Listones de colores amarrados a los árboles para enfrentar las motosierras y cerca de quince mujeres, de entre 20 y 90 años, abrazadas a sus troncos para protegerlos. Esto ocurrió en 2009 en Zacacuautla, una comunidad de la sierra otomí-tepehua de Hidalgo afectada por la tala clandestina. 

Ese día de marzo, se escuchó el llamado de las campanas e inmediatamente un grupo de pobladores corrió hacia “unos árboles grandísimos” que el cacique local Pedro Canales pretendía talar en un terreno de 55 hectáreas de bosque de pino y oyamel del que se había apropiado, según decían los vecinos, con escrituras falsas. Las mujeres se toparon de frente con la banda de delincuentes que había contratado, Los Negros, conocidos por su violencia, que amenazaron con “trozarles las patas o la cabeza” si no se iban de ahí. 

“Eran unos árboles muy gruesos y muy altos. Yo vendía listones, entonces los agarré y empezamos a amarrar los árboles uno con otro, para que no los tiraran”, dice Norberta López Templos, una mujer de más de 80 años que aquel día corrió al monte. “Otra señora de la tercera edad y yo nos abrazamos al árbol para protegerlo. Me acuerdo que hacía mucho frío, estaba lloviznando, y nosotras abrazadas a los árboles”. 

Mientras estaban allí, la banda de los Negros empezó a talar. “Trózanos, no importa, pero estos árboles no los tiras”, decían las pobladoras. Dentro de esa extensión de terreno se ubica el manantial que abastece de agua a la comunidad.

La resistencia contra los talamontes fue liderada por las mujeres; los hombres observaban la escena desde lejos, “nada más cuidándonos”. No se acercaban para no provocar a los Negros, que iban armados, pero varios fueron a solicitar la ayuda del ejército. 

Cuando llegaron los militares, los delincuentes acusaron a los pobladores de ser los talamontes, pero Filiberta Nevado Templos, la única mujer que ha ostentado el cargo de delegada comunitaria en Zacacuautla, se acreditó —junto con su segundo delegado, Trinidad Templos— y señaló a los verdaderos culpables, que fueron detenidos. 

Ese mismo año, los defensores enfrentaron quince averiguaciones previas por delitos infundados como amenazas y daño en propiedad ajena; Filiberta y Trinidad fueron arrestados, pero la movilización de la comunidad, que tomó la presidencia municipal de Acaxochitlán, hizo posible su liberación. 

“El cacique ponía denuncias y pedía cárcel a quien se metiera en lo que consideraba su territorio para defender los árboles”, recuerda una de las pobladoras, Illiria Ninelth Gómez Martín. Tiempo antes, en 2004, había sido asesinado el defensor Samuel Cruz Hernández, uno de sus líderes, hecho que provocó una herida profunda que encendió el fuego organizativo.

La humedad del tronco talado permite que surja nueva vida. Foto: Ocotenco-Kuautlali

Zona crítica forestal

El bosque de niebla de Zacacuautla, en el municipio de Acaxochitlán —cercano al límite con Puebla—, guarda vida y memorias comunitarias. En su cielo vuelan el quetzal coa y las águilas, entre sus árboles viven el güijalo —un ajolote endémico de la región— y el cacomixtle, un felino de cola anillada. Es también el hogar de armadillos, conejos y ardillas.

Durante más de dos décadas, la tala clandestina ha diezmado los árboles centenarios de la comunidad, de hasta 35 metros de altura. Eran encinos, oyameles, álamos, ayacahuites y sabinos. Para la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Acaxochitlán es una de las 13 zonas críticas forestales de atención prioritaria en el país; en mayo de 2025, esta dependencia, junto con elementos de seguridad, desmanteló tres aserraderos ilegales ubicados en la comunidad de Los Reyes, en ese municipio. 

