La Ruta 27 de Chile sube hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar, donde la altura casi sofoca. Allí pasa la línea fronteriza con Argentina y la carretera empieza a bajar hacia una geografía de volcanes, lagunas, montañas de altos colores y salinas blancas. Esta ruta internacional conecta el salar chileno de Atacama con las Salinas
Grandes de la provincia argentina de Jujuy: dos vértices del llamado “triángulo del litio”, una figura que aparece al trazar una línea imaginaria entre estos salares y el de Uyuni en Bolivia. Según el Servicio Geológico de Estados
Unidos, debajo de sus superficies duras y compactas se encuentra el 60% de litio que existe en el mundo.

El litio es un mineral que se utiliza principalmente en la producción de cerámicas, medicamentos y, sobre todo, baterías recargables. Es un componente fundamental de nuestros ordenadores portátiles y teléfonos móviles, aunque el boom del mineral se debe especialmente al aumento de la movilidad eléctrica en los automóviles. Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), dentro de quince años habrá casi 125 millones de coches eléctricos en el mundo, frente a los tres millones de 2017. La empresa BMW ha anunciado que en 2030 la mitad de sus vehículos serán totalmente eléctricos y ha firmado un contrato de suministro de litio con el Gobierno argentino
por casi 300 millones de euros.

Sin embargo, muchas comunidades indígenas argentinas se declararon en contra de su explotación, pues temen las afectaciones sociales y ambientales que la extracción del litio podría causar en los territorios que habitan
desde hace más de 10.000 años. «No nos parece justo este sacrificio que nos imponen, nosotros cuidamos nuestra Madre Tierra, ¿por qué ahora deberíamos morir para que fabriquen autos para ricos?», escribe la mesa de comunidades originarias de la cuenca de Salinas Grandes y de la laguna de Guayatayoc en el manifiesto que publicó en 2022. «Invitamos a todas las personas que comparten con nosotros el interés por evitar que destruyan
este lugar maravilloso, que no se queden indiferentes y se sumen a nuestra lucha».

TONELADAS DE LITIO BAJO LAS SALINAS

Mariela Lankai vive en la orilla de la Ruta 52, que es el nombre que toma la carretera 27 en su camino por Argentina. Su aldea se llama Aguas Blancas y está conformada por unas pocas casas de adobe, donde las llamas y las ovejas pastorean libremente. A un puñado de kilómetros de Aguas Blancas se encuentra Salinas Grandes: una extensión de sal de más de 500 m2, un ecosistema frágil y complejo que alberga un gran depósito de litio.
Mariela Lankai no se ha alegrado cuando ha descubierto que debajo de las salinas hay toneladas de este mineral. «Para extraerlo se necesita mucha agua y la población de la región de Salinas Grandes tenemos miedo de
que se acabe. Por esto nosotros empezamos a defendernos: porque el agua es vida, porque nadie vive sin agua», dice la mujer, que es indígena de la etnia kolla.

Mariela Lankai muestra la bomba de agua solar que con sus vecinos han instalado en la aldea para poder sacar el agua subterránea que corre a tan solo diez centímetros debajo del desierto. A pesar de que el agua es mucha, la población de la región teme que la extracción de litio podría acabarla, pues para producir un solo kilo del mineral se necesitan aproximadamente 2.000 litros de agua.

El método más común de extracción del litio es a través de “piscinas evaporíticas”: en ellas se coloca una salmuera –es decir, agua con sal– extraída de las profundidades del salar, que se deja secar al sol durante más de un año y que se tendrá que enjuagar con mucha agua. Una cantidad tan grande que un tribunal local ha obligado a la empresa Livent, acusada de haber secado todo un río para producir litio, a suspender la extracción del mineral
en la provincia argentina de Catamarca, en el Salar del Hombre Muerto, donde existe el proyecto Fénix. La denuncia contra la empresa estadounidense, responsable también de haber derramado 20.000 litros de ácido en el suelo y de subfacturar la exportación de carbonato de litio, fue presentada por las comunidades indígenas locales.

UYUNI, VÉRTICE DEL «TRIÁNGULO DE LITIO»

La reserva de litio más grande del mundo se encuentra debajo del Salar de Uyuni, en Bolivia, que representa uno de los vértices del “triángulo de litio”. Las grandes potencias económicas mundiales han puesto los ojos
en ella siendo que, de acuerdo con los expertos, conforme el planeta se va acercando al pico de producción de petróleo, va también creciendo la disputa sobre los “minerales críticos” como el litio. De hecho, según el expresidente Evo Morales, las motivaciones sobre las reservas de litio bolivianas motivaron el golpe de Estado de 2019 en su contra.

Debajo del Salar de Uyuni existen 21 millones de toneladas de litio. Sin embargo, hasta el momento solo se extraen 100 toneladas al año. «El modelo de Evo Morales preveía que la extracción de litio fuera monopolio de la
empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), pero las cosas no han salido como se esperaba, por falta de tecnologías adecuadas y de capacitación del personal», dice un funcionario de YLB que trabaja en la oficina de la empresa en Uyuni, en la orilla del salar.

El burócrata agrega que en 2023 el Gobierno boliviano firmó acuerdos con empresas rusas y chinas que implementan un método llamado “de extracción directa» del litio, que supuestamente tiene un menor impacto ambiental y un mayor rendimiento: de esta forma, se espera que el Salar de Uyuni pueda producir 14.000 toneladas de litio al año.

A unos cientos de kilómetros de allí, en Chile, los índices de extracción ya son muy elevados: gracias a dos empresas que trabajan en el Salar de Atacama, una de las cuales es de propiedad de la familia Pinochet, el país es el segundo productor del mundo. Las mineras operan en el núcleo del salar, donde existen alrededor de 308 pozos que causaron un hundimiento del salar, de acuerdo con el estudio Transactions on Geoscience and Remote Sensing, redactado por investigadores de la Universidad de Chile. Esta subsidencia -hundimiento de la superficie del terreno por trabajos de extracción- motivó una denuncia por daño ambiental ante la Superintendencia del Medio Ambiente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), una asociación que representa a 18 comunidades indígenas de la zona.

Por su parte, Argentina, que durante el último año ha aumentado un 46% la extracción de litio, se ha convertido en el cuarto productor mundial, lo que preocupa a las comunidades indígenas que lo guardan debajo de sus pies.

