“Nuestra peregrinación es para revivir la vida de los 45 en nuestros corazones”, dijo un integrante de la mesa directiva de la organización tzotzil al micrófono desde la redila, antes de empezar la marcha de la tijera de Majomut hasta el Centro Ceremonial de Acteal. Allí, los asistentes visitaron a sus mártires y, “con las montañas sagradas como testigas”, celebraron el 30 aniversario del nacimiento de su organización y conmemoraron el 25 de la masacre. Rezaron, leyeron comunicados y, una vez más, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita un informe de fondo para dar seguimiento al caso que presentaron hace 17 años. 

Justo debajo de los pies de los miembros de Las Abejas, de las personas solidarias y de los sacerdotes y monseñores que participaron en las conmemoraciones están sepultadas las 45 personas —nueve eran menores de edad y dos eran bebés— que el 22 de diciembre de 1997 fueron asesinadas en la capilla de la comunidad. En aquel momento estaban orando por la paz en la región, donde en los siete meses anteriores unas 6 mil personas habían sido desplazadas por la guerra de contrainsurgencia que la Sedena y grupos paramilitareslibraron en contra del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 

La masacre de Las Abejas, organización que comparte las demandas zapatistas pero es contraria a la lucha armada, se dio a plena luz del día y duró siete horas. La mayoría de sus víctimas fueron asesinadas con armas blancas, a corta distancia y con ensañamiento. Los elementos de Seguridad Pública que se encontraban a dos kilómetros de distancia no llegaron, ni intervinieron los agentes estatales posicionados a menos de 400 metros de la capilla donde se dio la matanza. Además, una patrulla que pasó por la comunidad cuando la masacre ya había empezado regresó sin reportar incidentes.

Las instituciones creadas en las décadas pasadas para hacer luz sobre la masacre —la Fiscalía Especial para la Atención de los delitos cometidos en Chenalhó, la Unidad Especializada para la atención de delitos cometidos por probables grupos armados y la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos en Acteal— no han entregado a los culpables a la justicia y siguen existiendo 29 órdenes de aprehensión sin ejecutar. 

Los tribunales mexicanos sí abrieron 11 causas penales donde 88 civiles, 14 funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y el expresidente municipal de Chenalhó fueron procesados y condenados a penas de entre 25 y 40 años; sin embargo, todos fueron poco a poco liberados y regresaron a sus comunidades, donde conviven con los sobrevivientes y familiares de las víctimas. 

La excarcelación de los sentenciados se concedió por fallas al debido proceso, es decir, no se probó su inocencia sino el hecho de que las investigaciones no se hicieron de forma rigurosa. De hecho, el día de la masacre, las autoridades entraron a Acteal cuando la matanza ya se había acabado, no protegieron la escena del crimen, no recogieron pruebas ni hicieron un examen fotográfico de los cuerpos en el lugar del deceso. Además, movieron los cadáveres antes de que llegaran los periodistas, amontonándolos para que los forenses no pudieran recoger las evidencias.

A causa de la impunidad que tuvieron que enfrentar en los tribunales mexicanos, en 2005 Las Abejas presentaron una petición a la CIDH, que fue admitida cinco años después. En ella se afirma que el Estado es responsable por acción y por omisión: “Por acción, porque alegan que la masacre se habría consumado en el contexto de una política de Estado encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil. Por omisión, por la presunta deliberada falta de intervención de la policía de Seguridad Pública durante la consumación de los hechos denunciados”. 

Desde 2010, el caso de Acteal no avanza en la CIDH, que todavía no ha emitido un informe de fondo. “Una justicia tardía puede ya no ser justicia y la dilación procesal en el marco internacional es una violación a los derechos humanos”, afirma Mario Alberto Ortega Gutiérrez, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), representante legal de Las Abejas. 