Pero en Zacacuautla, aclaran integrantes de Ocotenco, siguen funcionando cuatro aserraderos legales, además de otros clandestinos.  “En años”, afirman, “esa fue la primera acción ejercida por el Estado. No se registraron detenciones por la tala ni hubo consecuencias legales, más allá de cierres temporales de aserraderos y el decomiso de vehículos, lo que refleja la colusión y omisión estatal. No consideramos que el cierre de esos aserraderos —que ya fueron reubicados— sea un avance o un trabajo efectivo realizado por el Estado”. 

De acuerdo con un reporte de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), el 70% de la madera comercializada en México entre 2013 y 2018 es producto de la tala clandestina, en la que participan grupos de la delincuencia organizada. 

Entre 2001 y 2021, según la Conafor, el país perdió más de 4 millones 385 mil hectáreas forestales, casi la superficie del estado de Yucatán. Y en 2024, México entró por primera vez en la lista de las 10 naciones con mayor pérdida de bosques primarios —no explotados por el ser humano— a nivel mundial, con 93 mil hectáreas afectadas, el 60% a causa de incendios. 

‘Agua, monte y dignidad’

En 2007, tres mujeres de Zacacuautla fueron por leña al monte y vieron cómo se había convertido en un paisaje de árboles mutilados, troncos y ramas tiradas; parecía un gran cementerio. Decidieron hacer un llamado a la comunidad para defender su territorio y fundaron el colectivo Ocotenco-Kuautlali, que lucha bajo el lema “Agua, monte y dignidad”. 

La organización creó un grupo voluntario de “guardianes de la niebla”, integrado por pobladores que hacían rondines de vigilancia en el monte, de día y de noche, y avisaban a las autoridades de la destrucción que causaban los taladores del cacique Canales.

Imagen del carnaval de Zacacuautla, que honra a la madre tierra. Foto: Ocotenco-Kuautlali

Una figura fundamental de la resistencia, que permanece como un referente en la lucha, fue Benita Ibarra Canales. “Empezamos a ver que estaban arrasando el monte, empezamos nosotros a tratar de detenerlo, empecé a escribir sobre lo que pasaba”, contaba la poeta y campesina, que escribía versos para denunciar el robo del monte. Carteles que tapizaban la plaza principal, justo afuera de la iglesia, colocados en lo alto de los postes, para que a Canales y sus hombres se les dificultara más bajarlos. 

“Dicen que somos herejes/ que no tenemos cabida,/ nuestro gran pecado es/ querer defender la vida”, dice uno de los 244 versos críticos, burlones, que Benita dejó antes de morir en 2021, a los 84 años.

Si alguien conoce el monte de Zacacuautla es Filiberta. A sus 69 años, es fácil para ella andar sobre la tierra húmeda, llena de hojarasca resbaladiza, sin veredas y con bajadas pronunciadas. 

“Era un monte cerrado, todo esto era cerrado. Había veredas, pero adentro del monte no podías andar”, dice la defensora que en 2009 se enfrentó a las motosierras, mientras camina rumbo al manantial que surte de agua a la comunidad, abriéndose espacio entre el aserrín, las astillas y los trozos de árboles que los talamontes dejaron atrás en sus huidas.

Pero el manantial, un lugar sagrado donde cada 3 de mayo, el Día de la Santa Cruz, los pobladores celebran su vínculo profundo con el agua, ya no es como antes. “Bajó mucho, si siguen talando nos vamos a quedar sin agua”, cuenta Maura Islas, compañera de Filiberta. “Está completamente devastado, ya no hay árboles como había antes, está completamente quemado. Hay pedazos de árboles tirados por donde sea”, dice una joven de 20 años de la comunidad, Berenice Santos Neri. 

Después de una lucha legal, y muchos otros enfrentamientos con los talamontes y las autoridades, en 2013 el Ocotenco-Kuautlali logró que se revocara el permiso a Canales —“legalmente, ya no podría talar”—, y que se retiraran las denuncias contra las y los defensores criminalizados por defender el monte. 

