Doña María llegó a Chilpancingo con la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, un esfuerzo de organizaciones no gubernamentales de varios países del continente que piden el fin de la guerra a las drogas. Esta caravana recorrió más de 5.700 km que separan Tegucigalpa [capital de Honduras] de Nueva York, ciudad a la que llegaron ayer lunes, con el objetivo de pedir a la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) — que se lleva a cabo entre el 19 y el 21 de abril — poner fin a la guerra contra el narcotráfico.

Una treintena de organizaciones entre las que están Global Exchange, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el colectivo ReverdeSer, la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y algunas asociaciones de familiares de desaparecidos, pretenden se abra un debate sobre posibles alternativas y se considere el tema de las drogas como un asunto de salud pública, en lugar de seguridad nacional.

VICE News acompañó a esta caravana, que en su recorrido desde el 29 de marzo hasta el 18 de abril, vio subir y bajar de sus autobuses a unas 800 personas de manera intermitente, aunque hasta Nueva York llegaron unos 35 representantes.

Estamos en Chilpancingo, frente al plantón que el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) levantó tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un espacio construido con palos, lonas y tiendas de campaña. En el ambiente se percibe un silencio cargado de dolor entre las personas que escuchan las palabras de María Herrera, quien como habíamos dicho, tiene a sus hijos desparecidos.

Algunos de los presentes se secan los ojos con un pañuelo, otros suspiran y miran al suelo. Cada uno con su dolor, privado y colectivo. En el templete, otros integrantes de la caravana toman la palabra, la mayoría llorando o con la voz entrecortada.

«El gobierno mexicano gasta millones en el combate a la droga y la militarización, pero lo único que está produciendo es el recrudecimiento de la violencia. Los mismos militares y policías desaparecen a los jóvenes, como pasó con mis hijos», afirma Maricela Orozco Montalvo, otra mujer que integra la caravana.

En marzo de 2014 Gerson, el hijo de Maricela que en ese entonces tenía 19 años, salió de su casa y nunca regresó. El chico, según nos contó Maricela, fue secuestrado cuando se encontraba con dos amigos dentro de una tienda Oxxo, en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz. Los secuestradores pidieron dinero para liberar a su hijo, y a pesar de que se entregó, él nunca apareció.

El mismo día Maricela encontró los cuerpos acribillados de su yerno y de su otro hijo, Alan, en un carro. Ahora ellos forman parte de los más de 27 mil desaparecidos que oficialmente hay en el país.

En su largo recorrido a través de cinco estados, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, ha pasado por todo, desde el calor húmedo de Honduras hasta los fríos bosques de los Altos de Chiapas. De ahí salieron a rumbo a Guerrero, luego Morelos, Ciudad de México, Monterrey y Estados Unidos. Este grupo encontró heridas abiertas en cada región.

«El pueblo garífuna está directamente afectado, vivimos en la costa Atlántica que es un corredor de droga. Los criminales y los militares nos amedrentan, nos matan y violan a las mujeres», dice a VICE News Félix Omar Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), mientras viajábamos rumbo a un concierto organizado por la caravana en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En el Triángulo Norte de Centroamérica — región comprendida entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que algunos prefieren llamar «Triángulo de la Muerte» —, en 2015 ha habido 6.650 asesinatos según Insight Crime. La misma fundación advierte que el año pasado en Guatemala y Honduras se registró una leve baja en la tasa de homicidios, mientras que en El Salvador subió de 70%: hoy el pequeño país centroamericano es el más violento del mundo, con 23 homicidios diarios.

La abogada salvadoreña Aleida Almendarez de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, que también integra la caravana, confiesa traer siempre su documento consigo, para que sea identificable en el caso en que la maten. Almendarez explica que la ‘narcoguerra’ en el Triángulo Norte tiene el nombre de Alianza para la Prosperidad, un programa impulsado por el gobierno de Estados Unidos para supuestamente combatir al crimen organizado, pero que ha llevado a la actual crisis humanitaria.

Alianza para la Prosperidad, Plan Mérida o Plan Colombia: son los diferentes nombres que, según los integrantes de la caravana, tiene la militarización en América Latina. «Hay que reconocer el saldo negativo de esta guerra, de estas guerras, porque son rostros distintos pero estrategias compartidas», afirma Marco Antonio Castillo, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia y miembro de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM).

