A unos kilómetros de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, dos escuelas públicas operan en condiciones de exposición a contaminantes que, de acuerdo con mediciones ciudadanas y parámetros internacionales, implican riesgos para la salud. Testimonios de familias y datos de calidad del aire apuntan a una problemática que se ha agravado tras incidentes recientes en el complejo industrial, como el incendio de este martes que dejó cinco personas muertas. 

El jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro colindan con Dos Bocas: sus bardas están casi pegadas a las de la refinería, cuyo mechero quema gas constantemente y domina las instalaciones escolares.

“La escuela no queda en esta zona [del incendio], sino completamente del otro lado”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa mañanera de este miércoles, un día después del accidente que se produjo por una acumulación de residuos de hidrocarburos debido a las lluvias e inundaciones. En realidad, la distancia entre los planteles y el punto del incendio —que habitantes de Paraíso llaman “zona restringida”— es de unos tres kilómetros.

Atrás del jardín de niños, las instalaciones de la refinería. Foto: Orsetta Bellani

“Estamos preocupados por la situación a la que están expuestos nuestros hijos y por esto pedimos la reubicación; no es una cuestión política. La presidenta no está viviendo lo que nosotros”, dice María del Carmen Juárez Martínez, una madre de familia.

Para ella, las dependencias de gobierno “siempre tratan de ocultar las cosas”, igual que ahora con el incendio, del que la población de Paraíso se enteró primero a través de las redes sociales de los trabajadores de Pemex en lugar de por vías oficiales, como ha sucedido antes en otros conatos de incendios dentro de la refinería. 

La Red Ciudadana de Monitoreo de Calidad del Aire instaló un sensor cerca del jardín de niños y de la primaria, el cual muestra que entre julio de 2025 y enero de 2026, durante más de una semana al mes, las alumnas y los alumnos respiraron aire que, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es dañino para la salud.

Madres y padres de familia afirman que a partir de 2024 sus hijos empezaron a presentar síntomas que, de acuerdo con personal médico, en el 66 % de los casos pueden estar asociados a los contaminantes de la refinería: ácido sulfhídrico, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles.

Sin embargo, en la rueda de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió de que [las escuelas] se requiere reubicar”; aun así —subrayó— se le pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que lo hiciera.

De acuerdo con María del Carmen Juárez Martínez, antes de que empezara la construcción de la refinería, el entonces presidente López Obrador prometió la reubicación a las familias. “Lo que dijo la presidenta nos da una luz de esperanza, pero también nos pone a pensar que esto no es una petición de ayer, ya lleva años”, afirmó.

Los dos planteles de Paraíso se encuentran en Lázaro Cárdenas, una colonia de clase media que, horas después del accidente, cuando el incendio ya había sido apagado, estaba casi desierta hasta en las horas más frescas.

Aumenta la venta de vivienda en la zona. Foto: Orsetta Bellani

La gente pone a la venta sus casas

Animal Político realizó un recorrido por la colonia y pudo constatar que muchas de las casas ubicadas cerca del complejo industrial —que ocupa más de 700 hectáreas, antes cubiertas en buena parte por vegetación— hoy en día están en renta o en venta.

“Los dueños se han ido por el olor y la contaminación“, dice el trabajador de un Oxxo de Paraíso, con el tono de quien no se fue porque no pudo. 

Una mujer que vende tamales frente a la tienda de conveniencia asegura que el olor que pica constantemente la nariz no se debe al incendio registrado horas antes, sino que a veces es muy fuerte y a veces menos, a veces huele a gas y a veces a otra cosa. Como todo olor: es difícil de describir, pero es fácil entender “que no está bien”.

La contaminación del aire en Paraíso no afecta solo a los habitantes de las colonias más cercanas a la refinería, sino a la población en general, causando dolores de cabeza, mareos y náuseas. El olor es intenso desde la entrada a Paraíso por Puerto Ceiba, donde la carretera turística en sus orillas tiene restaurantes de ceviche y camarones.

“Fíjese que el agua en los charcos de Paraíso es negra y el polvo que se deposita en las hojas de los árboles también”, asegura la vendedora de tamales, mientras prepara una bolsa para un cliente.  No habla del ruido, tan fuerte como el de un cuarto de máquinas, que, a la par del olor, se desprende día y noche de la Refinería Olmeca.

Artículo publicado en Animal Político el 19 de marzo de 2026.

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Todo empezó con unos zapatos rojos. Inspiradas por la performance de la artista chihuahuense Elina Chauvet, las integrantes de un taller de teatro que se llevó a cabo en 2019 en San Cristóbal de Las Casas decidieron instalar decenas de pares de calzados rojos en el zócalo y en algunas colonias de la ciudad chiapaneca.

“Zapatos vacíos, pero vivos, todos pintados de rojo. Casi no usamos la palabra en ese performance, era meramente corporal. Lo tomamos como motor para empezar a hablar de feminicidios y transfeminicidios”, dice una de las integrantes de Vivxs Nos Queremos – Arte y Acción Feminista, colectiva autónoma que se originó tras aquella experiencia.

La palabra llegó poco a poco a las bocas de las performers, bajo forma de poemas feministas que no sólo declaman con sus voces sino encarnan con sus cuerpos, gestos y posturas.

Foto: Orsetta Bellani

El 4 de marzo, la colectiva hizo una intervención en la Escuela Normal Manuel Larrainzar de San Cristóbal de Las Casas y en la facultad de ciencias sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), donde dedicó su performance a una alumna, presente en el auditorio, que tiene a toda su familia desaparecida.

“Encarnar poesía sobre violencias que normalmente son presentadas en boletines o informes nos parece no sólo muy potente, sino también una manera diferente de poderlas nombrar”, dice una integrante de Vivxs Nos Queremos. “Todas las personas normalizan la violencia, pero cuando se posa en ti a través de un performance tan fuerte creo que hay un rompimiento, el espacio se suspende”, añade su compañera.

Durante las intervenciones de Vivxs Nos Queremos el público se conmueve junto con la colectiva. “Cada vez que hacemos un performance se cruzan muchas emociones, las nuestras y las de las personas que están recibiendo la información. Creo que el mismo performance es una forma de canalizarlas. En espacios contenidos como escuelas y universidades la reacción es más fuerte porque la atención está concentrada y la acción va creciendo. En las calles a veces se dispersa, aunque nos gusta mucho trabajar en espacios públicos: queremos dejar una huella al pasar”, dice una de las activistas.

Foto: Orsetta Bellani

Las performers señalan que en la intervención presentada el 4 de marzo además de declamar poemas presentaron datos recolectados por organizaciones de la sociedad civil: 34 mujeres fueron asesinadas en Chiapas en 2025, entidad donde los episodios de violencias hacia las mujeres y los feminicidios aumentaron en un 40%. En entrevista, también recordaron dos historias que llenaron las crónicas chiapanecas de los últimos meses: la de la niña de once años violada y embarazada por el padrastro en el municipio de Soyaló y la de Alexia, una niña de tres años que desapareció en Tila tras salir a jugar y fue encontrada muerta a finales de febrero con signos de abuso sexual.

Vivxs nos Queremos – Arte y Acción Feminista hará un performance también el próximo domingo en el marco de las acciones por el 8M en las calles de San Cristóbal de Las Casas, ciudad donde desfilarán dos marchas: una que saldrá a las 11 am de la Plaza de la Paz y otra que arrancará a las 4 pm desde la Unidad Administrativa. En este mismo horario empezarán también las marchas de Tuxtla Gutiérrez (desde la UNACH) y de Comitán (desde el parque San Sebastián). Habrá marchas por el Día Internacional de la Mujer también en otros poblados chiapanecos como Tonalá, Berriozábal y Benemérito de Las Américas, y en la ciudad de Tapachula.

