El 19 de junio 2016, un centenar de agentes de la Policía Estatal, de la Policía Federal y de la Gendarmería llegaron al pueblo de Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, para quitar la barricada que mantenía cerrada la carretera y que, como en muchos otros lugares del sur de México, había sido colocada por el sindicado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación. Una vez abierta la carretera que conecta la Ciudad de México con los estados del sur, la Policía se encaminó rumbo al pueblo y empezó la «batalla de Nochixtlán»: en un lado, los uniformados con gases y armas, y en el otro, los pobladores con palos, piedras, machetes y cócteles molotov.

Alertados por el sonido de las campanas, centenares de vecinos de Nochixtlán y de los poblados cercanos se agruparon a la entrada del pueblo. Querían expresar su solidaridad con el profesorado, al tiempo que se declaraban preocupados por la entrada de la Policía en el pueblo. El ataque duró unas diez horas: resultaron heridas más de cien personas y ocho fueron ejecutadas, entre ellas un catequista de 19 años que había llegado para socorrer a los heridos.

A un año de los hechos, ninguna de las víctimas ha obtenido justicia por este crimen de Estado. Ningún agente o mando ha sido castigado y el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio de Nochixtlán afirma que no ha habido avances en la investigación, solo promesas.

Las víctimas del ataque de Nochixtlán, que exigen ser reconocidas como víctimas de un delito de lesa humanidad, siguen siendo blanco de ataques e intimidaciones. Uno de los episodios más graves fue el atentado sufrido por el profesor Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas. Un individuo disparó hasta en seis ocasiones contra su automóvil, hiriendo al maestro en una pierna. Junto a él viajaba el profesor Felipe Montesinos Sánchez, cuya casa fue tiroteada dos semanas después.

El miedo de las víctimas y la desconfianza hacia las instituciones es tal que se han negado a ofrecer su versión de los hechos a las autoridades: en el informe elaborado por el Ministerio Público faltan sus testimonios, además de material audiovisual que no han divulgado por miedo a represalias.

Un médico de Nochixtlán, que pide guardar anonimato, nos mostró el consultorio médico que, a unos meses del ataque, había abierto en la escuela primaria del pueblo, para permitir a los pacientes reservar su identidad. «Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados», explicó. Recordó que el día del ataque, la Policía ocupó el hospital para impedir al personal atender a los civiles, y los heridos eran trasladados a la parroquia.

«Intenté acercarme al hospital, allí afuera estaban los policías y tiraban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar», relata Alejandro que, al escuchar las campanas de la Iglesia, intuyó lo que estaba pasando y se precipitó al hospital comunitario para buscar a su mamá.

«La gente empezó a lanzar piedras en con- tra de los policías, corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, y llegamos hasta el panteón. Allí me apuntaron y escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo», relata el joven, que oculta su verdadero nombre por seguridad.

A un año de aquellos hechos, la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) aún no ha brindado los recursos necesarios para que los heridos puedan recibir la atención médica que requieren. Es una de las demandas de los pobladores de Nochixtlán, que durante todo el pasado fin de semana organizaron actividades para exigir justicia por la represión de hace un año.

«Hasta donde yo alcanzo a observar, las autoridades no quieren ir más allá de lo ya conocido», denuncia Virgilio Caballero Pedraza, diputado e integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a los sucesos ocurridos el 19 de junio de 2016. «No sabemos cuál fue la responsabilidad de los mandos. Quién de ellos ordenó disparar contra los pobladores y por qué continuaron disparando. Yo veo a la autoridad con una actitud de omisión», subraya.

Artículo publicado en El Gara el 20.06.2017.

