Esta caravana avanza en un año especial, pues en 2021 los flujos migratorios hacia el norte se han triplicado, con unas 200.000 detenciones en la frontera sur de Estados Unidos. Del otro lado del límite fronterizo también se registró un récord: ningún Gobierno mexicano ha arrestado a un número tan grande de migrantes en un año como el del presidente Andrés Manuel López Obrador. La explicación no es solo que el número de personas que viajan hacia el norte ha aumentado, sino también que las políticas migratorias se han endurecido. 

En una ocasión, América fue detenido por las autoridades mexicanas y deportado a Honduras. Otra vez, cuando se encontraba en el sur de México, fue secuestrado por el grupo criminal Jalisco Nueva Generación. «Son buenas personas: me quitaron el dinero que tenía, pero me dieron comida y cigarrillos, y me llevaron al tren para que pudiera seguir mi viaje», dice América cuando nos encontramos a finales de octubre, en el momento en el que la caravana de migrantes cumplía unos pocos días de camino en el sureño estado de Chiapas.

Durante sus veinte viajes, América se ha desplazado por México sin tener un rumbo claro, con la vaga idea de querer llegar a Estados Unidos, buscando trabajitos allí donde la suerte lo llevara. Pero a veces lo vencía la nostalgia y regresaba a Honduras para ver a su mamá. Se quedaba allí una temporada y luego emprendía el camino otra vez. «Puedo dormir donde sea: en el suelo, junto a las vías del tren o bajo un aguacero», asegura el adolescente. Tiene acné en las mejillas, un polo de flores y una gorra para protegerse del sol. A su alrededor, los demás migrantes descansan buscando la sombra, esperando a que la tarde apague el sol para emprender otra vez la ruta.

Veinte kilómetros diarios
La Caravana por la Justicia, la Dignidad y la Libertad del Pueblo Migrante en Camino recorre unos 20 kilómetros al día, sin importar si el calor abrasa o la lluvia no da tregua. Uno de sus objetivos es visibilizar las dificultades que vive la población migrante y protestar contra las políticas migratorias de los dos países norteamericanos.

La caravana salió el 26 de octubre de la ciudad chiapaneca de Tapachula y llegó a Ciudad de México el 12 de diciembre, donde las autoridades ofrecieron a sus integrantes una visa por razones humanitarias. Algunos se quedarán en México, pero la mayoría seguirá su viaje hacia Estados Unidos. Cuando salió del sur de México la integraban unas 2.000 personas adultas y centenares de menores. La mayoría de ellos son centroamericanos, pero hay también personas procedentes Haití y Cuba, y hasta algunos de procedencia africana.

Han dormido en las plazas de los pueblos o en los arcenes, cuando los hay, de las carreteras. A veces ayuntamientos, párrocos o pobladores les apoyan suministrándoles agua y comida. En muchos casos no aparece nadie para ofrecerles víveres o desinfectante para curarse las ampollas producidas por las largas caminatas. América no tiene ampollas en los pies ni una meta clara, pero está seguro de que Honduras es demasiado peligroso para vivir.

Durante las ocho semanas y más de 1.100 kilómetros de camino recorrido, la caravana se ha ido deshilando y reconfigurando. Algunas personas se han separado y han seguido el viaje por su cuenta, al mismo tiempo que otras nuevas se han sumado a esta marcha. La mayoría de quienes salieron de Tapachula en caravana llevaban meses varadas en el lugar a la espera de recibir una respuesta a su solicitud de refugio. Esa tardanza se debe a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) está saturada: se calcula que antes de terminar el año habrá recibido unas 130.000 solicitudes de asilo, cifra que representa un 46% más que el año anterior. Para intentar aliviar la situación de esta ciudad que muchos migrantes consideran como una cárcel, el Gobierno prometió trasladarlos en autobús a otras regiones de México y ofrecerles una tarjeta de visitante por razones humanitarias.

Desde hace semanas, miles de solicitantes de asilo están acampando en el estadio de Tapachula, a la espera de ser trasladados a otros lugares del país.

