Se cumplen 40 años de la llegada a territorio mexicano de las familias refugiadas, sobrevivientes del genocidio del pueblo maya llevado a cabo por el Ejército de Guatemala.

Kixtup, que en castellano sería Cristóbal

Cristóbal Pérez Tadeo aprendió a hablar su idioma a los 17 años. “Ya no quiero comunicarme con ustedes en castilla, quiero conversar en puro chuj”, dijo a sus papás. En aquella época, sí entendía la lengua de su familia, pero todavía no era capaz de hablarla.

Su padre, Yakin Pérez Hernández, y su madre, Elsa Tadeo García, que se conocieron cuando eran adolescentes en un campamento de refugiados guatemaltecos en Chiapas, entendieron su decisión. Desde hace algunos años, ellos también reflexionaban sobre la importancia de rescatar la lengua chuj, que en los 80 el gobierno mexicano les impuso perder. Ellos no la olvidaron, pero decidieron no enseñarla a sus hijos para que no se sintieran marginados por ser guatemaltecos en tierras chiapanecas.

Pero en realidad, a Cristóbal nunca le dieron vergüenza sus orígenes, así que, junto con otros hijos de refugiados guatemaltecos que habían conseguido una beca para cursar su licenciatura, empezó una reflexión sobre la importancia de recuperar y dignificar la lengua y la cultura que las políticas de mestizaje del gobierno mexicano intentaron borrar. 

“A las familias guatemaltecas el gobierno les dijo: ‘Se pueden quedar, pero bajo mis reglas’. No pueden hablar chuj, no pueden llevar sus vestimentas ni practicar su cultura adentro del territorio mexicano”, dice Melina Arredondo Velázquez, egresada del doctorado del Colegio de la Frontera Sur. De acuerdo con la académica, por temor a que sus hijos fueran discriminados, las familias chujes no solo no les transmitieron su cultura, sino tampoco les contaron la experiencia de la guerra.

“Por esto, en 2013 decidimos fundar el colectivo Hakib’al, que significa ‘nuestras raíces’. Vimos la importancia de definir quiénes somos y reivindicar nuestra cultura”, dice el joven que desde aquel momento dejó de llamarse Cristóbal y retomó su nombre chuj: Kixtup. 

Yakin, que en castellano sería Diego

Yakin Pérez Hernández tenía seis años cuando vio a dos hombres caerse del cielo, rotando en el aire como hojas soltadas de un árbol. Habían sido lanzados de un helicóptero por soldados guatemaltecos.

Era 1982 y el niño había encontrado refugio en la colonia Santa Martha, en Chiapas, a unos pocos kilómetros de la frontera con Guatemala. En aquella época, el Ejército guatemalteco estaba implementando la política de “tierra arrasada” que, con el pretexto de eliminar la base social de la guerrilla, causó la muerte de unas 200 mil personas y barrió con más de 400 comunidades indígenas. 

Unos meses antes de llegar a Santa Martha, en julio de 1982, Yakin se encontraba en la aldea Chibalasun (municipio de San Mateo Ixtatán, departamento de Huehuetenango), cuando se difundió el rumor de que el Ejército acababa de cometer una masacre en la cercana comunidad de Petenac. Los papás y hermanos de Yakin huyeron, mientras que él y su abuela se escondieron debajo de una piedra. 

Los soldados nunca llegaron y tiempo después unos tíos decidieron acompañar al niño a buscar a sus papás. Caminaron tres días en el monte escondiéndose de los militares, sin comida ni agua, hasta llegar a Santa Martha. Allí, entre los centenares de guatemaltecos que deambulaban con los ojos perdidos en el conflicto que habían dejado atrás, Yakin reconoció a su papá, Mekel Diego Sebastián, y a su madre, Matal Hernández Pérez. Por fin se pudieron abrazar, pero su reencuentro no puso fin al miedo: la frontera era tan porosa que las incursiones del Ejército y de los paramilitares de las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) los alcanzaban hasta en territorio mexicano.

Las familias desplazadas se tuvieron entonces que desplazar más adentro, en una geografía donde todavía no existían carreteras internacionales ni combis, caminando entre monte y veredas. “La gente nos recibía con todo en sus casas: pasen, entren, escóndanse”, recuerda Yakin, que hoy tiene 46 años y vive en la comunidad de Nuevo Porvenir, Chiapas.

