Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde tambiénresultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020

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Los expertos independientes presentaron también algunas evidencias que la autoridad conocía y que fueron ocultadas, como las pruebas del involucramiento de la Policía Federal y del ejército en los hechos y la presencia de un quinto autobús. Se trata de uno de los carros que los normalistas ocuparon en Iguala y que probablemente se utilizaba para transportar droga, aunque los muchachos lo desconocían. Según los expertos de la CIDH, este autobús podría representar el móvil del ataque.

A pocos días del aniversario del ataque de Iguala, el Programa de las Américas entrevistó a Carlos Beristain, uno de los expertos independientes que participaron en la investigación.

¿Cómo pueden afirmar que los 43 estudiantes no han sido quemados en el basurero de Cocula?

Nuestro perito, que tiene una enorme experiencia internacional, visitó el lugar. Hizo un análisis in situ de las condiciones que se dieron en el basurero y de si había habido quema en la flora alrededor, causada por la supuesta pira de los 43 cuerpos. Evaluó también los testimonios de los inculpados sobre el modo en que se habría llevado a cabo la acción.

Sin embargo, algunos de los 111 imputados afirmaron que los 43 cadáveres han sido incinerados en el basurero.

Las declaraciones de los diferentes imputados tienen inconsistencias. Presentan cuatro versiones diferentes sobre lo que habría pasado con los normalistas: una señala que los normalistas habrían sido llevados a una casa de seguridad; otra dice que los normalistas habrían ido a atacar armados a los hermanos Benítez Palacio; otra que hubieran sido llevados a Pueblo Viejo y allí enterrados en una fosa; y otra más señala que los muchachos han sido llevados al basurero de Cocula. Estas declaraciones presentan cuatro escenarios diferentes, con inconsistencias entre si, y también adentro de la versión del escenario del basurero de Cocula hay inconsistencias fuertes sobre cómo fueron transportados, dónde y cómo habrían sido supuestamente ejecutados, además de incongruencias sobre otros elementos.

Ustedes averiguaron que es imposible que en el basurero de Cocula haya habido una pira tan grande como para incinerar 43 cuerpos. ¿No será posible que hayan sido quemados un numero inferior de cadáveres?

No hay ninguna versión que diga que hayan sido quemados menos cuerpos, no hay ninguna declaración de ninguno de los inculpados que lo diga. Esto ya sería para nosotros una quinta versión.

¿Se puede afirmar que hubo, por parte del estado mexicano, un intento de ocultar lo qué pasó aquella noche en Iguala?

Nosotros no hemos hecho una evaluación de la intención, lo que dijimos es que hay una omisión total de algunos hechos, a pesar de que estaban en las declaraciones de los normalistas, y lo hicimos saber a la PGR. Nuestro informe contiene descripciones de los hechos y no tiene valoraciones de comportamiento del estado, de la PGR o de los funcionarios. De todos modos, hay personas que tienen responsabilidad sobre estas omisiones, a nosotros no nos corresponde investigar, pero alguien tendría que hacerlo.

¿Qué reacción tuvo la autoridad frente a sus recomendaciones?

Durante los primeros días hubo una respuesta un poco contradictoria. Por una parte el presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes de apoyo al informe, señalando que el estado lo acogía y que sería incorporado a la investigación. También la PGR hizo declaraciones en el mismo sentido, aunque algunos sectores señalaron que era cierta la versión de la autoridad.

Para nosotros la respuesta es la oficial, o sea que el informe será incorporado a la investigación y que nuestras recomendaciones serán tenidas en cuenta para reorientar la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares, que son los tres puntos clave de nuestro mandato.

Nuestro trabajo es una oportunidad para el estado de México y consideramos que es un aporte para la lucha en contra de la impunidad en el país. Es una herramienta importante no sólo por este caso concreto, sino tiene también recomendaciones generales para los otros casos de desaparición forzada en el país, y esperamos que sea acogido en la practica.

Su mandato fue ampliado para otros seis meses. ¿En qué consistirá su trabajo?

Vamos a tener 6 meses más de trabajo para poder seguir empujando en esta dirección. Ahora sabemos algunas cosas claramente: que los normalistas no fueron confundidos con narcotraficantes, que no estaban infiltrados por nadie, que a través del C4-una estancia de coordinación en la que están la Policía Federal, la Municipal, la Estatal y el Ejército-los jóvenes fueron monitoreados antes y después de que llegaran a Iguala.