LAS EMPRESAS EXTRACTIVISTAS

Tras la primera visita de las empresas mineras en 2010, las 38 comunidades indígenas de Salinas Grandes y de la laguna de Guayatayoc han mantenido contactos con abogados y antropólogos, y se han documentado sobre la extracción de litio y sus consecuencias. De esta forma, han decidido organizarse en contra de las empresas extractivistas, usando todas las herramientas de lucha que conocían: durante semanas han bloqueado carreteras, han organizado manifestaciones y también han iniciado acciones judiciales ante instancias provinciales y federales, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En 2015, las comunidades elaboraron el Kachi Yupi -“huella de sal” en idioma quechua-, un protocolo de consulta y consentimiento previo, libre e informado que ha sido presentado ante las autoridades como el procedimiento culturalmente apropiado para la articulación entre instituciones, comunidades y empresas. Las autoridades jujeñas han reconocido la validez del Kachi Yupi, pero han seguido otorgando concesiones de explotación de litio sin consultar a las comunidades indígenas.

Por esto, las protestas antimineras han seguido en las calles de Jujuy. Las más grandes se dieron en julio de 2023, cuando unas 400 comunidades originarias lanzaron una movilización que llamaron Tercer Malón de la Paz, siendo el Primer Malón una marcha hasta Buenos Aires que los pueblos indígenas de Jujuy organizaron en 1946, para reclamarle a Perón la tenencia de la tierra comunitaria.

La movilización de 2023 fue organizada contra la reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, exgobernador de la provincia de Jujuy que recibió presiones a nivel internacional por el desarrollo de la industria del litio. De acuerdo con los manifestantes, esta reforma afecta a los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pues abre las puertas a las empresas para que entren a explotar sus recursos naturales, y prohíbe el derecho a la protesta.

«Aprobaron los cambios en la Constitución casi a escondidas, en una sesión que se llevó a cabo a las 4 o 3 de la mañana», recuerda Mariela Lankai. «El 24 de julio de 2023 decidimos salir para Buenos Aires para exigir a la Corte Suprema que declarara la reforma como inconstitucional. En nuestro recorrido recibimos mucha solidaridad: viajamos de provincia en provincia hablando de cómo estábamos nosotros en Jujuy, cómo estábamos sufriendo con todo esto, y viralizamos nuestra lucha. Aunque nos manifestamos pacíficamente, hubo mucha represión», afirma.

También Martín, un indígena kolla que vive unas decenas de kilómetros más al norte de Salinas Grandes, recuerda las protestas de ese año, que fueron reprimidas por la Policía incluso con disparos a la altura de los ojos. «Lo han llamado el “jujeñazo” y el Gobierno ha aplicado métodos de una dictadura. Hasta el día de hoy siguen las persecuciones», dice Martín. «Los primeros en salir a protestar fueron los docentes de Jujuy por mejoras salariales y los sindicatos han salido también. Luego las naciones originarias bajamos desde la Puna caminando, para oponernos a la explotación de los recursos naturales en nuestro territorio y a la reforma constitucional. Hasta el día de hoy, no tenemos respuestas por parte del Gobierno y siguen avanzando las empresas extranjeras. Hay otros minerales que se están explotando y contaminan el agua y los suelos. Ya salió un informe que muestra que nuestros niños están enfermos: tienen una elevada cantidad de plomo en la sangre, que afecta al desarrollo de su cerebro».

En Jujuy ya existen dos proyectos de extracción de litio pero, gracias a la movilización social y a la lucha legal, las comunidades jujeñas han impedido que se inicie su explotación en Salinas Grandes. Sin embargo, las empresas Lithos S.A. y Jemse ya han arrancado la etapa de exploración, que consiste en localizar los yacimientos del mineral y que, de acuerdo con la Misión Internacional de Observación que se llevó a cabo en Jujuy en agosto de 2023, fue aprobada sin cumplir con los estándares internacionales básicos en materia de consulta previa.

«En el futuro próximo se prevé que los pueblos kolla y atacama continúen enfrentando amenazas de despojo territorial ocasionadas por la expansión de proyectos extractivos de litio sobre la Cuenca de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc», señala la misión internacional de observación en su informe “Fiebre por el litio: derechos de los pueblos indígenas bajo amenaza en Jujuy”. «De acuerdo con un dirigente indígena de la zona, quien se reunió con la misión, para 2023 había al menos 30 empresas que presentaron solicitudes de exploración de litio solo en esa parte de la provincia. Según el mismo dirigente, las comunidades seguirán resistiendo a dichas solicitudes conscientes de lo que ha ocurrido en otros salares donde el litio está siendo extraído».

DEFENDER SU AUTONOMÍA ECONÓMICA

El parador turístico de Salinas Grandes fue construido por las comunidades indígenas locales a lo largo de la Ruta 52 para ofrecer recorridos turísticos en el salar y vender artesanías. Es un proyecto que económicamente está funcionando muy bien y está permitiendo a la población tener un nivel de ingresos satisfactorio. Está formado por algunas casitas construidas con sal y unos puestos, donde se vende mate, café y artesanías. Está rodeado por la blancura deslumbrante del salar -de hecho, aquí todos, guías turísticos como artesanos, llevan gafas de sol- y por carteles en contra de la extracción de litio que las mismas comunidades han instalado: “Queremos proteger esta bella naturaleza para el futuro. No al litio”, dice un cartel; “Respeten a nuestro territorio, fuera empresa de litio”, exige otro.

«Los visitantes crecen de año en año y estamos felices de trabajar de forma independiente y sin jefes. La extracción de litio nos obligaría a desplazarnos y estamos firmes en la intención de defender nuestro salar y nuestros puestos de trabajo», asegura Mirta Barconte, indígena kolla que trabaja como guía turística en el parador de Salinas Grandes. Dice que, junto con sus colegas, participó en el Tercer Malón de la Paz y recuerda el encuentro que las comunidades de Salinas Grandes tuvieron con las del Salar de Atacama, para intercambiar experiencias lucha.

Unos metros más allá del área de descanso de los guías turísticos, José Chávez tiene su puesto, donde vende artesanía elaborada con sal. «Seguramente, en un primer momento, las mineras traerán empleo, no digo que no sea cierto, pero a largo plazo, cuando el litio se acabe, se irán y nos dejarán un territorio contaminado y sin agua, donde no habrá posibilidad de vivir o trabajar: los turistas ya no vendrán y la sal no se podrá vender porque estará contaminada. Las generaciones futuras se verán obligadas a migrar», afirma el artesano. «No estamos en contra del litio en sí, sino de la forma en que se extrae, y sabemos que formas alternativas de producirlo aún están en fase experimental».