Artículo publicado en Desinformémonos el 5 de marzo de 2026.

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El activista mexicano Gustavo Castro fingió estar muerto para que los sicarios no se ensañaran con él. Le sangraba la oreja mientras la imagen del hombre que acababa de dispararle lo atormentaba y, en la otra habitación, resonaban los disparos que mataron a líder indígena lenca Berta Cáceres, de cuya muerte se cumplen diez años.

Castro se encontraba en Honduras para participar en un taller con el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), cofundado por Cáceres. La noche entre el 1 y el 2 de marzo de 2016 se quedó en casa de su amiga y, antes de retirarse a su habitación y ver la cara del hombre que intentó matarlo, conversó con ella en el porche. De haber vivido dos días más, Berta Cáceres habría cumplido 45 años. Era madre de cuatro hijos.

Cuando se cumplen diez años de su feminicidio, la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha revelado las responsabilidades en el crimen de algunas instituciones financieras internacionales y ha afirmado que el Gobierno hondureño conocía el plan para matar a Berta Cáceres dos meses antes de que se ejecutara, pero no hizo nada para evitarlo.

Para Castro, la implicación del Estado hondureño en la muerte de la líder indígena lenca fue evidente desde el comienzo. De inmediato comenzaron el hostigamiento en su contra y los intentos de desviar la investigación. Entonces, el país centroamericano estaba gobernado por el ultraconservador Juan Orlando Hernández, quien en 2019 fue condenado a cadena perpetua por narcotráfico en Estados Unidos y, cinco años después, indultado por su presidente, Donald Trump.

¿Qué pasó justo después de que intentaran matarle?

Yo temía que los autores materiales me quisieran desaparecer para librarse del único testigo ocular del asesinato de Berta. Los compañeros de Copinh siempre me estuvieron cuidando, justo después del crimen me escondieron en una camioneta y, cuando empezó a amanecer, me trasladaron a la casa de una familia que fue muy linda conmigo.

Fue allí adonde llegó un retratista para que usted diera los datos para hacer un retrato. ¿Cómo le fue con él?

Sí, mi abogado no estaba presente. El retratista sacó todos sus colores y su catálogo de narices, ojos y todo eso. Me preguntaba cómo era el sicario que me disparó. Lo había visto porque estaba a metro y medio de mí y no tenía la cara tapada. Yo le decía al retratista: ‘No es así, es asá’. Y él lo borraba, pero volvía a pintar más o menos lo mismo: la cara del ex compañero de Berta, también integrante de Copinh. Mis declaraciones y mi descripción no coincidían en nada con el dibujo.

¿Piensa que las autoridades de Honduras han querido manipularlo para presentar como «pasional» un crimen que ha sido político?

Así es. Los investigadores me preguntaron también si había escuchado un ruido de carro pues ya tenían el coche del excompañero de Berta. Les dije que todo fue silencioso y creo que gracias a mi testimonio lo tuvieron que dejar libre. También me mostraron unas fotos de posibles culpables y me dijeron: ‘A ver, ¿reconoces a alguien?’. Eran puras fotos de integrantes del Copinh. Claro que reconocí a todo el mundo. Pero ninguno de ellos se parecía al sicario que me disparó.

Luego se dirigió al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, con la intención de tomar un vuelo para regresar a México. ¿Qué pasó en la terminal?

Me detuvieron unos agentes de la Fiscalía de una manera totalmente ilegal, sin mostrar documentos, sin mostrar nada. Estaban escondidos, aparecieron de la nada y me dijeron: ‘Usted no se va’. Iba acompañado por la embajadora mexicana y por el cónsul que, para que no me agarraran, me rodearon con sus brazos y la embajadora dijo: ‘Protección consular’. No pude viajar a México, me llevaron de vuelta a La Esperanza, en el departamento de Intibucá, y luego de un careo me dijeron que tenía prohibido salir del país durante treinta días.

Considero todo esto como un secuestro de Estado. Otra vez el Copinh estaba ahí afuera cuidándome. ¿Para qué? Para que no me desaparecieran. Observar algunas cosas que viví ayuda a entender la implicación del Estado en el crimen.

¿Siente que el hostigamiento se ha aliviado durante el mes que permanecer obligatoriamente en Honduras?

Seguía con la preocupación de que me quisieran desaparecer. El cónsul mexicano me buscó un hotel en la comunidad de La Esperanza, pero unos policías se quedaron al otro lado de mi puerta para que no me escapara. Y no podía dormir por la preocupación. Al regresar a Tegucigalpa, me acabé instalando en la residencia de la embajadora mexicana. Tenía un cuarto para mí, mas no para mi hermano, que vino a Honduras para apoyarme. Finalmente, él se fue al hotel que la embajadora había reservado para mí, donde fue víctima de un atentado: le envenenaron una botella de agua y tuvieron que llevarlo al hospital para limpiarlo.

Al fin pudo regresar a México. ¿Una vez en su país se sintió más seguro?

El acoso no cesaba y tuve que esconderme en Ciudad de México. Otras fuentes me informaron de que el Ejército fue a buscarme a mi oficina. La policía mexicana pretendía entregarme una citación de las autoridades hondureñas para que me presentara allá y me buscaban en la escuela de mis hijos preguntándoles a los papás: ‘¿Usted es Gustavo Castro?’, a pesar de que conocen bien mi cara. Llegaban en camionetas sin placas y estacionaban frente a la escuela.

Finalmente decidió exiliarse en el Estado español.

Allí me quedé dos años y encontré mucha solidaridad internacional. Me la pasé en universidades y en foros hablando de la lucha de Copinh y de Berta Cáceres. Incluso estando allá me buscaron para intimidarme. Se me acercaron dos mujeres después de una charla en la Universidad de Zaragoza con el pretexto de que las ayudara a hacer un currículum, pero eran del Centro Nacional de Inteligencia.

¿Cómo era Berta Cáceres? ¿Nos puede compartir algún recuerdo significativo con ella?

Berta era como una hermanita para mí y tengo muchos recuerdos con ella. Por ejemplo, cuando protestamos en contra del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) durante una cumbre de mandatarios en Canadá. Berta se quiso acercar a los policías para gritarles, se nos cayó un chorro de agua encima y hacía muchísimo frío, pero ella quiso acercarse otra vez. Nos gasearon, íbamos con los ojos hinchadísimos.

Así era Berta: tenaz, valiente y coherente, muy internacionalista también. Tenía mucha claridad política y una gran capacidad de análisis sobre el capitalismo, las empresas, la deuda externa; poco a poco incorporó a su discurso también el tema antipatriarcal. Siempre caminaba con su gente, con el pueblo lenca, y creo que no hay que separar Berta del Copinh: ella no es sin su colectivo. En general, prefiero hacer más énfasis en los procesos que en las personas.

La investigación del GIEI no solo reafirma la implicación en el crimen de la empresa Desarrollos Energéticos (DESA) y del Gobierno de Honduras -en parte ya establecidas por las sentencias de los tribunales locales-, sino también revela que el 67% del crédito obtenido del banco holandés FMO, del banco finlandés Finnfund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca habría sido desviado para generar un clima de violencia en contra del Copinh, que se oponía al megaproyecto, y para pagar a quienes mataron a Berta Cáceres. ¿Cuál considera que ha sido el principal hallazgo del GIEI?