De esta parte de la historia sabemos lo que pasó, hay otra parte de la que todavía no tenemos claridad y es en esta zona gris que tenemos que encentrarnos en los próximos meses.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 23.09.2015

English version

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Fue entre los edificios de esta escuela normal rural, fundada en 1926 en un terreno expropiado a un terrateniente, que los padres de los alumnos desaparecidos decidieron hacer un llamado a boicotear las elecciones del 7 de junio próximo. Y fue aquí que el pasado 14 de marzo se llevó a cabo la Asamblea Nacional Popular, que decidió tomar las sedes del Instituto Nacional Electoral (INE) de todo el país, en repudio a las elecciones y en el marco de la decima Acción Global para Ayotzinapa del 26 de marzo. La decisión fue reafirmada en la Segunda Convención Nacional Popular el 11 de abril en que decidieron boicotrear las elecciones “que cuenten con las condiciones apropiadas para dicha acción”.

“Estamos convocando a la sociedad a que no acuda a estas elecciones. Los candidatos están respaldados por delincuentes, votarlos sería votar por la misma delincuencia organizada”, explicó Felipe de La Cruz, vocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

En junio el pueblo guerrerense será llamado a elegir alcaldes, diputados y el gobernador. En una entrevista con el periódico español El País, el actual gobernador interino del Estado de Guerrero, Rogelio Ortega, admitió la existencia de infiltraciones de la criminalidad organizada en el mundo político y judicial. Según Ortega, los criminales financiaban las campañas de los partidos hasta que se dieron cuenta que ellos mismos podían convertirse en políticos.

“Si les da miedo a los de fuera, imagínese a los que vivimos ahí todos los días”, afirmó el gobernador.

La crisis de credibilidad de las instituciones ha sido públicamente reconocida también por Flavio Galván River, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y por al menos dos de los nueve consejos distritales del INE de Guerrero. El 16 de diciembre pasado, el consejo distrital 07 publicó en el diario El Sur de Acapulco un desplegado donde admitió que no existen las condiciones para llevar a buen fin el proceso electoral. De todos modos, según el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, las elecciones en Guerrero se realizarán.

El llamado al boicot electoral que surgió de la escuela normal rural de Ayotzinapa no propone sólo la abstención, sino la creación de las condiciones que lleven a un paro general y a la caída del gobierno de Enrique Peña Nieto. Desde el octubre pasado, en Guerrero se está también impulsando una alternativa al actual sistema partidista.

“En el estado se conformaron Consejos Populares Municipales con la idea de generar un proceso de construcción política desde abajo, que establezca espacios donde se tomen decisiones colectivamente”, relata Román Hernández Rivas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, que trabaja con los alumnos de Ayotzinapa y las familias de los normalistas desaparecidos.

“Los estudiantes están buscando otros espectros de posibilidad organizativa asociados con la auto tutela de los derechos. Se trata de garantizarlos a sí mismos sin pasar por las estructuras del estado”.

Hasta ahora, más de 20 de los 81 ayuntamientos de Guerrero han sido tomados por la población. En seis de ellos -Ayutla de los Libres, Tlapa, Olinalá, San Luis Acatlán, Teconapa y Tixtla- ya están conformados los Consejos Populares Municipales y los alcaldes siguen operando en edificios alternos.

“Estos consejos se están impulsando en territorios con población indígena y tienen una base jurídica en el Convenio 169 del OIL, en el artículo 2 la Constitución y en la ley 701 del Estado de Guerrero”, explica Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan. “El objetivo es construir autonomía y la respuesta la ofrecen los pueblos indígenas a través de su sistema organizativo, de allí se está retomando la idea de los consejos. Se está debatiendo sobre que tipo de estructura darles, es una alternativa que todavía está en discusión en las comunidades. Es un proceso que necesita de tiempo; los caracoles zapatistas no se formaron en 3 meses”.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 20.04.2015

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La cita es, una vez más, en el monumento a la Revolución en la Ciudad de México. El martes pasado familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ciudadanos, normalistas y maestros se reunieron en la plaza capitalina para marchar rumbo a la oficina central de Televisa.

Su intención consistía en realizar una toma simbólica de la televisora y permitir que una ‘Comisión de Ayotzinapa’ hablara a través de sus micrófonos. Sin embargo, las instalaciones de Televisa se encontraban resguardadas por un centenar de policías y granaderos, y la empresa se negó a que la Comisión entrara.

“Manifiesto mi repudio a ésta y a otras televisoras que siempre se dan la tarea de criminalizar la lucha social.  Televisa tiene un spot que dice: ‘los maestros buenos son los que trabajan; los malos son los que se manifiestan, los rebeldes’, dice Rosa María Gutiérrez, quien se unió a la marcha.

Además de Televisa, los manifestantes acusan a Televisión Azteca y a los periódicos Excélsior y El Universal por ofrecer una “cobertura parcial” sobre los hechos de Ayotzinapa. Según los padres de los normalistas, estos medios han respaldado la versión oficial sin dar espacio a las posturas de expertos y testigos, quienes ven muchas contradicciones en la reconstrucción hecha por la Procuraduría General de la República.

