El Común es el dispositivo de los pueblos, zapatistas y no zapatistas, para atravesar la tormenta. Lo afirmaron el Subcomandante Insurgente Moisés y el Capitán Insurgente Marcos durante el semillero “La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas”, que se clausuró este sábado en el CIDECI-Unitierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Allí, frente a decenas de bases de apoyo y unas quinientas personas, durante tres días los dos mandos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) analizaron el contexto actual a nivel comunitario, chiapaneco y mundial y presentaron su propuesta para enfrentar la tormenta, sea cual sea la forma en que llegue: el Común.

La propuesta del Común se socializó por primera vez en diciembre de 2023, cuando el EZLN publicó una serie de comunicados donde anunciaba una profunda reorganización de su autonomía. En este marco también planteó a los pueblos una nueva forma de concebir el uso de la tierra, que es distinta de la propiedad privada y de la propiedad ejidal: una tierra de nadie o, mejor dicho, de lo común, que se puede trabajar conjuntamente también con personas externas a la organización.

“Lo que estamos buscando nosotros es cómo podemos ayudarnos para mejorar la vida que queremos. No se trata sólo de construir un gobierno común o trabajar en común la tierra, sino de hacer en común una vida nueva, un mundo nuevo y una nueva sociedad. El cambio hay que pensarlo, no hay nadie que nos enseñe cómo hacerlo; pero está en el aire, está en el pensamiento, está en la mirada, está en la escucha. El cambio lo tenemos que hacer todos: gente del campo y de la ciudad”, dijo el Subcomandante Moisés durante el semillero.

El Capitán Marcos. Foto: Orsetta Bellani

Entre el público estaba presente Raúl Romero, de la Red Universitaria Anticapitalista, que piensa que el concepto de Común se puede aplicar no sólo al gobierno y a la tierra, sino también al conocimiento. “Como profesor de la UNAM, la posibilidad de desprivatizar el conocimiento, de socializarlo, de hacerlo común me interpela directamente. Me parece que los compañeros y compañeras zapatistas han dado un estupendo diagnóstico de la situación mundial y no sólo han compartido su lectura, sino también su construcción de una alternativa frente a esta situación. Además, la idea de plantear el Común como una disputa por la propiedad privada de los medios de producción me parece que saca de las políticas de la identidad y vuelve a centrar el tema en la materialidad, sin dejar invisibilizadas otras formas de dominación que en estos días se han nombrado: las múltiples victimas visibles e invisibles de las guerras”, dice Raúl Romero.

Durante la clausura del evento, el Capitán Marcos recordó a las víctimas de desaparición en México, que “no son un número a manosear en los medios de comunicación como está ocurriendo en estos días, sino personas con nombre, historia, parientes, amistades que no están en ningún lado y que es preciso ubicar y rescatar para la vida, para la memoria y para ambas”, señaló el mando zapatista.

Finalmente, concluyó: “en el limbo incierto de lo que alguna vez fue la nación mexicana, a la que ya sólo la unen el dolor y el terror, seguirá sin descanso quien lucha por los ausentes, entre todos ellos, una que alguna vez se llamó patria y que está extraviada entre lo frívolo y superficial, porque verdad y justicia son parte de las desaparecidas”.

Artículo publicado en Desinformémonos el 6 de abril de 2026.

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“La gobernadora de Campeche Layda Sansores, la primera ministra fascista italiana Giorgia Meloni y la de Japón Sanae Takaichi, que es adoradora de Hitler: sí hay mujeres en los gobiernos, pero ¿cuál es la diferencia entre estas mujeres y Trump?”, pregunta el Capitán Insurgente Marcos a las bases del EZLN y a las 418 personas no zapatistas presentes en el auditorio del CIDECI – Universidad de la Tierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

A través de estos ejemplos, durante el segundo día del semillero “La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas” el Capitán Marcos abrió una reflexión sobre el hecho de que “la realidad es un espejo esférico y cada quien ve lo que puede. Entonces en este sentido, si se ve como una cuestión de género, las mujeres pueden decir: sí hemos avanzado porque nos gobierna una mujer. Y los indígenas pueden decir: sí hay cambio porque el juez de la Suprema Corte de Justicia se viste como indígena. Y allí cada quien puede decir “sí hay un cambio”, porque sólo está viendo una parte”.

En la segunda parte de su ponencia, el Capitán Marcos analizó la génesis de los Estados-Nación y afirmó que “ahí es donde el capitalismo encuentra su caldo de cultivo y empieza a desarrollarse. Se desarrolla tanto que el Estado-Nación se convierte en un obstáculo y el capitalismo, el sistema, necesita que las mercancías circulen, que se vendan rápido y den la mayor ganancia lo más rápido posible”. Concluyó que por esto el “estado-nación es la víctima principal de la etapa actual del capitalismo” y que su reconstrucción no es posible.Además, el capitán zapatista aseguró que “la soberanía es un chiste malcontado”, siendoque el gobierno mexicano se declara soberano, aunque no tiene la libertad de decidir si mandarle petróleo a Cuba. 

Instalaciones del CIDECI-Unitierra. Foto: Orsetta Bellani

Por su parte, el Subcomandante Insurgente Moisés expuso los problemas que viven las comunidades chiapanecas en épocas de “esta gran transformación que está haciendo quien está allá en la punta de la pirámide”. Habló de los problemas relacionados con la drogadicción de los jóvenes -algo que “antes no se veía”-, de la proliferación de las cantinas y de las dinámicas de corrupción que existen en las comunidades, donde muchas veces el dinero de las obras se reparte entre los habitantes. 

Buena parte de la participación del subcomandante zapatista se enfocó en una crítica a los programas gubernamentales como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que el EZLN considera como estrategias de contrainsurgencia, y mostró grande preocupación por el proceso de “despedazamiento” de la tierra que se está dando en las comunidades. “Lo que nos enseñaron nuestros abuelos es que hay que defender en común, no de formaindividual”, afirmó el Subcomandante Insurgente Moisés.