«Lo que descubrimos durante nuestro recorrido es que el discurso oficial, la mentira, está cayendo. La gente se está organizando», relata Laura Carlsen, analista y directora del Programa de las Américas. «Con esta caravana nos dirigimos a las organizaciones sociales y a la opinión pública, para impulsar la organización de base. Sabemos que no vamos a afectar las decisiones de la UNGASS, para ellos esta guerra fue un éxito en términos de ganancias, concentración de poder y expansión de las fuerzas represivas».

Otro de lo integrantes de la caravana es originario de Nuevo León, estado ubicado en la frontera norte de México, con graves problemas de violencia por narcotráfico. De hecho, a principios de marzo, 500 elementos de Policía Militar llegaron a esta entidad, para reforzar trabajos de seguridad pública, anunció la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) . Jesús González, es activista de Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL) y afirma que el gobierno invirtió millones de pesos para que los medios de comunicación construyeran el discurso de que «la violencia ya pasó». Según el activista, en las calles de Nuevo León ya no hay enfrentamientos, pero se incrementó el número de las ejecuciones.

Las integrantes de FUNDENL, que recibieron a la caravana en Monterrey, utilizan la palabra «guerra» para definir la situación en la que se encuentra la ciudad norteña.

El pasado 14 de abril, la caravana cruzó el Río Bravo caminando por el puente que une Nuevo Laredo a los Estados Unidos. Se dejó atrás Tamaulipas, la entidad que simboliza la violencia y la descomposición social que está dejando esta «guerra» en México.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, en Tamaulipas la tasa de averiguaciones previas por secuestro es casi 694% mayor que la nacional. Los integrantes de Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, que se reunieron con la caravana, denuncian que en el estado hay pueblos enteros desplazados por la violencia del crimen organizado.

Guillermo Gutiérrez Riestra, padre de la joven Raquel, desaparecida en Ciudad Victoria en 2011, relata que en Tamaulipas desaparecen hasta los payasos que trabajan en los semáforos, por ir con la cara pintada y no ser reconocibles.

En un acto público que se llevó a cabo ayer lunes en Nueva York, a un día de la apertura de la UNGASS, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia conoció historias que revelan cómo la guerra al narcotráfico, está afectando también a los estadounidenses.

De acuerdo con Ted Lewis de Global Exchange, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, Estados Unidos es el país que encarcela más personas en el mundo y alrededor de 80% de los presos están recluidos por posesión de droga. En el país, afirma el activista, existe una crisis humanitaria relacionada con el encarcelamiento masivo, que afecta sobre todo a la comunidad negra, al punto que el asunto se volvió un tema en la actual campaña electoral estadounidense.

Esta caravana, según los organizadores, pretende propiciar espacios para un diálogo franco y amplio sobre las políticas globales de drogas, «buscando profundizar en enfoques alternativos y respetuosos de los derechos humanos; así como ampliar el debate, facilitando la presencia de nuevos actores y voces, en especial de quienes han padecido de manera directa las violencias de las guerras contra las drogas».

Durante su gira buscaron «aunar conciencias de pueblos que han sufrido diversas violencias derivadas del narcotráfico y la lucha contra las drogas, para evitar seguir caminando en la soledad, rechazar las violencias y tejer solidaridades que rebasen las fronteras y continúen mas allá de la Caravana y la UNGASS 2016».

Artículo publicado en Vice News el 19.04.2016

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Detrás de las banderas naranjas del movimiento Congreso de los Pueblos, las mayores organizaciones sociales del país desfilaron ordenadamente hacia la céntrica Plaza Bolívar, donde realizaron un mitin final. Allí prometieron no dejar la ciudad hasta que no se hayan concretado todos los puntos acordados con el gobierno en la mesa de negociaciones instalada hace más de un año.

«Estamos aquí en Bogotá para visibilizar los incumplimientos del gobierno y llamamos a la ciudadanía a solidarizarse con nosotros. Porque ‘todos comemos papitas’, dijo el colectivo de campesinos. Todo el mundo necesita de un agricultor todos los días, tres veces al día», declaraba a VICE News Natalia Romero, de la Asociación Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), recordando que en Colombia los pequeños agricultores producen más del 70 por ciento de la comida que se consume en el país.