“Las recomendaciones del informe de fondo solicitan al Estado una serie de medidas amplias, por ejemplo, reabrir carpetas de investigación y establecer medidas de reparación integral para víctimas y sobrevivientes. Es una herramienta que te permite tener una gran fortaleza política para reabrir el proceso a nivel local, pues detrás tienes a la CIDH que está supervisando su cumplimiento. Y en caso de que no se haga, el Estado tiene que presentarse frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuya sentencia es vinculante”.

“A nombre del Estado mexicano asumimos la responsabilidad de los lamentables hechos contra la comunidad de Acteal. Estamos en este acto para ofrecer una disculpa pública a las víctimas, a familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por este profundo agravio”, declaró Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, durante un evento que se celebró el 3 de septiembre de 2020 en la sede de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Frente a Encinas se encontraba un grupo de víctimas de la masacre de Acteal, ninguna de ellas pertenecientes a Las Abejas, que firmaron un acuerdo de solución amistosa con el Estado mexicano. En total, son 43 las personas que suscribieron el documento, del que se obtuvo una copia a través de una solicitud de información, donde se establecen medidas de reparación simbólicas —como las disculpas públicas por parte del Estado y la instalación de una placa de metal en San Cristóbal de Las Casas— y económicas: se promete la entrega de 20 mil dólares para cada víctima sobreviviente y de 35 mil dólares para la familia de cada víctima fallecida, además de una vivienda para cada una de ellas. 

El acuerdo de solución amistosa ofrece también becas educativas, atención médica y psicológica y obras: electrificación de comunidades, ampliación de su red hidráulica, rehabilitación de planteles educativos, pavimentación de caminos y el mantenimiento del Centro de Salud de Chenalhó.

El día de la firma del convenio, los integrantes de Las Abejas se reunieron en su sede para ver el evento a través de una pantalla. Su decisión fue de no firmar, pero entienden a quienes lo hicieron. “En un principio sentimos como si los demás sobrevivientes estuvieran pactando con el mismo asesino y nos afectó emocionalmente. Luego hemos entendido que su decisión se debe al cansancio que implica esta lucha, la exigencia de una justicia que no llega”, dice Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre. 

“Para nosotros, la masacre es como si hubiera sido ayer, porque no hay justicia”. Con una marcha, habitantes de Chiapas conmemoran el 25 aniversario de la matanza de Acteal.

Video: @orsettabellani pic.twitter.com/t7k4BPxxJB— Animal Político (@Pajaropolitico) December 22, 2022

La militante de Las Abejas afirma que su determinación de no adherirse al convenio se debe a que ven las disculpas públicas como “palabras al aire”, que no señalan responsabilidades claras y no traen verdad ni justicia. 

“Pedimos castigo para el expresidente Zedillo, los demás autores intelectuales y los responsables materiales. Si no hay castigo, los crímenes se pueden repetir, los paramilitares viven en nuestras comunidades y presumen que el gobierno los protege”, dice Vázquez Luna. “Hay mucha inseguridad aquí en Chenalhó y pensamos que en parte sea a causa de toda esta impunidad. Lo que exigimos sobre todo son garantías de no repetición: que haya seguridad, que vivamos tranquilos en nuestro territorio”.

De acuerdo con Ortega Gutiérrez, del Frayba, en muchos casos con las soluciones amistosas el Estado pone el enfoque en las reparaciones económicas, metiendo a un lado las exigencias de verdad y justicia de las víctimas. Según el abogado, este tipo de convenio no “fija la verdad”, ni marca una postura clara por parte del Estado. 

“Por ejemplo, Encinas pidió disculpas públicas por el caso Antonio González Méndez (un zapatista desaparecido por los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia en 1999), que en enero de 2022 la CIDH presentó ante la Corte IDH. Una vez que el caso llegó a la Corte, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó que Antonio había sido desaparecido por este grupo paramilitar y la relación que este tenía con el Estado. A casi tres décadas del comienzo de la guerra de contrainsurgencia, como sociedad necesitamos saber la verdad”, afirma Ortega Gutiérrez.

