, un sector más conocido como La Escombrera, ubicado en lo alto de la Comuna 13. Allá, presuntamente, fueron a parar los cuerpos de cientos de personas desaparecidas en los años de guerra entre las guerrillas y los paramilitares en Medellín, un enfrentamiento que llegó a su pico el 16 de octubre de 2002 con la Operación Orión.

Ese día, a la Comuna 13 entraron en la madrugada miembros de la Policía, el Ejército, el CTI, el DAS y la Fuerza Aérea, al parecer con el apoyo de grupos paramilitares, con el fin de expulsar del sector a guerrilleros de las Farc, el ELN y los Comandos Armados Populares (CAP).

La operación se extendió por varias semanas y, entre heridos, retenidos arbitrariamente, desplazados y desaparecidos, dejó más de 600 víctimas, según la Corporación Jurídica Libertad. Para 2013, la misma organización registraba a 104 personas desaparecidas forzadamente.

Con base en la información que más tarde dieron varios exparamilitares, se concluyó que muchas de las personas desaparecidas fueron asesinadas y arrojadas a La Escombrera. La insistencia de los familiares de los desaparecidos llevó a la Fiscalía a dar inicio a las excavaciones en el lugar en agosto de 2015. La exhumación duró cinco meses, terminó en diciembre de 2015 y no dio ningún resultado.

Los forenses no encontraron nada. Hoy, 15 años después de Orión, los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 todavía exigen exhumar los dos polígonos de La Escombrera que la Fiscalía aún no ha intervenido. Villa Saldarriaga fue uno de los paramilitares que conoció de cerca lo sucedido en la Operación Orión. Esto nos contó en entrevista exclusiva con ¡Pacifista!.

¡PACIFISTA!: ¿Usted cómo entró en las AUC?

Juan Carlos Villa Saldarriaga: Primero fui soldado, después me retiré del Ejército, y mataron a mi padre, secuestraron a mi madre y a mí me hicieron un atentado y me hirieron con varios impactos de bala. Al mes llegó una carta de un grupo de autodefensa del occidente antioqueño, del corregimiento San Cristóbal en el municipio de Bello, y me dice que yo era una persona estratégica para ingresar a las autodefensas, a una parte de la Comuna 13 de Medellín. Yo les concedí la reunión y fue allí donde me involucré en las autodefensas. Fue más bien por dolido de venganza, rabia e ira contra las milicias y las guerrillas, en especial con los Comandos Armados del Pueblo (CAP) que mataron a mis familiares.

Explique el papel de las AUC en la Operación Orión.

Éramos los guías de la Operación Orión porque allá no nos dejaron entrar a nosotros. Ese fue el convenio que se hizo entre los comandantes míos con esa gente que entró a la operación.

Al decir “esa gente”, ¿se refiere a agentes del Estado?

Sí. ¿Qué hicieron supuestamente como “guías” de la Fuerza Pública? Se prestaron seis guías que salieron del corregimiento San Cristóbal. Eran exmilicianos [de la guerrilla] que se habían entregado a las autodefensas y que sirvieron para guiar al Ejército y señalar a aquellos líderes de la milicia que vivían allí.

¿Qué relación tenían las AUC con el entonces presidente Álvaro Uribe?

Todo el mundo dice que teníamos un convenio con Uribe. Yo no lo sé. De pronto los mandos altos tendrán más conocimiento de esto. Nosotros como mandos medios nos limitamos a recibir órdenes. ¿Que era claro que la Fuerza Pública no nos atacaba a nosotros? ¿Que ellos pasaban por un lado y nosotros pasábamos por otro? Es lógico que allí había algún vínculo. Varias veces tuvimos que apoyar a la Fuerza Pública en otros puntos fuera de la Comuna 13, cuando la guerrilla los arremetía. Supuestamente fuimos un segundo grupo de la Fuerza Pública para combatir a la guerrilla. Pero más vínculos que yo pueda confirmar, que por ejemplo haya visto al señor Uribe… sobre eso no tengo nada que decir.