Para celebrar esta gran victoria, la comunidad rescató el carnaval que dejó de hacer durante 50 años: tomó las calles del pueblo y los caminos del monte con alegría y baile. Las y los niños confeccionaron para su fiesta ancestral, que honra a la madre tierra, máscaras de semillas que representaban animales, árboles y plantas. 

“Es una tradición recuperada que tiene su mensaje: la cosecha, para que nos vaya bien, la fertilidad. Y ahorita está adoptando otro mensaje, que es la lucha por el monte, donde nuestra primera arma es el arte, los colores y la alegría”, explica Berenice, que ha sido la mayordoma del carnaval desde hace tres años.

Uno de los talleres que se imparten en la Casita de Cultura Comunitaria La Semilla. Foto: FB Ocotenco-Kuautlali

Semilla de esperanza

En 2013, Ocotenco-Kuautlali abrió la Casita de Cultura Comunitaria Rä Hmüda “La Semilla”, un espacio para organizar talleres de arte popular y compartir saberes colectivos, principalmente con niños y niñas, que buscan despertar la creatividad y el pensamiento crítico. Fue el resultado de un trabajo que comenzó con clases de fotografía, grabado y pintura en un centro cultural al que bautizaron “23 de Septiembre”; también llegaron a impartir talleres a un lado del kiosco de la población, en sillas y mesas prestadas, e incluso en el piso. 

Cuando lograron construir la Casita —un cuarto de 7 m de largo por 4 m de ancho—, las y los niños pintaron en sus paredes a sus naguales o espíritus protectores, para que los ayuden a cuidar el bosque.  Es un espacio lleno de color donde se reúnen cada sábado a las tres de la tarde. 

“Se dan talleres gratuitos, hacemos todo lo que podemos a nuestro alcance con los recursos propios, con el trabajo sin paga de los que vienen a dar los talleres”, dice Filiberta. 

En esta Casita, “donde cabemos todas y todos”, siguen trabajando por la defensa del monte y contra la destrucción de la naturaleza. Entre esos muros radica hoy la esperanza de la comunidad, afirma Illiria, una de las coordinadoras.

En 2018, la tala clandestina aumentó y provocó la primera sequía en Zacacuautla. Dos años después, Filiberta fue amenazada por taladores locales, pero el apoyo de organizaciones nacionales y de otros países disipó el peligro. No sucedió igual con los árboles que rodeaban el manantial, que fueron talados cuando la comunidad hacía tareas de limpieza en otro lado del monte. Pero en ese territorio arrasado, como muestra la defensora, las semillas de nuevos árboles comienzan a abrirse paso. 

Para el Ocotenco, la lucha no ha terminado. La tala clandestina continúa, dicen, junto con una narcocultura que vuelve más complejo el trabajo con las infancias y juventudes. Pero cuando todo parece perdido, surgen nuevas formas de resistencia, como los listones de colores, los versos de Benita, un carnaval que regresó del olvido, y los niños y niñas que aprenden en la Casita la importancia de defender el territorio. 

“La Semilla representa la esperanza”, concluye Berenice. “Es una lucha desde la alegría y el arte muy bonita, llena de color y de magia”.

Esta historia es la versión escrita del pódcast “Hidalgo: Listones, versos y colores, historias imposibles por la defensa del monte”, cuya investigación y guion fueron realizados por Filiberta Nevado Templos y Illiria Ninelth Gómez Martín, que también puede ser leída y escuchada aquí.

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Esther Sulub Santos, mujer maya, tiene una relación tan íntima con el bordado que se identifica totalmente con él. “Nací y crecí dentro del bordado”, dice. “Me crié mirando a mi abuelita, mi madre, mis tías, bordar a mano, a máquina o con el punto de cruz”.

Aunque ya se jubiló, siempre está activa, cuenta su hermano Ángel. Esther pinta y escribe cuentos y coordina el taller de bordado de la Escuelita Maya, un proyecto impulsado desde 2020 por el centro comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on. Un espacio autónomo, gestionado colectivamente, ubicado en lo alto de un cerro bajo una gran palapa, e inmerso en la selva de Felipe Carrillo Puerto, en el sur de Quintana Roo.

