En el fraccionamiento Casas del Sol no hay árboles que amortigüen el calor abrasador de Arriaga, en la costa de Chiapas. Escasea el agua para bañarse y los cables de la electricidad son de tan mala calidad que ya se encendió un medidor. Las puertas de las casas tienen hoyos y las paredes están llenas de grietas, a pesar de que en mayo de 2024 fueron entregadas a 19 familias reubicadas por la rehabilitación de la Línea K del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

“El gobierno sí nos cumplió con la promesa de reubicación, pero con casas que tienen materiales de muy baja calidad. En mi cuarto gotea, en la sala gotea, en la cocina también, ¿adónde me voy?”, dice una vecina que pide el anonimato. “Tuve que invertir dinero para impermeabilizar y me preocupa tener que volver a ahorrar para la próxima temporada de lluvias”, agrega la mujer.

La Línea K se extiende a lo largo de 459 kilómetros y es la más larga de las tres rutas del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto federal a cargo de la Secretaría de Marina (Semar). Conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en la frontera de Chiapas con Guatemala, y corre casi en paralelo al Océano Pacífico.

El 31 de marzo de 2025 el CIIT firmó un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y le entregó 700 millones de pesos para implementar un programa de vivienda “con el propósito de generar esquemas de atención a las familias en situación de vulnerabilidad en el área de influencia del CIIT”, de acuerdo con respuestas a solicitudes de acceso a la información que Animal Político hizo a la Conavi, Semar y CIIT.

Entre 2023 y 2025, la Conavi ha gastado más de 500 millones de pesos en la construcción de 921 viviendas a lo largo del tramo chiapaneco de la Línea K, y se construyen otras 45 para las familias que recibieron promesa de reubicación.

Las viviendas que ya han sido entregadas se encuentran en los municipios chiapanecos de Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Pijijiapan y, por supuesto, Arriaga.

En el fraccionamiento Casas del Sol las viviendas han sido adquiridas por la Conavi a la empresa local Kava Hogares, que en sus redes sociales presenta su oferta como “la mejor oportunidad de inversión” y la “casa perfecta para vivir en Arriaga”. La empresa afirma también que el fraccionamiento está conformado por 38 lotes de 90 metros cuadrados y 53 metros cuadrados de construcción; además, asegura que cada vivienda tiene un precio de 700 mil pesos, aunque las familias que allí viven afirman que es inferior.

“Aquí llueve y el agua se empieza a filtrar”

Un vecino del fraccionamiento abre la puerta de su casa y deja ver la sala, el comedor, la cocina, dos recámaras, un baño y un pequeño patio de servicio. Asegura que el inodoro se despegó a los pocos meses de ser ocupada la vivienda, y muestra cómo su mano se mancha de blanco al pasarla por los muros hechos de cal y yeso. Además, muestra las losetas quebradas y numerosas grietas que atraviesan las paredes.

“Aquí llueve y empieza a filtrar, a pesar de que las casas son nuevas. Nosotros le comentamos a Conavi que estamos en una zona altamente sísmica. El terremoto de 8.2 que se registró en Chiapas el 7 de septiembre de 2017 tuvo su epicentro a una hora de aquí. Un sismo afectaría mucho estas casas, también porque la cimentación no se puso a un metro de profundidad, como tendría que ser”, dice el hombre.

Las familias del fraccionamiento Casas del Sol, que tienen familiares ferrocarrileros, habitaban en las orillas de las vías de Arriaga, detrás de la estación. En 2023, el CIIT empezó las obras de rehabilitación y les prometió la entrega de 36 mil pesos y su reubicación, a cambio de que abandonaran sus viviendas.

Las casas fueron demolidas para construir el Parque Lineal y las 19 familias, tras muchas reuniones, promesas incumplidas y una espera de nueve meses, se mudaron al fraccionamiento Casas del Sol.

Recientemente los vecinos reubicados en el fraccionamiento Casas del Sol recibieron la visita de Alejandro Patrinos Fernández, presidente municipal de Arriaga, quien se comprometió a rehabilitar el espacio de áreas verdes y el alumbrado público, a revisar la incertidumbre jurídica y a gestionar una reunión entre las familias y Conavi para revisar las afectaciones de las viviendas.

Aunque el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aceptó recibir de Animal Político unas preguntas sobre las condiciones en que se encuentran las casas de las familias reubicadas en Arriaga, hasta el momento de esta publicación no se tuvo respuesta.

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Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

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