Detrás de José Chávez se extienden las Salinas Grandes, donde los turistas pasean y sacan fotos entre los gigantescos carteles anti-litio. “El litio es pan para hoy, y hambre para mañana”, dice uno de ellos.

Reportaje publicado en Zazpika el 26 de enero de 2025: https://www.naiz.eus/eu/hemeroteca/7k/editions/2025-01-26/hemeroteca_articles/el-litio-una-extraccion-contaminante-en-nombre-de-la-automocion-sostenible

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Esperan. Está corriendo la voz de que ya está llegando María de Jesús Patricio Martínez, una indígena de etnia nahua que se desempeña como médica tradicional y herbolaria, y que ha sido elegida como candidata para las presidenciales de 2018 del Congreso Nacional Indígena (CNI), un espacio impulsado en 1996 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), y que reúne a 39 pueblos originarios de México.

«No desesperen compañeros, ya la compañera está llegando», dice al perifoneo un encapuchado trepado a una redila, donde ha sido instalado un megáfono. En realidad, la caravana que está atravesando el territorio zapatista está lejos de llegar. Aún le faltan varias horas de caminos, en parte sin asfaltar, llenos de baches y badenes.

Las bases de apoyo del EZLN, en su mayoría mujeres, rompen las filas. Algunas se sientan en la orilla de la carretera, otras se acercan a la tienda comunitaria para comprar unas empanadas o un refresco. Mientras tanto, el perifoneo sigue informando: «Con el objetivo de hacerle frente al sistema capitalista neoliberal, por primera vez el pueblo originario de México estamos haciendo este acto político que nuestros abuelos y abuelas han esperado desde hace mucho tiempo».

Cae un aguacero, como siempre ocurre en las tardes de octubre. Los zapatistas y sus simpatizantes, internacionalistas o indígenas de esta región, se refugian debajo del techado de la tienda comunitaria, o debajo de un árbol. Algunos sacan sus paraguas, otros tienen solo unos plásticos para protegerse de la lluvia. Unos periodistas se encierran en los carros que parquearon a lado de la manta de bienvenida, otros quedan afuera parados, para no perder ni uno disparo de este momento histórico. Mientras tanto, una orquesta de encapuchados toca sus alientos y percusiones para dar ánimo a los presentes.

Pero cuando por fin llega María de Jesús Patricio Martínez, también llamada Marichuy, la emoción parece borrar el tedio de las horas pasadas en espera. La portavoz del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), la entidad creada por el CNI para «poner de cabeza el país», sube a un camión ataviado como un carro alegórico.

Está acompañada por algunas mujeres encapuchadas, y atraviesa el corredor formado por las vallas humanas. Los zapatistas la saludan, graban el momento con sus smartphones, gritan consignas levantando sus puños al unísono. «¡Viva las mujeres luchadoras de México y del mundo! ¡Viva!»

Atrás del camión de Marichuy, marchan miles de zapatistas. Acompañan a la portavoz del CIG hasta el Caracol de Morelia, donde subirá al escenario junto con sus compañeras concejalas. Ningún hombre tomó la palabra durante la gira del CIG por los Caracoles zapatistas. Los altos mandos del EZLN, como los subcomandantes Moisés y Galeano (antes llamado Marcos), han dejado espacio a sus compañeras comandantas. En el Caracol de Morelia, es la comandanta Miriam quien toma la palabra a nombre del CCRI-Comandancia General del EZLN.

«Antes, cuando estaban los finqueros, los rancheros que decimos, nuestras abuelas fueron explotadas, discriminada, porque nunca lo tomaron en cuenta, que la mujer no sirve para nada, que la mujer no vale nada, que la mujer sólo sirve para tener hijos, para cuidar la casa», afirma la comandanta zapatista durante su intervención, donde relata los atropellos que desde la época de la conquista viven las mujeres indígenas por parte no sólo de los finqueros, sino también de sus maridos.

Mientras tanto, en la orilla de la explanada central del Caracol de Morelia, funciona el comedor comunitario. «En la cocina puros hombres y las mujeres en el escenario, ¿qué ha pasado?», «Eeehh, contesta el hombre sonriendo detrás de su pasamontaña, mientras prepara un sándwich con jamón y queso»

En mayo pasado, Felipa Cruz Zaragoza se encontraba en el auditorio repleto de gente cuando los concejales del CIG –una mujer y un hombre de cada pueblo indígena– tomaron protesta, y cuando anunciaron que Marichuy había sido elegida como su portavoz.

Felipa se emocionó mucho durante aquella asamblea del CNI, en el Centro Indígena de Capacitación Integral (CIDECI)-Unitierra de San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). Allí acudieron 1400 delegados indígenas, algunos habían recorrido hasta 3 mil quilómetros para participar en el evento. Integrante de pueblos originales de todo México convivieron durante días, compartieron sus experiencias de luchas y sus números de teléfonos, tejieron alianzas e imaginaron acciones conjuntas.

Todo empezó en octubre de 2016, en aquel mismo centro de formación para jóvenes indígenas. Allí los zapatistas, tras un análisis de la “guerra al narcotráfico” que en 10 años causó más de 130 mil muertos y 33 mil desaparecidos, en su mayoría civiles, propusieron al CNI la constitución de un Concejo Indígena de Gobierno (CIG) para crear una plataforma finalizada a resistir a la guerra que “envuelve a todo el país, que está en contra de todos y todas”. También sugirieron que la portavoz del nuevo órgano fuera una mujer, siendo las indígenas el sector más oprimido de la sociedad mexicana, y que ésta se postulara como candidata en las elecciones presidenciales de 2018.

La participación en las elecciones de Marichuy está sin embargo condicionada a la capacitad de reunir 867 mil firmas antes del 8 de febrero, objetivo difícil de al- canzar pues a mediado de noviembre, a un mes del comienzo de la recolección de firmas, se habían juntado unas 42 mil.
«Marichuy es la persona mejor para este cargo», afirma Felipa Cruz Zaragoza. De acuerdo con la indígena de etnia mixteca –quien integra Organizaciones Indias para los Derechos Humanos en Oaxaca (OIDHO), un espacio que aglutina varias comunidades en resistencia del Estado de Oaxaca– la coherencia ética y la humildad de Marichuy le permitirán cumplir exitosamente con el mandato que le dio el CIG: ser su portavoz, no su lideresa.