Los manifestantes afirman que el caso no está cerrado y critican al nombramiento de Arely Gómez -persona cercana a Televisa y hermana del vicepresidente de noticias de dicha televisora- como nueva Procuradora General de la República.

“Algunos reporteros de Televisa han ido a Ayotzinapa, han platicado con padres de familia y con estudiantes, pero no dieron una información verídica a la población–sólo dieron detallitos, sólo informan lo que le conviene a los poderosos”, afirma un estudiante de la escuela normal de Ayotzinapa.

En noviembre pasado, el conductor de Televisa Querétaro, Mauricio Plascencia Alcántara, insultó públicamente al movimiento que se formó en solidaridad con los normalistas desaparecidos y a los estudiantes en paro. “¿No pueden estudiar porque les faltan 43? Hatajo de huevones, déjense de mamadas y pónganse a estudiar justamente para eso, para cambiar este país”, escribió en su cuenta de Facebook.

Concentración mediática

México, donde la mayoría de la población se informa a través de la televisión, es el país con la mayor concentración mediática del mundo. Televisa concentra el 70% de la audiencia. TV Azteca tiene el 25% y compró la compañía Iusacell.  Televisa es dueña del 56% del mercado de la televisión de cable y tiene participaciones en revistas y radios. Juntas, ambas empresas concentran el 88% de las frecuencias televisivas.

Sin embargo, su duopolio podría cambiar con la licitación el 11 de marzo de dos cadenas nacionales a Cadena Tres y Grupo Radio Centro.

Televisa fue creada en los años ’40 con el oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobierna México desde hace unos 80 años, con excepción de los dos sexenios panistas (200-2012). “Soy un soldado del PRI”, afirmó su ex dueño Emilio Azcárraga Milmo.

El diario británico The Guardian documentó como, durante la campaña electoral de 2012, Televisa convirtió al poco conocido candidato priista Enrique Peña Nieto en Presidente de la República. El ex gobernador del Estado de México, que luego se casó con una actriz de novelas de la misma televisora, habría pagado a la empresa 70 millones de dólares al año para favorecerlo y desprestigiar a su adversario Andrés Manuel López Obrador.

No sorprende entonces que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión promulgada  el julio de 2014 no haya atacado la concentración mediática. Periódicos locales indicaron que el gobierno pactó disposiciones de la Ley con empresarios de la comunicación vinculados con la llamada “Telebancada”—un grupo de legisladores que apoyan los intereses de Televisa y Tv Azteca, y que incluso tienen algunas relaciones familiares con sus principales accionistas.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 14.03.2015

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¿Por qué la guerra al narco impulsada por el gobierno mexicano en 2006 causó violaciones a los derechos humanos en lugar que acabar con el narco?

En 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia de la republica y entró Vicente Fox del Partido de Acción Nacional (PAN), se rompió la hegemonía que el PRI había tenido durante unos 80 años. No se trataba sólo de hegemonía política sino en la producción y distribución de drogas, en los años ’70 el estado mexicano producía heroína o goma de opio que vendía a los EEUU. Había una industria estatal de la droga, es un hecho documentado. Estos cultivos nunca se erradicaron y en el tiempo el estado perdió el dominio en la producción de droga, dejando lugar a los carteles criminales.

Con la entrada del PAN empezaron a haber divisiones entre grupos del narco en su disputa territorial. Esto se agudizó cuando en 2006 el gobierno anunció su guerra al narco, y el ejército empezó a actuar frontalmente como un nuevo actor armado en el territorio. No entendemos bien de que lado juega el ejército, si está apoyando a un cártel, o si para debilitar a uno acaba fortaleciendo a otro, o está atacando a todos por igual.

La situación de crisis actual que vive México, de violación a los derechos humanos por parte de agentes del estado, se agudizó ulteriormente en 2008 con la Iniciativa Mérida, un plan de seguridad diseñado desde EEUU que se concretiza en la militarización del país. La sociedad civil se encuentra en medio de esta disputa para el control del territorio entre cárteles del narco, y entre ellos y el ejército, e intenta defender el mismo territorio.

¿Por qué el estado desaparece a las personas en lugar que matarlas?

No podríamos decir porqué lo hace, pero podemos hablar de las consecuencias que esto genera. Cuando se desaparece a una persona sus seres queridos sienten ansiedad, angustia y miedo. Hay incertidumbre, no se sabe lo que está pasando.

El asesinato y la desaparición forzada –que por definición es cometida por agentes del estado- se tocan en un punto que representa la frontera entre la delincuencia organizada y el estado mexicano, como actores que están impregnados el uno del otro.