Después de sacar a la guerrilla, ¿cuánto tiempo se quedaron en la Comuna 13?

Ya cuando tuvo dominio la Operación Orión, se da la retoma de esta comuna. No habíamos sido capaces de tomarla todavía porque no teníamos la cantidad de hombres para hacerlo. Éramos dieciocho hombres apenas, un grupo especial entre soldados retirados del Ejército y excombatientes del EPL y las Autodefensas de Casa Castaño. Estuvimos allí hasta 2003, cuando se desmovilizó el [Bloque] Cacique Nutibara. Nosotros, paradójicamente, después de que ya se había conciliado un poquito la Operación Orión, pasamos a estorbarles al Gobierno y a la Fuerza Pública y nos mataron al comandante alias El Paisa. Nos vimos obligados a abandonar la zona e ir al oriente antioqueño, donde comenzó una guerra contra el Bloque Metro que manejaba esta zona. Posteriormente se dio la desmovilización de una parte del Cacique Nutibara.

¿Por qué la fuerza pública mató a un comandante de las AUC si colaboraban con ella?

No entendemos, pero teníamos muchas ganas de pelearle al Estado. Pedimos esa autorización de pelea contra ellos y nos dijeron que no podíamos hacerle ni un tiro a la Fuerza Pública.

¿Quiénes eran las personas que ustedes desaparecían?

Guerrilleros. Muchachos seleccionados por sus excompañeros, por milicias que pasaron a trabajar con nosotros. Los sacaban de la Comuna 13 o de otras partes y se daba la orden de matarlos, de desaparecerlos o de sacarles la información.

¿Todas las personas que desaparecían eran guerrilleros?

No, no todas. Había violadores, cuatreros, ladrones de carros o moto. Lo que hacía daño a la sociedad era lo que íbamos desechando en el camino.

El colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, que integran madres de desaparecidos de la Comuna 13, sostiene que sus hijas y sus hijos no eran guerrilleros ni criminales.

No le puedo decir si eran buenos o no. ¿Hubo hartos desaparecidos de la comuna? Puede haberlos. Nunca me podrán decir las madres que me vieron con un fusil o una pistola allá metido en la Comuna 13 tumbando una puerta y sacando a un muchacho.

¿Por qué ocultaban los cadáveres?

No sé, eran órdenes directas. Por qué y cómo, no sé. Entre 2001 y 2002 comenzó a llegar la orden de no dejar a nadie por allí tirado en la calle. Antes, donde lo cogías se ejecutaba, y normal. Pero después comenzaron con esta doctrina.

¿Cuántas personas enterraron en La Escombrera?

Yo le hice una marcación a la Fiscalía de entre cuarenta y cincuenta personas. Les marqué tres puntos allí, cerca de donde entonces había un lago. El lago era drenado por un consorcio que lo utilizaba para poder lavar el material de playa en las partes bajas.

Mientras que ustedes enterraban cuerpos, ¿había una empresa trabajando allí?

Claro. [¡PACIFISTA! se abstiene de publicar el nombre de la empresa al no haber podido verificar la información dada por el entrevistado.]

¿Tenían relación con ella? 

De lo que sé… de pronto han tenido [relación] los señores ingenieros con los altos mandos. Es lógico que todo lo que había allí tenía que pagar impuestos a la organización. Esta fue una empresa retomada y quitada a sangre y fuego a la guerrilla, y luego pasó a mano de nosotros. Se hizo reunión en el caserío con la corporación […]. Pero no le podría decir cuánta plata saldría de allí para la organización.

¿Por qué cree que la Fiscalía no encontró ningún cadáver en La Escombrera?