Los promotores del CIG afirman que el enfoque de la iniciativa no está tanto en la participación en las elecciones, sino más bien en la formación del concejo, que debería de realizar una gira en todo el país para enlazar luchas y llamar al pueblo del campo y de la ciudad a organizarse para «tejer desde abajo una telaraña tan grande que sea capaz de perdurar los tiempos venideros», para «organizar dolores», y «hacer retemblar en sus centros la tierra».

La candidatura de su portavoz no es tanto finalizada a competir para la presidencia de la República, sino es más bien una estrategia mediática: «ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías».

Hace un año, cuando escuchó la propuesta de los zapatistas, Felipa Cruz Zaragoza se quedó muy perpleja: desde 27 años OIDHO lucha en la calle y nunca consideró como viable la opción electorera. La mujer sabe que el EZLN rompió con el sistema partidista hace muchos años y que no se está planteando la creación de un partido político – con su estructura, sus diputados, sus alcaldes – sino una candidatura independiente a las presidenciales. También reconoce que el lanzamiento de la iniciativa ya tuvo algunos logros, pues la atención mediática se está concentrando en las luchas y demandas de los pueblos indígenas, que normalmente son invisibilizadas.

Sin embargo, la decisión del CNI de participar en las elecciones causó muchas controversias adentro de OIDHO, y Felipa la apoya sólo en parte. Su temor es que, a pesar de que la intención es hacer explotar el sistema desde adentro, finalmente se acabe legitimando la posibilidad de que exista un vía institucional a la solución de las demandas de “los de abajo”.

«Nos estamos metiendo en un juego que está inventado por otros, la clase política es la que hizo estas estructuras y es la que las maneja. Como OIDHO no creemos en esta forma de lucha, para nosotros es un sistema demasiado viciado».

Felipa afirma que su organización apoya al esfuerzo de articulación de las resistencias del país y que seguirá participando en las asambleas del CNI. También recibirá al CIG y a Marichuy durante su gira, para que conozcan la lucha de sus comunidades, pero casi no participará en la parte electoral de la iniciativa.

«Nosotros no tenemos ninguna confianza en lo electoral. Pero tenemos una problemática común con el CNI, que es el ser pueblos indios; tenemos que organizarnos y acercarnos de alguna manera, y esta es la parte que nos interesa de esta iniciativa. Estamos dispuestos, por acuerdo de nuestras comunidades, a firmar por el registro de la candidata ante el Instituto Nacional Electoral (INE), pero no nos vamos a involucrar en la campaña».

“Lento, pero avanzo”, dice un mural en territorio zapatista, donde aparece un caracol con un pasamontaña. Así también se mueve la caravana del Concejo Indígena de Gobierno en su viaje por la geografía de Chiapas. A lo largo de las carreteras más aisladas, carteles con globos y con la foto de Marichuy invitan a participar en el acto público. Otros dan la bienvenida a los forasteros: “Está usted en territorio zapatista. Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece”.

La caravana sube despacio por las montañas empinadas de la región de los Altos, atravesando sus bosques de pinos y penetrando la neblina espesa que cubre el Caracol de Oventic, como fuera una manta.

“Cada vez que asesinan, que desaparecen, que encarcelan injustamente a un hijo, a una hija, somos no- sotras las mujeres las que sentimos el más profundo dolor”, ha afirmado Marichuy durante su intervención en Oventic, donde ha sido acompañada por organizaciones de madres de desaparecidos, en estas tierras zapatistas donde a los jóvenes no los desaparecen.

“Justamente porque somos las que sentimos el más profundo dolor, porque vivimos la mayor de las opre- siones, también nosotras las mujeres somos capaces de sentir la más profunda de las rabias. Y entonces debemos ser capaces de transformar esas rabias en organización con el fin de pasar a la ofensiva para desmontar el poder de arriba, construyendo con determinación y sin miedo el poder de abajo”, afirmó.

En el Caracol de La Garrucha, tras cruzar la selva Lacandona, la caravana fue recibida por centenares de milicianos zapatistas que vestían pantalones verdes y camisas cafés. Llevaban unas gorras y unos paliacates (los pañuelos típicos de los zapatistas) amarrados al cuello. Desde sus cinturones colgaban linternas y machetes, algunos llevaban pasamontañas de lana y otros de tela, para aguantar mejor el calor húmedo de la Lacandona. Quedaron parados y firmes debajo la lluvia durante horas, aferrando sus toletes.

La lluvia acabó casi al mismo tiempo que el evento. Aparecieron unos mariachis encapuchados que tocaban “Cielito lindo”, para acompañar la salida del escenario de Marichuy y de los concejales del CIG, mientras que la gente formaba una cola para firmar en apoyo a la candidatura de la mujer nahua en las presidenciales.

Quienes formaron la fila no eran encapuchados, de hecho los zapatistas no pueden firmar pues no tienen documentos. Tal vez eran personas de las comunidades no zapatistas de esta zona selvática que rodea la ciudad de Ocosingo, quizás pertenecientes a una de las 232 comunidades de Chiapas que entraron en el CNI en los primeros seis meses del año, tras la propuesta de constitución del CIG.

«Primero las compañeras con niños en brazos», dijo un voluntario que intentaba organizar la cola en frente a la Casa de la Junta de Buen Gobierno del Caracol de La Garrucha, la sede del gobierno zapatista de esta zona.

Adentro, los voluntarios sacaban fotos a las credenciales con un celular, para empezar el proceso de registro de las firmas. “El INE nos impuso esta dificultad del uso de celulares para recolectar la firmas de apoyo, pero juntos podemos superarla”, decía un cartel colgado en la entrada. La necesitad de comprar celulares de ultima generación y de enviar las firmas por Internet son sólo algunas de las trampas que, según ha denunciado Marichuy, han sido puestas por el INE en su camino a las elecciones.

La portavoz del CIG ya es una estrella en Chiapas, pero no parece aprovechar de su popularidad. Habla con tono calmado, sus intervenciones son breves y siempre pasa el micrófono a sus compañeras. Pero la gente se exalta al verla: aplaude, aclama, grita su nombre:

– ¡¡¡Marichuuuuuy!!!

A la mujer nahua, la banda zapatista “Los Originales de San Andrés” hasta le dedicó una canción:

Marichuy color de la tierra, anticapitalista del corazón. 