“Este lugar está lleno de vida, de los espíritus del viento, del monte, de los espíritus de nuestros abuelos y abuelas que corren alrededor para protegerlo”, dice Wilma Esquivel Pat, una maestra de secundaria que forma parte de la Escuelita Maya.

Cada tarde, un grupo de niñas y niños se reúne bajo la palapa con sus mamás y abuelas para bordar todo aquello que es esencial para el pueblo maya: tucanes, jaguares, cenotes, maíz, milpas. “Bordar es una forma de recordar lo ancestral, de defender el territorio, de luchar contra el despojo”, afirma Esther, quien suele vestir elegantes huipiles. En este espacio colectivo, bordar animales es un ejercicio de memoria y de lucha contra los intentos de borrar la cultura maya que traen aparejados los megaproyectos turísticos.

Todo inició en los años 70, cuando en Cancún se impulsó un modelo de turismo masivo que, poco a poco, se extendió al sur de Quintana Roo. Primero a Playa del Carmen, luego a Tulum, y en los últimos años se está moviendo rumbo a Felipe Carrillo Puerto, en el centro del estado. Un gran número de personas que viven en las más de 150 comunidades rurales que rodean este pueblo de 30 mil habitantes trabaja en grandes hoteles y restaurantes de la zona turística, donde la identidad maya es banalizada y comercializada para el goce de los visitantes, que quieren ver bailes tradicionales y participar en rituales o temazcales.

“Muchas cosas están cambiando y, poco a poco, como que vamos soltando y olvidando quiénes somos”, lamenta Wilma. “Eso está pasando muy rápido aquí”.

Quienes integran U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on (El Lugar de Nuestros Ancestros y Ancestras) piensan que, en Quintana Roo, la escuela tradicional busca borrar la memoria y la forma de vivir del pueblo maya, formando a las juventudes “para dar servicio al turista”. Una “estrategia cruel” que nulifica sus saberes y  los empuja a alejarse de sus pueblos para trabajar en las obras de desarrollo turístico que se multiplican en el Caribe mexicano: los grandes hoteles de lujo, los parques temáticos como Xcaret, y el megaproyecto del Tren Maya.

“La Escuelita Maya es un espacio que creamos para volver a tejer ese vínculo que el sistema educativo destruye, y acercarnos a las personas mayores, que es como acercarse a la tierra, a la memoria, a la red de la vida”, explica Ángel.

Algunos de los bordados de la Escuelita Maya. Foto: Facebook del Centro Comunitario U Kúuchil Ch’i’ibalo’on

La violenta transición al desarrollo

Donde hay desarrollo económico, llegan también los grupos criminales en busca de ganancias, advierte Ángel; en Felipe Carrillo Puerto, en los últimos años se ha incrementado el número de desapariciones y asesinatos de jóvenes. Es por eso que U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on rechaza el turismo de masas que avanza imparable, devorando a los territorios indígenas. 

El nuevo monstruo que los pueblos tienen que enfrentar es el Tren Maya, un ferrocarril que recorre más de mil 500 kilómetros del sureste del país y conecta, con sus 34 estaciones, los estados de Chiapas, Tabasco, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, atravesando la selva y áreas naturales protegidas. 

Para su construcción se talaron millones de árboles, y se destruyeron cuevas y cenotes. En Quintana Roo, el Tren Maya provocó que se abrieran más de un centenar de bancos de extracción de materiales pétreos, gestionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Solo este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó 11 permisos en Felipe Carrillo Puerto, que causarán la deforestación de grandes extensiones de selva. Este megaproyecto promete impulsar el turismo en los destinos menos conocidos de la región, como el municipio, alentar la industria agraria y energética, y multiplicar las oportunidades de trabajo. 

“Toda esta transición violenta hacia el desarrollo que nos prometen que llegará con el tren pone en riesgo la vida de la niñez, el disfrute de la naturaleza, el vínculo con el territorio, todo aquello que valoramos y preservamos en la Escuelita Maya”, advierte Ángel.