La marcha del jueves supone la más reciente movilización de la Cumbre Agraria, un espacio de articulación de movimientos de agricultores, indígenas y afrodescendientes que nació después del paro campesino de agosto de 2013. Entonces miles de trabajadores del campo se manifestaron en todo el país durante casi un mes en contra de la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, marchando y bloqueando carreteras, con un saldo de 19 muertos y unos 600 heridos.

El ejecutivo se vio así obligado a sentarse en una mesa de negociación con las organizaciones campesinas, que denunciaban la grave situación que se vive en el campo colombiano.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la tasa de pobreza en el sector rural es del 42.8 por ciento y según el Censo Nacional Agropecuario — que se elaboró en 2014 después de 45 años sin realizarse —, Colombia sigue siendo un país con una concentración de la propiedad rural muy alta: el 41,1 por ciento de la tierra está en manos del 0,4 por ciento de los propietarios.

«En el campo colombiano falta todo por hacer. Esta zona sigue en un atraso enorme en comparación con el resto del país», afirmó el presidente Juan Manuel Santos al comentar los datos del censo.

La Cumbre Agraria denuncia que, a pesar de sus declaraciones, el gobierno sigue favoreciendo a los grandes empresarios del campo y no está haciendo nada para mejorar la situación de los pequeños agricultores, que representan el 83 por ciento de la población ocupada en el sector.

«Valoro positivamente que en mayo de 2014 el gobierno estableciera una mesa de dialogo con la Cumbre Agraria, pero esta decisión surgió en un momento en que el presidente Santos estaba presionado por las elecciones y la posibilidad de no ser reelegido. En la práctica, todavía no se ven en el gobierno acciones concretas de apoyo al campesinado», relata a VICE News Javier Lautauro Medina, de la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Según las organizaciones que integran el movimiento campesino, el gobierno no cumplió con los acuerdos pactados hasta ahora, y por esto la Cumbre Agraria se movilizó durante toda la semana. El pasado martes unos 200 integrantes de la Guardia Indígena tomaron pacíficamente el Ministerio de Agricultura, para obligar el ministro a sentarse otra vez a dialogar con las organizaciones del campo.

«Han habido varios acuerdos entre la Cumbre Agraria y el gobierno sobre varios temas desde mayo de 2014. Registramos avances pero también retrasos, hoy durante nuestra reunión establecimos una nueva metodología para mejorar la implementación de los acuerdos pactados entonces», ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, saliendo de la reunión en el Ministerio de Agricultura, mientras la Guardia Indígena desmontaba el cordón que había instalado alrededor del edificio.

Los acuerdos firmados por el ejecutivo en 2014 supuestamente tenían como objetivo fortalecer la economía campesina y establecer algunas garantías políticas. En particular, el gobierno prometió revisar la situación jurídica de muchos líderes agrarios que se encuentran en la cárcel o que viven bajo proceso judicial.

Según la Cumbre Agraria, hasta ahora no sé ha financiado ninguno de los proyectos de fortalecimiento de la economía campesina y en materia de garantías no solamente no se ha cumplido con desjudicializar los que estaban detenidos, sino que se han criminalizado y asesinado líderes campesinos.

Organizaciones de derechos humanos locales denuncian que 150 campesinos han sido acusados de rebelión y terrorismo y, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde el principio de año los asesinatos de los nativos han aumentado un 58 por ciento.

«Después del paro agrario de 2013 el gobierno ha desarrollado la operación ‘Canción de Cuna’ para adormecer e inmovilizar a la protesta social», explica a VICE News Leonardo Ilich Rojas, miembro fundador del movimiento Marcha Patriótica.

«La estrategia va en tres direcciones: a través de los medios de comunicación se afirma que el gobierno está resolviendo los problemas en el marco de las negociaciones, cuando no es cierto; se criminaliza a la protesta social, diciendo que los campesinos han sido infiltrados por la guerrilla; y se lanza un estatuto de seguridad interno para reprimir la protesta social, subiendo las penas a las personas que participan en las movilizaciones», sentencia Ilich Rojas.

Artículo publicado en Vice News el 04.09.2015

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