Fue en Amparo Agua Tinta, a unos 15 kilómetros de la frontera, que los desplazados centroamericanos tuvieron la ilusión de que su peregrinar había terminado: la comunidad les ofreció un terreno en la montaña, en el que construyeron un campamento donde por primera vez recibieron despensas y apoyo: llegó la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y, después de ella, la ACNUR y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que tomaron la coordinación del campamento, donde seguía llegando gente de Guatemala. 

En aquel tiempo, Yakin decidió dejar la escuela porque su maestro lo golpeaba con una vara por hablar chuj en lugar de castellano. Un joven de Amparo Agua Tinta se ofreció entonces a enseñarle a leer y escribir, marcando la vida de Yakin, que a los 14 años ya enseñaba castellano a los niños del campamento. Tiempo después se volvió traductor y lideró a un grupo de familias que no aceptaron dejarse borrar por el gobierno mexicano.

Matal, que en castellano sería Magdalena

Cuando las autoridades mexicanas ordenaron al pueblo chuj de quemar su vestimenta y llevar ropa occidental —para así supuestamente engañar al Ejército y las PAC que los iban buscando—, Matal Hernández Pérez se negó. Puso en una bolsa de plástico su enagua y su huipil de colores con una estrella bordada en el centro, y la enterró. Cuarenta años después, Matal sigue llevando su vestimenta chuj y nunca aprendió a hablar español.

La vida de Matal fue una eterna peregrinación, desde que en 1982 salió de la aldea Chibalasun con su familia, dejando atrás a su hijito Yakin Pérez Hernández. Durante nueve años vivieron en el campamento de Amparo Agua Tinta y en 1991 fueron reubicados en un lugar llamado El Porvenir, cerca de la frontera con Centroamérica, donde vivían unos 2 mil 500 refugiados. Cinco años después, tras la firma de los acuerdos de paz en Guatemala, el gobierno mexicano les presentó dos opciones: repatriación voluntaria o reubicación en asentamientos de Campeche y Quintana Roo.

En los años 90, más de 22 mil 800 personas aceptaron regresar a Guatemala y unas 18 mil decidieron reubicarse en la península de Yucatán, donde todavía viven. 

Fue hasta 2011 —29 años después de su llegada a México— que Matal y su familia fueron naturalizados, gracias a la Ley de Refugiados y Protección Complementaria. No todos los desplazados guatemaltecos lo son: algunos todavía no tienen su permiso de residencia permanente y hasta sus hijos nacidos en México siguen siendo discriminados por la burocracia mexicana.

Mekel, que en castellano sería Miguel

En ningún momento, Mekel Diego Sebastián quiso irse a vivir a Campeche o Quintana Roo. Llevaba toda la vida desplazándose con sus hijos y su esposa Matal y no quería seguir haciéndolo. Tampoco quería regresar a Guatemala. “Allá tenía poca tierra y aquí en Chiapas estábamos a gusto”, dice Mekel, al recordar el día en que el gobierno mexicano le impuso elegir si repatriarse o reubicarse. Él y su familia decidieron resistir.

Su hijo Yakin, que era representante de un grupo de desplazados, se acercó a un abogado de la ACNUR para pedirle asesoría para comprar tierra. Siendo que ningún refugiado contaba con documentos para adquirirla legalmente, la compraron a nombre de cinco menores de edad que habían nacido en México.

Fue así como en 1998 se fundó la comunidad de Nuevo Porvenir, en el municipio La Trinitaria, donde hoy en día viven 230 chujes. En total, son 12 mil 700 los refugiados guatemaltecos que se quedaron en Chiapas, entre los municipios de La Trinitaria, Las Margaritas, Frontera Comalapa y La Independencia. 

Nuevo Porvenir abarca solo 18 hectáreas; cada familia tiene una parcela muy chiquita y la comida no les alcanza. Por esto, muchos jóvenes acaban migrando a Estados Unidos o a los campos de frambuesa de Jalisco. Las autoridades mexicanas aparecen en la comunidad solo en periodo de campaña electoral y el apoyo del municipio en obras ha sido escaso: en su mayoría fueron construidas por la ONU.