En numerosas intervenciones que se dieron durante la conmemoración del 25 aniversario de la masacre —que se desarrolló alrededor de un altar maya rodeado por las fotos de monseñor Romero, Samuel Ruiz y Simón Pedro Pérez, expresidente de Las Abejas asesinado en julio de 2021—, se habló del lekil chapanel. En tzotzil significa “justicia verdadera”: una justicia capaz de construir memoria del pasado y una vida en paz para el presente, y que dignifique a las víctimas de Acteal.

Artículo publicado en Animal Político el 22.12.202

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Simón Pedro fue asesinado el 5 de julio de 2021 en Simojovel, Chiapas. Su sicario llevaba todo el día siguiéndolo y, como muestra un video que los legales de su familia presentaron ante el juez como prueba, le disparó a la cabeza desde atrás. Se cayó bocabajo, en el mercado alborotado de la cabecera municipal.

El representante legal de la familia de Simón Pedro, Jorge Alberto Gómez Hernández, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), explica que el crimen fue desde el principio considerado como homicidio calificado, “o sea como un asesinato premeditado y cometido con saña, que suele tener una penalidad de entre 25 y 50 años de prisión”.

El abogado afirma que, sin embargo, en la audiencia intermedia del 28 de marzo en el Juzgado de Control de Cintalapa, la defensa del acusado propuso un procedimiento abreviado, consistente en la admisión de responsabilidad a cambio de que el delito fuera reducido a homicidio simple, sin más calificaciones, con una penalidad de entre 8 y 20 años de prisión.

La familia de Simón Pedro y Las Abejas analizaron en detalle la propuesta presentada por la defensa, desde su fe y su creencia. No es fácil tomar una decisión de este tipo, cuando la persona que falta es tu compañero, tu esposo o tu hijo. Y duele aún más cuando conoces al presunto asesino, pues es originario de la misma comunidad de Simón Pedro y su familia.

“Decidimos que no estamos de acuerdo con este tipo de juicio. No es porque la condena del asesino de nuestro hermano se acortaría, sino porque se quedaría sin saber la verdad de lo que pasó, es decir, no se investigarían y quedarían libres los autores intelectuales de dicho crimen y esto sería traicionar la dignidad, el compromiso de nuestro compañero”, escribió en un comunicado la organización tsotsil.

De acuerdo con Gómez Hernández, con esta decisión Las Abejas de Acteal quisieron trazar un camino que no fuera sólo para este caso, sino también para los de todos los defensores de derechos humanos asesinados. “Esperamos que el estado ejerza todo su poder de investigar y dar con los autores intelectuales del asesinado, porque esta persona no actuó solita”, afirma el abogado.

Simón Pedro Pérez López era originario de la comunidad Nuevo Israelita, que se encuentra en Simojovel, pero su trabajo de catequista se desarrollaba en el municipio continuo de Pantelhó, en la parroquia de Santa Catalina. Allí, el militante tsotsil no sólo predicaba los Evangelios, sino también invitaba a los pobladores a denunciar la violencia que azotaba la región. Unos días antes de su asesinato la secretaria de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez, recibió un documento elaborado en una serie de reuniones en las que Simón Pedro había participado, donde se detalla cómo las comunidades de Pantelhó estaban secuestradas por grupos armados que gestionaban los tráficos ilícitos en la zona, con la participación de políticos locales y policías. Por esto, Las Abejas de Acteal están convencidas de que la criminalidad organizada está detrás de su asesinato.

Y por esto, un par de días después de su homicidio, la situación en Pantelhó estalló: la población se levantó en contra del crimen organizado, formó un grupo de autodefensa llamado El Machete, sacó a los políticos coludidos con los criminales e instauró un concejo municipal elegido por usos y costumbres, que ha sido reconocido por el Congreso de Chiapas.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21.04.2022

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Juana y su esposo, Pedro Jiménez Méndez, junto con otras 5 familias de Las Abejas, se refugiaron en la comunidad de Acteal el 10 de agosto de 2019. Durante los primeros meses que transcurrieron en esta comunidad fría de los Altos de Chiapas fueron otras familias de Las Abejas quienes les entregaron su maíz y su frijol. Luego tuvieron apoyo de la parroquia de Chenalhó y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM).