¿Por qué consideran a Peña Nieto como responsable de los hechos de Iguala? El crimen ha sido cometido por la Policía Municipal, ¿no hubiera podido haber sido ordenado por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sin intervención del gobierno federal?

El vínculo entre el narco y el estado no empieza en Iguala el 26 de septiembre. México se puede definir como un narcoestado porque la criminalidad organizada tiene tanto poder como para tener la capacidad de decidir quien es presidente municipal, inyectando recursos a las campañas electorales. Muchos alcaldes han sido denunciados como parte del crimen organizado y el gobierno nunca intervino, entonces la responsabilidad del estado mexicano es por omisión y Peña Nieto es responsable en cuanto titular del ejecutivo federal. Sin embargo, la delincuencia organizada no ha empezado con él, el estado generó condiciones para que hechos como lo de Iguala sucedieran. La criminalidad organizada es una inercia que el estado viene arrastrando desde hace más de 40 años, que es producto de sus acciones y omisiones.

Con este panorama, ¿las familias confían en la posibilidad de que el estado haga justicia? 

Las demandas de los padres fueron cambiando en este periodo. Al principio exigían al gobierno del estado de Guerrero la presentación con vida de sus hijos, luego exigieron la intervención del gobierno federal. Hoy en día no confían en ninguno de ellos y creen que Peña Nieto sólo quiere limpiar su imagen para seguir haciendo sus giras para ofertar a los inversionistas internacionales los recursos naturales de México.

El movimiento que se formó en solidaridad con Ayotzinapa pide la renuncia de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se esperan de su eventual renuncia? ¿Piensan que podría llevar a un cambio real en el país?

El movimiento de apoyo a los padres de familia ha reivindicado públicamente que la exigencia es la renuncia de Peña Nieto, por ser responsable de la violencia de estado y entonces de los hechos de Iguala. Sin embargo, los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa afirman que el problema no es Peña Nieto per se, sino es la estructura sobre la cual se sostiene el sistema político, que permite a una figura como Peña Nieto de estar en el poder. Los normalistas están buscando garantías reales de no repetición, y no se la pueden pedir al estado mexicano siendo que muchas violaciones a los derechos humanos son cometidas justo por actores estatales.

Por esto, el pueblo tomó unos 20 municipios en el estado de Guerrero donde se conformaron consejos populares con la idea de generar un proceso de construcción política desde abajo, que establezca espacios donde se tomen decisiones colectivamente. Los estudiantes están buscando otros espectros de posibilidad organizativa asociados con la auto tutela de los derechos. Se trata de garantizarlos a sí mismos sin pasar por las estructuras del estado. Esto te pone frente a un movimiento autonómico que toma como ejemplo las Juntas de Buen Gobierno zapatistas.

El pasado 15 de noviembre una comisión de estudiantes de Ayotzinapa y de familiares de los 43 desaparecidos encontró a la Comandancia del EZLN en territorio zapatista. ¿Se tomaron algunas decisiones durante este encuentro?

La prensa dijo que del encuentro entre las familias de los estudiantes desaparecidos y el EZLN nació la voluntad de conformar un movimiento nacional contra la desaparición forzada, no estoy muy de acuerdo con esta interpretación. Los familiares y el EZLN se reconocieron como parte del mismo dolor, como portadores de la misma rabia. Su idea es generar un movimiento nacional para cambiar las estructuras que permiten que sigan ocurriendo situaciones como la de Iguala. Su voluntad es acercarse a los otros dolores que hay en México, a personas que son víctimas de la misma violencia de estado, bajo la hipótesis que de esta forma puedan hacerse fuertes y crear causas comunes, que permitan construir otros tipos de relaciones sociales.

Entrevista publicada en Upside Down World el 24.02.2015

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Es la noche de fin de año y millares de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y de sus simpatizantes se encuentran para esperar el principio del 2015, festejar el 21° aniversario de la insurrección zapatista y celebrar una de las etapas del Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el capitalismo. Un evento itinerante que empezó el 21 de diciembre en el pueblo de San Francisco Xochicuautla y acabó en Chiapas el 3 de enero, pensado por el EZLN y el Congreso a Nacional Indígena (CNI) para propiciar el encuentro entre los movimientos sociales.

Un “festival de la escucha”, donde personas y colectivos que se reconocen en los principios anticapitalistas de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN contaron su experiencia política. La idea es encontrarse y explicarse, aprender uno del otro sin la pretensión de tomar decisiones y establecer fechas.

“Tal vez alguien se irá triste porque mañana no se hará la revolución”, dijo un representante del CNI durante la clausura del festival en el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI) de San Cristóbal de Las Casas, entre las risas de los presentes.

Más allá de la plenaria, en fila delante del comedor comunitario o en las noches antes de acostarse en su tienda de campaña, las personas participantes tejen relaciones, intercambian contactos, imaginan líneas de acción comunes.