Mekel y su esposa Matal no solían contar la historia de su vida, hasta que su nieto Kixtup le pidió explícitamente hacerlo. Ha sido duro reabrir las heridas, pero les quedó claro que la intención de los jóvenes del colectivo Hakib’al era sanarlas y construir una memoria colectiva. “Admiro mucho la valentía, la fortaleza que tuvieron mi familia y mi pueblo para enfrentar todo esto”, dice Kixtup, que hoy tiene 30 años y está estudiando un doctorado en la UNAM. “Seguido me preguntan si me siento más que guatemalteco o mexicano; yo contesto que me siento chuj”, remarca.

Artículo publicado en Animal Político el 31.10.2022

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“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.
Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.
La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022

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“La guerra en contra de las drogas es el mejor negocio de los narcotraficantes: en la medida en que es más riesgoso, el precio de la droga sube porque cuesta más producirla y transportarla. Es una guerra hecha para que el narcotráfico persista”, dice Marta Ruíz. De acuerdo con la excomisionada, la paz se construye a nivel local, reforzando el tejido social a través de la organización: “la paz se pacta arriba y el conflicto luego se recicla en el territorio, en dinámicas locales”.

Los datos que Guillermo Trejo de la Universidad de Notre Dame presentó durante el foro Construcción de Paz en México le dan la razón: en el país, entre 80 y 90 por ciento de los ataques a candidatos políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y sacerdotes se dan en contra de personas que trabajan a nivel municipal, y han aumentado de forma exponencial tras la militarización impulsada por el gobierno federal a partir de 2006.

De acuerdo con el académico, históricamente existe una “zona gris” donde se yuxtaponen el Estado y las organizaciones criminales, dando forma a estructuras criminales integradas por sicarios, empresarios, policías, agentes del Ministerio Público y políticos. A partir de la “política de decapitación” de estas estructuras criminales impulsada por Felipe Calderón, en la “zona gris” se formaron unos 200 grupos delincuenciales que tienen conflictos profundos entre sí. Este espacio se ha vuelto entonces más complejo y resulta más difícil entender cuál es el sujeto, la estructura criminal con la que se podría entablar una negociación.

¿Sería ético negociar con los criminales, sentarse a una mesa con ellos?, se le pregunta a Marta Ruíz. “Sí es ético. En Colombia las negociaciones se dieron entre enemigos que han hecho cosas horripilantes e imperdonables. Pero hay que tomar en cuenta que, si estos grupos criminales tienen mucho poder y legitimidad, difícilmente se van a sentar a negociar”, contesta la excomisionada colombiana. “Creo que en México se podrían hacer negociaciones a pesar de los altos niveles de violencia que existen, se podría llegar a treguas y pactos puntuales como se hizo en Colombia y El Salvador. El problema es que estos acuerdos locales no disminuyen realmente el poder del crimen organizado; lo que haría falta en un proceso de negociación es una estrategia integral y de largo plazo”.

Durante la ponencia que presentó en el foro Construcción de Paz en México, el académico y consultor internacional Luis Jorge Garay destacó que en países como México y Colombia hay agentes poderosos de la ilegalidad enquistados en el poder. “Se ha construido una institucionalidad extractivista que busca repartir las rentas a favor de las élites que tienen un poder fáctico. Este rentismo abre la posibilidad de la ilegalidad, que muchas veces se reproduce a través de la violencia”. Para él, el narcotráfico ahora está manejado por cárteles y mafias que pueden tener origen mexicano, pero su carácter es transnacional. “Cuando hablamos de paz no habría que hacerlo sólo por país, si el problema es transnacional hay que crear cooperación entre sociedades”, afirmó el académico.

Durante el foro se recordó que analizar el fenómeno a nivel transnacional no implica dejar de mirar el nivel local, de analizar sus dinámicas a través también de enfoques que hace unas pocas décadas no se tomaban en cuenta. Jenny Pears, de la London School of Economics, destacó la importancia que adquirieron las investigaciones sobre los aspectos psicológicos relacionados con la violencia, las que ponen al centro las emociones y los procesos de construcción de memoria.