Creo que el mayor aporte a la verdad del informe de los expertos independientes, que se publicó en enero de este año, es justo la investigación minuciosa de todo el entramado financiero que llevó al asesinato de Berta, de todas las transacciones bancarias y llamadas telefónicas que se realizaron.

De acuerdo con el informe del GIEI, usted ha sido «objeto de hostigamiento, criminalización y detención arbitraria por parte de las autoridades hondureñas, que le impidieron salir del país pese a su condición de víctima y testigo protegido», una situación que ha conllevado «secuelas físicas, psicológicas y profesionales». Frente a todo esto, ¿hay alguna reparación que el Estado del país centroamericano le podría ofrecer?

Demandé al Gobierno de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la exigencia de que reconozca públicamente los errores, violaciones procesales y la tortura psicológica en mi contra. Si lo hiciera, me daría por reparado.

A finales del pasado mes de enero de 2026 tomó posesión del cargo el nuevo presidente ultraconservador de Honduras, Nasry Asfura, quien es apoyado por Donald Trump. ¿Cree que dará seguimiento a las recomendaciones hechas por el GIEI en su informe?

Con el cambio de Gobierno temo que estas recomendaciones [entre ellas que el Estado profundice en la investigación de las responsabilidades penales de la élite económica hondureña y de algunos funcionarios públicos] no vayan a tener mucho eco.

Sin embargo, queda un documento que puede dar sustento a la lucha de Copinh por la justicia para Berta Cáceres, puede contribuir a la presión política y mediática, y a que la ola de lucha e indignación se mantenga.

Entrevista publicada en El Gara el 1 de marzo de 2026.

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En el fraccionamiento Casas del Sol no hay árboles que amortigüen el calor abrasador de Arriaga, en la costa de Chiapas. Escasea el agua para bañarse y los cables de la electricidad son de tan mala calidad que ya se encendió un medidor. Las puertas de las casas tienen hoyos y las paredes están llenas de grietas, a pesar de que en mayo de 2024 fueron entregadas a 19 familias reubicadas por la rehabilitación de la Línea K del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

“El gobierno sí nos cumplió con la promesa de reubicación, pero con casas que tienen materiales de muy baja calidad. En mi cuarto gotea, en la sala gotea, en la cocina también, ¿adónde me voy?”, dice una vecina que pide el anonimato. “Tuve que invertir dinero para impermeabilizar y me preocupa tener que volver a ahorrar para la próxima temporada de lluvias”, agrega la mujer.

La Línea K se extiende a lo largo de 459 kilómetros y es la más larga de las tres rutas del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto federal a cargo de la Secretaría de Marina (Semar). Conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en la frontera de Chiapas con Guatemala, y corre casi en paralelo al Océano Pacífico.

El 31 de marzo de 2025 el CIIT firmó un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y le entregó 700 millones de pesos para implementar un programa de vivienda “con el propósito de generar esquemas de atención a las familias en situación de vulnerabilidad en el área de influencia del CIIT”, de acuerdo con respuestas a solicitudes de acceso a la información que Animal Político hizo a la Conavi, Semar y CIIT.

Entre 2023 y 2025, la Conavi ha gastado más de 500 millones de pesos en la construcción de 921 viviendas a lo largo del tramo chiapaneco de la Línea K, y se construyen otras 45 para las familias que recibieron promesa de reubicación.

Las viviendas que ya han sido entregadas se encuentran en los municipios chiapanecos de Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Pijijiapan y, por supuesto, Arriaga.

En el fraccionamiento Casas del Sol las viviendas han sido adquiridas por la Conavi a la empresa local Kava Hogares, que en sus redes sociales presenta su oferta como “la mejor oportunidad de inversión” y la “casa perfecta para vivir en Arriaga”. La empresa afirma también que el fraccionamiento está conformado por 38 lotes de 90 metros cuadrados y 53 metros cuadrados de construcción; además, asegura que cada vivienda tiene un precio de 700 mil pesos, aunque las familias que allí viven afirman que es inferior.

“Aquí llueve y el agua se empieza a filtrar”

Un vecino del fraccionamiento abre la puerta de su casa y deja ver la sala, el comedor, la cocina, dos recámaras, un baño y un pequeño patio de servicio. Asegura que el inodoro se despegó a los pocos meses de ser ocupada la vivienda, y muestra cómo su mano se mancha de blanco al pasarla por los muros hechos de cal y yeso. Además, muestra las losetas quebradas y numerosas grietas que atraviesan las paredes.

“Aquí llueve y empieza a filtrar, a pesar de que las casas son nuevas. Nosotros le comentamos a Conavi que estamos en una zona altamente sísmica. El terremoto de 8.2 que se registró en Chiapas el 7 de septiembre de 2017 tuvo su epicentro a una hora de aquí. Un sismo afectaría mucho estas casas, también porque la cimentación no se puso a un metro de profundidad, como tendría que ser”, dice el hombre.

Las familias del fraccionamiento Casas del Sol, que tienen familiares ferrocarrileros, habitaban en las orillas de las vías de Arriaga, detrás de la estación. En 2023, el CIIT empezó las obras de rehabilitación y les prometió la entrega de 36 mil pesos y su reubicación, a cambio de que abandonaran sus viviendas.

Las casas fueron demolidas para construir el Parque Lineal y las 19 familias, tras muchas reuniones, promesas incumplidas y una espera de nueve meses, se mudaron al fraccionamiento Casas del Sol.

Recientemente los vecinos reubicados en el fraccionamiento Casas del Sol recibieron la visita de Alejandro Patrinos Fernández, presidente municipal de Arriaga, quien se comprometió a rehabilitar el espacio de áreas verdes y el alumbrado público, a revisar la incertidumbre jurídica y a gestionar una reunión entre las familias y Conavi para revisar las afectaciones de las viviendas.

Aunque el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aceptó recibir de Animal Político unas preguntas sobre las condiciones en que se encuentran las casas de las familias reubicadas en Arriaga, hasta el momento de esta publicación no se tuvo respuesta.

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Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

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El velador de la estación de Tonalá aparta unas cortinas de terciopelo y muestra la placa inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de noviembre de 2025. “Reinicio de operaciones de carga y pasajeros del Ferrocarril Interoceánico. Línea K”, se lee en la inscripción. Afuera, no hay trenes ni pasajeros: el servicio fue suspendido tras el accidente que el 28 de diciembre de 2025 causó la muerte de 14 personas.

Durante seis domingos, las estaciones Tonalá y Arriaga del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en la región Costa de Chiapas, se llenaron de pobladores emocionados por la experiencia de viajar en tren.

Foto: Orsetta Bellani

Con 459 kilómetros, la Línea K será la más extendida de las tres contempladas por este megaproyecto en el sureste mexicano, a cargo de la Secretaría de la Marina (Semar). La ruta corre casi paralela al Océano Pacífico desde Ixtepec, en Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, un poblado chiapaneco fronterizo con Guatemala. A pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría lista en agosto de 2024, hasta ahora sólo se ha completado el tramo que va de Tonalá a Ixtepec.

Aunque la apertura de la Línea K fue presentada como un paso para la recuperación del servicio de pasajeros, forma parte de un sistema más amplio y ambicioso: la columna vertebral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es turística ni su alcance se limita a lo regional, sino que es logística. Además de transportar personas, está diseñada para movilizar carga hacia mercados nacionales e internacionales.