“En Europa y Estados Unidos después de 1989 se dejó de pensar en que pueda existir una alternativa al capitalismo. Lo vivimos como si fuera nuestra identidad, mientras aquí en México se vive como un elemento externo que llega en un territorio para destruir las relaciones que se desarrollan en ello, y reordenarlas a su placer”, observa Diego Ferraris, activista italiano, integrante de la caravana que ha acompañado al festival atravesando lugares simbólicos de la actual resistencia indígena mexicana, recorriendo medio México hasta llegar a Chiapas.

En San Francisco Xochicuautla, Estado de México, una empresa quiere imponer la construcción de una autopista a pesar de que un tribunal haya amparado a la c obra, y los que se oponen al proyecto son detenidos arbitrariamente. En una situación parecida se encuentran los habitantes de Amilcingo, Morelos, otra sede del festival, donde el conflicto gira alrededor de la construcción de un gasoducto. La caravana también pasó por Monclova, que hace parte de una red de comunidades en lucha contra la privatización de la energía eléctrica, y finalmente concluyó en territorio zapatista.

“El gobierno dice que los megaproyectos benefician a las comunidades indígenas, pero sabemos que no es cierto. Por esto resistimos a la imposición de estas obras en nuestros territorios, y a las reformas estructurales neoliberales que está promoviendo el gobierno”, afirma Sebastián Pérez de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, organización chiapaneca que en 1997 fue víctima de un ataque paramilitar que dejó 45 personas muertas.

Poco antes de la medianoche del 31 de diciembre, la música se apagó en el Caracol zapatista de Oventic. Los bailadores se dispusieron a lo largo del perímetro de la cancha de baloncesto y en el escenario subieron los familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, enseñando las fotos de sus hijos.

Ya algunos habían viajado a Oventic el 15 de noviembre, cuando se acercaron a los representantes del ELZN y descubrieron que comparten el mismo dolor. Aquel día nació la idea de impulsar la formación de un movimiento, a nivel nacional, para acabar con los mecanismos que legitiman la impunidad que cubre la violencia de estado.

El 31 de diciembre, desde el escenario de Oventic, el subcomandante Moisés del EZLN habló a los familiares de los estudiantes, prometiendo acompañarlos en su batalla.

“Los familiares de Ayotzinapa nos han alimentado nuestra fuerza de rebeldía y resistencia, nos han abierto más nuestros ojos y nos han hecho crecer nuestra digna rabia… Ellos están señalando un camino y nos están diciendo que no les importa dar la vida si es necesario por sus desaparecidos. Y nos muestran también eso de que hay que organizarnos todos los que tienen desaparecidos y también los que no tienen por ahora desaparecidos, pero los van a tener si no nos organizamos, porque ahí siguen los narcogobiernos”, afirmó Moisés, y abrazó uno a uno los padres de los chicos que se encontraban en el escenario.

En este momento la cercanía con las familias de los estudiantes de Ayotzinapa parece ser una de las prioridades de la organización indígena, que ya organizó dos manifestaciones de solidaridad con ellos y dejó a los familiares de los estudiantes su lugar en la caravana que acompañó al festival.

La de Oventic fue la única aparición del EZLN durante el Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías. Los zapatistas son los referentes de las resistencias que se encontraron en México, sin embargo con su presencia discreta parecer reafirmar lo que repiten desde 2005: no somos una vanguardia, todos aprendemos de todos, cada uno lucha a su modo según su calendario y su geografía.

Artículo publicado por el Programa de Las Américas el 7.01.2015

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“Sabemos lo que puede pasar en una manifestación como ésta, puede ser que haya detenidos y heridos, hasta muertos, pero no tenemos miedo de estar presentes. Estamos dispuestos a llegar hasta las ultimas consecuencias para que se note más la rigidez de nuestra protesta en solidaridad con los normalistas de Ayotzinapa”, declara Yesenia Hernández, estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UNAM), antes de empezar la movilización en el aeropuerto internacional de la capital. 

La acción estaba anunciada desde hace tiempo para la mañana del jueves, sin embargo el día anterior las más de 80 escuelas del país que integran a la Asamblea Interuniversitaria optaron por suspenderla. Un grupo de estudiantes decidió de todos modos llevar a cabo la acción.

La policía estaba lista para enfrentar a la amenaza de toma del aeropuerto y para bloquear sus calles de acceso. Al alejarse de la entrada del metro Oceanía, el pequeño grupo de jóvenes, en su mayoría encapuchados “por miedo al estado que nos puede desaparecer”, fue creciendo hasta contar unas 400 personas. Encontrada la primera valla de granaderos, los manifestantes decidieron regresarse y buscar vías alternativas para alcanzar el aeropuerto y no acabar encapsulados por los policías.