Es en el nivel local donde la población padece la violencia y, al mismo tiempo, resiste a ella: de acuerdo con Marta Ruíz es allí donde se puede generar el cambio social capaz de erradicar la exclusión social y el cambio cultural necesario a la construcción de paz. Es en los territorios que se dan los procesos organizativos de los pueblos, como la experiencia autonómica y ecologista de Cherán, en Michoacán, y la resistencia al despojo de las comunidades de Guerrero, señalaron los expositores en el foro.

Artículo publicado en Desinformémonos el 26.10.2022

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Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel, Chiapas. Su sicario llevaba todo el día siguiéndolo y, como muestra un video que los legales de su familia presentaron ante el juez como prueba, le disparó a la cabeza desde atrás. Se cayó bocabajo, en el mercado alborotado de la cabecera municipal.

El representante legal de la familia de Simón Pedro, Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que el crimen fue desde el principio considerado como homicidio calificado, “o sea como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión”.

El abogado afirma que, sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo en el Juzgado de Control de Cintalapa, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, consistente en la admisión de responsabilidad a cambio de que el delito fuera reducido a homicidio simple, sin más calificaciones, con una penalidad de entre 8 y 20 años de prisión.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas analizaron en detalle la propuesta presentada por la defensa, desde su fe y su creencia. No es fácil tomar una decisión de este tipo, cuando la persona que falta es tu compañero, tu esposo o tu hijo. Y duele aún más cuando conoces al presunto asesino, pues es originario de la misma comunidad de Simón Pedro y su familia.

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado la organización tsotsil.

De acuerdo con Gómez Hernández, con esta decisión Las Abejas de Acteal quisieron trazar un camino que no fuera sólo para este caso, sino también para los de todos los defensores de derechos humanos asesinados. “Esperamos que el estado ejerza todo su poder de investigar y dar con los autores intelectuales del asesinado, porque esta persona no actuó solita”, afirma el abogado.

Simón Pedro Pérez López era originario de la comunidad Nuevo Israelita, que se encuentra en Simojovel, pero su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio continuo de Pantelhó, en la parroquia de Santa Catalina. Allí, el militante tsotsil no sólo predicaba los Evangelios, sino también invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que azotaba la región. Unos días antes de su asesinato la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recibió un documento elaborado en una serie de reuniones en las que Simón Pedro había participado, donde se detalla cómo las comunidades de Pantelhó estaban secuestradas por grupos armados que gestionaban los tráficos ilícitos en la zona, con la participación de políticos locales y policías. Por esto, Las Abejas de Acteal están convencidas de que la criminalidad organizada está detrás de su asesinato.

Y por esto, un par de días después de su homicidio, la situación en Pantelhó estalló: la población se levantó en contra del crimen organizado, formó un grupo de autodefensa llamado El Machete, sacó a los políticos coludidos con los criminales e instauró un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que ha sido reconocido por el Congreso de Chiapas.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21.04.2022

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“Se le hace responsable al presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) por no hacer caso al pueblo”, concluye el hombre encapuchado antes de tirar a la fogata un cartel de la institución que dice: “El voto es libre y secreto”.

Robos y quema de papelería electoral se registraron en la noche del sábado en las comunidades de San Francisco Pujiltic y Soyatitán, del municipio de Venustiano Carranza, Chiapas, donde ayer —junto con Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral— se llevaron a cabo elecciones extraordinarias. Más de 83 mil personas tuvieron la oportunidad de elegir sus presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

La jornada electoral se convocó en los seis municipios de Chiapas donde el 6 de junio de 2021 no se pudieron llevar a cabo los comicios por “condiciones sociales adversas”. En algunos casos, las condiciones no han mejorado, y el pasado viernes las autoridades electorales decidieron cancelar las elecciones extraordinarias en el municipio de Honduras de la Sierra, debido a un conflicto social, y en Frontera Comalapa, por la inseguridad causada por el crimen organizado. 

Desde hace semanas, había amenazas de boicot a las elecciones extraordinarias también en Venustiano Carranza, donde las dos organizaciones campesinas que tienen un gran número de bases en la región —la Alianza San Bartolomé de Los Llanos y la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-RC)— anunciaron que no iban a participar en el proceso electoral. 