Puerto Chiapas avanza sin  permisos ambientales

En Chiapas, el Corredor Interoceánico impactará principalmente en Tapachula, municipio costero cercano a la frontera con Guatemala. Allí se construye el ramal KA, una línea férrea secundaria que se desprende de la Línea K a la altura de la estación Los Toros, y conectará la red con Puerto Chiapas para el traslado de carga.

Este muelle se amplía a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos ambientales a su proyecto de rehabilitación. La propuesta fue presentada ante la dependencia federal el 10 de octubre de 2024 por la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, y contempla  el mejoramiento del muelle y del patio de maniobras donde se almacenan los contenedores, la prolongación de las vías férreas hasta esa zona y la construcción de un edificio administrativo y de una unidad naval de protección portuaria.

En su resolutivo del 10 de julio de 2025, la Semarnat negó los permisos para las obras al señalar que “la promovente rebasó el carácter preventivo” del procedimiento, cuyo objetivo es evaluar el impacto ambiental antes de ejecutar un proyecto. La dependencia agregó que la superficie afectada por el cambio de uso de suelo es mayor a la reportada en la manifestación presentada.

Animal Político solicitó una entrevista a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), instancia que depende de la Semarnat y podría determinar una eventual clausura de las obras, pero no obtuvo respuesta.

Foto: Orsetta Bellani

Exportaciones desde Puerto Chiapas

En la región atravesada por la Línea K se producen principalmente plátanos, mangos, café y palma africana. En entrevistas con medios, el secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, ha señalado que existe la intención de abrir una ruta marítima desde Puerto Chiapas hasta Los Ángeles, California, para exportar estos y otros productos agrícolas.

Pero no sólo se trata del potencial exportador del campo. El subsuelo de la región también es rico en minerales: de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano existen yacimientos de titanio, oro, mercurio, zinc, plomo y fierro, y el Plan Maestro de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas señala que el muelle busca estar “a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene para los próximos veinte años”, con miras al abastecimiento de mercados del sureste asiático.

Sin embargo, de acuerdo con Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, hasta el momento en las regiones Costa y Soconusco de Chiapas no hay proyectos mineros activos ni las comunidades han denunciado que actualmente empresas mineras estén buscando entrar a sus territorios como ha sucedido en el pasado. “En Acacoyagua las mineras lo intentaron varias veces, pero en 2015 la gente se organizó en el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), expulsó a la empresa y declaró el municipio libre de minería”, afirma.

Un predio para los militares en Puerto Chiapas

Además de las actividades productivas, un predio de más de 104 hectáreas de Puerto Chiapas será utilizado para actividades militares. Un decreto publicado el 10 julio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destina al Ejército el Polígono B Puerto Chiapas-Sedena.

El documento oficial señala también que “dentro de las actividades castrenses se cuenta con un área de protección ecológica, misma que dentro de sus funciones le corresponde, planear, coordinar y supervisar las actividades en materia de protección ecológica, tendientes a apoyar al Gobierno de la República y Entidades Federativas del país en las tareas de preservación y mejoramiento del medio ambiente, reforestación de áreas compactas y comunes, tratamiento de desechos de impacto ambiental y el incremento del conocimiento de la ecología y del medio ambiente por los miembros del Instituto armado”. El decreto aclara que, en caso de que la Sedena diera al inmueble un uso distinto al indicado, le será retirado.

Foto: Orsetta Bellani

Falta claridad en los Polos de Desarrollo para el Bienestar

La red multimodal que se construye en Tapachula no contempla sólo el ferrocarril y el puerto, sino también dos parques industriales a lo largo del ramal KA y a poco más de 5 kilómetros de Puerto Chiapas, y un tercero se creará más al norte, en el municipio de Arriaga.

Uno de los parques será libre de impuestos, idea que no es nueva. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas. La apuesta ha sido retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien como candidata presentó, durante el segundo debate presidencial, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula como uno de los motores de crecimiento para el sureste de México.

Los Polos de Desarrollo Tapachula I y II ocuparán unas 412 hectáreas, son contiguos y se encontrarán a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de la ciudad. De acuerdo con el gobierno, están diseñados para atraer inversiones en sectores prioritarios, como agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica, maquinaria, equipo, semiconductores y electromovilidad.

“Aprovechemos esta oportunidad para convertir a la Costa y el Soconusco en la capital económica no sólo de Chiapas, sino también de Centroamérica”, expresó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante un encuentro con empresarios que se llevó a cabo en julio de 2025, donde presentó las ventajas fiscales y logísticas que tendrán las inversiones en los nuevos parques industriales de Tapachula.

De acuerdo con el gobernador de Chiapas, los Polos de Desarrollo para el Bienestar servirán también para contener la migración, al ser un incentivo para que los migrantes se establezcan en la entidad en lugar de avanzar hacia la frontera norte.

Foto: Orsetta Bellani

En sus redes sociales, el mandatario chiapaneco anunció también la voluntad de construir una estación de regasificación en Tapachula, que se conectará a un gasoducto que, de acuerdo con el plan de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2020-2024, se llama Prosperidad y está a cargo de la empresa Rassini. El ducto correrá a lado del Ferrocarril K por 440 kilómetros —de Ixtepec a Tapachula— y su construcción aún no ha comenzado.

Sin embargo, a mediados de enero de 2026 el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda Javier, afirmó que hay un “nulo interés” de los empresarios en instalarse en estos polos por falta de claridad en las reglas de operación.

La conexión con Guatemala

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en agosto de 2025 el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo dijo en Calakmul que la interconexión ferroviaria entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, “tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y el bienestar de la gente en Guatemala y en el sur de México, pero también para toda la región mesoamericana”.

La idea de crear una conexión logística regional entre Centroamérica y el sureste mexicano se remonta al Plan Puebla Panamá y al Plan Mesoamérica, con los que los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto planteaban el mismo deseo que la 4T está cumpliendo.

La intención es enlazar el Corredor Interoceánico no sólo con Guatemala, a través de Ciudad Hidalgo, sino también el Tren Maya con Belice. Además, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya se conectan en Palenque, creando una red de vías que cruza todo el sureste y está enlazada también con el centro y norte de México.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos, plantea la posibilidad de que para Guatemala pueda ser difícil hacer una inversión tan grande en infraestructuras para modernizar su red de ferrocarriles, y ve algunos retos también para el gobierno mexicano. “Creo que se le podría complicar controlar el tráfico de indocumentados, que seguirán buscando vías y formas de moverse, poniendo un tren justo en una zona donde transitan”, afirma el activista.

Empresarios, preocupados por la seguridad de la Línea K 

Hasta hace no muchos años, en Arriaga las vías del tren eran ocupadas por migrantes que esperaban el paso de “La Bestia”, como le llaman al tren de carga que usaban para dirigirse al norte de México. Hoy en día las rutas migratorias se modificaron y ya no se observan migrantes caminando por las vías férreas vigiladas por la Semar. El paisaje también ha cambiado: el puente que cruza el río Lagartero ha sido remodelado, las vías del tren están nuevas y se rehabilitó la estación del ferrocarril.

El gobierno federal sostiene que la Línea K registra un avance de 88 % y que estará lista a mediados de 2026. En Tapachula, sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ha pedido que expertos independientes validen la seguridad de la infraestructura antes de su entrega.