Marichuy color de la tierra, anticapitalista del corazón.

Vos trabajaste en la voz del pueblo por las defensas en la memoria. 

Vos trabajaste en la voz del pueblo por las defensas en la memoria.

La “Cumbia de Marichuy” acompañó todo el recorrido de la caravana. La tocaba la orquesta en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, cerca del Caracol de La Realidad, cuando la mujer acudió para llamar a un nuevo lanzamiento indígena, pero esta vez sin armas.

Llegó en camión, también en este caso ataviado como un carro alegórico, y acompañada por unas mujeres zapatistas. Marichuy sonrió cuando un rayo de sol le alumbró el rostro. Atrás de su camión, el Comandante Tacho cabalgaba rumbo a Guadalupe Tepeyac, dando instrucciones por un radio, rodeado por dos filas interminables de milicianos y milicianas zapatistas, también a caballo.

En el fondo, retumbaba el nuevo Escuadrón Motorizado Zapatista: un pelotón de zapatistas con un casco encima del pasamontaña, en moto negras con estrellas rojas que llevaban la banderita del CNI. Una demostración de fuerza del EZLN, que a más de veinte años de su levantamiento armado enseña al mundo que su proyecto de autonomía sigue de pie.

«¿Cómo te sientes estando aquí, en territorio zapatista, participando en esta caravana?», preguntamos a Greyci Morales Zurita, jóven delegada procedente del Estado de Campeche. «Vine para comprobar que esto es real, que existe; la rebeldía, la resistencia y la autonomía son posibles. Cuando te das cuenta de que el sistema político no te representa de ninguna manera, empiezas a buscar alternativas, y la opción viable en este momento es la autonomía».

Artículo publicado en Zazpika en noviembre de 2017.

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No habiendo más, con mi marido me acuesto», afirma Chiqui al comentar su nueva casa de paredes de cartón en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo, en el departamento colombiano del Cauca. Allí, hoy en día viven unos centenares de exguerrilleros y guerrilleras de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Chiqui es una mujer bajita y enérgica de cincuenta años, que ha militado en la guerrilla durante cuarenta: cuando era niña entró en el M19 y, cuando éste se desmovilizó, se incorporó a las FARC. «Nunca he creído en las desmovilizaciones», afirma la excombatiente. «En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan doscientos años en el poder. Y no creo que el Gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió», añade.

Sin embargo, esta vez Chiqui ha aceptado los acuerdos firmados en setiembre de 2016 entre los mandos guerrilleros y el Gobierno colombiano, y ha decidido desmovilizarse. Con su perro Morocho y sus compañeros de la columna móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC, en enero dejó la montaña donde combatía y marchó hasta uno de los veintiséis puntos donde los acuerdos de paz establecían que se concentraran las FARC durante seis meses, para entregar sus armas y desmovilizarse paulatinamente.

Una vez que los combatientes llegaron allí se tuvieron que enfrentar con el primer incumplimiento del Gobierno de Juan Manuel Santos: en lugar que una estructura para recibirlos, encontraron un terreno lleno de lodo. Con el tiempo llegaron los materiales, y los mismos integrantes de las FARC se encargaron de construir la Carlos Perdomo, que hoy luce como una pequeña aldea equipada con alcantarillado y alumbrado público.

«No diría que el Gobierno no cumplió, sino que no ha cumplido. Hay demoras, retrasos e inconvenientes pero vamos avanzando, porque lo importante es sacar adelante el acuerdo y sentar las bases de la paz. Estamos convencidos de que hay sectores en el Gobierno que están comprometidos con lo que firmaron», afirma Marco León Calarcá, responsable por parte de las FARC de la Comisión del Mecanismo de Monitoreo y Verificación. «Otro tema fundamental es el de los presos políticos, todavía no logramos que estén todos libres a pesar de que la Ley de Amnistía se aprobó en diciembre del año pasado».

Inseguridad y falta de trabajo

Chiqui fue presa política «de alta peligrosidad» durante diez años. La Policía la encontró en una casa de Bogotá con un pescado (secuestrado) y se la llevó junto con tres hermanas suyas. Su madre se enteró viendo la televisión. «Me tuvieron por todo el país andando, me sacaban de una cárcel para otra, fue horrible», recuerda la excombatiente.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora que vive en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación se aburre, los días pasan lentos y todos se parecen. Para ocupar el tiempo, prepara ambientadores naturales o toma tinto (café) en la casa de su amigo Rubencho, charlando sobre el tiempo pasado y sobre lo que viene. A la Carlos Perdomo, Chiqui trajo muchos recuerdos. Algunos muy duros –el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses– otros bonitos: «Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad».

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los cuarenta años que pasó en armas siente nostalgia: «Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ya sabemos que no pasará».

Desde que entregó su arma, Chiqui está preocupada por su seguridad y por la de sus compañeros. Sus temores están fundados: entre abril y agosto se han registrado doce homicidios de excombatientes de las FARC y once asesinatos de sus familiares, evidenciando la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el Gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP), a finales de la década de los ochenta: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui quiere irse a vivir a la ciudad, a pesar de que sabe que quedarse en la Carlos Perdomo, rodeada por sus compañeros, sería más seguro. Como todos los 6.900 guerrilleros y 1.541 milicianos desmovilizados, en los próximos dos años la mujer recibirá unos 190 euros mensuales más unos 560 euros de entrada, pero es muy pesimista sobre la posibilidad de tener una ocupación en el futuro: «Después de los treinta años, nadie te da trabajo en este país».

En este momento, en los veintiséis Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación se están desarrollando reuniones y talleres para preparar a los excombatientes a su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz. No será fácil garantizar una ocupación estable a las más de 8.400 personas desmovilizadas y el temor es que, al no tener trabajo, acaben integrándose en los grupos delictivos.

Reincorporación a la vida cotidiana.

«Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar clausulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia», explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz, que encontramos pocos días después de la fundación de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la agrupación con que la exguerrilla se presentará a las elecciones presidenciales de 2018.

«En el acuerdo se establecen también unos princi- pios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica», añade Eduardo Álvarez. «Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una estrategia que han llamado Economías del Común (ECOMUN), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen ‘nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se sigue yendo».