Desde hace unos 50 años, las dos agrupaciones se disputan más de 18 mil hectáreas de tierra. Su conflicto se agravó hace poco más de un año, cuando hubo muertos y heridos, y a causa de ello las autoridades decidieron suspender las elecciones del 6 de junio de 2021. Ahora, las dos organizaciones se encuentran en proceso de diálogo, pero ambas optaron por no votar. 

“En nuestra asamblea general del 6 de marzo decidimos que no se iba a permitir la instalación de las tres casillas en nuestra comunidad Paraíso del Grijalva, siendo que no nos han atendido como debe de ser, las autoridades nos tienen en el abandono”, afirma en entrevista Andrés Gómez Vázquez, vocero de la Alianza San Bartolomé de Los Llanos. 

En las semanas siguientes, las tensiones en Venustiano Carranza crecieron. El sábado aparecieron pintas en contra de las elecciones; un grupo de transportistas de San Francisco Pujiltic se manifestó a favor de la cancelación de los comicios “porque no es prudente que abran las casillas”. 

Los dirigentes de algunos partidos políticos de Chiapas solicitaron la suspensión de las elecciones en el municipio como “acto de responsabilidad social”, y hasta la secretaria de Gobierno de Chiapas, Victoria Cecilia Flores Pérez, envió una carpeta al consejero presidente del IEPC con reportes y evidencias “del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente”, expresando su preocupación por la “integridad de los habitantes de citado municipio”. 

Durante la sesión del Consejo General del IEPC de ayer, el consejero presidente, Oswaldo Chacón Rojas, contestó a las críticas sobre la decisión de llevar a cabo el proceso electoral en Venustiano Carranza. “Me preocupa que se genere una falsa narrativa del desarrollo de esta jornada electoral”, afirmó. “Se está llevando a cabo porque no hubo ningún reporte de la propia ciudadanía, de los funcionarios de casillas, de que no hubiera condiciones para llevar a cabo esta jornada electoral. La gente quería elecciones”. 

Finalmente, las elecciones sí se pudieron llevar a cabo en el municipio, aunque solo se instaló el 63% de las casillas. Fueron 25 las que de último momento no se establecieron: en algunos casos, a los funcionarios les fue sustraída la documentación electoral en sus domicilios; en otros casos, fueron atacados durante el traslado o en el lugar donde se iban a instalar las casillas. También se reportaron robos de urnas por parte de sujetos armados en las comunidades de Aguatenango y Pujiltic, al cierre de la jornada electoral.

Las elecciones se llevaron a cabo de forma ordenada en El Parral, en Emiliano Zapata y en Siltepec, aunque —mientras los resultados preliminares empiezan a fluir— los sucesos de Frontera Comalapa, Honduras de la Sierra y Venustiano Carranza hacen temer por la consulta de revocación de mandato del próximo domingo.

“No creo que los problemas en Chiapas desaparezcan en ocho días. Lamentablemente, sí hay motivos para suponer que los mismos riesgos que se presentaron en esta elección extraordinaria pudieran existir para el proceso de revocación de mandato”, afirma en entrevista el consejero presidente del IEPC. 

Artículo publicado en Animal Político el 4.04.2022

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Más tarde se cancelaron los comicios también en Honduras de la Sierra, otro de los seis municipios de la entidad donde para hoy estaban programadas las elecciones extraordinarias de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, en la que participarán 14 partidos políticos y dos coaliciones: una entre Morena y el PVEM y otra entre el PAN y el PRD.

El 23 de marzo, los partidos firmaron un Pacto de Civilidad comprometiéndose a una contienda electoral ordenada, pacifica y apegada a la ley, sin embargo hay inquietud entre los pobladores y las instituciones electorales.

“Las problemáticas sociales y las condiciones de ingobernabilidad en muchas de las regiones de este estado no están permitiendo el desarrollo de la democracia”, afirma en entrevista Oswaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas.

El viernes, el consejero presidente del IEPC recibió una carta de Victoria Cecilia Flores Pérez, secretaria general de Gobierno del Estado, que expresa preocupación por la seguridad también de los habitantes de Venustiano Carranza,municipio donde finalmente este domingo sí habrá elecciones extraordinarias.

“Me permito hacerle llegar la carpeta anexa con reportes, evidencias y documentales del municipio de Venustiano Carranza, que dan cuenta de la conflictividad sociopolítica vigente, dado el reciente historial violento para que cuente con los elementos necesarios que le permita tomar decisiones certeras y oportunas que privilegien la vida y la integridad de los habitantes”, escribe la secretaria.