Una mujer otomí que encontramos en las instalaciones del Cideci-Unitierra durante un momento de receso aseguró que en sus comunidades en Querétaro se están dando procesosde parcelación muy parecidos.

“Ahorita escuchando el Sub Moisés vimos que todo esto pasa también aquí en Chiapas”, dijo la mujer, que también compartió una reflexión sobre cómo se puede aterrizar el concepto de “Común” en territorios distintos a los zapatistas.“Nosotras ahora somosresidentes en la Ciudad de México y tenemos que encontrar otra forma de construir el común: podría ser por ejemplo la lucha por la defensa del agua, tenemos poca y ahorita con el Mundial de Fútbol nos están despojando de la poca que tenemos”, afirmó.

Sobre el Común como opción de resistencia y rebeldía estará enfocada la participación del Subcomandante Moisés de hoy, último día del semillero zapatista.

Artículo publicado en Desinformémonos el 4 de abril de 2026.

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“En este semillero queremos mostrar diferentes visiones que confrontan una misma realidad: lo que ustedes llaman el mundo y que nosotros llamamos la tormenta”, anunció el Capitán Insurgente Marcos, que junto con el Subcomandante Moisés será el único ponente durante los tres días del semillero “La Tormenta dentro y fuera según las comunidades y pueblos zapatistas”, que inició este 2 de abril en las instalaciones del CIDECI – Universidad de la Tierra de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

El concepto de “tormenta” según las y los zapatistas nació en 2015, recordó el Capitán Marcos, durante el seminario “Pensamiento crítico frente a la hidra capitalista”, donde, junto con invitados e invitadas de distintas partes de México y del mundo, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) planteó un análisis del capitalismo contemporáneo y convocó a debatir sobre estrategias de resistencia y rebeldía ante la misma tormenta.

Instalaciones del CIDECI. Foto: Orsetta Bellani

“Describimos las guerras y sus características y ahora están ocurriendo; describimos lo que la naturaleza iba a responder a la guerra que recibía y ahora está ocurriendo”, recordó en el primer día de este semillero el Capitán Marcos.

El Subcomandante Moisés presentó la visión colectiva -“una mirada de miradas, de pueblos organizados como zapatistas”- sobre un aspecto concreto de la tormenta que la humanidad está viviendo: la crisis climática. En su ponencia, el mando del EZLN enumeró los cambios que los pueblos zapatistas están viendo y padeciendo en sus territorios, y que modificaron concretamente su forma de vida y los patrones de riego y siembra. “Donde antes llovía ahora no llueve, donde hay frio empieza a haber calor; los árboles florean de forma distinta: algunos se adelantan, otros se atrasan y otros no florecen. Deberíamos de tomarlo en cuenta y en serio porque por más que luchamos por la libertad no vamos a tener casas, no vamos a tener vida si está completamente destruida la planeta tierra?”, dijo el Subcomandante Moisés.

Durante el evento, el Capitán Marcos recomendó la lectura del libro Navegar el Colapso, que “desmonta todas las mentiras que el poder dice sobre el cambio climático”.

“El libro trata de marcar que el cambio climático no es un accidente histórico, sino un síntoma del capitalismo que tiene efectos irreversibles. Existe una complicidad entre todos los sistemas del conocimiento moderno, los gobiernos y las transnacionales para proponer las que en el libro llamamos “falsas soluciones” al cambio climático y que sólo sirven para legitimar el capitalismo”, afirma en entrevista Carlos Tornel, editor de Navegar el Colapso y colaborador del Tejido Global de Alternativas.

“La lógica del capital es tratar de convencernos de que todo se puede hacer con un cambio tecnológico donde tú sustituyes una cosa por otra y pues ya, todo lo demás puede permanecer igual. Allá arriba dicen «vamos a dar dinero para adaptarnos a este mundo degradado por el capitalismo», mientras que los zapatistas dicen: «no se trata de eso sino de cómo vamos a defender la vida, la vida que queda, desde un proceso de ponernos de lado de la vida», dice Tornel.

Auditorio del CIDECI durante el semillero zapatista. Foto: Orsetta Bellani

En el cierre del primer día, el Capitán Marcos anunció que para la primera semana de agosto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) organizará un semillero con expertos sobre el tema de la crisis climática. “Ya no nos basta coincidir con el análisis, necesitamos conocer experiencias de resistencias y rebeldía. Qué se hace frente a eso y si es cierto que la humanidad es enemiga del planeta tierra, o si el enemigo es un sistema”, afirmó.

Artículo publicado en Desinformémonos el 3 de abril de 2026.

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Todo empezó con unos zapatos rojos. Inspiradas por la performance de la artista chihuahuense Elina Chauvet, las integrantes de un taller de teatro que se llevó a cabo en 2019 en San Cristóbal de Las Casas decidieron instalar decenas de pares de calzados rojos en el zócalo y en algunas colonias de la ciudad chiapaneca.

“Zapatos vacíos, pero vivos, todos pintados de rojo. Casi no usamos la palabra en ese performance, era meramente corporal. Lo tomamos como motor para empezar a hablar de feminicidios y transfeminicidios”, dice una de las integrantes de Vivxs Nos Queremos – Arte y Acción Feminista, colectiva autónoma que se originó tras aquella experiencia.

La palabra llegó poco a poco a las bocas de las performers, bajo forma de poemas feministas que no sólo declaman con sus voces sino encarnan con sus cuerpos, gestos y posturas.

Foto: Orsetta Bellani

El 4 de marzo, la colectiva hizo una intervención en la Escuela Normal Manuel Larrainzar de San Cristóbal de Las Casas y en la facultad de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), donde dedicó su performance a una alumna, presente en el auditorio, que tiene a toda su familia desaparecida.