¿Por qué se demoraron tanto en hacer la exhumación siendo que yo venía desde 2009 dándole esta información a la Fiscalía y sabiendo que ya había entregado dieciocho, veinte fosas? Mucha gente dice que de pronto Móvil 8 está mintiendo. Yo sé lo que viví allá y lo que tuve bajo mis manos, qué hice y no hice. Estoy jurando, no buscando mi beneficio. ¿Qué hizo la empresa […] que constantemente tiene su maquinaria allí? ¿Para dónde lo removieron?

¿Está afirmando que los cuerpos han sido sacados de allí? ¿No cree que, si alguien hubiera removido cincuenta cadáveres, al realizar la exhumación los forenses se habrían dado cuenta?

Pudieron haber sido removidos, porque allí tenían que estar. Porque yo sabía y no solamente fui yo. Fui con otros compañeros excombatientes e hicimos las mismas marcaciones.

Entrevista publicada en ¡Pacifista! el 16.10.2017

The post “Fuimos los guías de la Operación Orión” first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Allí lo esperan unos jóvenes que cargan unas mantas que dicen “Bienvenidas FARC a la política” y “Construyamos democracia”. Cuesta imaginar que estos mismos muchachos que ahora brincan entusiastas y aplauden, con toda probabilidad hace unos pocos meses combatían en las montañas, o vivían en clandestinidad en las urbes colombianas.

Timochenko, que a partir de la firma de los acuerdos de paz prefiere presentarse con su verdadero nombre, Rodrigo Londoño, ya habla como un político. Ya no llama a la lucha armada, sino a la lucha en contra de la corrupción, ya ha asimilado las reivindicaciones de los movimientos sociales y habla de tolerancia, diálogo y reconciliación.

“Fueron más de 50 años de resistencia armada, llegados a su fin con la firma de los Acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente”, dice Rodrigo Londoño en su discurso. “Un país en el que en primer término la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política, en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido por pensar diferente. Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos”.

Los miles de personas presentes en la plaza central de Bogotá lo escuchan con atención. Difícil saber si llegaron para apoyar el acto público de lanzamiento del partido político de las FARC o si fueron más bien atraídos por la rica oferta musical.

El evento público se dio después de casi una semana de debates adentro del Congreso constitutivo de la agrupación política de las FARC. Allí unos 1,200 delegados entre exguerrilleros, exmilicianos e integrantes del Partido Comunista Clandestino (PC3) decidieron que el símbolo de su partido es una rosa roja con una estrella en el centro y que conserva el nombre FARC, convirtiéndolo en acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una decisión que muchos consideran un error estratégico, siendo que 83 por ciento de la población tiene una imagen negativa de la exguerrilla a causa de los centenares de crímenes que cometió.

“Si van a hacer un partido comunista viejo estilo y cerrado van a tener una presencia muy limitada en el país, pero si van a hacer un partido amplio mirando hacia el futuro, como ha dicho Timochenko, pueden tener un espacio para sus propuestas”, ha afirmado la periodista colombiana Marta Ruiz en la revista Semana, al evidenciar cómo la nueva agrupación podría sacar provecho de la gran crisis de credibilidad de la política y de los partidos tradicionales. Una crisis tan grande que, de acuerdo con los resultados de la encuesta Gallup Poll de agosto, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene una opinión favorable de 12 por ciento, dos puntos por encima de los demás partidos políticos.

***

Hay muchas imágenes que describen la nueva Colombia posacuerdos de paz. Unos policías que escoltan a los delegados de las FARC al Congreso de su partido. Un funcionario de Naciones Unidas que comparte con los periodistas el WhatsApp de un comandante de la exguerrilla. Unos marxistas que durante una rueda de prensa afirman haber solicitado un encuentro con el papa Francisco, e invitan a una reunión a su peor enemigo, el expresidente Álvaro Uribe.

Con mucha dificultad la FARC obtendrá una reunión con Uribe o con los integrantes de su partido, el ultraconservador Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido el impulsor del No en el plebiscito de octubre de 2016, donde se preguntaba al pueblo colombiano si quería aprobar el texto de los acuerdos de paz. Si el Centro Democrático ganara las elecciones presidenciales de 2018, con toda probabilidad intentará tumbar las partes del acuerdo de paz a las que las negociaciones no pusieron candados muy resistentes.