Después de unas dos horas, en el cruce de Circuito Interior y Zaragoza, empezó la confrontación con los granaderos, que causó heridas leves a algunas personas y una lesión al pie de un joven que fue llevado en una ambulancia, y quien aseguró no estar participando en la protesta cuando se encontró encapsulado por los granaderos.

Quince personas han sido detenidas en las cercanías del aeródromo, según el Comité Cerezo México, que ha recogido el testimonio de un manifestante que acusa a los policías de haberlo detenido injustamente, golpeado y despojado de algunas pertinencias.

De acuerdo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la movilización no afectó las operaciones aéreas. Sin embargo causó molestias a los pasajeros, que tuvieron que llegar con hasta cinco horas de anticipación para no perder sus vuelos, y encontraron salas de espera saturadas.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 23.11.2014

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Julio César López Patolzin fue desaparecido por la Policía Municipal de Iguala (Guerrero) el pasado 26 de setiembre, junto con otros 42 estudiantes de la escuela normal rural del pueblo de Ayotzinapa. Sus compañeros hablan de él como de un chico “buena onda” y siempre agradable, calladito y que se junta “nomás con unos pocos con los que se lleva”. 

El 17 de noviembre, desde la explanada de San Salvador Atenco, su padre Rafael recordó el día en que llegó a la escuela y le dijeron que habían balaceado y desaparecidos a los muchachos; no pensó que Julio César podía estar entre los 43 desaparecidos.

“Los militares estaban cerca del lugar de los hechos y no hicieron nada, lo que quiere el gobierno es desaparecer a las escuelas normales”, denunció Rafael López remarcando el papel social del instituto donde los estudiantes se forman como maestros de zonas pobres y rurales.

Durante el encuentro, los pobladores de Atenco manifestaron su solidaridad a los integrantes de la comisión, que aseguraron no aceptar dinero del gobierno para que se queden callados, y recordaron a los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa que en 2011 fueron asesinados por policías estatales y federales, además de los dos que en enero de 2014 fueron atropellados mientras se encontraban boteando para recabar recursos para diversas actividades.

Al mitin participó también el general José Francisco Gallardo Rodríguez, militar retirado conocido por su lucha a favor de los derechos humanos. El general contextualizó la violencia de que fueron víctimas los estudiantes de Ayotzinapa, considerando que en el estado de Guerrero el pueblo empobrecido vive sentado encima de un territorio rico en recursos naturales.

“Más de una sexta parte del territorio nacional está entregado a las mineras y estas empresas quieren desplazar a la gente y reprimir quienes se oponen a ellas, como los normalistas de Ayotzinapa. El fondo de lo que esta sucediendo en Guerrero tiene que ver con la lucha por los recursos naturales. Hace poco una minera canadiense descubrió en el municipio de Mitla una mina de oro donde calculan poder extraer en 10 años 640 mil millones de toneladas de metal”, denunció el General Gallardo.

Recibiendo a la comisión de Ayotzinapa, América del Valle del FPDT aseveró conmovida: “Esta vileza que les cometieron abre una cloaca en nuestro país y desnuda el sistema podrido en el que vivimos. Este pueblo que tiene el machete en alto es su pueblo”.

La activista recordó la solidaridad que los estudiantes de Ayotzinapa demostraron en 2006, cuando San Salvador Atenco fue victima de una brutal represión. Según la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 202 víctimas de la Operación Rescate –que se llevó a cabo en Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006- han sido sometidas a un trato “cruel, inhumano y degradante”, y por lo menos 23 mujeres han sido torturadas sexualmente por la policía.

El operativo fue ordenado por el entonces gobernador del estado de México Enrique Peña Nieto, hoy presidente de la república, que los padres de los jóvenes desaparecidos consideran responsable de la agresión que se llevó a cabo en Iguala.

“Sabemos que en México la justicia no existe y Atenco es un ejemplo de ello, siendo que ninguno de los autores intelectuales fue procesado. Peña Nieto está confeso cuando dijo que ordenó el operativo, y que lo volvería a hacer”, recuerda Adán Espinoza del FPDT. “El sistema quiere eliminar a las escuelas rurales que dan luz académica en el campo y en las montañas. Quiere que no tengamos ningún conocimiento y vivamos en la ignorancia para que nos pueda engañar y despojar, esto no lo vamos a permitir”.

El FPDT aseguró que seguirá luchando a lado de los padres y estudiantes de Ayotzinapa y anunció su participación en el paro nacional del 20 de noviembre, cuando todo el país marchará exigiendo justicia por los desaparecidos y la renuncia de Peña Nieto. El éxito de la movilizaciones dependerá de la capacidad del movimiento de enfrentar la represión del estado, siendo que el 15 de noviembre el presidente Peña Nieto advirtió que está legítimamente facultado para usar la fuerza “cuando se ha agotado cualquier otro mecanismos para restablecer el orden”.