Una política migratoria más dura
Este año los flujos migratorios han sido especialmente intensos debido, sobre todo, a la crisis económica causada por la pandemia del coronavirus, a los huracanes que azotaron Centroamérica, al terremoto de Haití y a la crisis social que desató el magnicidio de su presidente, Jovenel Moise. También ha influido la falsa ilusión de que la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca conllevaría un viraje en las políticas migratorias estadounidenses.

Todo esto ha ocurrido simultáneamente al endurecimiento de la política migratoria del Ejecutivo mexicano: en mayo de 2019, Donald Trump amenazó a López Obrador con subir los aranceles del 5% si no se comprometía a frenar los flujos migratorios, y éste decidió desplegar más efectivos de la Guardia Nacional en la frontera sur de México con el objetivo específico de detener a las personas migrantes. Los intentos de la Guardia Nacional de desarticular la caravana han sido varios a lo largo de su trayecto. El último, cuando entraba a Ciudad de México y se topó con un muro de policías.

La violencia contra la población migrante por parte de la Guardia Nacional tiene un largo historial, que va desde los intentos de bloquear las caravanas a los tiroteos contra los vehículos que los transportan, que han provocado muertos. Además, en más de una ocasión sus vehículos han tenido accidentes en la carretera.
En noviembre doce personas murieron calcinadas en el interior de dos camionetas tras un choque en Chiapas. Pero el accidente más grave ocurrió el pasado 9 de diciembre, en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas), donde volcó un camión en el que viajaban hacinados 166 migrantes, en su mayoría guatemaltecos.
Murieron 56, muchos de ellos aplastados por sus propios compañeros de viaje. Antes de volcar, el camión había pasado junto a tres retenes policiales, pero nadie lo detuvo para revisarlo, lo que levantó la sospecha de la posibilidad de que las autoridades estuvieran encubriendo el tráfico de personas. Se trata de un negocio muy lucrativo: los migrantes habían pagado casi 10 mil euros para ser trasladados desde Chiapas hasta Texas. «Las causas más profundas de accidentes como estos tienen que ver con el recrudecimiento de la política migratoria: está probado que a mayor fortalecimiento de la política de rechazo de personas migrantes, más se fortalecen las redes de tráfico de personas, pues aumenta el beneficio económico», afirma Rita Robles de la ONG Alianza Américas.

«Quédate en México»
Carmen saca de su bolso unos papeles que le entregó un juzgado de El Salvador. «Un tribunal me avala, no tengo sólo mi palabra», dice mientras muestra los documentos. Se trata de la denuncia contra su expareja y unos amigos suyos pandilleros. «Fueron a mi casa diciendo que me daban quince días para que volviera con él, en caso contrario la iba a pagar mi hija de siete años», relata. El miedo no le hizo perder la lucidez. Al día siguiente, Carmen agarró su hija y una maleta y puso rumbo a Estados Unidos. «Tengo que estar lejos de allá para proteger a mi hija. Hay bastantes personas en la caravana que venimos así, huyendo de algo o de alguien», cuenta Carmen, mientras su hija juega con una amiga en la cancha de fútbol del pueblo de Acacoyagua, en Chiapas.

Faltan más de 3.000 kilómetros para llegar a la frontera con Estados Unidos. Aunque llegue hasta allí, a Carmen le tocará pasar un tiempo en alguna ciudad fronteriza de México porque el 6 de diciembre entró nuevamente en vigor el «Quédate en México» (MPP – Migrant Protection Protocols, por sus siglas en inglés), un programa del Gobierno estadounidense que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución a su petición en México, donde se pueden tener que quedar hasta seis meses.

El programa fue creado por Trump y ha dejado a unos 70.000 migrantes varados en la frontera norte de México a la espera de la respuesta de una corte estadounidense. Su cancelación fue una de las promesas electorales
de Biden, que lo ha calificado de «inhumano», pero un tribunal federal de Texas ha ordenado su reimplantación.«La reinstalación de ‘Quédate en México’ ha sido impuesta de forma arbitraria por un tribunal de Estados Unidos y, por jurisdicción no tendríamos que atenderla, es una cuestión de soberanía. Nos regalaron vacunas y bajo ese compromiso lo aceptamos otra vez», afirma Rita Robles.