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Miguel corrió rumbo a la salida del pueblo, por donde pasa la autopista que conecta la Ciudad de México a Oaxaca y a los demás estados del sur. “Intenté acercarme pasando por la parte de atrás del hospital comunitario. Allí afuera estaban los policías y aventaban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar”, recuerda Miguel, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad. “La gente empezó a lanzar piedras en contra de los policías, yo me quede allí observando una media hora, pero llegaron más agentes. Corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, llegué hasta el panteón pero allí no pudimos cruzar porque había un tráiler de pollos que se estaba incendiando”.

Fue allí que unos policías posicionados encima del muro del panteón dispararon a Miguel. “Cuando vi que estaban apuntando, escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo”, relata el joven. Luego me agarra un dedo con su única mano no vendada y lo pasea por su hombro, donde finalmente percibo una pequeña protuberancia: “Toca acá. Es una bala, lleva un mes y medio allí”, dice.

Un médico de Nochixtlán, que prefiere guardar el anonimato, nos contó que en el día del ataque la policía ocupó el hospital para impedir al personal de atender a los civiles, y que los heridos eran trasladados a la parroquia. A pesar de que todas las personas que encontramos en Nochixtlán confirmaron esta versión, en entrevista con el diario La Jornadael director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, la rechazó. “No tengo ningún reporte de que haya sido negado ningún servicio, porque tenemos un protocolo, y cuando se niegan los servicios, ese protocolo se activa y se busca a los afectados”, afirmó el funcionario.

Según el medico de Nochixtlán que atendió a los heridos en la parroquia, el día del ataque llegaron unas 110 personas, todas heridas de balas. Alrededor de 50 eran casos complicados, pero allí no habían herramientas para sacar a los proyectiles. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos llevará una bala clavada en el cuerpo durante toda su vida, pues después de un rato los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

El doctor creó un consultorio médico adentro de la escuela primaria de Nochixtlán, donde brinda atención básica y permite a los pacientes de guardar su anonimato. “Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados”, explica.

Relata que, después de las primeras negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la CNTE, fueron enviadas a Nochixtlán unas unidades médicas, pero no traían los especialistas necesarios para atender a los heridos de gravedad. Sin embargo, en las negociaciones más recientes se acordó trasladar a los heridos del ataque del 19 de junio a la Ciudad de México para ser trasladados y atendidos.

El médico añade que, a pesar de que unas siete personas heridas están tan asustadas que prefirieron no viajar a la Ciudad de México para ser atendidas, muchas de las víctimas del ataque están poco a poco perdiendo el miedo a salir públicamente para denunciar lo ocurrido.

De hecho, los heridos del ataque marcharon en la capital para exigir reparación del daño, justicia y castigo a los responsables, y tienen intención de presentar una demanda colectiva junto con los familiares de los fallecidos. El Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) está preparando un expediente sobre el caso para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o alguna otra instancia internacional durante el mes de septiembre pues, afirma, en el ataque hay una clara responsabilidad del Estado, que no juzgará a si mismo.

Artículo publicado en el Programa de Las Américas el 11.09.2016

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Aquella mañana Miriam se despertó en la barricada en la autopista y se fue a casa para ducharse. Cuando regresó, la entrada del pueblo se había convertido en un campo de batalla: por el lado de la Policía, gases lacrimógenos y armas de fuego; por el lado de los pobladores, palos, piedras, machetes y bombas molotov. “La Policía Federal, la Estatal y la Gendarmería dicen que vinieron para desmontar la barricada que estaba en la autopista, pero después del desalojo se metieron hasta el pueblo. Eso enfadó a mucha gente», afirma la profesora a Público. Luego señala los hoteles Juquila y Merli, en los flancos de la carretera. “Los francotiradores disparaban desde allí. Yo estaba en frente del hotel Juquila y vi a un compañero caer en el asfalto”, recuerda la maestra.

