No habrá elecciones en dos de los 124 municipios chiapanecos: Chicomuselo y Pantelhó. Además, no se instalarán casillas dispersas en otros municipios del estado: 12 en Tila, 2 en Altamirano, 4 en Amatenango de la Frontera, 8 en Honduras de la Sierra, 2 en Ocozocoautla, 1 en Villaflores y La Concordia.

“Derivado de los eventos presentados en la madrugaba del viernes, no vimos certezas en las condiciones de seguridad y se tomó la determinación de no instalar ninguna casilla en Chicomuselo”, indicó ayer Claudia Rodríguez Sánchez, titular de la Junta Local del INE en Chiapas, tras las sesiones de los consejos distritales de la entidad.

La funcionaria se refirió al incendio de las instalaciones del Consejo Municipal Electoral de Chicomuselo, donde resultó quemada la paquetería electoral de este municipio rico en recursos naturales y disputado por dos grupos del crimen organizado, cuyos enfrentamientos causaron el desplazamiento forzado de miles de pobladores en los últimos meses.

En el caso de Pantelhó, explicó la vocal ejecutiva del INE, se debe a las amenazas que el instituto recibió por parte de una de las dos agrupaciones que se pelean el territorio, que puso un bloqueo en la entrada del municipio para impedirles el ingreso.

Una parte de Pantelhó no quiere a los partidos políticos

Ya en marzo de 2024 una parte de la población de Pantelhó había dejado claro que no quería elecciones. “El pueblo de Pantelhó aclara que no está de acuerdo ni aceptará las elecciones populares, ya que el municipio no se encuentra en las mejores condiciones para llevarlas a cabo. Nos oponemos en su totalidad y optaremos por un Concejo Municipal elegido por usos y costumbres”, declararon entonces los representantes de 86 comunidades, reunidos en asamblea.

Desde hace casi tres años, Pantelhó es gobernado por un Consejo Municipal nombrado por usos y costumbres y reconocido por el Congreso del Estado. Este órgano se constituyó tras la aparición de las autodefensas “El Machete”, que ocurrió a un mes de las elecciones del 6 de junio de 2021, donde fue elegido presidente municipal el candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Raquel Trujillo Morales, que nunca tomó posesión.

Tras su levantamiento, “El Machete” sacó del pueblo a los políticos cercanos a la familia Herrera por estar supuestamente vinculados con la criminalidad organizada.

Sin embargo, el alejamiento de los Herrera no trajo paz en este municipio de los Altos de Chiapas. Pronto sus pobladores empezaron a denunciar las violencias cometidas por el mismo “Machete”, que por pugnas internas se fracturó en varios grupos.

La vida para la población de Pantelhó se volvió todavía más difícil hace aproximadamente un año, cuando los Herrera regresaron al municipio para disputar el territorio al Machete. A pesar de la presencia del ejército y de la Guardia Nacional, los enfrentamientos se volvieron frecuentes, los muertos se multiplicaron y seguido la población es obligada a abandonar sus casas.

A través de las redes sociales, los dos grupos armados se lanzan acusaciones recíprocas y la tensión ha subido al acercarse las elecciones, que “El Machete” rechaza y los Herrera hubieran querido celebrar.

El proceso electoral más violento de la historia de Chiapas

De acuerdo con declaraciones del consejero del INE, Martín Faz, en otras entidades las inquietudes relacionadas con la inseguridad están focalizadas en regiones específicas, mientras que en Chiapas son generalizadas. Por esto, el operativo de seguridad será mayor.

Datos del Observatorio Nacional Ciudadano de Chiapas revelan que, hasta el 28 de mayo, 10 personas candidatas o precandidatas han sido asesinadas en el estado y 37 más han sufrido agresiones armadas. Las víctimas llegan a 103 si se incluyen las que han sido amenazadas, secuestradas o desaparecidas.

En el registro de homicidios de aspirantes que han sido verificados por Animal Político, Chiapas figura entre los estados más violentos, con cinco casos de aspirantes a cargos municipales que fueron asesinados entre septiembre de 2023 y mayo de este año.

“Se trata del proceso electoral más violento de la historia de Chiapas”, afirmó Carmen Villa, directora de esta organización que se dedica a dar seguimiento a la incidencia delictiva en el estado.

“La escalada de violencia que se ha venido dando desde el inicio de este proceso electoral no la hemos visto en 2021. Lo que sí ocurrió en ambos procesos es que entre más nos acercamos al día de las elecciones, más casos de violencia encontramos”, dijo.