“Es crucial que se realicen evaluaciones rigurosas y certificaciones de la calidad de la vía. No podemos permitir que la negligencia ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, advierte el organismo empresarial. En la estación de Tonalá, mientras tanto, el velador corre las cortinas de terciopelo cuantas veces sea necesario: desde noviembre de 2025 sigue anunciando el “reinicio de operaciones”. Afuera, el andén permanece vacío.

Foto: Orsetta BellaniArtículo publicado en Animal Político el 3 de marzo de 2026.

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“La mal llamada Carretera de las Culturas es un proyecto extractivista construido desde los intereses de los más poderosos. Los pobres se volverán más pobres y los ricos más ricos”, afirmó Pascuala Vázquez Aguilar, del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), durante el conversatorio “¡Sí a la vida, no al despojo del territorio! El caso de la supercarretera San Cristóbal de Las Casas-Palenque”, que se llevó a cabo el 28 de febrero en San Cristóbal de Las Casas.

“Sabemos que detrás de la pantalla del turismo hay despojo de nuestro territorio, que no es sólo nuestra parcela, sino también la forma en que vivimos”, añadió la militante tzeltal en respuesta a las afirmaciones del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, quien asegura que las comunidades serán socias de la autopista y gestionarán gasolineras, restaurantes y tiendas, además de que serán beneficiadas con la llegada de turistas.

El proyecto de construir una autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque se lanzó por primera vez en 2009 pero, a pesar de la insistencia de los gobernantes, nunca se realizó a causa de la oposición de las comunidades. Lo que los “gobiernos neoliberales” no pudieron lo logró Morena: en diciembre de 2019 el Congreso de Chiapas aprobó el proyecto con una extensión todavía mayor, es decir de Palenque hasta Pijijiapan, en la costa de Chiapas, y con un ramal de dieciocho kilómetros que conecta con la ciudad de Ocosingo.

Las obras del primer tramo, que de Palenque lleva al municipio de Chilón, arrancaron de forma ilegal, pues el banderazo de comienzo se dio en junio de 2025, pero la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) fue aprobada hasta el mes de octubre.

Modevite denuncia que el gobierno está imponiendo esta infraestructura a través del hostigamiento, del condicionamiento de la entrega de programas sociales como Sembrando Vida, de las amenazas de envío del cuerpo de élite de la Policía Estatal llamado Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y de manipulaciones de varios tipos. La organización, que tiene presencia en trece municipios de Chiapas, pone como ejemplos el caso de un ejido donde el comisariado pidió la firma de hojas en blanco, que sucesivamente resultaron ser documentos que autorizaban el paso de la carretera.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), también presente en el conversatorio, estas mismas estrategias de imposición se están usando también con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI) ha señalado también otras similitudes con estos megaproyectos: la especulación sobre la tierra que la obra traerá en el largo plazo, las afectaciones ambientales y una MIA hecha “por cachitos”, que no permite entender los impactos cumulativos de la nueva carretera.

“Hay fallas en la MIA que hacen dudar de su validez”, afirmó durante el conversatorio un investigador del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos (Cemca), que denuncia que la autopista funcionará como una barrera para las especies, causando una fragmentación de su hábitat. Además, su trazo pasa cerca o hasta encima de algunos ojos de agua y modifica el drenaje del agua, causando posibles inundaciones o sequías.

Los ponentes, quienes participaron en una caravana de documentación en los territorios afectados por la obra en el norte de Chiapas, denunciaron también que la información que el gobierno compartió a las comunidades ha sido parcial, que la consulta no las involucró, que los ingenieros trabajan en sus parcelas sin permiso y que el megaproyecto está causando división comunitaria y un aumento de la presencia militar en la región.

Artículo publicado en Desinformémonos el 2 de marzo de 2026.

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Teresa miraba el cuerpo de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez tirado en la carretera cerca de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “De la cabeza salía sangre y más sangre”, afirma en entrevista la normalista, quien por razones de seguridad pidió que su identidad real fuera reservada.

Era el 15 de mayo de 2025 y Jesús Alain se había caído de la góndola de una camioneta de estudiantes que era perseguida por dos vehículos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite de la policía estatal de Chiapas conocido como “pakales”.

“En el lugar de los hechos los policías nada más tomaron fotos y se fueron. Había muchos otros estudiantes desesperados. Algunos lloraban, otros marcaban a los hospitales”, dice Teresa. La ambulancia se demoró horas en llegar.

Tensiones en el gabinete de gobierno chiapaneco

El cuerpo de Jesús Alain todavía estaba tirado en la calle cuando Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, apareció públicamente mostrando unas imágenes del C5 donde se ve al joven caer de la camioneta en fuga y a un vehículo de la FRIP esquivar a su cuerpo en el piso.

“Nunca hubo uso de la fuerza, fue un accidente provocado por estas mismas personas”, aseguró aquel día Aparicio Avendaño, que afirmó que la persecución a los normalistas se dio tras un intento de robo de un autobús.

Sin embargo, a principios de diciembre dos agentes de la FRIP —Refugio “N” y Rubicel “N” — fueron detenidos por el delito de uso indebido de funciones públicas, es decir que incumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza. Uno de ellos era el chofer de la camioneta que perseguía a los normalistas, el otro estaba al mando de la operación.

“La persecución llevó a la pérdida de la vida del joven y su familia está devastada: no se logra recuperar emocionalmente y tienen temas de salud”, dice el abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña legalmente a la familia de Jesús Alain. “Seguimos en etapa de integración de la carpeta de investigación y, una vez que se haya robustecido, esperamos reclasificar las acusaciones a homicidio”, advierte el representante legal, quien prefirió no decir su nombre.

La detención de los dos pakales generó tensión en el gabinete de gobierno chiapaneco. El 8 de diciembre de 2025, la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, apareció en un video-comunicado señalando irregularidades en la conducta de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, dijo Rodríguez Ovando. “El gobierno del estado garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, agregó.

Mural de Jesús Alain en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

FGE respalda versión de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Los normalistas de la Mactumactzá pasaron tres días resguardando la escena del crimen: la porción de asfalto donde murió su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, frente a la Feria Ganadera de Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no llegaba para recoger las pruebas, así que pusimos ramas para tapar un carril y piedras para marcar las evidencias: había casquillos de bala y de gas lacrimógeno, incluso restos del cerebro del compañero que el polvo iba contaminando. Los peritos de la FGE se tardaron tres días en llegar”, dice Teresa.

Un par de semanas después, durante una entrevista con Milenio el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó la presencia de casquillos de bala en el lugar de los hechos. “Hasta ahorita no hemos determinado, de acuerdo con lo que llevamos en los actos de investigación, que haya habido disparos de armas de fuego”, dijo.

Llaven Abarca también respaldó la versión de Aparicio Avendaño, al afirmar que la muerte de Jesús Alain se dio por la caída desde la camioneta, como demostraría la necropsia de ley, la cual concluye que la causa fue traumatismo craneoencefálico. “Está totalmente descartado que presentara alguna lesión provocada por arma de fuego, lo señala el dictamen médico. Estamos trabajando de una manera transparente y objetiva con todos los actos de investigación para lograr el establecimiento de los hechos”, dijo durante la entrevista.

Según CDH Minerva Bello, Jesús Alain se cayó por el impacto de una bala de goma

En realidad, de acuerdo con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en el lugar de los hechos sí se hallaron cartuchos de arma de fuego y no corresponden con las armas que están en dotación de la FRIP. Las grabaciones no muestran a nadie sembrándolos, y se teme que el cuerpo de élite maneje armas que no son reglamentarias.