Al enterarse del ataque, el párroco de Nochixtlán tocó las campanas para convocar a la población. Cuando las escuchó Yalid Jiménez, un padre de familia de 29 años, no se lo pensó dos veces y corrió en apoyo de los profesores. Allí murió acribillado tras recibir cuatro disparos. “Hasta ahora no hemos tenido ningún apoyo del Gobierno, ni siquiera un expediente sobre las circunstancia de su muerte. Sólo promesas y ningún avance”, denuncia Juan Antonio Jiménez Santiago, profesor y padre del joven. Responsabiliza al Ejecutivo federal y estatal del asesinato del hijo y pide justicia con un tono tan firme que parece que la rabia le haya tapado el dolor.

De acuerdo a la CNTE, once personas murieron por impacto de bala tras el desalojo del bloqueo. Entre ellas, un catequista de 19 años que había llegado para socorrer a los heridos. En un primer momento, la Comisión Nacional de Seguridad negó el uso de armas de fuego, pero después tuvo que admitir la evidencia mostrada en las fotografías publicadas en la prensa local. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, afirma que el tiroteo duró unas diez horas y que la Policía Federal llegó a lanzar gases lacrimógenos en la colonia 20 de Noviembre, donde se encontraban sólo mujeres y niños.

El día de la agresión, el cura de Nochixtlán organizó una sala de emergencia en la parroquia de la localidad. “Todos eran heridos de bala. Calculo que llegaron unas 110 personas, los casos más complicados son alrededor de 50”, afirma un doctor que, para preservar su seguridad, prefiere no revelar su nombre. Cuenta que el hospital de Nochixtlán fue ocupado por la Policía, que amenazó a los médicos para que no atendieran a los civiles heridos.

Un muchacho que quiere guardar su anonimato cuenta que aquella mañana, cuando fue intentó llegar al hospital en búsqueda de su madre, fue recibido por la Policía con gases lacrimógenos. Retrocedió hasta la entrada del Panteón, donde le dispararon. “Toca aquí ”, dice, mientras se señala con su única mano no vendada su hombro. Tiene una pequeña protuberancia. “Es una bala. Lleva un mes y medio allí”, asegura. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos del ataque de Nochixtlán llevará una bala incrustada en el cuerpo durante toda su vida. Después de mes y medio ─explica el doctor que los socorrió en la parroquia─ los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

Casi todos los heridos de Nochixtlán se encuentran hoy en la Ciudad de México, donde están recibiendo atención médica. Algunos han preferido no ir porque tienen miedo, ya que desde el día siguiente al ataque han recibido amenazas para que no denuncien. Ni siquiera entran al hospital de Nochixtlán. Prefieren acudir a un consultorio que el profesorado abrió en la escuela primaria del pueblo, donde pueden conservar el anonimato. Tras las primeras negociaciones, el Gobierno de Enrique Peña Nieto envió a Nochixtlán unidades médicas, pero sin médicos especialistas, necesarios para atender heridos de gravedad. Por la noche los doctores se fueron prometiendo regresar al día siguiente, pero nunca volvieron.

La masacre de Nochixtlán sigue impune. Tras más de un mes y medio, el pueblo oaxaqueño parece tranquilo, aún con los vehículos calcinados que recuerdan el día de la batalla. En un autobús carbonizado cuelgan pancartas que piden justicia para los caídos y acusan a los gobernantes de ser unos asesinos. Un poco más lejos, un cartel turístico que invita a visitar las cascadas de Apoala luce un agujero de bala. A su lado se extiende un prado, donde un hombre y una mujer rezan junto a una cruz. “Allí el 19 de junio murieron dos muchachos”, dice Miriam.

Artículo publicado en Público el 9.08.2016

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El sol acaba de asomarse de las montañas de los Altos de Chiapas, cuando los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empiezan un nuevo día en el campamento que instalaron en San Cristóbal de Las Casas, en la salida de la autopista que lleva a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Un kilometro de carpas construidas con lonas y palos, donde desde hace más de una semana los integrantes de la CNTE se turnan, día y noche, para demonstrar su repudio a la reforma que abriría las puertas a la privatización de la educación.