El 2 de mayo de 2023, la caravana El Sur Resiste, integrada por organizaciones indígenas y de derechos humanos, que denunciaba los impactos ambientales provocados por la construcción del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y del Tren Maya, se detuvo en Felipe Carrillo Puerto. Sus integrantes contaron cómo, durante su recorrido, pudieron constatar que donde antes había un hábitat para centenares de especies como tucanes y mariposas, solo quedaba la selva arrasada. En la Escuelita Maya reaccionaron: inauguraron un mural pintado por Russel Castillo Alamilla que celebra la resistencia de los pueblos, y también la esperanza, encarnada en su niñez. 

En Felipe Carrillo Puerto existe una estación del Tren Maya, que fue inaugurada en diciembre de 2024. El pueblo nunca fue turístico y, a pesar de que el gobierno anunció que la obra iba a traer muchos visitantes a la región, esto aún no ha ocurrido. 

“El pueblo sigue igual que antes, las instalaciones del Tren Maya son tremendamente grandes y vacías”, dice Ángel. “El tren pasa por Felipe Carrillo Puerto cuatro veces al día y es nada más un vagón. Antes nadie bajaba, pero en los últimos meses pusieron un tianguis con productos locales en la estación y la gente empezó a bajar del tren. Se quedan unos 20 minutos para hacer sus compras y salen otra vez”. 

Hasta el momento, a Felipe Carrillo Puerto el megaproyecto solo le ha traído inseguridad, incluso antes de que fuera inaugurado. “Yo estaba acostumbrada a caminar tarde de noche, pero ahora sales y ves un grupo de trabajadores del tren… Te ven o escuchas algo, y pues ya no te sientes cómoda, ya no te sientes segura”, dice Linnet Baltazar, mamá fundadora de la Escuelita Maya, quien se dedica a sanar con plantas medicinales. 

“Allá por Cancún, hasta por acá cerca, hasta Tulum, en Playa [del Carmen], pasan muchas cosas: dicen que matan la gente, que roban la gente, se pierden niños y niñas”, cuenta Pastora Santos, una mujer de 86 años que participa en el taller de bordado. Toda su vida ha vestido huipil y hablado el maayat’aan, como una forma de resistir a la desaparición de su cultura, una lengua que ahora intenta que aprendan sus nietos. 

“Cuando desaparece la lengua, desaparece todo lo que en ella habita: la manera de sentir la vida”, dice Ángel. “El idioma maayat’aan está en peligro ante la imposición de lenguas extranjeras que sirven al turismo. Se alienta a hablar más el inglés, francés o cualquier otro idioma que pueda intercambiarse por una propina”.

Hilos que cobran vida

En Felipe Carrillo Puerto siempre se ha bordado para el vestir cotidiano y para estrenar los trajes en fiestas como el Hanal Pixan, Día de los Muertos. Luego, estas creaciones empezaron a venderse, convertidas en objetos de valor comercial. “Antes se bordaba para las familias y ahora se borda para el turismo, para los políticos que lo necesitan para lucir como mayas, aunque están muy lejos de sentirlo”, dice Esther.  

También su compañera Wilma lamenta la mercantilización de la cultura maya. “Lo más triste es que nuestros bordados solo se valoren como un objeto comercial; al final, llega el punto en que volvemos a ser objetos para exhibir, que se utilizan y se desechan”, señala la maestra. “Yo, cuando me pongo mi huipil, siento que estoy cerca de mis abuelas, siento que ellas me acompañan, que son felices al verme”.

Es para mantener su memoria y su conexión con este territorio codiciado por las empresas turísticas, que los niños y niñas de Felipe Carrillo Puerto bordan en la Escuelita Maya, frente a una manta del Congreso Nacional Indígena, rodeados por los sonidos de la selva. Su mirada está concentrada en sus aros de bordado, y al mismo tiempo ríen, charlan, juegan. 