La convocatoria a la jornada electoral extraordinaria de hoy, que se celebrará en Venustiano Carranza, Siltepec, Emiliano Zapata y El Parral, se debe a la anulación de las elecciones del 6 de junio de 2021. Aquel día, en Frontera Comalapa hombres armados quemaron 67 de las 90 casillas instaladas. Entonces los medios todavía no cubrían lo que pasaba en esta región colindante con Guatemala, pero en las semanas y meses siguientes empezaron a circular imágenes que parecían grabadas en la otra frontera mexicana: carros quemados, balaceras, convoyes de personas armadas. Las muertes y desapariciones causadas por la presunta lucha entre grupos de la criminalidad organizada por el control de esta plaza empezaron a ser visibles.

El 6 de junio de 2021, se registraron quema de boletas y casillas también en los municipios chiapanecos de El Parral y Emiliano Zapata, con la consiguiente anulación de los comicios, pues fue imposible reconstruir el resultado del computo. En otros tres casos, las elecciones ni siquiera se llevaron a cabo. Es el caso de Siltepec, donde antes de los comicios unos hombres armados y encapuchados entraron en la sede local del IEPC, amedrentaron los presentes y se robaron las boletas.

En Venustiano Carranza, las elecciones se suprimieron debido a la violencia causada por un conflicto agrario y en Honduras de la Sierra se cancelaron por la oposición de una parte de la población, que no aceptaba la creación de este nuevo municipio, el más joven de Chiapas. En Honduras de la Sierra y en Frontera Comalapa, los problemas siguen sin atenderse y hoy por segunda vez impidieron el desarrollo de la jornada electoral.

“Metimos oficios pidiendo medidas cautelares y precautorias en los seis municipios para llevar a cabo esta elección. A pesar de todo eso estamos enfrentando este tipo de adversidades y problemáticas, lo cual tengo que decirlo, es frustrante”, afirma Oswaldo Chacón Rojas, presidente del IEPC.

Para llenar el vacío de poder que se creó tras las abortadas elecciones del 6 de junio de 2021, el 30 de septiembre pasado el Congreso del Estado nombró Concejos Municipales en cada uno de los seis municipios. Se estableció que iban a finalizar el 30 de septiembre de 2024; sin embargo algunos ciudadanos interpusieron recursos de impugnación ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), siendo que la ley contempla que los concejos municipales sólo deben de funcionar por tres meses y hay que convocar a elecciones extraordinarias. En los dos municipios donde hoy no se celebrarán las elecciones, el Congreso del Estado tendrá que nombrar nuevos concejos.

“En estos casos la decisión de quiénes van a gobernar ya no lo toma la ciudadanía, sino un grupo de políticos en un escritorio”, advierte Oswaldo Chacón del IEPC.

“Eso es muy peligroso porque pudiera convertirse en una tendencia, en una moda. Por eso estamos éticamente obligados a indignarnos por esta situación, a manifestar nuestro rechazo de que no se convierta en algo normal”.

Artículo publicado en Animal Político el 3.04.2022

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Ayer, un grupo de integrantes de Las Abejas se manifestó en Cintalapa en ocasión de la audiencia intermedia de ofrecimiento y admisión de pruebas relacionada con el asesinato de su compañero. 

“Venimos hasta aquí para exigirle a la Fiscalía General y al Poder Judicial del estado de Chiapas que lleven a cabo su trabajo en aplicar la justicia, e investiguen no solo al autor material del asesinato, sino también a quienes dieron la orden de matar”, escribió en un comunicado la organización tzotzil, cuyos integrantes viajaron unas cuatro horas en redila para llegar a Cintalapa. 

Leyeron el comunicado frente al Cerss 14 El Amate, donde se encuentra en prisión preventiva el presunto asesino de Simón Pedro, un hombre que vivía en la misma comunidad —Nuevo Israelita, del municipio de Simojovel— y que fue detenido tras las declaraciones de dos testigos oculares.