“No queremos las reformas estructurales de este gobierno nefasto. Quiere privatizar la educación que según el artículo 3 constitucional debería de ser pública, laica y gratuita”, afirma Karim, un profesor de una secundaria de San Cristóbal que desde hace más de una semana está participando en el bloqueo.

“Tras la reforma los libros de texto ya tendrán un costo, no todos los padres tienen la posibilidad de comprarlos”, explica el hombre, que durante unos años trabajó en una escuela rural de Chiapas, donde las paredes eran de madera.

El 26 de junio, el magisterio chiapaneco decidió bloquear las dos salidas de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez, para acompañar el comienzo del dialogo entre la CNTE y el gobierno, y tomó luego la decisión de instalarse de forma indefinida en la autopista de cuota, con algunas organizaciones solidarias. Los maestros construyeron carpas para cocinar y descansar, erigieron unas barricadas para defenderse de posibles agresiones de la policía y afirmaron que no se iban a ir hasta la abrogación de la reforma de la educación. Lo mismo pasó en otros 18 puntos del Estado de Chiapas y en 20 puntos del Estado de Oaxaca.

En Tuxtla Gutiérrez, las movilizaciones empezaron el 15 de mayo tras el paro docente convocado en ocasión del Día del Maestro. Desde entonces la CNTE no para de marchar, bloquear carreteras e impulsar otras acciones creativas, con un fuerte e inesperado respaldo por parte de la población, que se dio sobretodo a partir de la represión que el magisterio sufrió después de unos diez días del comienzo de las movilizaciones.

“Estamos aquí desde el 15 de mayo y nos quedaremos hasta el ultimo momento. La niñez ha sido muy afectada por el mal gobierno”, asegura un maestro que viene del Municipio de Amatlán, donde –relata- en las escuelas faltan piso firme, baños y canchas. Viajó unas 5 horas para establecerse en el plantón que la CNTE instaló en Tuxtla Gutiérrez, que abarca buena parte del centro de la capital chiapaneca. Aquí los maestros conviven, se organizan para hacer turnos para cocinar y limpiar, y hablan entre ellos de sus actividades diarias de protesta.

Apoyo “incondicional” 

Al igual que en San Cristóbal, la población los apoya con víveres, café, leña, o ofreciendo descuentos en sus comedores. Brigadas de médicos y enfermeros, que también se encuentran en paro en contra de las reformas estructurales que afectaron el sector salud, los visitan regalando medicinas y ofreciendo consultas gratuitas. Y el 4 de julio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la cancelación del evento que había organizado para el final de julio y la donación a la CNTE del dinero que había ahorrado para llevar acabo la actividad.

“Cuando, como zapatistas que somos, decimos que respetamos un movimiento, quiere decir eso: que lo respetamos. Quiere decir que no nos inmiscuimos en sus modos y tiempos, en su estructura organizativa, en sus decisiones, sus estrategias y tácticas, sus alianzas, sus decisiones”, escribe la Comandancia del EZLN en su comunicado “Las lecciones en Junio”.

“Voten o no voten, se alíen o no con partidos políticos, dialoguen o no dialoguen, negocien o no negocien, acuerden o no acuerden, sean creyentes o ateos, flacos o gordos, altos o chaparros, bonitos o feos, mestizos o indígenas. Los apoyamos porque su lucha es justa. Y nuestro apoyo, aunque bastante limitado, es incondicional.  Es decir, no esperamos nada a cambio”.

Los subcomandantes Moisés y Galeano concluyen el comunicado hablando de cómo el paro docente haya asumido características de insurrección popular: “Es porque se dicen ‘sigo yo’, que se da el respaldo popular a los maestros”.

Desde el primer día en que se instaló el bloqueo en San Cristóbal de Las Casas, los maestros están impidiendo el tránsito de los vehículos menos que las ambulancias. Esta decisión ha sido tomada a pesar del resolutivo de la asamblea estatal de la CNTE del 29 de junio, que sugería detener únicamente a los camiones que traen mercancías de las empresas transnacionales. Para llegar en la ciudad desde Tuxtla Gutiérrez, queda abierta la vieja carretera libre.