“El gobierno está haciendo todo lo posible por cumplirle a las FARC, lo que es preocupante porque se montó un nivel de gasto exacerbado. Ahora para el gobierno la prioridad es darle dinero a las FARC, cuando tenemos 26 millones de pobres, más 12 millones en pobreza extrema”, afirma María Fernanda Cabal, diputada del Centro Democrático.

En realidad, según cálculos del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), el dinero que el gobierno prometió a los 6,900 guerrilleros y 1,541 milicianos para su desmovilización —220 dólares mensuales durante dos años más unos 660 dólares de entrada— equivale a los gastos de menos de una semana de guerra.

El acuerdo de paz establece que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga asegurados diez curules y, como muchos colombianos, Cabal está preocupada también de que el Congreso se llene de criminales, acusación que muchos mueven a los miembros de su partido, especialmente a Álvaro Uribe, que tiene relaciones comprobadas con los grupos paramilitares.

“Me parece terrible que las FARC estén en el Congreso sin antes haberle contado algo de verdad al país. Vamos a ver acá en el Congreso al comandante de las FARC Iván Márquez y a todos los grandes asesinos, antes de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice la congresista.

La JEP es la entidad que tiene el mandato de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por parte de todos los actores armados. De acuerdo con Diego Martínez, asesor jurídico de la delegación de paz en La Habana y miembro de la comisión jurídica que la creó, como en cualquier proceso de transición está previsto que aquellos que puedan ser sujetos de la JEP puedan participar en política. “La otra posibilidad era aplicar amnistías e indultos generales para todo el mundo, que es lo que hace la comunidad internacional en gran parte de los procesos”, explica Martínez.

***

Tras la firma de los acuerdos de paz, las FARC están promoviendo un gran lavado de imagen. Activísimos en las redes sociales, los cuadros de la organización hablan de paz, de reconciliación, de cuidado del medioambiente y de su capacitad de hablar con transparencia a diferencia de “algunos políticos”.

Los líderes del exgrupo armado circulan videos que muestran el lado humano y amigable de las FARC: guerrilleras dando pecho a sus bebés o guerrilleros sonrientes preparando árboles de Navidad, jugando al futbol, hablando de la importancia de la igualdad de género. En los últimos meses en Facebook aparecieron los rostros de los guerrilleros desmovilizados que se están incorporando a la vida civil, y que antes no tenían acceso a los celulares.

“Muchos cristianos salieron del clóset”, afirma riendo un exmando de las FARC al enseñarme, en la lista de sus amigos de Facebook, las fotos de sus camaradas recién llegados: cruces, parejas abrazadas, corazones, poses sensuales, perritos.

“Con Facebook la comunicación con la familia y con los amigos es más chévere, más cercana. Pero también es un riesgo poner las fotos porque este país está lleno de paramilitares. Nuestra preocupación es que se venga una arremetida y empiecen a matarnos”, dice una mujer que desde que entró en la guerrilla, hace 40 años, se llama Chiqui.

Las preocupaciones de Chiqui tienen fundamento. Entre abril y agosto se han presentado 12 homicidios de excombatientes de las FARC y 11 asesinatos de sus familiares, lo que evidencia la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP) a finales de la década de 1980: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui tiene 50 años —“¿te lo crees?”—, es chaparrita y muy enérgica. Se crio en una familia humilde de Bogotá, su papá militaba en las FARC y a los diez años decidió entrar en el movimiento armado M19. Allí combatió 20 años y, cuando la organización decidió desmovilizarse, pasó a las FARC. “Nunca he creído en las desmovilizaciones. En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan 200 años en el poder. Y no creo que el gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió”.