“Cuando termino de bordar”, dice la niña Naayten Marroquín, “siento que los hilos cobran vida y se convierten en parte de nuestra selva”.

“Bordar con los niños y niñas”, concluye Esther, “es enseñarles una manera de defender nuestro territorio, de salvar la tierra. Es una manera de sentirnos vivos, de continuar, de no perdernos”. 

Esta historia es la versión escrita del pódcast “Quintana Roo: Una escuelita para bordar el territorio”, cuya investigación y guion fueron realizados por Esther Sulub Santos y Ángel Sulub Santos, que también puede ser leída y escuchada aquí.

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Caminar dos horas por la selva yucateca con el agua hasta las rodillas es como avanzar por un lodazal. Más aún si el sol abrasa y un lagarto nada en la laguna, que en la temporada seca se evapora hasta convertirse en un camino árido. “Una vez, uno mordió la bota de mi hijo”, dice entre risas Matilde Dzib, mientras su esposo, Carlos Llamá, abre una brecha con su machete. 

Ambos son apicultores y fundadores del Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já, que lucha en contra de la megagranja Kekén (Grupo Porcícola Mexicano), instalada en 2013 cerca del poblado indígena de Kinchil, a unos 45 minutos de Mérida, la capital yucateca. Paralelamente a la laguna que atraviesa el matrimonio maya, corre la carretera pavimentada que conduce a la empresa, un conjunto de seis naves que alberga más de 300 mil cerdos.

Desde la creación de la megagranja, los excrementos de los animales han contaminado el agua de la zona y han provocado la muerte de miles de abejas. “En el 2013 todos sacaban miel menos yo; se vino abajo la población y no entendíamos por qué había flores, pero la abeja se iba muriendo. Luego entendimos que fumigaban para matar a las moscas, pero 

lógicamente también morían las abejas”, recuerda Carlos, que trae puesta una gorra y viste una camisa de manga larga para protegerse del sol y de los zancudos.

“Las abejas son parte esencial de nuestra vida, las consideramos como parte de nuestra familia”, agrega Matilde, quien destaca la necesidad de preservar una tradición que se remonta al siglo 19, cuando la apicultura se convirtió en una de las principales actividades económicas del estado.

La carretera que conduce a Kekén permitiría a la pareja ahorrar hora y media de tiempo de viaje, pero prefieren no tomarla; la decisión de no aceptar nada de la empresa y mantener su forma de vida es parte de su resistencia cotidiana a la megagranja.

Irina Llamas (izq.) y Matilde Dzib avanzan por la laguna en Kinchil, Yucatán. Foto: Carlos Llamá

Población en riesgo

El Dictamen diagnóstico ambiental de la actividad porcícola en Yucatán, que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) realizó en 2023, identifica la presencia en el estado de 507 granjas, más de un centenar para autoconsumo, y el resto con una hasta 20 naves instaladas. El estudio descubrió una concentración hasta tres veces mayor de nitrógeno amoniacal en el agua subterránea de las zonas con granjas porcícolas, y mayores niveles de contaminación por fósforo.

Las heces y la orina de los puercos, al filtrarse en el suelo poroso yucateco, contaminan el manto freático y los cenotes, lo que pone en riesgo la salud de quienes se abastecen de esa agua: la población, los animales, y también las abejas. 

“El agua de los cenotes es fundamental para la vida de las abejas, pues también ellas beben de ahí”, dice la bióloga Irina Llamas, quien ha sido testigo de los estragos causados por la megagranja porcícola desde que llegó a Kinchil como estudiante de doctorado cuando comenzaba a construirse.

Un reporte de la organización Greenpeace estima que, de 222 granjas de cerdos que ubicó en el estado —con registro en alguna base oficial—, solo 18 tienen una Manifestación de Impacto Ambiental. Según datos del Inventario nacional de emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, incluidos en el documento, el dióxido de carbono producido por estas granjas equivalió en 2018 a las emisiones de más de 3.6  millones de vehículos en México en un año. 