Don Juan Pérez, padre de Simón Pedro, y su abogado, Jorge Alberto Gómez Hernández, del CDH Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), entraron al Juzgado de Control. Llevaban consigo 14 pruebas que presentaron al juez y que ayer fueron admitidas para el juicio oral. Entre ellas, hay un video del momento del asesinato, que refuerza lo que los testigos oculares manifiestan.

Con estas 14 pruebas, los representantes legales de la familia quieren demostrar que Simón Pedro Pérez López, que como catequista en la parroquia Santa Catalina de Pantelhó denunciaba la violencia en el municipio, fue asesinado por su labor en defensa de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortaron al Estado mexicano a que investigara si este asesinato tenía relación con el trabajo político de Simón Pedro.

“Detrás del homicidio de nuestro compañero está el crimen organizado. Simón Pedro estaba apoyando a los que estaban sufriendo mucha violencia en Pantelhó, su culpa fue defender la vida y los derechos humanos y por esto lo asesinaron”, afirmó Guadalupe Vázquez Luna, de Las Abejas, organización que convirtió esta exigencia de justicia en una de sus principales demandas, junto con la lucha en contra de la impunidad por la masacre de Acteal.  

El asesinato del expresidente de la mesa directiva de la organización trajo consecuencias en Pantelhó: fue la gota que derramó la paciencia de sus pobladores, que a los pocos días de su muerte presentaron públicamente un grupo de autodefensas llamado El Machete, sacaron a los políticos que según ellos abrieron las puertas al crimen organizado e instauraron un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que fue reconocido por el Congreso del estado.

“Nosotros como organización de Las Abejas siempre hemos caminado por la vía pacífica, nunca hemos estado a favor de las armas”, dijo Guadalupe Vázquez Luna. “Pero tampoco condenamos este acto porque es el reflejo del hartazgo de la gente y de la misma sociedad, que se organiza para defenderse”.

Nuevamente, el cancel del Juzgado de Control de Cintalapa crujió ayer y el padre de Simón Pedro y su representante legal salieron. “La audiencia se canceló, la defensa ha solicitado que se defiera. Se está viendo la posibilidad de que el acusado reconozca su culpabilidad a cambio de que los años de prisión se reduzcan”, expuso frente a los manifestantes Jorge Alberto Gómez Hernández, abogado del Frayba.

La sociedad civil Las Abejas de Acteal recogió sus lonas y subió a sus redilas. El padre de Simón Padre regresará a la comunidad de Nuevo Israelita, donde en 10 días recibirá una propuesta más detallada de procedimiento abreviado por parte de la defensa del presunto asesino de su hijo, donde se puntualizarán los años de prisión que el acusado está dispuesto a cumplir y las reparaciones que propone entregar. Tocará a don Juan y a su familia decidir si aceptan o no sus condiciones. 

Artículo publicado en Animal Político el 29.03.2022

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La escritora feminista siciliana decidió mudarse a México, donde vive desde entonces. Ha sido docente de Filosofía en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y no ha parado de escribir: en su biografía se encuentran novelas, poemas, ensayos y cuentos para niños. En sus casi 40 años de vivir y viajar por América Latina ha tenido la posibilidad de conocer muchas mujeres indígenas que se organizan entre en pos del cambio social. De su encuentro con ellas nació su libro Feminismos desde Abya Yala, que publicado en 2012.

Tras tu encuentro con mujeres de 607 pueblos indígenas de América afirmas que existe una relación entre el feminismo y la búsqueda del buen vivir. ¿Todas las mujeres que luchan por mejorar sus condiciones se pueden decir feministas?

Definitivamente. Feminismo es una palabra que condensa y que traduce; como todas las traducciones es reductiva, pero nos puede dar una idea general de lo que es agruparse y reflexionar entre mujeres para el bienestar de las mujeres adentro de su sociedad. Decirse feminista es traducir un concepto mucho más amplio, mucho más complejo o mucho más específico de cada cultura y lengua, de cada grupo de mujeres que se reúne. Hay mujeres indígenas que utilizan verdaderas metáforas para decir lo qué son: algunas se reconocen como “las mujeres del corazón”, otras dicen “somos las mujeres que luchamos”, otras más afirman que son “las mujeres que buscan una buena vida”. Cada vez que la búsqueda de esta buena vida parte de la reflexión entre mujeres y para el bienestar de las mujeres, yo creo que se puede hablar de feminismo.