Los diálogos entre CNTE y gobierno están estancados. Al mismo tiempo, suben de intensidad las amenazas de desalojo por parte de la Secretaría de Gobernación y, en San Cristóbal, de un grupo de choque local llamado Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach). Durante la pasada Semana Santa, el maestro Juan Carlos Jiménez Velasco, integrante de la CNTE, fue asesinado con ocho balazos por un comando de encapuchados en el centro turístico de la ciudad y a la luz del día. De acuerdo a la CNTE y a los familiares del maestro, el comando era formado por integrantes de la Almetrach.

“Estamos firmes y nos mantenemos firmes, el Estado de Chiapas sigue firme en la misma posición”, afirmó la coordinación de la CNTE de los Altos de Chiapas, al comentar rumores sobre la posibilidad de que levantara los bloqueos. “Y no solo es el magisterio, también está el pueblo, no estamos solos”.

Cada noche en San Cristóbal, mientras la CNTE refuerza sus barricadas, en grupo formado por empleados del sector salud y por personas organizadas de los barrios y colonias de la ciudad, se despliegue alrededor del bloqueo formando un “Cinturón Ciudadano de Paz”.

El falso desabasto

Al día siguiente del comienzo del bloqueo, las grandes tiendas y las gasolineras de San Cristóbal cerraban declarando de enfrentar una crisis por desabasto.

“Disculpen las molestias. Agradézcanselo al Magisterio”, decía un cartel colgado afuera de la Bodega Aurrera, mientras mucha gente en la ciudad se preguntaba cómo un hipermercado pueda vaciar todos sus almacenes en día y medio.

“No es cierto de que falta la gasolina. El gobierno ha ordenado que no se distribuya para que la gente se enoje con los maestros”, nos dijo un taxista que nos cobró casi el doble de la tarifa ordinaria, pues de un día al otro la gasolina subió de 14 a 40 pesos el litro.

Aquella noche, unos pobladores de San Cristóbal solidarios con la CNTE tomaron algunas gasolineras y encontraron gasolina en las cisternas, que distribuyeron gratuitamente a los automovilistas.

“Al menos acá en Chiapas, el supuesto desabasto de gasolina no fue sino una descarada especulación de los empresarios del ramo, que sabían que el precio subía el viernes y desde el martes empezaron a correr el rumor, en redes sociales, de la escasez”, escribe el EZLN en su comunicado del lunes.

“En las gasolineras, curiosamente, sólo había el combustible llamado diesel, que es el que no subiría de precio.  Los despachadores dijeron que sí había, pero “el patrón dijo que racionáramos y luego que pusiéramos los letreros de que no hay. (…) Del mismo modo, la escasez de alimentos y productos perecederos se dio sólo en los grandes supermercados. En los mercados populares continuaban ofreciéndose frutas, legumbres, maíz, frijol, arroz, carne, huevos, sin que se hubieran aumentado los precios.”

Artículo publicado en el Programa de Las Américas el 7.07.2016

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El sol del trópico quema sobre el asfalto de la autopista que une las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de Las Casas, mientras unos 8mil maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) – el sector más rebelde del magisterio mexicano – miran con satisfacción a la Policía Federal abrirles el paso.

Los integrantes de la CNTE caminan rumbo a la caseta de cobro con sus escudos, cascos, palos y máscaras antigás, cantando consignas en contra de la reforma educativa y del presidente Enrique Peña Nieto. Allí se instalan durante unas horas para impedir el paso a los vehículos, una de las formas de protesta más comunes en México.