El centro duda que Jesús Alain haya sido asesinado por uno de estos proyectiles. Su reconstrucción de los hechos es que el joven, a la par de otros estudiantes que aquella noche se encontraban en la góndola de la camioneta en fuga, habría sido golpeado por una bala de goma, que aturde, pero no mata, y por el impacto habría caído al suelo y perdido la vida.

La muerte de Jesús Alain causó indignación entre los padres de familia de los estudiantes. “Durante años, los normalistas han sido estigmatizados por exigir condiciones dignas para formarse como maestros al servicio del pueblo. Su lucha, lejos de ser violenta, es una resistencia frente al abandono, la marginación y las políticas que buscan desmantelar la educación pública en favor de los intereses privados”, escribieron en un comunicado.

“En días recientes, esta represión ha llegado a su punto más doloroso: uno de sus compañeros ha sido asesinado por fuerzas policiales. Sí, asesinado. No podemos llamarlo de otra forma cuando un estudiante desarmado pierde la vida a manos del Estado, cuya obligación era protegerlo. Su nombre no puede quedar en el olvido, ni su historia ser borrada por versiones oficiales que intentan justificar lo injustificable”, afirma el Comité de Padres de Familia Mactumactzá.

“El 15 de cada mes seguiremos en las calles”

En la Escuela Normal Rural Mactumactzá hay un mural de los perros Rafa y Frank. “Estos dos camaradas nos apoyaron mordiendo a los policías cuando entraron a la escuela, el 6 de agosto de 2023”, dice un estudiante.

Relata que aquel día los policías destrozaron las instalaciones de la escuela e incluso aventaban gases lacrimógenos desde un helicóptero. La normal quedó cerrada seis meses y fue el cuarto intento del gobierno para clausurar esta escuela de jóvenes socialistas hijos de campesinos.

Los muros de la normal están enteramente pintados con imágenes que recuerdan los momentos más álgidos de su historia: hay uno que representa a Jesús Alain, otro que recuerda la represión que los estudiantes sufrieron el 18 de mayo de 2021, cuando 95 de ellos fueron encerrados en la cárcel durante meses y las mujeres, que eran la mayoría, denunciaron acoso sexual por parte de las fuerzas policiacas.

También hay pintas que recuerdan las otras 16 normales rurales que existen en México, que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Los de Ayotzinapa siempre son los primeros en llegar a nuestras movilizaciones”, dice el estudiante.

En la parte de atrás del terreno que la Mactumactzá ocupa hay sembradíos y criaderos de cerdos, pollos y ganado que los normalistas trabajan. Venden sus productos a buen precio a los habitantes de la colonia Plan de Ayala y piensan que esto, junto con las actividades recreativas que ofrecen a los niños, genera una buena relación con sus vecinos. Saben que, sin embargo, muchos los consideran como vándalos y delincuentes por enfrentarse con la policía durante sus acciones.

En este momento, el mayor esfuerzo de la normal tiene que ver con le exigencia de justicia por la muerte de Jesús Alain. “El 15 de cada mes seguiremos saliendo a las calles para repudiar los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, porque sabemos que el compañero fue asesinado a manos del Estado”, afirma en entrevista el portavoz de la escuela.

Mural en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

Normalistas exigen disculpas públicas

Teresa estaba hablando por teléfono cuando, detrás de un vidrio del Hospital Manzur de Tuxtla Gutiérrez, vio al personal de salud intentar revivir a Jesús Alain presionándole el pecho. El joven no se movía. A la estudiante también le tocó ver a un enfermero subir la sábana a la cara de su compañero.

A Teresa la afectó mucho presenciar la llegada de la madre de Jesús Alain: “fue un llanto que, a pesar de que no eras tú la que estabas llorando, sentías el dolor. En los días siguientes sus familiares quedaron muy afectados por lo que salía en redes sociales, donde se decía que era un vándalo y casi parecía que se murió por su misma culpa. El dolor de la familia nadie se los va a poder quitar”.

Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá todos los policías que participaron en la persecución del 15 de mayo tendrían que recibir un castigo. Además, exigen disculpas públicas de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de enero de 2026.

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La motocicleta de Julio Mora brinca entre los hoyos de la pradera de Juan Mata Ortiz, en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Sabe qué dirección tomar, como si se moviera en caminos señalados en lugar de entre mezquites y madrigueras de roedores.

Julio Mora ama la nieve que en invierno cubre los pastizales y la lluvia que en septiembre enverdece las praderas que hasta hace unos cien años eran territorio de apaches y bisontes. Lo que el ejidatario teme son las sequías que en los últimos tres años se llevaron la mitad de sus vacas, y un gasoducto que la empresa Mexico Pacific quiere construir bajo de sus terrenos.

Julio Mora. Foto: Orsetta Bellani

Se llama Sierra Madre y llevará gas shale, extraído con el método del fracking en Texas, hasta la planta de licuefacción Saguaro Energía, en la costa de Sonora, donde será cargado en buques gigantes y transportado hasta Asia, impactando el trabajo de los pescadores locales, la vida de las ballenas y de muchas otras especies del Golfo de California. Se trata de un megaproyecto muy contaminante: las emisiones de su ciclo de vida completo serán equivalentes a las emisiones de Portugal y Suecia juntos.

Afectaciones a los pastizales de Chihuahua

Sentado en su motocicleta, ahora quieta, Julio Mora dice que la obra afectaría una porción grande de sus terrenos. Mexico Pacific pidió 25 metros de derecho de vía.

“Me preocupa que el gas se pueda fugar e infiltrarse al pasto, eso sería un problema sobre todo para el ganado, que de esto se nutre. Más adelante, ya entrando a la sierra, el gasoducto afectaría muchísimos árboles”, dice Julio Mora, quien se dedica al ganado por pasión pero, como casi todo el mundo en Mata Ortiz, vive de la alfarería.

El ejidatario indica unos puntos lejanos en la pradera protegida por la Sierra Madre Occidental: allá se ubican algunos manantiales que, teme, podrían quedar comprometidos por el gasoducto. Las afectaciones a la calidad del agua superficial —así como a la flora, al suelo y a la cobertura forestal— están señaladas también por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto

“Cuando la empresa vino a la asamblea ejidal nos habló bien bonito, pero no contestaron preguntas relacionadas, por ejemplo, con el pago por metro cuadrado o las posibles afectaciones. No podemos aceptar algo que no tenemos claro”, dice Julio Mora.

Megaproyecto en el papel: sin el gasoducto la planta no podría funcionar

“Quienes nos oponemos a Saguaro Energía vemos el gasoducto como parte del conjunto, con la planta de licuefacción y los buques metaneros. Por esto criticamos que la MIA ha sido fragmentada: hay una para cada parte del megaproyecto, cuando tendría que haber una única que analice sus impactos acumulativos. Nuestro entendimiento tendría que ser completo, nada tiene razón de existir sin el resto”, dice Claudia Campero, de la organización Conexiones Climáticas, que es parte de Ballenas o Gas, coalición que impulsó movilizaciones en contra del megaproyecto y juntó unas 300 mil firmas para pedir su cancelación.

“Hasta el momento Saguaro Energía existe sólo en el papel, entonces es la mejor oportunidad para no permitir que suceda”, afirma Claudia Campero.

Foto: Conexiones Climáticas

Saguaro Energía preocupa a la ONU

El 1 de diciembre pasado, durante la rueda de prensa mañanera, una periodista cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la falta de claridad alrededor de los avances e impactos del proyecto Saguaro Energía.