En Acteal, la pareja de poco más de 20 años perdió dos bebés. La diarrea y los vómitos empezaron para su hija María Angélica a pocos meses del desplazamiento. “Ella siente lo que ustedes sufren, su angustia hace que su hija se enferme”, dijo un curandero al matrimonio. La niña murió antes de cumplir el año. En aquel momento Juana ya estaba embarazada de María del Carmen, que falleció a los seis meses por las condiciones del desplazamiento.

“Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones hizo que ella se enfermara”, escriben en su blog Las Abejas de Acteal.

El pasado 20 de mayo, las seis familias desplazadas de Los Chorros llenaron cajas y costales con sus pocas pertenencias y las subieron a unas redilas. Viajaron en caravana hacia Los Chorros, acompañadas por otros integrantes de Las Abejas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Una vez llegadas a la entrada del ejido, siguieron el trayecto hacia su comunidad caminando y cantando, dándose ánimo.

Acoso paramilitar desde 1997

La violencia en Los Chorros no es cosa nueva. El ejido ha sido uno de los laboratorios donde la Sedena implementó su manual Plan de Campaña Chiapas 94, que contemplaba el adiestramiento de civiles armados para la guerra contrainsurgente.

“Los Chorros es la cuna del paramilitarismo de los años ’90. Aquí se ha formado un grupo armado priista cuyos vínculos con el Estado se han comprobado y que participó en la masacre de Acteal”, afirma Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba). “El grupo que opera hoy en día no está formado por las mismas personas que operaban en los años ‘90. Tampoco tiene las mismas armas o la misma estrategia, pero se trata del mismo ambiente, de la misma escuela que usa el miedo y el terror para controlar a la población”.

Hay varios grupos armados que operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes que consultamos, son financiados por la presidencia municipal. “El gobierno federal da mucho más dinero a los municipios indígenas de los Altos de Chiapas que a otros más grandes, como el de San Cristóbal de Las Casas. Con este dinero se arman estos grupos, que son manejados por las “dinastías” que se han formado en las presidencias municipales”, afirma el antropólogo experto en paramilitarismo Arturo Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Sin duda Abraham Cruz Gómez, que ha sido presidente municipal de Chenalhó hasta que tuvo que dejar su cargo para dedicarse a la campaña electoral de 2021, pertenece a esta dinastía. Cruz Gómez es originario de Puebla, otro ejido donde se han formado los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal. Es hijo de Agustín Cruz, pastor presbiteriano que bendijo las armas utilizadas en la matanza, y es yerno de Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 era presidente municipal de Chenalhó y ha sido señalado por la entonces PGR como el principal responsable de la masacre de Acteal.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) excarceló a Jacinto Arias Cruz por faltas al debido proceso – o sea por errores cometidos por parte del mismo Estado – junto con la mayoría de las personas sentenciadas por su participación en la masacre de Acteal. Poco después de que el ex presidente municipal de Chenalhó regresara al ejido Puebla, empezaron los ataques en contra de las bases de apoyo zapatista y de Las Abejas, hasta que 17 familias tuvieron que desplazarse.

Las elecciones de 2015 mostraron una vez más la cantidad de armas que existen en Chenalhó. Grupos priistas se enfrentaron con partidarios de Rosa Pérez Pérez del PVEM, cuyos hombres armados desplazaron unas 250 personas del ejido Puebla. En 2018, la presidencia municipal de Chenalhó pasó al tesorero de Rosa Pérez Pérez, el ya citado Abraham Cruz Gómez, cuyo rostro enmarcado por un sombrero tradicional tsotsil está en los afiches del PVEM para la campaña electoral de 2021.

De rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos

El 20 de mayo de 2021, mientras las familias desplazadas de Los Chorros regresaban a sus hogares, a menos de 20 kilómetros de distancia un campesino era herido en la mano por otro grupo armado de Chenalhó. Ocurrió en la comunidad de Ch’ivit, Aldama, municipio que mantiene una disputa sobre 60 hectáreas de tierra con Chenalhó. La víctima se llama Marcelino Santiz y se encontraba en su parcela cuando lo alcanzó una bala disparada desde Santa Martha, comunidad de Chenalhó donde opera un grupo armado que los presidentes municipales se han ido heredando. 

Se sabe muy poco de esta agrupación de corte paramilitar. De acuerdo con el CDH Frayba, está formada por cinco grupos que actúan de forma conjunta en contra de las comunidades. Los pobladores los ubican como rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos, según la forma en que visten.

A partir de febrero de 2018, cotidianamente y constantemente, este grupo dispara en contra de los pobladores de Aldama mientras se encuentran en sus casas, en sus parcelas o viajan en carro. En estos tres años asesinaron a 7 personas y 24 resultaron heridas. A causa de las balaceras, más de 2 mil pobladores de Aldama están obligados a desplazarse de forma intermitente: abandonan sus hogares y regresan cuando la intensidad de los disparos baja.

Unos meses antes de que el conflicto en Aldama recrudeciera, este grupo armado incursionó también en Chalchihuitán, que mantiene otra disputa de tierra con Chenalhó. Entre octubre y noviembre de 2017, desplazó a 5023 personas de este municipio tsotsil, que como Aldama es de los más míseros del país: de acuerdo con Coneval, más del 99% de su población vive en situación de pobreza.

Tras el desplazamiento forzado masivo, durante un mes el grupo armado de Chenalhó cerró las carreteras para que no entrara la ayuda humanitaria para los desplazados de Chalchihuitán. Once personas, entre ellos dos bebés, murieron de hambre y frío en el monte. Por falta de condiciones de seguridad, 1237 personas siguen desplazadas.

Las Abejas negociaron durante meses con las autoridades locales las condiciones de seguridad para el regreso de las seis familias desplazadas de Los Chorros. “Creo que se respetarán los acuerdos y podremos convivir con los partidistas de la comunidad, aunque tengo un poco de preocupación”, afirma Pedro Jiménez Méndez, esposo de Juana.

El joven estaba en una reunión para ultimar los detalles del acuerdo para el regreso, cuando su esposa Juana Ramírez Pérez caminaba con las demás familias desplazadas rumbo a su comunidad. Los pobladores de Los Chorros observaban la peregrinación de de Las Abejas, mientras unos músicos los acompañaban con guitarras y trompetas, cantando de la masacre de Acteal y de otras: Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlatlaya. 

Fue justo el revuelo internacional que despertó la masacre de Acteal – donde la responsabilidad del Estado fue comprobada – que obligó a un replanteamiento en la estrategia contrainsurgente. Se dio prioridad a los programas asistencialistas y se sustituyeron las acciones llamativas con operaciones menos visibles pero continuas, que desgastan y quiebran psicológicamente a la población: unos balazos en Chalchihuitán, un herido en Aldama, unas niñas de Los Chorros muertas durante su desplazamiento. Cada día, día tras día. Acciones que no llaman mucho la atención y se vuelven nota para pocos medios. Por esto la fase actual del conflicto chiapaneco es llamada “guerra integral de desgaste”.

Juana, Pedro y su hijita se quedarán en la casa de los padres de él durante sus primeras semanas en Los Chorros, pues la suya está sin techo ni paredes. Las láminas han sido destruidas y las tablas de madera despegadas por los miembros del PVEM que los atacaron. La pareja regresa a su comunidad con esperanzas, pero sabiendo que como vecinos tendrán a las mismas personas que los desplazaron.

Artículo publicado en Pie de Página el 30.05.2021

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Por su cercanía con Miguel Alemán, base de las operaciones de los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia, la pequeña comunidad maya chol de Susuclumil (Municipio de Tila) ha sido elegida como sede de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su capítulo que está focalizado en la guerra contrainsurgente que se desató en Chiapas después del levantamiento zapatista de 1994. “El TPP es una institución que no tiene jurisdicción pero quiere ser voz de aquellos que han sufrido injusticias por parte del gobierno o de los grupos armados. Llevaremos estas causas a los niveles más altos de justicia internacional”, nos relata el miembro del jurado Guillermo Villaseñor.