Otro reto del movimiento será lidiar con el olvido de sus propios integrantes. En este momento México es un hervidero de marchas, bloqueos y actos públicos, y una de las tareas de los padres de los normalistas y de los estudiantes es lograr que no baje la movilización social y la atención de la opinión publica.

“Puede ser que quienes ahora se amontonan encima de ustedes para usarlos en beneficio propio, los abandonen y corran a otro lado a buscar otra moda, otro movimiento, otra movilización”, advirtió el subcomandante del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) Moisés, al recibir una de las tres caravanas que el 13 de noviembre salieron de Ayotzinapa.

Rafael López llegó en Atenco con una comisión de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, mientras que tres caravanas de estudiantes y padres de los desaparecidos estaban recorriendo buena parte de México para pedir justicia por los hechos del 26 de setiembre. La comisión fue recibida a la entrada del poblado por los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), con flores y abrazos de las niñas y niños de San Salvador Atenco, y juntos marcharon con machete en mano rumbo a la explanada central, donde se llevó a cabo un mitin.

Artículo publicado por el Programa de Las Américas el 20.11.2014

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El pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas de la localidad de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

De regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon tres autobuses y fueron víctimas de un ataque de la policía municipal, que disparó en su contra. En seguida llegó un grupo de civiles equipados con armas en apoyo a la policía local, que a su vez disparó. El saldo de la agresión fue de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron secuestrados a pocos metros de una instalación militar, sin que nadie interviniera.

“Por fin se pone orden”, tituló el día siguiente el Diario de Guerrero.

Fiscalía acusa a responsables
Inicialmente abundaban las especulaciones sobre lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la versión que cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se encontraban cerca de un acto público donde María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba presentando un informe de actividad como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio. Por temor a que los normalistas se acercaran a la plaza y pifiaran a su esposa, el alcalde —quien ahora se encuentra prófugo— ordenó a su jefe de seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran un escarmiento”. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.

Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General de México que el 22 de octubre acusó al alcalde Abarca —quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por el Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa, como presuntos autores intelectuales de los hechos al haber ordenado a la policía municipal que atacara a los estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los hechos a Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y ha pedido orden de detención contra Abarca, Pineda y Flores.

“Asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividad [como titular del DIF, el organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el procurador general Jesús Murillo Karam.

Dos integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos —escisión del cártel de los Beltrán Leyva— confesaron el 6 de octubre que la noche del ataque la policía municipal les entregó 17 estudiantes a quienes ejecutaron, quemaron y enterraron en una fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay ninguna noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36 policías y 17 integrantes del cartel, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado.

Buenas relaciones con la mafia
De acuerdo al libro El Cartel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, de Diego Osorno, en los años 70 el capo del tráfico de drogas Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales siempre fueron complacientes.

Los normalistas de Ayotzinapa habrían sido víctimas de las buenas relaciones entre mafia, política y militares que hace cuadro décadas instalaron las bases de la impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado sumamente coludido con los cárteles criminales.

“Lo que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”, dijo a Noticias Aliadas un manifestante que prefirió quedar anónimo, y que participó en una movilización organizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 8 de octubre pasado.

Aquel día, más de 60 ciudades de todo el mundo se movilizaron para pedir justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000 zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando en silencio el centro de la ciudad colonial, enseñando pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”, “su dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sumó también a la convocatoria de movilización nacional en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus familias del 22 de octubre.

Operaciones de búsqueda
A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, nada se sabe sobre su paradero. Ante la inacción gubernamental, el 13 de octubre encapuchados prendieron fuego a la sede del gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, capital del estado, y dejaron escrito en una pared: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El 4 de octubre se encontraron cinco fosas comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos. Peritos oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes, mientras que el independiente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que no tienen aún los resultados de sus investigaciones.

Conforme avanzan las operaciones de búsqueda se ha multiplicado el hallazgo de fosas clandestinas. Al momento se han hallado 19 y casi cada día se encuentran nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos restos?

“El padre [Alejandro] Solalinde, director del albergue para migrantes ‘Hermanos en el Camino’, define de forma contundente este país: es una gran fosa común”, comenta a Noticias Aliadas el escritor y periodista independiente mexicano Gaspar Morquecho Escamilla. “En particular, el estado de Guerrero tiene una larga historia de violencia. Hace poco descubrieron lugares donde fueron enterrados guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica común desaparecerlos, asesinarlos y enterrar clandestinamente sus cuerpos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano adoptar de forma inmediata “todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce” y emprender “una investigación pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala”.