“No es irregular, no hay irregularidad. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere de un gasoducto adicional o no”, afirmó Sheinbaum refiriéndose al ducto Sierra Madre. En realidad, los jueces sí detectaron irregularidades en Saguaro Energía que, según las organizaciones de litigio, está detenido por diez amparos.

Sheinbaum dijo que se trata de un excelente proyecto de inversión y que el gobierno definirá cómo deberá operar sin afectar a la biodiversidad. Sin embargo, un día después la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado oficial dirigido al gobierno mexicano en el que expresa profunda preocupación por los megaproyectos de gas fósil licuado propuestos en el Golfo de California —en particular la instalación de los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, y de cuatro terminales: Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá— cuestionando su legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos y con algunos tratados internacionales firmados por México.

“La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, escribe la ONU en su carta. En su programa Máxima Nota, el colectivo Eskuela Radical, de Chihuahua capital, ha sido muy duro al comentar la rueda de prensa de Sheinbaum: “¿qué vamos a ganar con que los gringos manden gas a Corea? ¿Dónde está el beneficio? Solamente estoy viendo riesgos y al gobierno de Claudia Sheinbaum defendiendo abiertamente intereses de los petroleros texanos”, dijo Nayo Rodríguez, integrante de la organización.

Foto: Orsetta Bellani

En defensa del perrito de la pradera

Si hay alguien que sabe de formas creativas de protesta, son los integrantes del colectivo Eskuela Radical: llegaron a vestir una botarga de perrito de la pradera de cola negra —un roedor ya en peligro de extinción, cuyo hábitat quedaría afectado por el paso del gasoducto— para pedir firmas en su defensa.

“En mayo de este año juntamos firmas para exigir una audiencia pública con el gobierno. Se trata de uno de los instrumentos previstos por la ley de participación ciudadana que impulsamos hace poco menos de diez años. Se puede pedir como organización, no hace falta juntar firmas, pero de todos modos decidimos hacerlo para que no pareciera una lucha sólo nuestra”, dice Carlos Olvera Fernández, director de la Eskuela Radical.

Fue tiempo después que Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua —al que Animal Político envío varias preguntas sin tener respuesta—, aceptó organizar una audiencia pública sobre el gasoducto Sierra Madre, cuya fecha todavía no se establece.

Foto: Orsetta Bellani

“Que nos hayan dado una audiencia pública no significa que se va a detener el gasoducto. En estas audiencias el gobierno sólo comparte información, pero lo que estamos buscando es mayor difusión, porque muy poca gente sabe al respecto”, afirma Olvera Fernández.

No es posible conocer el trazado exacto del megaproyecto, pues sus coordenadas de ubicación han sido reservadas para no comprometer la seguridad nacional. Sin embargo, de acuerdo con la Eskuela Radical, pasará por debajo del Palanganas, un río importante en la zona porque, a diferencia de arroyos que cruzan las praderas chihuahuenses, es permanente y su existencia no depende de las lluvias.

“Sierra Madre romperá ecosistemas y la gente de la zona no recibirá beneficios, no nos parece justo que usen Chihuahua como zona de sacrificio”, dice René Moreno Medina, integrante de la Eskuela Radical, sentado en la sala de grabación del noticiero que la organización difunde a través de su canal de Youtube.

“Quieren dar una propina a los ejidos para que les den derecho de vía. La información que tenemos es que algunos los han bateado y otros sí han aceptado el paso del gasoducto”, afirma.

Que el gasoducto no cruce por aquí

En el patio de su casa, Alma Delia Soto Villa, esposa de Julio Mora, muestra cómo en Mata Ortiz preparan el barro que se usa para hacer cerámicas. Luego agarra una pelotita, la aplasta como si fuera una tortilla y la moldea hasta crear un pequeño recipiente.

Julio Mora la acompaña en la explicación de la técnica, mostrando las obras expuestas en su casa. Los alfareros de Mata Ortiz, dice Julio, usan puras arcillas locales, y hasta el momento nadie se ha preguntado si las fugas del gasoducto podrían llegar a contaminarlas. Tampoco se están preocupando de que la obra pueda afectar al turismo, que viaja hasta el pueblo para comprar sus célebres vasijas y visitar el cercano sitio arqueológico de Paquimé.

Foto de la página de Mexico Pacific.

El alfarero explica que el megaproyecto dividió al pueblo de Juan Mata Ortiz: los veinte ejidatarios que, como él, quedarían directamente afectados por la obra están en contra de su construcción, pero muchos otros están a favor, también porque las ganancias se repartirían entre todo el ejido.

“Lo que quiero no es dinero, sino que el gasoducto no cruce por aquí”, dice Julio Mora. “No sabemos qué pasará: nos dijeron que aunque la asamblea ejidal no otorgue el permiso para construir el gasoducto, lo van a hacer”.

Reportaje publicado en Animal Político el 9 de diciembre de 2025.

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De tanto que admira a Juan Quezada, Laura Bulgarini piensa que su ejido debería tener el nombre del célebre alfarero en lugar de Juan Mata Ortiz, mayor enviado a estas praderas de Chihuahua para exterminar a los apaches.

“Gracias al maestro Juan Quezada nació la tradición de la cerámica aquí en el pueblo: en los años cincuenta encontró una pieza de la antigua cultura de Paquimé, empezó a fabricar vasijas con la misma decoración y luego enseñó la técnica a sus familiares y amigos, entre ellos a mi mamá”, dice la artista ceramista, cuyas obras ganaron premios internacionales.

La familia de Laura Bulgarini es ejidataria, pero tiene muy poca información sobre un gasoducto que tendría que pasar por el pueblo. Sólo su esposo, Héctor Gallegos, ha participado en una asamblea donde se presentó una empresa. “Hace aproximadamente un par de años llegaron a la asamblea ejidal con el proyecto de un gasoducto, pero no traían mucha información y la gente se quedó con dudas”, afirma Héctor Gallegos.

Héctor Gallegos y Laura Bulgarini, artistas ceramistas. Foto: Orsetta Bellani

El gasoducto del megaproyecto Saguaro Energía

El gasoducto que tendría que cruzar las praderas de Mata Ortiz se llama Sierra Madre: una tubería de 800 kilómetros con un diámetro tan grande que un niño de ocho años podría estar parado dentro de ella. Su propietaria será la empresa estadounidense Mexico Pacific, a la que Animal Político pidió una entrevista sin recibir respuesta.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, Sierra Madre empezará su camino en la frontera entre Estados Unidos y Chihuahua, donde se conectará con el gasoducto Saguaro Connector, que traerá hasta la frontera mexicana gas shale extraído mediante fracking en la cuenca Pérmica de Texas.

Sierra Madre cruzará seis municipios de Chihuahua y diez de Sonora y su metano alimentará la terminal Saguaro Energía de Puerto Libertad, en Sonora: un complejo de 400 hectáreas cuyos mecheros contaminarán el aire de forma permanente. Quemarán “gas natural”, compuesto casi totalmente por metano, promocionado como “energía limpia”, y que en realidad tiene hasta treinta veces más capacidad de calentamiento global que el CO2.

En la terminal Saguaro Energía, que mide poco menos del doble del tamaño de la colonia Roma Norte de Ciudad de México, el metano será licuado y cargado en buques de 300 metros de largo que cruzarán el golfo de California afectando a los pescadores sonorenses, a las ballenas y las demás especies que viven en este mar, considerado como el “acuario del mundo”.