Sandra Ramírez, exmando de la guerrilla que hoy en día aparece en la lista para el congreso de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, sabe que es cierto. Mirando desde arriba el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, admite que, una vez amnistiados, los guerrilleros pueden irse adonde quieran y que muchos se están yendo. Sin embargo, según ella, la organización tiene que brindar la posibilidad a los excombatientes de tener una casa y seguir viviendo en comunidad, pues las FARC para muchos representan su única familia.

Por esto, a pesar de que al momento de la firma de los acuerdos de paz los veintiséis puntos donde se concentró la guerrilla fueron concebidos como campamentos transitorios, finalmente se convirtieron en aldeas donde cuando anochece las parejas de los exguerrilleros pasean con sus bebés. «Nunca habíamos tenido una casa antes», afirma Sandra Ramírez.

En su proceso de reincorporación en la vida civil, los farianos tendrán que enfrentarse también con el estigma que cargan los guerrilleros, ya que el 83% de la población colombiana tiene una imagen negativa de ellos.

Teresa, una niña de doce años que vive en la Carlos Perdomo con su madre, estudia en la cercana escuela de Pueblo Nuevo, donde la discriminan por ser hija de una guerrillera. Teresa se crió con su abuela porque su madre la dejó con ella después de parirla, para regresar a la montaña. «Recién mi abuelita me dijo que mi mamá estaba en la guerrilla, y que tenía un permiso para venirme a conocer», cuenta Teresa. «A mi mamá la cogió la Policía mientras que estábamos en una tienda, habían tenido una llamada anónima. Estuvo casi un año presa y cuando salió de la cárcel, tras los acuerdos de paz, nos vinimos a vivir acá. Es la primera vez en mi vida que vivo con ella».

Plátanos, café y marihuana.

El Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Carlos Perdomo se encuentra en las montañas que rodean la ciudad de Caldono (Cauca), una tierra verde cultivada con plátanos, café y marihuana, en una de las zonas del país donde ha sido más brutal la guerra que durante más de cincuenta años enfrentó las FARC al Ejército y a los grupos paramilitares (ahora oficialmente llamados Grupos Armados Organizados).

Desde hace tiempo, en esta región hay tensiones muy fuertes también entre la guerrilla marxista y los indígenas, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos quince años, antes las dos organizaciones lograban convivir y, a menudo, las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

«Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra», recuerdan unos mayores ex gobernadores del resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona española arrinconó a los nasas. «La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo».

En Toribío, a unos cien kilómetros de Pioyá, en 2012 los indígenas caucanos se levantaron contra el Ejército y las FARC. Aquel día doscientas familias tuvieron que desplazarse del poblado por temor a caer ante el fuego cruzado, justo en la fecha en que marcaba el aniversario del estallido de una chiva-bomba [chiva es una especie de autobús] activada por las FARC enfrente de la estación de Policía y que dejó unas cien casas destruidas, cuatro muertos y ochenta heridos.

«Nos declaramos en resistencia permanente hasta que los grupos y ejércitos armados se vayan de nuestra casa», declaró la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) en un comunicado: «Nosotros estamos en nuestra casa y no vamos a salir, los que se tienen que ir son los grupos y ejércitos armados legales e ilegales que vienen sembrando la muerte en nuestros territorios».

Según el portal colombiano “Verdad Abierta”, en aquella ocasión unas trescientas personas retiraron las trincheras que la Policía tenía instaladas en Toribío, y la Guardia Indígena arrastró a unos militares de pies y manos, expulsándolos de la base del cerro Berlín. Otro grupo de ACIN marchó rumbo a la montaña para hablar con los jefes guerrilleros y exigirles que salieran de sus territorios y, al no ser recibidos por los mandos, destruyeron su campamento.

Otro tipo de guerra.

«Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda», afirma Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto. Señala con la mano las montañas que nos rodean que, cuando el sol se mete, se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembrados de marihuana, y afirma que, desde que las FARC han empezado el proceso de desmovilización, la situación se ha calmado, que la gente sale más de su casa, mientras que antes los ataques y las balaceras eran diarios. «Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos a otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazaletes del Ejército Popular de Liberación (EPL) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y estamos preparando un plan para enfrentar lo que viene», explica Gilberto Cuetia.

De hecho, los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los grupos armados y las empresas. «La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares», afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. «No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados –según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca–. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara».

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de su partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que representa más que nada la «jubilación para los comandantes», llevó algunos guerrilleros a decidir no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el ELN y el EPL.

«Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC habían fricciones muy fuertes, se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana, y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el Frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor», explica Eduardo Álvarez de la fundación Ideas para la Paz. «Creemos que el Gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades».

El caso que tal vez más preocupó a la cúpula guerrillera ha sido el de Rodrigo Cadete, exjefe del Frente 27 que operaba en Guaviare, Caquetá y Meta, las regiones más inhóspitas del país. Cadete ya tenía su certificado de abandono de armas cuando, a mediados de setiembre, fue visitado por unos hombres armados mientras que tomaba un refresco en una tienda del Caquetá. Despojaron a los dos guardaespaldas de sus pistolas, y Cadete se esfumó con ellos.

Artículo publicado en Zazpika en octubre de 2017.

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Lo busca aquí, debajo de la tierra húmeda de un cafetal en el Estado de Veracruz, donde hay restos humanos sepultados. Lo aseguran los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos, pues el dueño de la parcela confesó haberlos encontrados y luego, invadido por el miedo, enterrados nuevamente debajo de unas piedras.

Ya es la segunda vez que esta brigada viene a Veracruz para desarrollar sus tareas de búsqueda, pues la inacción gubernamental motivó a los familiares de las personas desaparecidas a organizarse y pasar a la acción para encontrarlas.

Los grupos criminales de México, en complicidad con agentes del Estado, están librando una guerra que de acuerdo a datos oficiales ha causado más de 130.000 muertos y 28.000 desaparecidos en menos de diez años, con un aumento de los casos de 17% en los últimos 18 meses.

Según afirman las organizaciones no gubernamentales, los desaparecidos en México son muchos más, pues hay personas que no denuncian por miedo a las amenazas que reciben. Amenazas que a veces se cumplen como en el caso de Jesús Jiménez Gaona, integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda, ejecutado en Poza Rica el 22 de junio mientras buscaba a su hija Jenny Isabel, desaparecida en 2011.

Más de 28.000 familias mexicanas no saben si sus hijos están vivos o muertos, y viven en la angustia de una espera continua. Desconocen si sus seres queridos han sido secuestrados para ser obligados a trabajar con la criminalidad organizada, si los están explotando sexualmente, o si los mataron y luego los enterraron en una fosa común.