Con los maestros y el calor del mediodía, aparecen también los vendedores ambulantes: empujan carritos de helados, raspados, fruta fresca. Una señora que ofrece mangos y pepinos intenta convencernos: “Compren antes de que la policía les lance gases”. Algunos manifestantes levantan una valla de escudos y cuerpos para bloquear la autopista, otros se esperan en la sombra.

Desde el 15 de mayo, cuando comenzaron las movilizaciones de la CNTE, muchas carreteras del país están tapadas, causando problemas de desabasto de víveres y gasolina, y obligando a las compañías de autobuses foráneos a cancelar sus carreras.

“Seguiremos manifestando hasta cuando el gobierno abrogará la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación”, afirma José Luis, un maestro de la CNTE del Municipio de Ixtapa, que luce el rostro de Che Guevara colgado al cuello y tatuado en el brazo.

Las negociaciones entre el gobierno y la CNTE ya están en curso. El Secretario de la Educación Pública Aurelio Nuño ha asegurado que “la reforma es un proceso que no se va a detener”, y que el diálogo será político y no educativo. Por su parte, el maestro José Luis afirma que no se puede abrir un diálogo que no involucre los contenidos de la reforma, y que lo que quiere el gobierno es desgastar al movimiento esperando que los profesores se cansen de manifestarse. Sin embargo, asegura José Luis, ellos no se cansarán.

Tablets y computadoras

El estado de la educación pública en México es trágico. Diez millones de personas no han acudido a la escuela primaria y existen jóvenes que salen de la preparatoria sabiendo a duras penas leer y escribir. El mismo ex Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, ha reconocido que los libros de textos tienen faltas de ortografía y errores científicos.

De acuerdo a la CNTE, es necesaria una reforma del sector que involucre a los profesores en su diseño y que no sea – como la promulgada por Peña Nieto en 2013 – impuesta por los organismos financieros internacionales cuyo objetivo es privatizar la educación.

“El gobierno dice que dará tablets y computadoras a los niños, pero donde yo enseño no hay ni siquiera energía eléctrica. Además, si los niños llegan a la escuela sin haber desayunado, ¿cómo se piensa que puedan pagar un libro de texto?”, pregunta un maestro de una zona llamada Altos de Chiapas, donde el 88% de la población vive en la pobreza.

Unos momentos antes, cuando frente a la caseta de cobro de la autopista Tuxtla-San Cristóbal de Las Casas un muro formado por los policías federales intentaba contener la iniciativa de la CNTE, la tensión espesaba el aire. A unos pocos metros de la Federal, dos hileras de profesores enseñaban sus cascos, resorteras y los escudos que habían secuestrado a la policía en las movilizaciones anteriores. Detrás de ellos, miles de sus colegas esperaban que se evitara la violencia.

En aquellos instantes era difícil no pensar en lo ocurrido el 19 de junio en Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, cuando la policía disparó en contra de los maestros de la CNTE y de los padres de familias que habían organizado el bloqueo de una carretera, matando a 12 personas. Entre ellos Jesús Cadena, un catequista y estudiante de seminario de 19 años, llegado para socorrer a los heridos.

De acuerdo a medios locales, aquel día la policía tomó el control del Hospital General de Nochixtlán para impedir el ingreso de los heridos, mientras que a unos 300 km un periodista fue ejecutado con un balazo a quemarropa cuando estaba cubriendo las movilizaciones en la ciudad de Juchitán. El último asesinado relacionado con las protesta se registró en la madrugada de domingo, cuando se encontró el cuerpo sin vida del periodista y activista Salvador Olmos García de Huajuapan.

El saldo de la represión cuenta también numerosos heridos, desaparecidos y detenidos, entre ellos los líderes de la CNTE Rubén Núñez Ginés y Francisco Villalobos. Están acusados de lavado de dinero y robo de libros de texto, y las autoridades han asegurado que su detención no es política.

