Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

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El velador de la estación de Tonalá aparta unas cortinas de terciopelo y muestra la placa inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de noviembre de 2025. “Reinicio de operaciones de carga y pasajeros del Ferrocarril Interoceánico. Línea K”, se lee en la inscripción. Afuera, no hay trenes ni pasajeros: el servicio fue suspendido tras el accidente que el 28 de diciembre de 2025 causó la muerte de 14 personas.

Durante seis domingos, las estaciones Tonalá y Arriaga del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en la región Costa de Chiapas, se llenaron de pobladores emocionados por la experiencia de viajar en tren.

Foto: Orsetta Bellani

Con 459 kilómetros, la Línea K será la más extendida de las tres contempladas por este megaproyecto en el sureste mexicano, a cargo de la Secretaría de la Marina (Semar). La ruta corre casi paralela al Océano Pacífico desde Ixtepec, en Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, un poblado chiapaneco fronterizo con Guatemala. A pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría lista en agosto de 2024, hasta ahora sólo se ha completado el tramo que va de Tonalá a Ixtepec.

Aunque la apertura de la Línea K fue presentada como un paso para la recuperación del servicio de pasajeros, forma parte de un sistema más amplio y ambicioso: la columna vertebral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es turística ni su alcance se limita a lo regional, sino que es logística. Además de transportar personas, está diseñada para movilizar carga hacia mercados nacionales e internacionales.

Puerto Chiapas avanza sin  permisos ambientales

En Chiapas, el Corredor Interoceánico impactará principalmente en Tapachula, municipio costero cercano a la frontera con Guatemala. Allí se construye el ramal KA, una línea férrea secundaria que se desprende de la Línea K a la altura de la estación Los Toros, y conectará la red con Puerto Chiapas para el traslado de carga.

Este muelle se amplía a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos ambientales a su proyecto de rehabilitación. La propuesta fue presentada ante la dependencia federal el 10 de octubre de 2024 por la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, y contempla  el mejoramiento del muelle y del patio de maniobras donde se almacenan los contenedores, la prolongación de las vías férreas hasta esa zona y la construcción de un edificio administrativo y de una unidad naval de protección portuaria.

En su resolutivo del 10 de julio de 2025, la Semarnat negó los permisos para las obras al señalar que “la promovente rebasó el carácter preventivo” del procedimiento, cuyo objetivo es evaluar el impacto ambiental antes de ejecutar un proyecto. La dependencia agregó que la superficie afectada por el cambio de uso de suelo es mayor a la reportada en la manifestación presentada.

Animal Político solicitó una entrevista a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), instancia que depende de la Semarnat y podría determinar una eventual clausura de las obras, pero no obtuvo respuesta.

Foto: Orsetta Bellani

Exportaciones desde Puerto Chiapas

En la región atravesada por la Línea K se producen principalmente plátanos, mangos, café y palma africana. En entrevistas con medios, el secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, ha señalado que existe la intención de abrir una ruta marítima desde Puerto Chiapas hasta Los Ángeles, California, para exportar estos y otros productos agrícolas.

Pero no sólo se trata del potencial exportador del campo. El subsuelo de la región también es rico en minerales: de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano existen yacimientos de titanio, oro, mercurio, zinc, plomo y fierro, y el Plan Maestro de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas señala que el muelle busca estar “a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene para los próximos veinte años”, con miras al abastecimiento de mercados del sureste asiático.

Sin embargo, de acuerdo con Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, hasta el momento en las regiones Costa y Soconusco de Chiapas no hay proyectos mineros activos ni las comunidades han denunciado que actualmente empresas mineras estén buscando entrar a sus territorios como ha sucedido en el pasado. “En Acacoyagua las mineras lo intentaron varias veces, pero en 2015 la gente se organizó en el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), expulsó a la empresa y declaró el municipio libre de minería”, afirma.

Un predio para los militares en Puerto Chiapas

Además de las actividades productivas, un predio de más de 104 hectáreas de Puerto Chiapas será utilizado para actividades militares. Un decreto publicado el 10 julio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destina al Ejército el Polígono B Puerto Chiapas-Sedena.

El documento oficial señala también que “dentro de las actividades castrenses se cuenta con un área de protección ecológica, misma que dentro de sus funciones le corresponde, planear, coordinar y supervisar las actividades en materia de protección ecológica, tendientes a apoyar al Gobierno de la República y Entidades Federativas del país en las tareas de preservación y mejoramiento del medio ambiente, reforestación de áreas compactas y comunes, tratamiento de desechos de impacto ambiental y el incremento del conocimiento de la ecología y del medio ambiente por los miembros del Instituto armado”. El decreto aclara que, en caso de que la Sedena diera al inmueble un uso distinto al indicado, le será retirado.