Kekén forma parte del Grupo Kuo, que posee también industrias químicas y automovilísticas.  Es el mayor productor de carne de cerdo en México, que exporta a diez países. La empresa comenzó a construir en 2012 la granja Kinchil 1; entre 2013 y 2018, se levantaron las naves 2, 3 y 4, y en 2020, la 5 y la 6, todas con el mismo nombre. La población maya, de alrededor de 7 mil 500 habitantes, nunca fue consultada, a pesar de que la zona forma parte de un Área Natural Protegida, el Anillo de Cenotes, cuya formación semicircular se relaciona con el impacto del meteorito de Chicxulub, hace unos 65 millones de años. 

La “laguna negra”

En 2018, unos pobladores de Kinchil descubrieron unos depósitos de agua pestilente que salían de la megagranja. “El pasto y los árboles estaban muertos y el agua era oscura”, recuerda José Luis Tzuc, apicultor y acopiador de miel. “Y había tuberías de descarga de desechos de heces fecales de cerdos”.

El hallazgo de la que fue bautizada como “laguna negra” preocupó a la gente de la comunidad, que estaba acostumbrada a abastecerse del agua de los cenotes. Y empezaron a buscar cómo defenderse de una contaminación que amenazaba a animales emblemáticos de la zona como los venados y los pavos de monte, y a las plantas medicinales y la leña que consumían. Carlos, mientras mide con cuidado cada paso en el camino inundado, cuenta que en 2019 hombres y mujeres de 14 localidades afectadas fundaron el Consejo Maya del Poniente de Yucatán Chik’in-já.

Mural realizado por las y los niños y jóvenes de la comunidad de Kinchil. Foto: Irina Llamas

Su primera acción fue poner una denuncia popular ante las autoridades ambientales federales y estatales en contra de la megagranja. Lograron que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Yucatán (actual Secretaría de Desarrollo Sustentable) inspeccionara las instalaciones, pero su fallo fue favorable a la empresa, lo que generó el rechazo de los pobladores. 

Optaron entonces, amparados en el artículo 2o. de la Constitución, por convocar a una autoconsulta para hacer lo que el gobierno no hizo: preguntarle a la población maya del poniente de Yucatán —de los municipios de Kinchil y Celestún, y de la localidad de San Fernando en Maxcanú— si estaba de acuerdo con la presencia de las megagranjas de cerdos en sus territorios.

Jorge Chuil, apicultor e integrante de Chik’in-já, recuerda que la autoconsulta se llevó a cabo el 25 de julio de 2021 y rebasó las expectativas de participación. “Se mandó imprimir mil boletas. Y se nos gastó a las tres de la tarde, ya hubo gente que no votó”, dice Carlos.

Pero Kekén no se limitó a observar; se infiltró en el proceso. En Kinchil, llevó a sus trabajadores para que votaran a favor de la granja, con la amenaza de que, si la empresa cerraba, se quedarían sin sustento. 

“Cuando llegamos al palacio y empezamos a armar nuestra mesa, había entre 60 y 80 personas que vinieron en camiones, las trajeron de Kekén; para ellos, nosotros éramos como sus enemigos”, dice Carlos. 

Participaron como observadores representantes de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). También acudieron las organizaciones Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que en su informe denunciaron actos de hostigamiento de personas vinculadas a la empresa, y destacaron que el proceso reflejó “un verdadero ejercicio de participación y de autodeterminación de los pueblos”. 

Durante la jornada, unos pobladores defendieron su empleo asalariado y otros escogieron cuidar la salud, su hogar. Al final, la mayoría en Kinchil votó a favor de la megagranja, pero el resultado conjunto de los tres municipios fue un no rotundo. En total, mil 583 ciudadanos de Celestún, San Fernando y Kinchil se pronunciaron en contra, mientras que 641 lo hicieron a favor.  