“Encarnar poesía sobre violencias que normalmente son presentadas en boletines o informes nos parece no sólo muy potente, sino también una manera diferente de poderlas nombrar”, dice una integrante de Vivxs Nos Queremos. “Todas las personas normalizan la violencia, pero cuando se posa en ti a través de un performance tan fuerte creo que hay un rompimiento, el espacio se suspende”, añade su compañera.

Durante las intervenciones de Vivxs Nos Queremos el público se conmueve junto con la colectiva. “Cada vez que hacemos un performance se cruzan muchas emociones, las nuestras y las de las personas que están recibiendo la información. Creo que el mismo performance es una forma de canalizarlas. En espacios contenidos como escuelas y universidades la reacción es más fuerte porque la atención está concentrada y la acción va creciendo. En las calles a veces se dispersa, aunque nos gusta mucho trabajar en espacios públicos: queremos dejar una huella al pasar”, dice una de las activistas.

Foto: Orsetta Bellani

Las performers señalan que en la intervención presentada el 4 de marzo además de declamar poemas presentaron datos recolectados por organizaciones de la sociedad civil: 34 mujeres fueron asesinadas en Chiapas en 2025, entidad donde los episodios de violencias hacia las mujeres y los feminicidios aumentaron en un 40%. En entrevista, también recordaron dos historias que llenaron las crónicas chiapanecas de los últimos meses: la de la niña de once años violada y embarazada por el padrastro en el municipio de Soyaló y la de Alexia, una niña de tres años que desapareció en Tila tras salir a jugar y fue encontrada muerta a finales de febrero con signos de abuso sexual.

Vivxs nos Queremos – Arte y Acción Feminista hará un performance también el próximo domingo en el marco de las acciones por el 8M en las calles de San Cristóbal de Las Casas, ciudad donde desfilarán dos marchas: una que saldrá a las 11 am de la Plaza de la Paz y otra que arrancará a las 4 pm desde la Unidad Administrativa. En este mismo horario empezarán también las marchas de Tuxtla Gutiérrez (desde la UNACH) y de Comitán (desde el parque San Sebastián). Habrá marchas por el Día Internacional de la Mujer también en otros poblados chiapanecos como Tonalá, Berriozábal y Benemérito de Las Américas, y en la ciudad de Tapachula.

Artículo publicado en Desinformémonos el 5 de marzo de 2026.

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En el fraccionamiento Casas del Sol no hay árboles que amortigüen el calor abrasador de Arriaga, en la costa de Chiapas. Escasea el agua para bañarse y los cables de la electricidad son de tan mala calidad que ya se encendió un medidor. Las puertas de las casas tienen hoyos y las paredes están llenas de grietas, a pesar de que en mayo de 2024 fueron entregadas a 19 familias reubicadas por la rehabilitación de la Línea K del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

“El gobierno sí nos cumplió con la promesa de reubicación, pero con casas que tienen materiales de muy baja calidad. En mi cuarto gotea, en la sala gotea, en la cocina también, ¿adónde me voy?”, dice una vecina que pide el anonimato. “Tuve que invertir dinero para impermeabilizar y me preocupa tener que volver a ahorrar para la próxima temporada de lluvias”, agrega la mujer.

La Línea K se extiende a lo largo de 459 kilómetros y es la más larga de las tres rutas del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto federal a cargo de la Secretaría de Marina (Semar). Conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en la frontera de Chiapas con Guatemala, y corre casi en paralelo al Océano Pacífico.

El 31 de marzo de 2025 el CIIT firmó un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y le entregó 700 millones de pesos para implementar un programa de vivienda “con el propósito de generar esquemas de atención a las familias en situación de vulnerabilidad en el área de influencia del CIIT”, de acuerdo con respuestas a solicitudes de acceso a la información que Animal Político hizo a la Conavi, Semar y CIIT.

Entre 2023 y 2025, la Conavi ha gastado más de 500 millones de pesos en la construcción de 921 viviendas a lo largo del tramo chiapaneco de la Línea K, y se construyen otras 45 para las familias que recibieron promesa de reubicación.

Las viviendas que ya han sido entregadas se encuentran en los municipios chiapanecos de Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Pijijiapan y, por supuesto, Arriaga.

En el fraccionamiento Casas del Sol las viviendas han sido adquiridas por la Conavi a la empresa local Kava Hogares, que en sus redes sociales presenta su oferta como “la mejor oportunidad de inversión” y la “casa perfecta para vivir en Arriaga”. La empresa afirma también que el fraccionamiento está conformado por 38 lotes de 90 metros cuadrados y 53 metros cuadrados de construcción; además, asegura que cada vivienda tiene un precio de 700 mil pesos, aunque las familias que allí viven afirman que es inferior.

“Aquí llueve y el agua se empieza a filtrar”

Un vecino del fraccionamiento abre la puerta de su casa y deja ver la sala, el comedor, la cocina, dos recámaras, un baño y un pequeño patio de servicio. Asegura que el inodoro se despegó a los pocos meses de ser ocupada la vivienda, y muestra cómo su mano se mancha de blanco al pasarla por los muros hechos de cal y yeso. Además, muestra las losetas quebradas y numerosas grietas que atraviesan las paredes.

“Aquí llueve y empieza a filtrar, a pesar de que las casas son nuevas. Nosotros le comentamos a Conavi que estamos en una zona altamente sísmica. El terremoto de 8.2 que se registró en Chiapas el 7 de septiembre de 2017 tuvo su epicentro a una hora de aquí. Un sismo afectaría mucho estas casas, también porque la cimentación no se puso a un metro de profundidad, como tendría que ser”, dice el hombre.

Las familias del fraccionamiento Casas del Sol, que tienen familiares ferrocarrileros, habitaban en las orillas de las vías de Arriaga, detrás de la estación. En 2023, el CIIT empezó las obras de rehabilitación y les prometió la entrega de 36 mil pesos y su reubicación, a cambio de que abandonaran sus viviendas.