Al mismo tiempo eres muy crítica con el feminismo académico occidental. ¿Por qué?

El feminismo académico occidental es una de las tantas formas en que la sociedad del conocimiento encausa hacia su beneficio todos los saberes que vienen de la sociedad. El feminismo era una lucha desde todos los sectores populares, desde las mujeres reunidas en su cocina para cambiar el mundo, y la Universidad quiso captar este conocimiento, llevarlo a las aulas, insertarlo en ciertos sistemas de especialización. Claro, el feminismo académico occidental tiene también sus aspectos positivos: hay una filosofía critica que viene del feminismo. Pero fue llevado a las aulas para desarmarlo, para quitarle su contundencia política.

¿Al feminismo latinoamericano no le ha pasado lo mismo?

En América Latina hay una parte del feminismo que está en las aulas. En México existe una enorme valoración de un pensamiento que no es latinoamericano, y es evidente cuando en los programas de estudio no te encuentras a Margarita Pisano, no te encuentras a Julieta Kirkwood pero te encuentras a Judith Butler. De otro lado, hay también muchos grupos de encuentro de mujeres que están aprendiendo su propia ley, haciendo su propia justicia que se distancia de lo que el patriarcado impone a las mujeres, por ejemplo la vergüenza después de la violación. Las mujeres hoy se unen para crear una justicia que resuelva su derecho a la vida y al bienestar.

Un feminismo en que se reconocen muchas mujeres latinoamericanas es el feminismo comunitario. ¿De qué se trata?

Es un modo de definir feminismos que han surgido en el interior de comunidades indígenas de Bolivia y Guatemala y que hoy se ha difundido entre mujeres que pertenecen a comunidades indígenas, o que han llegado desde las ciudades a trabajar con ellas y a vivir con ellas. De acuerdo con los feminismos comunitarios, la colonización de América fue una colonización de género. Es decir, cambió la relación entre las mujeres y los hombres, entre otras cosas porque fijó lo que es masculino y lo que es femenino, dejando afuera las mujeres masculinas, a los hombres femeninos, a las personas con una sexualidad no reproductiva y a las mujeres que no querían vivir en una relación de pareja. La colonización impuso un sistema de género de corte binario: o eres mujer o eres hombre; si eres mujer te ocupas de ciertas cosas, si eres hombre te ocupas de otras. En muchos pueblos que vivían en América antes de la llegada de los españoles esta condición era más igualitaria, o igual de diferenciada pero con niveles dialogantes mayores, y no necesariamente había una diferencia tan marcada entre lo privado y lo público. Además, de acuerdo con los feminismos comunitarios, la cultura de la propia comunidad pone las bases para vivir bien al interior de esta comunidad, y después una se puede abrir al mundo. Es decir, antes de abrirnos al mundo tenemos que encontrar nuestra historia de resistencia a la colonización como mujeres y nuestra historia de buena vida ahora y como mujeres de esta comunidad especifica, que necesita sanarse a sí misma del colonialismo y del patriarcado que ha crecido con el colonialismo. La colonización impuso la dote y los matrimonios obligados, que no existían antes.

De acuerdo con el feminismo comunitario, el encuentro entre las culturas americanas y la cultura europea dio origen a una forma original de patriarcado. ¿Cómo se define y qué características tiene?

Se llama “entronque patriarcal” y es una definición desarrollada por dos pensadoras que viven en lugares muy distintos. Una es una indígena xinca guatemalteca que se llama Lorena Cabnal, y la otra es una indígena aymara de Bolivia que se llama Julieta Paredes. Trabajaron la idea del machismo contemporáneo como fruto de un largo proceso histórico que tiene un momento crítico durante la colonización de América: el patriarcado de las comunidades se reforzó con el patriarcado cristiano colonialista. El patriarcado latinoamericano es especialmente violento porque tiene una característica colonialista, genocida, y es profundamente contraria a las poblaciones originarias de las cuales las mujeres son el 50 por ciento de la población y son además la estructura portante de la economía comunitaria. Esto es el “entronque patriarcal”, es la exacerbación de los patriarcados originales causada por la impronta colonial y asesina del patriarcado cristiano occidental.

Artículo publicado en Pikara Magazine el 21.11.2018

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