«Abriremos cuando haya justicia»

Oaxaca es el Estado donde se están dando las movilizaciones más fuertes. Los medios que lograron superar los bloqueos para viajar a Nochixtlán desde la capital del Estado, famosa por su arquitectura colonial y su sabrosa comida, describen carreteras interrumpidas por barricadas con autos, camiones y autobuses quemados a sus orillas. “Turista, Oaxaca está temporalmente cerrada. Abriremos tan pronto como haya justicia”, se lee en un muro del centro de la ciudad.

El 11 de junio, la capital de Oaxaca ha visto un fantasma de su pasado. La policía reprimió una movilización de la CNTE que, apoyada por la población, construyó barricadas y empezó una batalla con la policía.

En aquellos días se cumplían justo 10 años del desalojo de los maestros de la CNTE de junio 2006, cuando la represión fue tan brutal que la población se sumó a las movilizaciones y se conformó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). La APPO bloqueó el acceso a la ciudad, echó a los partidos políticos y la población oaxaqueña promovió una experiencia de autogobierno, que ha sido llamada Comuna de Oaxaca.

“No creo que la APPO haya cambiado al país, pero sí dejó una gran lección al movimiento social y le envió un mensaje al poder: no necesitamos sus instituciones y sus fuerzas del orden. Podemos decidir, organizarnos y cuidarnos a nosotros mismos”, afirma en entrevista Montserrat Sanmartín Cruz, integrante de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), que desde el 4 de junio se está movilizando con el magisterio. La joven participó también en las protestas de hace 10 años: en las marchas, en las barricadas y en la toma de Canal 9, la televisora de Estado que un grupo de mujeres logró ocupar para establecer y transmitir su propia programación.

El plantón de la CNTE en el centro de Tuxtla Gutiérrez ha sido instalado a mediados de mayo, y crece día a día. Los maestros de Chiapas mudaron sus vidas debajo de estas lonas de plástico, levantadas con palos de madera: allí pusieron sus colchones, radios, ollas y cocinas. Establecieron turnos para cocinar, limpiar y tienen asambleas que duran hasta la madrugada, donde deciden sus actividades cotidianas de protesta. Desde hace más de un mes viven aquí, a pesar del calor tenaz de las tardes chiapanecas y de los aguaceros improvisos típicos de esta temporada.

Los maestros se turnan para vivir en el plantón, donde transcurren cinco días y luego regresan tres días a sus casas. Muchos vienen de zonas remotas de esta región de montañas y selva, donde las carreteras no tienen asfalto y a las escuelas les falta piso firme y paredes de cemento.

Buena parte de la comida que consumen es regalada por la población de Tuxtla Gutiérrez, una ciudad donde la protesta social nunca floreció mucho, y que sin embargo parece haberse despertado. Todo comenzó diez días después del comienzo de las movilizaciones, cuando la policía reprimió con brutalidad los maestros, causando una reacción opuesta a la esperada: miles de ciudadanos que vieron la violencia de sus ventanas, salieron a marchar con la CNTE.

“Creo que la única forma de evitar otra masacre disfrazada de un supuesto «orden público» es salir a las calles y hacerse presente, hacer protesta pacífica con organización y cultura”, afirma en entrevista Julieta Albores González, arquitecta y escultora de Tuxtla Gutiérrez. “Creo que la solidaridad espontánea que ha surgido en el pueblo chiapaneco se debe sobretodo a un hartazgo general, pues desde el sexenio pasado la crisis económica y social va de mal en peor, las instituciones están en bancarrota y la iniciativa privada atraviesa una crisis como nunca”.

Desde las regiones del sur, la movilización de los maestros y de la población mexicana se está expandiendo hacia los estados del norte, históricamente más conservadores. Como en las ciudades de Monterrey y Durango, donde miles de personas han salido a las calles.

Un paro de los profesores que se está transformando en una insurrección popular, que crece e involucra los empleados del sector salud, universitarios, una parte de la Iglesia y la ciudadanía en general.

 Artículo publicado en El Gara el 30.06.2016.

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