Las casas fueron demolidas para construir el Parque Lineal y las 19 familias, tras muchas reuniones, promesas incumplidas y una espera de nueve meses, se mudaron al fraccionamiento Casas del Sol.

Recientemente los vecinos reubicados en el fraccionamiento Casas del Sol recibieron la visita de Alejandro Patrinos Fernández, presidente municipal de Arriaga, quien se comprometió a rehabilitar el espacio de áreas verdes y el alumbrado público, a revisar la incertidumbre jurídica y a gestionar una reunión entre las familias y Conavi para revisar las afectaciones de las viviendas.

Aunque el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aceptó recibir de Animal Político unas preguntas sobre las condiciones en que se encuentran las casas de las familias reubicadas en Arriaga, hasta el momento de esta publicación no se tuvo respuesta.

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Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

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El velador de la estación de Tonalá aparta unas cortinas de terciopelo y muestra la placa inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de noviembre de 2025. “Reinicio de operaciones de carga y pasajeros del Ferrocarril Interoceánico. Línea K”, se lee en la inscripción. Afuera, no hay trenes ni pasajeros: el servicio fue suspendido tras el accidente que el 28 de diciembre de 2025 causó la muerte de 14 personas.

Durante seis domingos, las estaciones Tonalá y Arriaga del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en la región Costa de Chiapas, se llenaron de pobladores emocionados por la experiencia de viajar en tren.

Foto: Orsetta Bellani

Con 459 kilómetros, la Línea K será la más extendida de las tres contempladas por este megaproyecto en el sureste mexicano, a cargo de la Secretaría de la Marina (Semar). La ruta corre casi paralela al Océano Pacífico desde Ixtepec, en Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, un poblado chiapaneco fronterizo con Guatemala. A pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría lista en agosto de 2024, hasta ahora sólo se ha completado el tramo que va de Tonalá a Ixtepec.

Aunque la apertura de la Línea K fue presentada como un paso para la recuperación del servicio de pasajeros, forma parte de un sistema más amplio y ambicioso: la columna vertebral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es turística ni su alcance se limita a lo regional, sino que es logística. Además de transportar personas, está diseñada para movilizar carga hacia mercados nacionales e internacionales.

Puerto Chiapas avanza sin  permisos ambientales

En Chiapas, el Corredor Interoceánico impactará principalmente en Tapachula, municipio costero cercano a la frontera con Guatemala. Allí se construye el ramal KA, una línea férrea secundaria que se desprende de la Línea K a la altura de la estación Los Toros, y conectará la red con Puerto Chiapas para el traslado de carga.

Este muelle se amplía a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos ambientales a su proyecto de rehabilitación. La propuesta fue presentada ante la dependencia federal el 10 de octubre de 2024 por la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, y contempla  el mejoramiento del muelle y del patio de maniobras donde se almacenan los contenedores, la prolongación de las vías férreas hasta esa zona y la construcción de un edificio administrativo y de una unidad naval de protección portuaria.

En su resolutivo del 10 de julio de 2025, la Semarnat negó los permisos para las obras al señalar que “la promovente rebasó el carácter preventivo” del procedimiento, cuyo objetivo es evaluar el impacto ambiental antes de ejecutar un proyecto. La dependencia agregó que la superficie afectada por el cambio de uso de suelo es mayor a la reportada en la manifestación presentada.

Animal Político solicitó una entrevista a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), instancia que depende de la Semarnat y podría determinar una eventual clausura de las obras, pero no obtuvo respuesta.

Foto: Orsetta Bellani

Exportaciones desde Puerto Chiapas

En la región atravesada por la Línea K se producen principalmente plátanos, mangos, café y palma africana. En entrevistas con medios, el secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, ha señalado que existe la intención de abrir una ruta marítima desde Puerto Chiapas hasta Los Ángeles, California, para exportar estos y otros productos agrícolas.

Pero no sólo se trata del potencial exportador del campo. El subsuelo de la región también es rico en minerales: de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano existen yacimientos de titanio, oro, mercurio, zinc, plomo y fierro, y el Plan Maestro de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas señala que el muelle busca estar “a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene para los próximos veinte años”, con miras al abastecimiento de mercados del sureste asiático.

Sin embargo, de acuerdo con Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, hasta el momento en las regiones Costa y Soconusco de Chiapas no hay proyectos mineros activos ni las comunidades han denunciado que actualmente empresas mineras estén buscando entrar a sus territorios como ha sucedido en el pasado. “En Acacoyagua las mineras lo intentaron varias veces, pero en 2015 la gente se organizó en el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), expulsó a la empresa y declaró el municipio libre de minería”, afirma.

Un predio para los militares en Puerto Chiapas

Además de las actividades productivas, un predio de más de 104 hectáreas de Puerto Chiapas será utilizado para actividades militares. Un decreto publicado el 10 julio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destina al Ejército el Polígono B Puerto Chiapas-Sedena.

El documento oficial señala también que “dentro de las actividades castrenses se cuenta con un área de protección ecológica, misma que dentro de sus funciones le corresponde, planear, coordinar y supervisar las actividades en materia de protección ecológica, tendientes a apoyar al Gobierno de la República y Entidades Federativas del país en las tareas de preservación y mejoramiento del medio ambiente, reforestación de áreas compactas y comunes, tratamiento de desechos de impacto ambiental y el incremento del conocimiento de la ecología y del medio ambiente por los miembros del Instituto armado”. El decreto aclara que, en caso de que la Sedena diera al inmueble un uso distinto al indicado, le será retirado.

Foto: Orsetta Bellani

Falta claridad en los Polos de Desarrollo para el Bienestar

La red multimodal que se construye en Tapachula no contempla sólo el ferrocarril y el puerto, sino también dos parques industriales a lo largo del ramal KA y a poco más de 5 kilómetros de Puerto Chiapas, y un tercero se creará más al norte, en el municipio de Arriaga.