Si los agarraron porque se equivocaron de persona, o solo por ser jóvenes o mujeres. De acuerdo al intelectual uruguayo Raúl Zibechi, el narco y los feminicidios tienen carácter sistémico y son modos de dominación de «los de abajo».

La hija de Araceli Salcedo tenía 21 años cuando fue desaparecida en la ciudad de Orizaba, en setiembre de 2012. Un comando armado entró en un bar y se la llevó; las autoridades dijeron que fue por guapa, que tal vez le gustaba a algún narco.

Tres años después, Araceli Salcedo encaró a Javier Duarte, gobernador de Veracruz. «Sus fiscalías no sirven de nada, no ayudan en nada señor. El fiscal es el mismo que ustedes, pura corrupción señor», le gritó. «Que no le toque a su familia, porque el día en que le toque sabrá lo que se siente con ese sufrimiento».

Los familiares de los desaparecidos afirman que el Gobierno mexicano no busca a sus seres queridos y que en las oficinas públicas, donde los empleados están sepultados debajo de miles de denuncias de desapariciones, no son atendidos.

Y en vista de que el Estado no los busca lo hacen ellos, organizándose en colectivos para reclamar su derecho a encontrarlos con vida, o a tener por lo menos la posibilidad de sepultarlos y dejar así de vivir en un «duelo suspendido».

Con la Brigada Nacional de Búsqueda. Según los datos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre 2007 y 2016 en México se han encontrado 224 fosas con 681 cuerpos. En sus primeros quince días de trabajo, la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares de Desaparecidos encontró quince fosas comunes con más de 7.000 fragmentos óseos. Los encontraron armados de picos, palas y varillas, recorriendo el campo violado del Estado de Veracruz.

De todas las ceibas –árbol sagrado de los mayas– que existían en las afueras de la ciudad de Córdoba, solo una ha sido salvada. Es un árbol grande y frondoso, de raíces firmes, que a nadie se le ocurrió talar básicamente por respeto. Cuentan los pobladores locales que durante la Revolución Mexicana se utilizaba para colgar cadáveres, y que en tiempos más recientes han aparecido cuerpos a sus pies.

A pocos centenares de metros de la ceiba, la Brigada Nacional de Búsqueda encontró unos indicios. «Por acá había sábanas ensangrentadas», dice Simón Carranza, que participa en la brigada a pesar de no tener familiares desaparecidos. Carranza, un hombre pequeño y delgado de unos 50 años, es considerado un sabueso en hallar pistas para encontrar restos humanos, hasta el punto que fue contratado por la PGR.

«Bajé por aquí y sentí algo raro en el fondo. Podían ser unas bolsas, pero no tenía equipo para sacarlas», explica el hombre mirando dentro de un pozo de doce metros de profundidad. Llegan las autoridades y empiezan a acordonar la finca, con sus uniformes de policías federales, sus trajes blancos y sus mascarillas de peritos; tras el hallazgo, la ley prevé que ellos sean los encargados de levantar los restos.

Mientras la Policía acordona, algunos brigadistas se apuntan para formar un grupo de vigilancia del trabajo de las autoridades, pues no confían en su profesionalidad y honestidad. «Los peritos del Gobierno no están bien preparados para hacer su trabajo. No solo no están bien capacitados, sino que no tienen las herramientas ni el tiempo necesario para llevar a cabo un proceso de hallazgo como debe de ser, y mucho menos de identificación», afirma Carolina Robledo Silvestre, antropóloga social que integra al Equipo Nacional Antropología Forense Independiente (ENAFI).

Se trata de un grupo recién formado de investigadoras que acompañan a los familiares de personas desaparecidas, compartiendo con ellas conocimientos técnicos sobre los protocolos y requisitos que debe tener una búsqueda en campo que se ajuste al debido proceso.

«En nuestros talleres los familiares aprenden a conocer todo el contexto de un hallazgo, a reconocer que no solo vamos a buscar esqueletos, huesos y restos humanos, sino toda la evidencia, de todos los objetos asociados que acompañan este hallazgo, porque todo esto nos permite identificar un cuerpo sin necesidad de recurrir a exámenes de ADN, que son bastantes costosos», explica Robledo Silvestre.

«En los talleres los familiares aprenden competencias para actuar en campo de una forma responsable y coordinada con las instituciones, exigiendo a los peritos del Gobierno y del Ministerio Público que hagan bien su trabajo, porque tienen a una víctima bien informada que le está exigiendo que así lo haga»

Gracias al acompañamiento de las académicas del ENAFI, los brigadistas aprenden a reconocer huesos calcinados y huellas, a valorar las fuentes que indican pistas y lugares donde buscar, a moverse en los sitios sin contaminar las pruebas, a intervenir en fosas clandestinas, a distinguir los fragmentos óseos de pequeños trozos de madera o piedras.

«Los huesos hablan», dice Bárbara G. García, arqueóloga forense del ENAFI, durante el taller con los familiares
de la Brigada Nacional de Búsqueda que se lleva a cabo en la Ciudad de México antes de la salida a Veracruz. Explica que los huesos pueden revelar la edad de una persona, qué tipo de trabajo hacía, qué enfermedades tuvo en su vida. Luego enseña una foto.

– ¿Qué hueso es este?
– Un fémur, contesta una mujer.
– Muy bien, es un fémur.

Trabajo de forense. Tras estos talleres, los integrantes de la Brigada Nacional de Búsqueda hablan como experimentados forenses y abogados; no solo conocen la ley, sino saben cómo hacer la búsqueda de restos
humanos.

En los días anteriores a la salida al campo, los brigadistas intervienen durante las misas hablando a la población,
explicando en qué consiste su trabajo, animando a los pobladores a denunciar la desaparición de sus seres queridos y a unirse a la brigada o a compartir pistas que permitan hallar restos humanos.

Luego, a partir de las indicaciones anónimas de los habitantes locales –que dejan en el buzón de la parroquia
mapas artesanales de la zona– eligen el lugar donde hacer la búsqueda.

Los brigadistas saben que una cosa es buscar restos debajo de la tierra seca de los estados áridos del norte de México, y otra es buscarlos entre la maleza que cubre la tierra húmeda de otras regiones. Que es distinto
trabajar en el estado de Guerrero, donde hay osamentas enteras sepultadas en las fosas comunes, que buscar
en Veracruz, donde los cuerpos son disueltos en ácido y los fragmentos óseos que quedan son tirados al suelo.