De hecho, la semana pasada fue especialmente violenta en Chiapas. El martes, un grupo armado atacó la base de la Policía Estatal Preventiva de Ocozocoautla, causando un muerto y tres heridos.

El mismo día, simpatizantes de Morena y del PVEM se enfrentaron a balazos frente a las instalaciones del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Simojovel y una persona fue asesinada.

La madrugada de ayer en Chicomuselo fue incendiada la sede del Consejo Municipal Electoral y en la tarde se reportaron enfrentamientos armados en El Porvenir. Además, en el transcurso de la semana en varios municipios de Chiapas se registraron agresiones armadas a candidatos, a sus colaboradores y viviendas.

Pantelhó es el municipio donde la tensión preelectoral cobró más víctimas. El pasado domingo, se reportó un muerto tras un enfrentamiento entre “El Machete” y las fuerzas de seguridad. Por otro lado, cuatro de sus integrantes fueron asesinados en la tarde del jueves cuando viajaban en una redila y El Machete finca la responsabilidad a los Herrera y otros grupos criminales.

Preocupaciones por la jornada electoral

“Esperamos que el domingo durante la jornada no estemos experimentando otros procesos de violencia como los vivimos durante las elecciones de 2021”, dice Carmen Villa.

Hace tres años, por “condiciones sociales adversas” se tuvieron que suspender los comicios en 6 municipios de Chiapas. Se reagendaron para abril de 2022, pero en Frontera Comalapa y Honduras de la Sierra no se pudieron celebrar ni siquiera en esta ocasión, y el Congreso del Estado optó por nombrar Consejos Municipales.

Algunos conflictos que estallaron durante el proceso político de 2021 se arrastran hasta el día de hoy, como en Pantelhó y Altamirano.

Desde hace meses, la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas ha expresado preocupaciones por la falta de condiciones de seguridad en Chiapas y por la consecuencias que podrían tener en la transparencia del proceso electoral.

“No se puede solamente simular que hay elecciones cuando hay manipulación, control de grupos, amenazas. Hacemos un llamado a la autoridad para que vea qué condiciones se necesitan para que se den unas elecciones libres”, dijo a finales de enero el obispo auxiliar, monseñor Luís Manuel López Alfaro, durante una rueda de prensa.

Por su parte, la delegada del INE en Chiapas aseguró no tener inquietudes sobre la jornada de mañana en la mayor parte de los municipios chiapanecos.

“Creo que hemos trabajado de manera muy coordinada para garantizar la instalación de las casillas y confío en que la ciudadanía chiapaneca se conduzca en el marco de la ley”, dijo.

Artículo publicado en Animal Político el 1 de junio de 2024.

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El 4 de enero, Juan y su familia pasaron todo el día tirados en el piso de su casa, esperando a que la balacera se calmara. Duró unas 7 horas y fue cuando el enfrentamiento terminó que el ejército entró al ejido Nuevo Morelia, en el municipio de Chicomuselo.

Al día siguiente el campesino -cuyo verdadero nombre no diremos para proteger su seguridad- amaneció preocupado de que los enfrentamientos siguieran, convencido de que había que irse de allí. 

Su familia y sus vecinos estuvieron de acuerdo y el 5 de enero casi todos los 700 habitantes de Nuevo Morelia decidieron salir en caravana. 

Temían que algo pudiera pasar en la carretera y pidieron al ejército ser escoltados fuera de Chicomuselo, pero los soldados se negaron. 

Los pobladores tomaron camino, agarrando lo que pudieron -algo de ropa, unos documentos- y dejando lo que no les era posible llevar: su parcela, sus animales y sus muertos.

De acuerdo con los pobladores, fueron dos los vecinos fallecidos durante los tiroteos y unos veinte los muertos en total. 

Por su parte, la Fiscalía de Chiapas afirmó que “no hay reportes de homicidio por algún tipo de enfrentamiento”, y que “gracias a la coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, prevalece la tranquilidad y se garantiza la seguridad” de los habitantes de Chicomuselo.

Explotación de la mina de barita

La tensión en Nuevo Morelia subió la semana anterior a los enfrentamientos del 4 de enero, cuando el Cártel de Sinaloa rodeó la comunidad y el Cártel Jalisco Nueva Generación interrumpió sus labores de explotación de la mina de barita que se ubica en el ejido. 

“Quisieron proteger el material”, dice Juan.

La mina La Revancha estaba a cargo de la empresa canadiense Blackfire hasta 2009, cuando fue clausurada por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), tras el asesinato del opositor Mariano Abarca. 