Carmen tiene miedo de que las pandillas de El Salvador tengan contactos en México para mandarla buscar, y teme la peligrosidad de las ciudades fronterizas del norte del país. Sabe que sólo una vez en Estados Unidos, cuando llegue a casa de su hermana, ella y su hija se sentirán seguras.

Artículo publicado en El Gara el 27.12.2021.

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Doña María llegó a Chilpancingo con la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, un esfuerzo de organizaciones no gubernamentales de varios países del continente que piden el fin de la guerra a las drogas. Esta caravana recorrió más de 5.700 km que separan Tegucigalpa [capital de Honduras] de Nueva York, ciudad a la que llegaron ayer lunes, con el objetivo de pedir a la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) — que se lleva a cabo entre el 19 y el 21 de abril — poner fin a la guerra contra el narcotráfico.

Una treintena de organizaciones entre las que están Global Exchange, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el colectivo ReverdeSer, la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y algunas asociaciones de familiares de desaparecidos, pretenden se abra un debate sobre posibles alternativas y se considere el tema de las drogas como un asunto de salud pública, en lugar de seguridad nacional.

VICE News acompañó a esta caravana, que en su recorrido desde el 29 de marzo hasta el 18 de abril, vio subir y bajar de sus autobuses a unas 800 personas de manera intermitente, aunque hasta Nueva York llegaron unos 35 representantes.

Estamos en Chilpancingo, frente al plantón que el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) levantó tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un espacio construido con palos, lonas y tiendas de campaña. En el ambiente se percibe un silencio cargado de dolor entre las personas que escuchan las palabras de María Herrera, quien como habíamos dicho, tiene a sus hijos desparecidos.

Algunos de los presentes se secan los ojos con un pañuelo, otros suspiran y miran al suelo. Cada uno con su dolor, privado y colectivo. En el templete, otros integrantes de la caravana toman la palabra, la mayoría llorando o con la voz entrecortada.

«El gobierno mexicano gasta millones en el combate a la droga y la militarización, pero lo único que está produciendo es el recrudecimiento de la violencia. Los mismos militares y policías desaparecen a los jóvenes, como pasó con mis hijos», afirma Maricela Orozco Montalvo, otra mujer que integra la caravana.

En marzo de 2014 Gerson, el hijo de Maricela que en ese entonces tenía 19 años, salió de su casa y nunca regresó. El chico, según nos contó Maricela, fue secuestrado cuando se encontraba con dos amigos dentro de una tienda Oxxo, en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz. Los secuestradores pidieron dinero para liberar a su hijo, y a pesar de que se entregó, él nunca apareció.

El mismo día Maricela encontró los cuerpos acribillados de su yerno y de su otro hijo, Alan, en un carro. Ahora ellos forman parte de los más de 27 mil desaparecidos que oficialmente hay en el país.

En su largo recorrido a través de cinco estados, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, ha pasado por todo, desde el calor húmedo de Honduras hasta los fríos bosques de los Altos de Chiapas. De ahí salieron a rumbo a Guerrero, luego Morelos, Ciudad de México, Monterrey y Estados Unidos. Este grupo encontró heridas abiertas en cada región.

«El pueblo garífuna está directamente afectado, vivimos en la costa Atlántica que es un corredor de droga. Los criminales y los militares nos amedrentan, nos matan y violan a las mujeres», dice a VICE News Félix Omar Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), mientras viajábamos rumbo a un concierto organizado por la caravana en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En el Triángulo Norte de Centroamérica — región comprendida entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que algunos prefieren llamar «Triángulo de la Muerte» —, en 2015 ha habido 6.650 asesinatos según Insight Crime. La misma fundación advierte que el año pasado en Guatemala y Honduras se registró una leve baja en la tasa de homicidios, mientras que en El Salvador subió de 70%: hoy el pequeño país centroamericano es el más violento del mundo, con 23 homicidios diarios.