Los navíos viajarán rumbo a Asia: Mexico Pacific ya firmó una decena de acuerdos, entre ellos con la empresa coreana Posco International Corporation y con las chinas Zhejiang Energy y Guangzhou Development Group.

Buscando inversionistas

Al concretarse, Saguaro Energía representará la inversión privada más grande de la historia de México: el costo total proyectado alcanza los 15 mil millones de dólares y 3.262 millones de dólares serán dedicados a la construcción del gasoducto Sierra Madre. Los bancos Santander, JP Morgan y Mitsubishi Bank son asesores financieros, es decir que están tratando de conseguir la inversión, pero aún no alcanzan su objetivo.

Otro elemento que hasta el momento ha impedido el arranque de las obras del gasoducto Sierra Madre y de la planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora, es la oposición de la sociedad civil, que interpuso diez amparos, juntó unas de 300 mil firmas, en contra del megaproyecto y organizó varias protestas en las calles.

Además, el gasoducto Sierra Madre obtuvo el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), más no la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Foto: Conexiones Climáticas

La historia obscura de Bonatti

Para la construcción del gasoducto Sierra Madre, en noviembre de 2023 México Pacific firmó un contrato con una joint venture integrada por dos empresas italianas: GDI Sicim Pipelines y Bonatti.

Bonatti tiene varias obras en México, entre ellas el gasoducto que es parte de uno de los megaproyectos emblemáticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador: el Proyecto Integral Morelos (PIM).

En su investigación “La participación de Bonatti en el PIM y sus impactos sociales, ambientales y en DDHH”, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) documenta las numerosas persecuciones en contra de los pobladores que se han opuesto a Bonatti y a las demás empresas involucradas en el megaproyecto. Entre ellos Samir Flores Soberanes, asesinado frente a la puerta de su casa el 20 de febrero de 2019.

Más recientemente, en el marco de la disputa alrededor del PIM, han sido asesinados también dos dirigentes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco): Francisco Vázquez y Carolina Plascencia Carvajal.

Un negocio que podría no tener futuro

El proyecto Saguaro Energía posicionaría a México como el cuarto país más importante en el sector energético de exportación del llamado Gas Natural Líquido (GNL). Sin embargo, el gas shale que se quiere exportar a Asia a través del gasoducto Sierra Madre no sería mexicano sino estadounidense.

De acuerdo con la investigación “¿Qué impulsa la expansión de plantas de licuefacción de gas metano en México?”, del colectivo GeoComunes, Estados Unidos quiere exportar su gas fósil por México porque “la instalación en costas mexicanas les podría implicar a las empresas menores costos de construcción y operación en comparación con EU, así como una mayor flexibilidad en los requerimientos de mitigación y remediación de impactos socio-ambientales”.

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planteó la construcción de las terminales portuarias de exportación de GNL —hay otras seis en proyecto y una ya en función— como solución al exceso de gas que tiene el compromiso de comprar a Estados Unidos.

Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el gobierno federal habla de soberanía energética, aunque en la práctica ha incrementado las importaciones de gas shale de Estados Unidos.

En entrevista, el académico afirma que en este momento Estados Unidos registra una sobreproducción de metano y lo vende muy barato, pero pronto podría alcanzar su pico de producción y la importación de gas podría volverse mucho menos conveniente.

“El tema se podría también convertir en un arma más de Donald Trump para chantajear a México”, dice Luca Ferrari, quien teme que se estén planteando inversiones muy altas en infraestructuras que, además de ser contaminantes, en un futuro podrían dejar de ser redituables.

“Creo que de todos modos el verdadero negocio será la construcción del gasoducto: aunque después de unos años no haya gas, quien haya hecho la obra ya ganó”, afirma el investigador de la UNAM. Para él, el gasoducto Sierra Madre y el proyecto Saguaro Energía convertirían a Chihuahua y Sonora en una “zona de sacrificio”.

Los pastizales de Mata Ortiz, en Chihuahua. Foto: Orsetta Bellani

Catorce impactos negativos y uno sólo positivo de acuerdo con la MIA

Entre los mezquites y agaves de la pradera de Mata Ortiz, algún día tendría que surgir una de las cuatro estaciones de compresión previstas por el proyecto Sierra Madre, que son sitios enormes que empujan el metano para que siga corriendo por el ducto.

De acuerdo con Claudia Campero, coordinadora de justicia climática para Conexiones Climáticas, las estaciones de compresión son muy contaminantes. “Las emisiones se pueden ocasionar por fugas no controladas o por flering, que se da cuando necesitan deshacerse de gas y, de forma controlada, lo ventean y queman. En general, no hay ningún gasoducto que no tenga fugas; la calidad de la construcción y el mantenimiento que le dan cambia su magnitud”, advierte la activista.

La MIA del proyecto Sierra Madre señala que el gasoducto tendrá 15 impactos en el territorio: catorce son calificados como negativos, desde la afectación del aire, del suelo y de la hidrología hasta los impactos en la fauna, flora, en el paisaje y en el medio socioeconómico. La MIA indica un solo impacto positivo y tiene que ver con la creación de empleos durante la fase de construcción del ducto.

“Creo que también el discurso relacionado con el empleo se puede derrumbar, pues para otros proyectos de este tipo en el norte de México trajeron soldadores de la India, porque el nivel de especialización requerido no se encuentra localmente”, afirma Claudia Campero.

Afectaciones a la Reserva de la Biosfera Janos

La MIA advierte que la construcción de la tubería implicará también la remoción de una superficie forestal en 1.979 hectáreas y que su trazo pasará a menos de 150 kilómetros de cinco reservas naturales.

Entre ellas, la Reserva de la Biosfera Janos, que se encuentra a poco más de una hora de Mata Ortiz y en un punto se ubica a un sólo kilómetro y medio del gasoducto. Janos es hogar de la única manada silvestre de bisontes que queda en México y tiene la colonia más grande de Norteamérica de perritos de la pradera, especie en peligro de extinción que, por el rol de conservación de los ecosistemas que habita, es considerada como “ingeniera ambiental”.

“El hecho de que el gasoducto esté enterrado causa desorden en el ecosistema, sobre todo cuando hablamos de roedores, como ardillas y perritos de la pradera, porque son especies que hacen madrigueras debajo de la tierra y son muy sensibles a vibraciones y ruidos”, dice la bióloga Diana Lugo, de la campaña Perritos en Fuga, que busca visibilizar los impactos del gasoducto. “Son especies clave para el mantenimiento de otras y, a pesar de esto, la existencia del perrito de la pradera ni siquiera está considerada en la MIA del proyecto”.

Cerámicas de Mata Ortiz. Foto: Orsetta Bellani

El ejido Mata Ortiz quedó dividido

El gasoducto Sierra Madre creó divisiones internas al ejido Mata Ortiz. Algunas personas están a favor del megaproyecto y otras no.

Mientras enseña las cerámicas que expone en su casa, Héctor Gallegos cuenta que la economía del pueblo cayó después de la Revolución, cuando clausuraron el aserradero, y se levantó nuevamente una vez que Juan Quezada impulsó la alfarería.

Las promesas de empleo que trae la empresa Mexico Pacific no parecen ilusionar a Héctor Gallegos, que a la par de su esposa Laura Bulgarini es un prestigioso alfarero. “La empresa lo cuenta bonito, pero no sé qué tantas afectaciones o beneficios pueda traer el gasoducto. Lo que me preocupa es que pueda ser peligroso”, dice.

Reportaje publicado en Animal Político el 8 de diciembre de 2025.

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