A Chiqui la encontramos en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Carlos Perdomo, en el Departamento del Cauca, una de las 26 aldeas que el gobierno tenía que construir para las FARC y que al final los guerrilleros tuvieron que edificar por su cuenta. Allí, a partir de enero, se concentraron tras dejar los territorios que ocupaban unos centenares de integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora se aburre, los días pasan lentos y todos parecen iguales. Para ocupar el tiempo, Chiqui prepara ambientadores naturales, o toma tinto [café] en la casa de su amigo Rubencho, una construcción sencilla que, sin embargo, representa la primera casa que el joven tiene desde hace mucho tiempo. A diferencia de la vivienda de Chiqui, la de Rubencho tiene baño y un cuartito que un día podría convertirse en una cocina. “No habiendo más, con mi marido me acuesto”, afirma Chiqui cuando le preguntamos si le gusta su nueva casa.

A Chiqui la encontramos el 13 de agosto pasado, cuando acababan de salir los tráileres de Naciones Unidas con las armas entregadas por los ya exguerrilleros. Desde aquel día, la ZVTN, como las otras 25 presentes en el país, cambió su nombre en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Allí siguen viviendo los excombatientes, preparándose para su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz.

“Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar cláusulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia”, explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz.

“En el acuerdo se establecen también unos principios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica. Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una que han llamado Economías del Común (Ecomun), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen: ‘Nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea, unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de las zonas veredales. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se siguen yendo”, añade Álvarez.

Chiqui está entre las personas que se quieren ir a vivir en otro lado. No tiene pensado dedicarse a ningún trabajo, pues “después de los 30 años nadie te da trabajo en este país”.

A la Zona Veredal, Chiqui trajo su perro Morocho y muchos recuerdos. Algunos muy duros —el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses—, otros bonitos: “Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad”.

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los 40 años que pasó en armas siente nostalgia: “Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la Plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ahora sabemos que no pasará”.

***

Ángel está seguro de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es solo para los comandantes, y que acabará siendo un partido corrupto y clientelar como todos los demás. El joven maneja su nueva moto por las terracerías que rodean el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Carlos Perdomo”. Mientras intenta no perder el control de su moto sobre las piedras lisas de la carretera, cuenta sobre su militancia de diez años en las FARC. Ahora que entregó su arma está decepcionado con los cuadros de la organización porque no lo están apoyando en obtener la amnistía que le permitiría caminar tranquilo por la calle.

“A mí no me interesan los beneficios económicos”, afirma Ángel. “Yo solo quiero los papeles para regresarme a mi casa, quiero criar a mi hijo de dos años, mi mujer me espera. Y quiero seguir estudiando telecomunicaciones”.

La felicidad para Ángel se encuentra cerca de aquí. Tres horas de carreteras de polvo, rodeadas de montañas cultivadas con plátanos, café y marihuana, lo dividen de su familia.

“Por estas montañas antes de los acuerdos de paz había tiroteos a todas las horas del día. Ahora está mucho más calmado, aunque a veces se siguen escuchando disparos por allí”, asegura Ángel.

Ahora que las FARC están quietas y desarmadas la situación está mucho más tranquila en el Cauca, uno de los departamentos donde la guerra ha sido más brutal. Desde hace tiempo en esta región hay tensiones muy fuertes entre la guerrilla marxista y los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos 15 años. Antes las dos organizaciones lograban convivir y a menudo las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

“Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra”, recuerdan unos mayores exgobernadores del Resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona Española arrinconó a los nasas. “La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo”.

Los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los demás grupos armados y las empresas.

“La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares”, afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. “No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados —según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara”.

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de un partido que representa más que nada la “jubilación para los comandantes”, llevó algunos guerrilleros a no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC había fricciones muy fuertes. Se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor”, explica Eduardo Álvarez de la Fundación Ideas para la Paz.

“Creemos —añade— que el gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades”.

Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto, afirma que las comunidades del Cauca están aprovechando este momento de calma aparente, en que la gente sale más de su casa.