Uno de los parques será libre de impuestos, idea que no es nueva. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas. La apuesta ha sido retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien como candidata presentó, durante el segundo debate presidencial, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula como uno de los motores de crecimiento para el sureste de México.

Los Polos de Desarrollo Tapachula I y II ocuparán unas 412 hectáreas, son contiguos y se encontrarán a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de la ciudad. De acuerdo con el gobierno, están diseñados para atraer inversiones en sectores prioritarios, como agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica, maquinaria, equipo, semiconductores y electromovilidad.

“Aprovechemos esta oportunidad para convertir a la Costa y el Soconusco en la capital económica no sólo de Chiapas, sino también de Centroamérica”, expresó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante un encuentro con empresarios que se llevó a cabo en julio de 2025, donde presentó las ventajas fiscales y logísticas que tendrán las inversiones en los nuevos parques industriales de Tapachula.

De acuerdo con el gobernador de Chiapas, los Polos de Desarrollo para el Bienestar servirán también para contener la migración, al ser un incentivo para que los migrantes se establezcan en la entidad en lugar de avanzar hacia la frontera norte.

Foto: Orsetta Bellani

En sus redes sociales, el mandatario chiapaneco anunció también la voluntad de construir una estación de regasificación en Tapachula, que se conectará a un gasoducto que, de acuerdo con el plan de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2020-2024, se llama Prosperidad y está a cargo de la empresa Rassini. El ducto correrá a lado del Ferrocarril K por 440 kilómetros —de Ixtepec a Tapachula— y su construcción aún no ha comenzado.

Sin embargo, a mediados de enero de 2026 el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda Javier, afirmó que hay un “nulo interés” de los empresarios en instalarse en estos polos por falta de claridad en las reglas de operación.

La conexión con Guatemala

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en agosto de 2025 el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo dijo en Calakmul que la interconexión ferroviaria entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, “tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y el bienestar de la gente en Guatemala y en el sur de México, pero también para toda la región mesoamericana”.

La idea de crear una conexión logística regional entre Centroamérica y el sureste mexicano se remonta al Plan Puebla Panamá y al Plan Mesoamérica, con los que los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto planteaban el mismo deseo que la 4T está cumpliendo.

La intención es enlazar el Corredor Interoceánico no sólo con Guatemala, a través de Ciudad Hidalgo, sino también el Tren Maya con Belice. Además, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya se conectan en Palenque, creando una red de vías que cruza todo el sureste y está enlazada también con el centro y norte de México.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos, plantea la posibilidad de que para Guatemala pueda ser difícil hacer una inversión tan grande en infraestructuras para modernizar su red de ferrocarriles, y ve algunos retos también para el gobierno mexicano. “Creo que se le podría complicar controlar el tráfico de indocumentados, que seguirán buscando vías y formas de moverse, poniendo un tren justo en una zona donde transitan”, afirma el activista.

Empresarios, preocupados por la seguridad de la Línea K 

Hasta hace no muchos años, en Arriaga las vías del tren eran ocupadas por migrantes que esperaban el paso de “La Bestia”, como le llaman al tren de carga que usaban para dirigirse al norte de México. Hoy en día las rutas migratorias se modificaron y ya no se observan migrantes caminando por las vías férreas vigiladas por la Semar. El paisaje también ha cambiado: el puente que cruza el río Lagartero ha sido remodelado, las vías del tren están nuevas y se rehabilitó la estación del ferrocarril.

El gobierno federal sostiene que la Línea K registra un avance de 88 % y que estará lista a mediados de 2026. En Tapachula, sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ha pedido que expertos independientes validen la seguridad de la infraestructura antes de su entrega.

“Es crucial que se realicen evaluaciones rigurosas y certificaciones de la calidad de la vía. No podemos permitir que la negligencia ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, advierte el organismo empresarial. En la estación de Tonalá, mientras tanto, el velador corre las cortinas de terciopelo cuantas veces sea necesario: desde noviembre de 2025 sigue anunciando el “reinicio de operaciones”. Afuera, el andén permanece vacío.

Foto: Orsetta BellaniArtículo publicado en Animal Político el 3 de marzo de 2026.

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“La mal llamada Carretera de las Culturas es un proyecto extractivista construido desde los intereses de los más poderosos. Los pobres se volverán más pobres y los ricos más ricos”, afirmó Pascuala Vázquez Aguilar, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), durante el conversatorio “¡Sí a la vida, no al despojo del territorio! El caso de la supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque”, que se llevó a cabo el 28 de febrero en San Cristóbal de Las Casas.

“Sabemos que detrás de la pantalla del turismo hay despojo de nuestro territorio, que no es sólo nuestra parcela, sino también la forma en que vivimos”, añadió la militante tzeltal en respuesta a las afirmaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien asegura que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas, además de que serán beneficiadas con la llegada de turistas.

El proyecto de construir una autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque se lanzó por primera vez en 2009 pero, a pesar de la insistencia de los gobernantes, nunca se realizó a causa de la oposición de las comunidades. Lo que los “gobiernos neoliberales” no pudieron lo logró Morena: en diciembre de 2019 el Congreso de Chiapas aprobó el proyecto con una extensión todavía mayor, es decir de Palenque hasta Pijijiapan, en la costa de Chiapas, y con un ramal de dieciocho kilómetros que conecta con la ciudad de Ocosingo.

Las obras del primer tramo, que de Palenque lleva al municipio de Chilón, arrancaron de forma ilegal, pues el banderazo de comienzo se dio en junio de 2025, pero la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada hasta el mes de octubre.