“La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares”, señaló la CIDH. “De igual forma, la Comisión considera fundamental adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar la no repetición de hechos similares”.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 23.10.2014

English version

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El mensaje era para los estudiantes de Ayotzinapa (estado de Guerrero) y para las familias que el pasado 26 de septiembre han visto matar o desaparecer a sus hijos, mientras que se trasladaban en autobús, por mano de unos policías municipales coludidos con el cartel del narcotráfico Guerreros Unidos. A dos semanas de los hechos se contabilizan 6 muertos y 43 desaparecidos. Juan César Mondragón, que se encontraba en el autobús con sus compañeros de estudio, fue desollado y su cráneo ensangrentado quedó en el asfalto.

“En Ayotzinapa se expresa el estado como el engarce entre los poderes oficiales y los poderes criminales que disputan el control político, que llevan a considerar que esta es una forma de disciplinamiento social. Hemos llegado a un punto de deshumanización”, ha afirmado Dolores González Saravia, directora de Servicio y Asesoría para la Paz (SerAPaz), durante la presentación del informe 2013-2014 del chiapaneco Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FrayBa).

La escalofriante historia de estos jóvenes y la indignación frente a la corrupción de la policía y de las instituciones mexicanas despertó a numerosas muestras de solidaridad. El 8 de octubre pasado más de 60 ciudades alrededor de México y del mundo contestaron a la convocatoria de movilización. Se han organizado marchas, cierres viales, plantones y bloqueos a oficinas del gobierno.

En Chipalcingo, capital del estado de Guerrero, se movilizaron unos 50mil estudiantes, maestros y gente de las sociedad civil, mientras que los policías comunitarios de la Unión de Pueblos Organizados de Guerrero (UPOEG) organizaban una búsqueda independiente de los 43 estudiantes. En la Ciudad de México 15mil personas se sumaron a la marcha encabezada por los familiares de los chicos desaparecidos, al mismo tiempo que en Barcelona, Nueva York, Montreal y Buenos Aires se enseñaron las fotos de los jóvenes, se habló de sus historias personales, se pidió su aparición con vida y el castigo para los responsables de los crímenes.

“Las instituciones no van a hacer justicia, siendo que toda la cadena de mando está corrupta, pero pedir la aparición con vida de los estudiantes es una forma de presión para que los saquen si saben donde están. Sin embargo esta no es justicia completa, porque de todos modos su reaparición no repararía el daño incalculable que padecieron los estudiantes y sus familias”, opina un adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona que participó en la movilización en San Cristóbal de Las Casas, y que prefirió quedarse anónimo. “Lo que el gobierno quiere conseguir con una agresión como la de Ayotzinapa es justo asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo. Lo que pasó en Ayotzinapa es un crimen de estado. No se trata de un grupo de policías coludidos con el narco, sino de un entero sistema”.

En San Cristóbal de Las Casas los adherentes a la Sexta se juntaron a la marcha de estudiantes, docentes, familias enteras y organizaciones de la sociedad civil, que organizaron dos distintas movilizaciones que confluyeron en la plaza de la catedral.

El recorrido del EZLN, que en aquella plaza vivió momentos muy importantes de su historia, la atravesó sin parar. Los zapatistas marcharon en silencio como durante la movilización del 21 diciembre 2013 y la de mayo 2011, cuando la organización indígena contestó a otra convocatoria en solidaridad con las victimas de la violencia de estado, lanzada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Entonces los zapatistas se sumaron a las marchas nacionales en contra de la guerra a los carteles criminales impulsada por el ex presidente Felipe Calderón. La cruzada antinarcotráfico del gobierno mexicano, más que disminuir el peso del crimen organizado en el país, causó unos 100mil muertos y 30mil desaparecidos, poniendo las bases a la “colombianización” de México. Hoy el país ahoga en un caldo donde flotan instituciones corruptas, carteles del narco y grupos paramilitares; el base de apoyo del EZLN Galeano, asesinado por grupos de corte paramilitar el 2 de mayo pasado, es una de sus victimas.

La mayoría de los zapatistas que marcharon el 8 de octubre eran jóvenes, como los estudiantes de Ayotzinapa. Los turistas que paseaban ignaros en las calles del centro de la ciudad colonial quedaban a boca abierta viendo pasar el inesperado desfile. La gente de San Cristóbal de Las Casas –una ciudad históricamente conservadora- se asomaba de las tiendas y restaurantes para ver y fotografiar la larga marcha de indígenas encapuchados. Nadie hablaba, algunos bisbisaban en voz baja. Una señora afuera de un hotel aplaudía gritando “viva la gente!”, y los ojos de algunos zapatistas le sonreían atrás del pasamontaña.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 14.10.2014

English version

Sullo stesso argomento in italiano: http://www.sobreamericalatina.com/?p=1603

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