Señala con la mano las montañas que nos rodean, que cuando el sol se mete se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembradíos de marihuana, y afirma que allí, antes de la desmovilización de las FARC, los ataques y las balaceras eran diarios. “Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos en otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazalete del ELN y del EPL y nos estamos preparando en un plan para enfrentar lo que viene”, explica Cuetia. “Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 8.09.2017

The post Colombia: el largo y sinuoso camino hacia la paz first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

“Los jefes de las FARC nos dan posibilidad de estudio, un día el camarada Jorge me propuso estudiar medicina o odontología”, recuerda Marta. “Decidí por el segundo porque en este tiempo habían pocos dentistas en la guerrilla. Ahora llevo 18 años trabajando como odontóloga en las FARC”.

Encontramos a Marta a mediado de septiembre en los Llanos del Yarí, una sábana de atardeceres maravillosos que se encuentra en el Departamento del Meta, en el sur de Colombia. Allí fue enviada como delegada a la X Conferencia Nacional Guerrillera, donde las FARC ratificaron los acuerdos de paz alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y decidieron convertirse en un partido político.

Sin embargo, el plebiscito popular convocado para el 2 de octubre rechazó los acuerdos firmados el 26 de septiembre. Una noticia que cayó como un balde de agua fría en una buena parte de la población colombiana – las instituciones, los medios, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las mismas FARC – que daba por sentado que el Sí hubiera triunfado en el plebiscito.

El 30 de noviembre, el Congreso colombiano votó a favor de un nuevo acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno colombiano, seis semanas después de que el pueblo rechazara el plebiscito. El nuevo acuerdo incorpora algunos cambios, entre ellos, las FARC acordaron entregar una lista de sus activos que se utilizarán para el fondo de reparación material a las víctimas, y se restringió la reforma agraria a la normatividad vigente para ofrecer mayores protecciones a terratenientes. Estructuralmente, sólo las partes del nuevo acuerdo que implican el derecho internacional serían incorporadas a la Constitución.

Los miembros del congreso que se opusieron al proceso y a la votación alegaron que no hubo tiempo suficiente para revisar los cambios y se abstuvieron. La ultraderecha representada por el partido Centro Democrático (cuyo líder es el ex presidente Álvaro Uribe), sigue criticando los acuerdos de paz, a pesar de que incorporen muchas de las instancias de los promotores del NO en el plebiscito del 2 de octubre.

Tras la firma del nuevo acuerdo, las y los guerrilleros se desplazarán en las 23 zonas de concentración previstas, donde pasarán seis meses, para entregar paulatinamente sus armas y prepararse a la integración en la vida civil.

Una vez salida de la zona de concentración, Marta sueña con abrir una clínica en las áreas rurales de Colombia. Ledis, presa política de la Unidad Gabriel Galbis de las FARC que recibió un permiso especial para participar como delegada en la X Conferencia Nacional Guerrillera, comparte su mismo sueño, aunque sabe que antes de trabajar en la clínica tendría que terminar sus estudios, interrumpidos el día en que el ejército entró en la universidad para detenerla.

“Mis camaradas me mandaron a estudiar odontología en la Universidad. Yo iba de civil para que nadie se enterara de que era guerrillera. Pero un desertor me reconoció y me entregó. En el juicio me acusaron de rebelión, homicidio, secuestro y me condenaron a 60 años. No nos sentencian por haber cometido algún delito, sino por lo que somos, por ser revolucionarios”, cuenta Ledis, cuyos ojos se prendieron cuando le preguntamos que iba a pasar tras la ratificación de los acuerdos de paz en el plebiscito.

“Nos dijeron que todos los prisioneros políticos iremos a la calle”, afirmó casi conmovida. “Una vez libre pienso estudiar odontología, quiero terminar el curso que ya lo tengo arto avanzado y estar a disposición del partido que creeremos, nos va a tocar trabajar mucho, sobre todo en las zonas rurales”.

Artículo publicado en el Programa de las Américas el 8.12.16

The post La vida despúes de la guerrilla first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.