Modevite denuncia que el gobierno está imponiendo esta infraestructura a través del hostigamiento, del condicionamiento de la entrega de programas sociales como Sembrando Vida, de las amenazas de envío del cuerpo de élite de la Policía Estatal llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de manipulaciones de varios tipos. La organización, que tiene presencia en trece municipios de Chiapas, pone como ejemplos el caso de un ejido donde el comisariado pidió la firma de hojas en blanco, que sucesivamente resultaron ser documentos que autorizaban el paso de la carretera.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), también presente en el conversatorio, estas mismas estrategias de imposición se están usando también con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) ha señalado también otras similitudes con estos megaproyectos: la especulación sobre la tierra que la obra traerá en el largo plazo, las afectaciones ambientales y una MIA hecha “por cachitos”, que no permite entender los impactos cumulativos de la nueva carretera.

“Hay fallas en la MIA que hacen dudar de su validez”, afirmó durante el conversatorio un investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), que denuncia que la autopista funcionará como una barrera para las especies, causando una fragmentación de su hábitat. Además, su trazo pasa cerca o hasta encima de algunos ojos de agua y modifica el drenaje del agua, causando posibles inundaciones o sequías.

Los ponentes, quienes participaron en una caravana de documentación en los territorios afectados por la obra en el norte de Chiapas, denunciaron también que la información que el gobierno compartió a las comunidades ha sido parcial, que la consulta no las involucró, que los ingenieros trabajan en sus parcelas sin permiso y que el megaproyecto está causando división comunitaria y un aumento de la presencia militar en la región.

Artículo publicado en Desinformémonos el 2 de marzo de 2026.

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Teresa miraba el cuerpo de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez tirado en la carretera cerca de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “De la cabeza salía sangre y más sangre”, afirma en entrevista la normalista, quien por razones de seguridad pidió que su identidad real fuera reservada.

Era el 15 de mayo de 2025 y Jesús Alain se había caído de la góndola de una camioneta de estudiantes que era perseguida por dos vehículos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite de la policía estatal de Chiapas conocido como “pakales”.

“En el lugar de los hechos los policías nada más tomaron fotos y se fueron. Había muchos otros estudiantes desesperados. Algunos lloraban, otros marcaban a los hospitales”, dice Teresa. La ambulancia se demoró horas en llegar.

Tensiones en el gabinete de gobierno chiapaneco

El cuerpo de Jesús Alain todavía estaba tirado en la calle cuando Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, apareció públicamente mostrando unas imágenes del C5 donde se ve al joven caer de la camioneta en fuga y a un vehículo de la FRIP esquivar a su cuerpo en el piso.

“Nunca hubo uso de la fuerza, fue un accidente provocado por estas mismas personas”, aseguró aquel día Aparicio Avendaño, que afirmó que la persecución a los normalistas se dio tras un intento de robo de un autobús.

Sin embargo, a principios de diciembre dos agentes de la FRIP —Refugio “N” y Rubicel “N” — fueron detenidos por el delito de uso indebido de funciones públicas, es decir que incumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza. Uno de ellos era el chofer de la camioneta que perseguía a los normalistas, el otro estaba al mando de la operación.

“La persecución llevó a la pérdida de la vida del joven y su familia está devastada: no se logra recuperar emocionalmente y tienen temas de salud”, dice el abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña legalmente a la familia de Jesús Alain. “Seguimos en etapa de integración de la carpeta de investigación y, una vez que se haya robustecido, esperamos reclasificar las acusaciones a homicidio”, advierte el representante legal, quien prefirió no decir su nombre.

La detención de los dos pakales generó tensión en el gabinete de gobierno chiapaneco. El 8 de diciembre de 2025, la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, apareció en un video-comunicado señalando irregularidades en la conducta de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, dijo Rodríguez Ovando. “El gobierno del estado garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, agregó.

Mural de Jesús Alain en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

FGE respalda versión de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Los normalistas de la Mactumactzá pasaron tres días resguardando la escena del crimen: la porción de asfalto donde murió su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, frente a la Feria Ganadera de Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no llegaba para recoger las pruebas, así que pusimos ramas para tapar un carril y piedras para marcar las evidencias: había casquillos de bala y de gas lacrimógeno, incluso restos del cerebro del compañero que el polvo iba contaminando. Los peritos de la FGE se tardaron tres días en llegar”, dice Teresa.

Un par de semanas después, durante una entrevista con Milenio el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó la presencia de casquillos de bala en el lugar de los hechos. “Hasta ahorita no hemos determinado, de acuerdo con lo que llevamos en los actos de investigación, que haya habido disparos de armas de fuego”, dijo.

Llaven Abarca también respaldó la versión de Aparicio Avendaño, al afirmar que la muerte de Jesús Alain se dio por la caída desde la camioneta, como demostraría la necropsia de ley, la cual concluye que la causa fue traumatismo craneoencefálico. “Está totalmente descartado que presentara alguna lesión provocada por arma de fuego, lo señala el dictamen médico. Estamos trabajando de una manera transparente y objetiva con todos los actos de investigación para lograr el establecimiento de los hechos”, dijo durante la entrevista.

Según CDH Minerva Bello, Jesús Alain se cayó por el impacto de una bala de goma

En realidad, de acuerdo con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en el lugar de los hechos sí se hallaron cartuchos de arma de fuego y no corresponden con las armas que están en dotación de la FRIP. Las grabaciones no muestran a nadie sembrándolos, y se teme que el cuerpo de élite maneje armas que no son reglamentarias.

El centro duda que Jesús Alain haya sido asesinado por uno de estos proyectiles. Su reconstrucción de los hechos es que el joven, a la par de otros estudiantes que aquella noche se encontraban en la góndola de la camioneta en fuga, habría sido golpeado por una bala de goma, que aturde, pero no mata, y por el impacto habría caído al suelo y perdido la vida.

La muerte de Jesús Alain causó indignación entre los padres de familia de los estudiantes. “Durante años, los normalistas han sido estigmatizados por exigir condiciones dignas para formarse como maestros al servicio del pueblo. Su lucha, lejos de ser violenta, es una resistencia frente al abandono, la marginación y las políticas que buscan desmantelar la educación pública en favor de los intereses privados”, escribieron en un comunicado.