De acuerdo con la respuesta que dio la Secretaría de Economía a una solicitud de información, a partir del año 2000 en Chicomuselo se han otorgado 15 concesiones mineras, sin embargo, después de la clausura de La Revancha los pobladores, que están organizados alrededor de la Iglesia católica, lo habían declarado “municipio libre de minería” y rechazaron las propuestas de explotación de las empresas.

En mayo de 2023, un ingeniero que había recibido una negativa del ejido Nuevo Morelia -en una minuta que se firmó en la delegación de gobierno- se presentó frente a la asamblea con unos hombres armados. Se identificaron como pertenecientes al Maíz, una presunta organización social creada por el CJNG, y afirmaron que se iban a llevar la barita que años atrás había sido extraída por Blackfire. 

Sucesivamente, el mismo Maíz empezó la explotación de la mina y comenzó la rehabilitación de la carretera que la empresa canadiense usaba para llegar al colindante ejido Grecia, en cuyo subsuelo se encuentra la mayor cantidad del mineral.

El cártel entró entonces con maquinaria y camiones pesados, resguardados por hombres armados. 

“Fue allí cuando se desarticuló la resistencia, no nos metimos con esta gente que ofrece armas y muerte. Nuestra lucha siempre ha sido pacífica y estamos totalmente ajenos a una lógica de confrontación armada”, afirma un poblador. 

“Hay camiones que suben y bajan todo el tiempo y no sabemos adónde llevan todo este material, ni quién lo compra”.

¿Qué es la barita y para qué se usa?

La barita es un mineral utilizado para la perforación de pozos petroleros y es un buen negocio: de acuerdo con la empresa de investigación de mercado Mordor Intelligence, hasta 2028 su mercado crecerá un 5.75% cada año.

En un documento de 2020 llamado Perfil del Mercado de Barita, la Dirección General Desarrollo Minero de la Secretaría de Economía señala que la producción del mineral en México se localiza principalmente en Nuevo León, Sonora y Coahuila, y afirma que en el sector operan 4 empresas productoras y prácticamente un sólo consumidor: la industria del petróleo. 

“No existen contratos de venta, los productores deben responsabilizarse de la logística y llevar el mineral hasta los puntos de consumo. El productor de barita vende (a granel) el sulfato de bario directamente a las empresas contratistas de PEMEX (perforadoras de pozos petroleros)”, dice el documento. 

“Temporalmente, algunos pequeños mineros explotan sus yacimientos y venden el mineral a los medianos mineros con planta de beneficio propia, quienes lo agregan a su producción”.

Desplazamiento masivo de Chicomuselo

El ejército ya abandonó Nuevo Morelia y el CJNG tiene vigilancia permanente en su entrada. 

La mayoría de sus habitantes -como los pobladores de las cercanas comunidades de San Francisco Las Palmas, El Limonar y del barrio La Pinta- ya no viven allí pues se desplazaron a los municipios de Comitán, Jaltenango, Ángel Albino Corzo, La Concordia y Tuxtla Gutiérrez.

Unos diez días después, otras familias tuvieron que dejar las comunidades de Chicomuselo a causa de los enfrentamientos y de la sucesiva confrontación entre el ejército y los mismos pobladores, que habían construido barricadas para impedir la entrada de los cárteles y rechazaron el ingreso de los soldados, al considerar que están coludidos con los criminales.

La Secretaría de Protección Civil de Chiapas afirma que en los albergues hay 701 personas, pero la mayoría de las familias desplazadas encontraron refugio en casa de familiares y amigos. 

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), las personas desplazadas de la Sierra de Chiapas durante enero de 2024 son alrededor de 2 mil 300 y proceden de unas 20 comunidades de Chicomuselo, 7 de La Concordia y 3 de Socoltenango.

Quienes se quedaron en Chicomuselo no sólo viven con miedo y en alerta constante, sino con preocupaciones económicas. Debido al control que las organizaciones criminales tienen sobre el territorio, a los campesinos les cuesta llegar a su parcela o comercializar su cosecha, y a los transportistas viajar en carretera. Por eso hay desabasto de bienes de la canasta básica y los precios han subido.

De todos modos, Juan está convencido de que quiere regresar a Nuevo Morelia. 

“Salimos con lágrimas en los ojos y queremos regresar a nuestras tierras porque es nuestro lugar, donde tenemos para vivir y donde estamos adaptados”, dice. “En este momento tenemos poca esperanza, el gobierno nos ha dejado solos”.

Artículo publicado por Animal Político el 24 de enero de 2024.

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