La abogada salvadoreña Aleida Almendarez de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, que también integra la caravana, confiesa traer siempre su documento consigo, para que sea identificable en el caso en que la maten. Almendarez explica que la ‘narcoguerra’ en el Triángulo Norte tiene el nombre de Alianza para la Prosperidad, un programa impulsado por el gobierno de Estados Unidos para supuestamente combatir al crimen organizado, pero que ha llevado a la actual crisis humanitaria.

Alianza para la Prosperidad, Plan Mérida o Plan Colombia: son los diferentes nombres que, según los integrantes de la caravana, tiene la militarización en América Latina. «Hay que reconocer el saldo negativo de esta guerra, de estas guerras, porque son rostros distintos pero estrategias compartidas», afirma Marco Antonio Castillo, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia y miembro de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM).

«Lo que descubrimos durante nuestro recorrido es que el discurso oficial, la mentira, está cayendo. La gente se está organizando», relata Laura Carlsen, analista y directora del Programa de las Américas. «Con esta caravana nos dirigimos a las organizaciones sociales y a la opinión pública, para impulsar la organización de base. Sabemos que no vamos a afectar las decisiones de la UNGASS, para ellos esta guerra fue un éxito en términos de ganancias, concentración de poder y expansión de las fuerzas represivas».

Otro de lo integrantes de la caravana es originario de Nuevo León, estado ubicado en la frontera norte de México, con graves problemas de violencia por narcotráfico. De hecho, a principios de marzo, 500 elementos de Policía Militar llegaron a esta entidad, para reforzar trabajos de seguridad pública, anunció la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) . Jesús González, es activista de Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL) y afirma que el gobierno invirtió millones de pesos para que los medios de comunicación construyeran el discurso de que «la violencia ya pasó». Según el activista, en las calles de Nuevo León ya no hay enfrentamientos, pero se incrementó el número de las ejecuciones.

Las integrantes de FUNDENL, que recibieron a la caravana en Monterrey, utilizan la palabra «guerra» para definir la situación en la que se encuentra la ciudad norteña.

El pasado 14 de abril, la caravana cruzó el Río Bravo caminando por el puente que une Nuevo Laredo a los Estados Unidos. Se dejó atrás Tamaulipas, la entidad que simboliza la violencia y la descomposición social que está dejando esta «guerra» en México.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, en Tamaulipas la tasa de averiguaciones previas por secuestro es casi 694% mayor que la nacional. Los integrantes de Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, que se reunieron con la caravana, denuncian que en el estado hay pueblos enteros desplazados por la violencia del crimen organizado.

Guillermo Gutiérrez Riestra, padre de la joven Raquel, desaparecida en Ciudad Victoria en 2011, relata que en Tamaulipas desaparecen hasta los payasos que trabajan en los semáforos, por ir con la cara pintada y no ser reconocibles.

En un acto público que se llevó a cabo ayer lunes en Nueva York, a un día de la apertura de la UNGASS, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia conoció historias que revelan cómo la guerra al narcotráfico, está afectando también a los estadounidenses.

De acuerdo con Ted Lewis de Global Exchange, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, Estados Unidos es el país que encarcela más personas en el mundo y alrededor de 80% de los presos están recluidos por posesión de droga. En el país, afirma el activista, existe una crisis humanitaria relacionada con el encarcelamiento masivo, que afecta sobre todo a la comunidad negra, al punto que el asunto se volvió un tema en la actual campaña electoral estadounidense.

Esta caravana, según los organizadores, pretende propiciar espacios para un diálogo franco y amplio sobre las políticas globales de drogas, «buscando profundizar en enfoques alternativos y respetuosos de los derechos humanos; así como ampliar el debate, facilitando la presencia de nuevos actores y voces, en especial de quienes han padecido de manera directa las violencias de las guerras contra las drogas».

Durante su gira buscaron «aunar conciencias de pueblos que han sufrido diversas violencias derivadas del narcotráfico y la lucha contra las drogas, para evitar seguir caminando en la soledad, rechazar las violencias y tejer solidaridades que rebasen las fronteras y continúen mas allá de la Caravana y la UNGASS 2016».

Artículo publicado en Vice News el 19.04.2016

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