“En días recientes, esta represión ha llegado a su punto más doloroso: uno de sus compañeros ha sido asesinado por fuerzas policiales. Sí, asesinado. No podemos llamarlo de otra forma cuando un estudiante desarmado pierde la vida a manos del Estado, cuya obligación era protegerlo. Su nombre no puede quedar en el olvido, ni su historia ser borrada por versiones oficiales que intentan justificar lo injustificable”, afirma el Comité de Padres de Familia Mactumactzá.

“El 15 de cada mes seguiremos en las calles”

En la Escuela Normal Rural Mactumactzá hay un mural de los perros Rafa y Frank. “Estos dos camaradas nos apoyaron mordiendo a los policías cuando entraron a la escuela, el 6 de agosto de 2023”, dice un estudiante.

Relata que aquel día los policías destrozaron las instalaciones de la escuela e incluso aventaban gases lacrimógenos desde un helicóptero. La normal quedó cerrada seis meses y fue el cuarto intento del gobierno para clausurar esta escuela de jóvenes socialistas hijos de campesinos.

Los muros de la normal están enteramente pintados con imágenes que recuerdan los momentos más álgidos de su historia: hay uno que representa a Jesús Alain, otro que recuerda la represión que los estudiantes sufrieron el 18 de mayo de 2021, cuando 95 de ellos fueron encerrados en la cárcel durante meses y las mujeres, que eran la mayoría, denunciaron acoso sexual por parte de las fuerzas policiacas.

También hay pintas que recuerdan las otras 16 normales rurales que existen en México, que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Los de Ayotzinapa siempre son los primeros en llegar a nuestras movilizaciones”, dice el estudiante.

En la parte de atrás del terreno que la Mactumactzá ocupa hay sembradíos y criaderos de cerdos, pollos y ganado que los normalistas trabajan. Venden sus productos a buen precio a los habitantes de la colonia Plan de Ayala y piensan que esto, junto con las actividades recreativas que ofrecen a los niños, genera una buena relación con sus vecinos. Saben que, sin embargo, muchos los consideran como vándalos y delincuentes por enfrentarse con la policía durante sus acciones.

En este momento, el mayor esfuerzo de la normal tiene que ver con le exigencia de justicia por la muerte de Jesús Alain. “El 15 de cada mes seguiremos saliendo a las calles para repudiar los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, porque sabemos que el compañero fue asesinado a manos del Estado”, afirma en entrevista el portavoz de la escuela.

Mural en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

Normalistas exigen disculpas públicas

Teresa estaba hablando por teléfono cuando, detrás de un vidrio del Hospital Manzur de Tuxtla Gutiérrez, vio al personal de salud intentar revivir a Jesús Alain presionándole el pecho. El joven no se movía. A la estudiante también le tocó ver a un enfermero subir la sábana a la cara de su compañero.

A Teresa la afectó mucho presenciar la llegada de la madre de Jesús Alain: “fue un llanto que, a pesar de que no eras tú la que estabas llorando, sentías el dolor. En los días siguientes sus familiares quedaron muy afectados por lo que salía en redes sociales, donde se decía que era un vándalo y casi parecía que se murió por su misma culpa. El dolor de la familia nadie se los va a poder quitar”.

Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá todos los policías que participaron en la persecución del 15 de mayo tendrían que recibir un castigo. Además, exigen disculpas públicas de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de enero de 2026.

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A menudo la familia del padre Marcelo Pérez Pérez visita su tumba. Se encuentra a un costado de la iglesia de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, pueblo natal del sacerdote tzotzil que acompañaba muchas luchas por la defensa del territorio.

“Cuando estoy allí pido a Dios que llegue la justicia en nuestro Estado”, dice Romeo Pérez Pérez, que tiene el mismo brillo en la mirada que tuvo su hermano y un gesto muy parecido al estrechar la mano. Muestra la fotografía que se tomaron en su casa el 15 de octubre de 2024, cinco días antes del asesinato.

“Yo ya estuviera muerto, pero gracias a Dios estoy vivo”, le dijo el padre Marcelo aquel día, el último que compartieron. Como siempre Romeo se preocupó, pero conocía la temeridad de su hermano. “Tenía claro que su lucha era justa y por esto vivía con una cierta serenidad las amenazas que recibía. Sabía que lo importante era seguir con su trabajo”, dice.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Edgar, el asesino del padre Marcelo

Las grabaciones del 20 de octubre de 2024 de las cámaras ubicadas en la plazuela del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, muestran a una persona que se acerca al carro del padre Marcelo, que recién había salido de oficiar la misa. Es Edgar N, el hombre que dos días después fue detenido y meses más tarde, el 6 de agosto de 2025, fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber disparado al cura.

Edgar es originario de Nuevo León y tiene un pasado como narcomenudista. Llegó a la ciudad chiapaneca, donde fue contratado para asesinar al sacerdote, aproximadamente un mes antes del homicidio.

“No dimensionó la repercusión social y lo vasta que iba a ser la investigación. Lo consideró como un encargo cualquiera y pensaba que, como en muchos otros casos, iba a haber impunidad”, dice el abogado de la familia del padre Marcelo y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que prefiere el anonimato para proteger su seguridad. Explica que por la relevancia del caso —tras el asesinato, hasta el entonces papa Francisco se pronunció en solidaridad con la Iglesia mexicana—, la investigación pronto pasó de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) a la Fiscalía General de la República (FGR).

Caminante del Pueblo Creyente en San Andrés Larrainzar. Foto: Orsetta Bellani

¿Por qué optaron por el juicio abreviado?

La sentencia de 20 años en contra de Edgar N se dio por juicio abreviado, lo cual implica que reconozca los cargos a cambio de una reducción significativa de la pena.