La organización de la autoconsulta sirvió a Chik’in-já para unir a sus integrantes y fortalecerlos como defensores del territorio. “Nos sentíamos contentos porque estaba empezando a germinar lo que sembramos”, cuenta Carlos. Pero no pasó nada. Ni el gobierno ni la empresa tomaron en cuenta el resultado de la votación y las megagranjas porcícolas siguen operando en el poniente de Yucatán.

Carlos Llamá en su apiario de Cantukún, que cuenta con 28 colmenas.

“Aquí queremos envejecer”

Cada vez que cruzan la selva, Matilde y Carlos disfrutan de la belleza del paisaje de ceibas y flamingos, gansos y abejas que se alimentan del polen de las flores flotantes. El camino termina en su apiario, que se encuentra a un par de kilómetros de la megagranja. Allí revisan sus 28 colmenas —con cerca de 10 mil abejas cada una— y descansan en la orilla de Cantukún, un cenote que cuidan desde hace generaciones. Los representantes de Kekén, tras comprar el predio vecino de Chenchik, aseguran que ese terreno también les pertenece. En 2013, los Llamá interpusieron una denuncia en la que reclaman la propiedad ocupada por la empresa.

Cuando Kekén se instaló, dice Matilde, vieron cómo el agua del cenote dejó de ser transparente, “y cuando la tomábamos corríamos el riesgo de que nos daba dolor de barriga”. Su mala calidad afectó también a los animales y las abejas que la consumían. 

Cansado de la inacción de las autoridades, Chik’in-já decidió monitorear en 2022 la calidad del agua de los cenotes y pozos de Kinchil, con apoyo del PNUD. Durante ocho meses midieron la cantidad de contaminantes en 23 cuerpos de agua, la mayoría pozos artesanales y cenotes. En todas las muestras recolectadas, incluida la de Cantukún, hubo presencia de coliformes fecales, y el 35% se consideraron inseguras para la salud, por lo que el informe recomienda no tomar agua de los pozos sin antes desinfectarla con cloro. 

Chik’in-já logró que funcionarios de la Semarnat hicieran en 2023 su propio monitoreo, que confirmó la contaminación del agua y los riesgos que representaba para la salud de la población, pero como pasó con la autoconsulta, la empresa y el gobierno estatal ignoraron los resultados de los estudios. 

Muchos habitantes de Kinchil son apicultores y, debido a que las organizaciones certificadoras han determinado que ningún apiario puede ubicarse a menos de tres kilómetros de distancia de una posible fuente de contaminación —como las instalaciones porcícolas—, 29 de sus vecinos de Maxcanú perdieron la certificación orgánica. Quienes no pueden vivir de su profesión, han optado por irse a trabajar a una granja.

“El día de mañana, cuando quieras llevar tu miel a un centro de acopio fuera de tu pueblo, lo primero que te van a decir es: ¿de dónde eres? ¡Ah, Kinchil!, híjoles, pues en Kinchil hay una procesadora de puercos, entonces va contaminando el agua, tu miel está contaminada”, advierte Jorge. 

Los años de lucha social y jurídica afectaron emocionalmente a los integrantes de Chik’in-já. Su forma de cuidarse es ir al monte y sentarse junto a un cenote, como Cantukún, donde Carlos y Matilde descansan ahora, después del viaje, junto a sus abejas. 

“Llegas aquí y se te olvida absolutamente todo, empiezas a trabajar con las abejas y naces de nuevo, a veces no quieres ni regresar”, dice Carlos. 

A pesar de los reveses sufridos en su lucha contra la megagranja, la resistencia de la comunidad maya de Kinchil continúa. Esperan conservar este entorno idílico para futuras generaciones. “Es parte de nuestra vida”, dice Matilde, “y aquí queremos envejecer. Venir a convivir con nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana”.

Esta historia es la versión escrita del pódcast “Yucatán: El monte, las abejas y los derechos indígenas, una defensa en resistencia”, cuya investigación y guion fueron realizados por Irina Llamas y Matilde Dzib, que también puede ser leída y escuchada aquí.

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