La preaudiencia se llevó a cabo el 6 y 7 diciembre de 2013 y concluyó con la declaración de culpabilidad del Estado mexicano por brindar “cobertura, seguridad y apoyo económico a las fuerzas paramilitares”. Además, según los jueces del TPP, el estado no ha garantizado el acceso de las víctimas a la justicia y “existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos”.

Las conclusiones de los jueces se sacaron a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas, que por motivos de seguridad prefirieron quedar anónimos. De estos se extrae que los paramilitares nunca atacaron a guerrilleros, sino a la población inerme: bases de apoyo del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), afiliados al PRD (Partido de la Revolución Democrática, agrupación socialdemócrata), integrantes de organizaciones populares que no apoyaban el oficialismo. Y de este modo las personas implicadas cuentan los asesinatos, descuartizamientos, violaciones sexuales, torturas y quemas de casas que vivieron en primera persona. Después de veinte años y las noches de insomnio el recuerdo sigue vivo, el dolor no se ha ido.

Frente a los jurados del TPP una mujer relata de cuando, aún adolescente, vio descuartizar a su padre. Algunos recuerdan el momento en que encontraron a un ser querido asesinado en una emboscada y otros los días difíciles pasados en la montaña a la intemperie, mientras los desplazados huían de la violencia de sus comunidades para encontrar amparo en otros poblados de la región, muchas veces dejando sus parcelas y sus casas quemadas por los paramilitares, con todas sus pertenencias dentro. Un hombre cuenta que en 1995, en la comunidad del Limar, estuvo encerrado quince días con otras personas en una casa rodeada por los grupos armados ilegales, hasta que finalmente algunos lograron huir a la ciudad de Palenque y otros a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Muchas personas afectadas por la violencia paramilitar han acudido a los tribunales de Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia. De hecho, se conocen los nombres de quienes mataron y de quienes mandaron matar. Se conocen también sus caras, que los familiares de las víctimas siguen encontrando en las calles o en los palacios del poder, ahora convertidos en alcaldes o diputados, habiendo formado parte de las filas de Desarrollo, Paz y Justicia.

De hecho, los crímenes de los paramilitares siguen impunes. Así ocurrió con la masacre de la comunidad de Viejo Velasco, donde el 13 noviembre de 2006 alrededor de 40 integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por unos 300 elementos de la Policía Sectorial, asesinaron a 5 personas, desaparecieron a 2 y desplazaron a 36, que nunca pudieron regresar a sus tierras.

Otro ejemplo de impunidad es el caso de la comunidad de Acteal, en los Altos de Chiapas, donde el 22 diciembre de 1997 un grupo de paramilitares del grupo Máscara Roja, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinó a 45 personas de la asociación Sociedad Civil Las Abejas de Acteal durante una oración. De los 87 paramilitares encarcelados, 51 fueron liberados. “Los liberaron bajo fianza y recibieron dinero, casa y tierra”, denuncia frente al TPP Rosendo Gómez Hernández, presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La asociación denuncia también la manipulación de los líderes comunitarios por parte de las autoridades a través de la entrega de dinero o regalos, que Rosendo Gómez Hernández define “balas de azúcar”.

Además, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales es otra etapa, empezada después de 1999, de la guerra de contrainsurgente que las autoridades mexicanas están librando contra las comunidades organizadas chiapanecas, con el objetivo de dividirlas y comprar a sus dirigentes. Sin embargo, aunque con diferente intensidad, la violencia paramilitar no ha terminado: los manuales de contrainsurgencia de los ’90 – “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000” – se siguen aplicando tanto en la selva Lacandona como en los Altos de Chiapas.

Artículo publicado el 13.01.2014 en Upside Down World

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