“Aceptamos el juicio abreviado, aunque de esta forma no pudimos solicitar la pena máxima, que era de unos 50 años. Tomamos la decisión para no poner a los familiares en una situación de riesgo ni someterlos al estrés de un juicio, porque algunos son de la tercera edad”, dice el abogado.

El representante legal se dice satisfecho de que, en su sentencia, el juez destacó la importancia que tenía el padre Marcelo no sólo como presbítero, sino también como defensor de derechos humanos y vocero de los pueblos originarios. Además, asegura que la investigación sigue para dar con los autores intelectuales, y comparte que ya existen dos órdenes de aprehensión sin ejecutar: una en contra del hombre que manejaba la motocicleta en la que el asesino huyó, la otra en contra de quien estuvo revisando los movimientos del sacerdote. Los dos hombres son prófugos de la justicia.

Se inconforman ONG por el juicio abreviado 

No toda la sociedad civil chiapaneca aplaudió de lleno la sentencia. El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) la celebró, pero al mismo tiempo manifestó preocupación por el sometimiento a procedimiento abreviado.

“Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del procesado, lo que evita el desahogo de pruebas recabadas”, escribe en un comunicado la organización internacional que acompañó al cura durante casi una década.

“No se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la FGR, lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: la sociedad tiene la facultad de conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”, agregó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) también expresó en un comunicado preocupaciones relacionadas con la estrategia institucional que mantiene la impunidad y la injusticia, “sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz, que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas”.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo.Foto: Orsetta Bellani

El acompañamiento al pueblo de Pantelhó

Personas cercanas al padre Marcelo piensan que su asesinato tiene que ver con el conflicto de Pantelhó, poblado que en el 2021 tras el homicidio del ex presidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, se levantó en contra de los criminales que controlaban la presidencia municipal.

El sacerdote ya había recibido amenazas en la época en que era párroco de Chenalhó y acompañaba a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, también cuando desde la parroquia de Simojovel denunciaba a la mafia de los caciques locales. Pero fue al acercarse al pueblo de Pantelhó que las acusaciones en su contra se volvieron más agresivas: fue señalado de ser jefe del Machete, el grupo de autodefensas de Pantelhó, y en julio de 2022 la FGE emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas, ocurrida durante el levantamiento de la agrupación armada.

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre entonces. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”.

Padre Marcelo, al fondo, en la catedral de San Cristóbal de Las Casas tras la peregrinación por la Paz en Chiapas del 6 de julio de 2023. Foto: Orsetta Bellani

Jorge Santiago Santiago, defensor de derechos humanos sancristobalenses de larguísima trayectoria, recuerda que por pelear por los derechos de los pueblos, también a don Samuel Ruiz lo acusaron de ser el responsable del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Es cierto que el padre Marcelo asumió las denuncias de los crímenes que se cometían en Pantelhó, pero esto es muy diferente a dirigir o ser parte del Machete. Marcelo tampoco tenía un papel de mediador —que sí tuvo don Samuel Ruiz en el conflicto entre el EZLN y el gobierno—, sino que hacía un trabajo de búsqueda de justicia y de acompañamiento a las demandas de los pueblos frente a las estructuras de poder”, dice Jorge Santiago.

“Para mí no importa tanto quién lo mató, sino por qué lo mataron. Lo podríamos convertir a una cuestión individual, “lo mató tal persona por esto”, pero se trata más bien de intereses profundos, de defensa de la estructura económica y política. Lo asesinaron porque buscaba alternativas a un sistema y este sistema lo asesinó, por su insistencia, por su no parar”.

El problema de la inseguridad en Chiapas no está resuelto

El asesinato del padre Marcelo ocurrió durante un periodo de crisis de violencia e inseguridad en Chiapas, que empezó a mediados de 2021. Hoy en día, en Chiapas los enfrentamientos ya no son tan generalizados, pero tampoco se han detenido, sobre todo en zonas como la Sierra, la Frailesca y en la región fronteriza con Guatemala, país al que los chiapanecos se siguen desplazando. El 13 de octubre, tras un operativo de las fuerzas de seguridad, en los municipios de Jiquipulas, Cintalapa y Arriaga se registraron narcobloqueos, vehículos calcinados y un helicóptero militar fue agredido desde tierra.

“Cuando asesinaron al padre Marcelo estábamos en el contexto de la transición de gobierno y la población tenía la esperanza de que la nueva administración pudiera atender los problemas de inseguridad”, dice el padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“El gobierno anterior negaba el problema, ahora sí hay un discurso distinto que asegura que las zonas en conflicto serán atendidas. Se hizo una especie de tregua, pero el problema no está resuelto e incluso hay reportes de ciudadanos que denuncian que el nuevo cuerpo de seguridad del Estado, los Pakales, violan derechos humanos y fabrican delitos”.

La población en las calles

En marzo de 2025, durante la presentación del informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, Pedro Faro, del CDH Frayba, afirmó que el asesinato creó un clima de miedo en el estado. Muchos sintieron que si le pasó a un cura que gozaba de la “protección” de una institución como la Iglesia católica, le podía tocar a cualquiera.

Peregrinación que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, a dos semanas del asesinato del padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Al mismo tiempo, tras el asesinato del sacerdote los sujetos colectivos tomaron valor en las calles. Fuera carteles de Chiapas, gritaron miles de personas al acompañar el cortejo fúnebre del padre Marcelo. La misma consigna resonó en varias ocasiones en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, frente a transeúntes y turistas, durante las marchas organizadas por las parroquias.

Feligreses y ciudadanos se reunirán nuevamente en San Andrés Larráinzar este 20 de octubre, en ocasión del primer aniversario del asesinato del sacerdote. Acompañarán a Romeo Pérez Pérez y su familia en la marcha-peregrinación que conmemorará la vida del padre Marcelo en el lugar donde está “sembrado”.

Artículo publicado en Animal Político el 20 de octubre de 2025.

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