Los brigadistas conocen que un tambo y unas botellas de gasolina pueden señalar la presencia de una «cocina», donde los criminales disuelven los cadáveres; saben interpretar los cambios de color de la tierra y su textura, pues si la varilla se hunde más que en otros lados quiere decir que la tierra ha sido removida, y si la punta de la varilla apesta a cadáver allí puede haber una fosa común.

Y mientras la brigada peina los bosques de niebla del estado de Veracruz, sus cafetales y sus cañaverales, Rosa Neris, una mujer que tiene a dos hermanos y a un cuñado desaparecidos, canta una canción para dar ánimo a sus compañeras:

«Salen, locos de contentos
con sus cargamentos
para ir a buscar, para ir a buscar.
Llevan en su cargamento
palas y varillas para escarbar, para escarbar.
Piensan un huesito encontrar
para que una familia entera pueda descansar.
Y alegres los brigadistas van
buscando aquí, buscando allá, por los caminos»

Con un palo de madera, María Herrera mueve una bota que se encuentra en el suelo. «Esta no lleva mucho
tiempo aquí y es de campesino, pero las chanclas que están allá no pertenecen a alguien de la zona», dice.

La historia de María Herrera. Al lado de la piedra donde la mujer está sentada, unos restos de prendas
amontonadas dejan espacio a una macabra suposición: que poco más allá estén enterrados los cuerpos que las vestían. Un grupo de brigadistas se hunde en la vegetación, a buscar indicios que señalen la presencia de una fosa.

Cuatro hijos de María Herrera han sido desaparecidos. A Jesús Salvador y Raúl se los tragó la tierra del estado
de Guerrero en 2008. Después de más de dos años de inútiles reuniones con funcionarios y de tocar puertas
que se quedaban cerradas, el corazón de María Herrera se derrumbó otra vez.

El «crimen institucionalizado» –como ella define al narcoestado– se llevó a otros dos hijos suyos: Luis Armando y Gustavo, que fueron secuestrados por la Policía Intermunicipal de Poza Rica y entregados a un grupo criminal. Un caso ejemplar de desaparición forzada, o sea cometida por agentes del Estado, los casos que más difícilmente encuentran solución pues el sistema no suele perseguir a sus propios servidores.

«Nuestro Gobierno le dio mucha chamba –trabajo, en argot– a Dios, le mandó gente que aún no había llamado », declara Herrera al reflexionar sobre cómo la guerra al narcotráfico librada por el Gobierno mexicano en 2006 se ha convertido en una guerra contra la población.

En 2011, a unos meses de la segunda tragedia que María Herrera y su familia tuvieron que afrontar, mataron
al hijo del poeta y periodista mexicano Javier Sicilia. El poeta llamó al pueblo mexicano a manifestarse en contra de la violencia e impulsó la creación del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que organizó marchas y caravanas que llevaron a las víctimas a compartir sus experiencias en todo el país y también en Estados Unidos.

Un espacio donde por primera vez los familiares de los desaparecidos se conocieron y compartieron sus dolores. «Mi mamá pensaba que a nadie en México le duele el dolor del otro, pero aún así se fue con la Caravana por la Paz. Y pasó una cosa curiosa, que cuando regresó tenía brillo en sus ojos», recuerda Juan Carlos Trujillo, hijo de María Herrera.

En el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Herrera descubrió que no estaba sola, que muchas mujeres compartían su misma pena y se solidarizaban con ella. Aprendió a transformar aquel dolor en lucha y, poco a poco, a pelear no solo por sus hijos, sino por todos los desaparecidos del país.

La experiencia compartida. «Cuando empecé a salir en las caravanas y en las marchas, vi que la situación que yo estaba viviendo era la misma de muchas familias. Desde allí cambié mi forma de pensar y de sentir », explica esta madre coraje. «Antes en las marchas gritaba ¿dónde están mis hijos?; luego empecé a gritar «¿dónde están nuestros hijos y nuestras hijas? Esto te genera un aliciente, es como si tu solita te untaras un ungüento en tu hígado. Empiezas a librar una lucha dentro de ti misma queriendo sanar, pero la verdad es que hasta la fecha no lo he logrado».

Al ver la transformación que su madre estaba viviendo, Juan Carlos y su hermano Miguel decidieron incorporarse al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. De allí surgió la necesidad de crear una organización civil enfocada en la búsqueda de sus familiares, para apoyar en los trámites y agilizar las investigaciones y, luego, formar una red de enlaces con organizaciones afines de todo el país.

Con su coche, Juan Carlos recorrió parte de México para buscar a familias de desaparecidos con la intención de organizarlas, no solo para que visibilizaran su dolor, sino para que lo atendieran. Y de estas nuevas hermandades que se crearon germinó la idea de crear una Brigada Nacional de Búsqueda.

«Quien busca encuentra, se lo digo siempre a mis hijos», afirma María Herrera. «Antes me aterrorizaba la idea de poder salir al campo y encontrar. Pero ahora veo que a las personas a las que les han llegado sus restos les cambia la vida: se ve en sus rostros esta paz de saber, de que ya no deber de buscar a su familiar y de tener un lugar donde pueden decir ‘aquí está’. Les dieron una muerte indigna, hay que darles por lo menos una sepultura digna».

Jorge Aguiluz ya sepultó los restos de su hijo Jorge Antonio, a quien encontró en enero de 2015, después de once meses de búsqueda. A pesar de esto, viajó más de 1.500 kilómetros para llegar a Veracruz desde el estado
de Sinaloa y participar en la Brigada Nacional de Búsqueda.

«Me siento atrapado, comprometido con este dolor que conozco desde raíz», dice Aguiluz, mientras una lágrima se le asoma bajo los parpados. «Estoy aquí porque siento que mi hijo me ordena que así sea. Me lo ordena su mirada tierna cada vez que miro a su foto», manifiesta.

También Rosa Neris viajó desde el estado de Sinaloa. «No estoy aquí solo por mis familiares, sino por todos los demás. Los desaparecidos son de todos y si yo encuentro a uno encontré al de todos», señala la mujer.

«La búsqueda me hace encontrarme a mí misma; me produce alegría ver la paz reflejada en las familias a las que entregamos aunque sea un huesito, y aún más darles este ánimo para que denuncien, para que se unan a la brigada», anima.

Artículo publicado en Zazpika el 10.10.2016.

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