Foto: Orsetta Bellani

Falta claridad en los Polos de Desarrollo para el Bienestar

La red multimodal que se construye en Tapachula no contempla sólo el ferrocarril y el puerto, sino también dos parques industriales a lo largo del ramal KA y a poco más de 5 kilómetros de Puerto Chiapas, y un tercero se creará más al norte, en el municipio de Arriaga.

Uno de los parques será libre de impuestos, idea que no es nueva. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas. La apuesta ha sido retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien como candidata presentó, durante el segundo debate presidencial, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula como uno de los motores de crecimiento para el sureste de México.

Los Polos de Desarrollo Tapachula I y II ocuparán unas 412 hectáreas, son contiguos y se encontrarán a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de la ciudad. De acuerdo con el gobierno, están diseñados para atraer inversiones en sectores prioritarios, como agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica, maquinaria, equipo, semiconductores y electromovilidad.

“Aprovechemos esta oportunidad para convertir a la Costa y el Soconusco en la capital económica no sólo de Chiapas, sino también de Centroamérica”, expresó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante un encuentro con empresarios que se llevó a cabo en julio de 2025, donde presentó las ventajas fiscales y logísticas que tendrán las inversiones en los nuevos parques industriales de Tapachula.

De acuerdo con el gobernador de Chiapas, los Polos de Desarrollo para el Bienestar servirán también para contener la migración, al ser un incentivo para que los migrantes se establezcan en la entidad en lugar de avanzar hacia la frontera norte.

Foto: Orsetta Bellani

En sus redes sociales, el mandatario chiapaneco anunció también la voluntad de construir una estación de regasificación en Tapachula, que se conectará a un gasoducto que, de acuerdo con el plan de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2020-2024, se llama Prosperidad y está a cargo de la empresa Rassini. El ducto correrá a lado del Ferrocarril K por 440 kilómetros —de Ixtepec a Tapachula— y su construcción aún no ha comenzado.

Sin embargo, a mediados de enero de 2026 el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda Javier, afirmó que hay un “nulo interés” de los empresarios en instalarse en estos polos por falta de claridad en las reglas de operación.

La conexión con Guatemala

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en agosto de 2025 el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo dijo en Calakmul que la interconexión ferroviaria entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, “tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y el bienestar de la gente en Guatemala y en el sur de México, pero también para toda la región mesoamericana”.

La idea de crear una conexión logística regional entre Centroamérica y el sureste mexicano se remonta al Plan Puebla Panamá y al Plan Mesoamérica, con los que los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto planteaban el mismo deseo que la 4T está cumpliendo.

La intención es enlazar el Corredor Interoceánico no sólo con Guatemala, a través de Ciudad Hidalgo, sino también el Tren Maya con Belice. Además, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya se conectan en Palenque, creando una red de vías que cruza todo el sureste y está enlazada también con el centro y norte de México.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos, plantea la posibilidad de que para Guatemala pueda ser difícil hacer una inversión tan grande en infraestructuras para modernizar su red de ferrocarriles, y ve algunos retos también para el gobierno mexicano. “Creo que se le podría complicar controlar el tráfico de indocumentados, que seguirán buscando vías y formas de moverse, poniendo un tren justo en una zona donde transitan”, afirma el activista.

Empresarios, preocupados por la seguridad de la Línea K 

Hasta hace no muchos años, en Arriaga las vías del tren eran ocupadas por migrantes que esperaban el paso de “La Bestia”, como le llaman al tren de carga que usaban para dirigirse al norte de México. Hoy en día las rutas migratorias se modificaron y ya no se observan migrantes caminando por las vías férreas vigiladas por la Semar. El paisaje también ha cambiado: el puente que cruza el río Lagartero ha sido remodelado, las vías del tren están nuevas y se rehabilitó la estación del ferrocarril.

El gobierno federal sostiene que la Línea K registra un avance de 88 % y que estará lista a mediados de 2026. En Tapachula, sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ha pedido que expertos independientes validen la seguridad de la infraestructura antes de su entrega.

“Es crucial que se realicen evaluaciones rigurosas y certificaciones de la calidad de la vía. No podemos permitir que la negligencia ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, advierte el organismo empresarial. En la estación de Tonalá, mientras tanto, el velador corre las cortinas de terciopelo cuantas veces sea necesario: desde noviembre de 2025 sigue anunciando el “reinicio de operaciones”. Afuera, el andén permanece vacío.

Foto: Orsetta BellaniArtículo publicado en Animal Político el 3 de marzo de 2026.

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