¿Por qué la guerra al narco impulsada por el gobierno mexicano en 2006 causó violaciones a los derechos humanos en lugar que acabar con el narco?

En 2000, cuando el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la presidencia de la republica y entró Vicente Fox del Partido de Acción Nacional (PAN), se rompió la hegemonía que el PRI había tenido durante unos 80 años. No se trataba sólo de hegemonía política sino en la producción y distribución de drogas, en los años ’70 el estado mexicano producía heroína o goma de opio que vendía a los EEUU. Había una industria estatal de la droga, es un hecho documentado. Estos cultivos nunca se erradicaron y en el tiempo el estado perdió el dominio en la producción de droga, dejando lugar a los carteles criminales.

Con la entrada del PAN empezaron a haber divisiones entre grupos del narco en su disputa territorial. Esto se agudizó cuando en 2006 el gobierno anunció su guerra al narco, y el ejército empezó a actuar frontalmente como un nuevo actor armado en el territorio. No entendemos bien de que lado juega el ejército, si está apoyando a un cártel, o si para debilitar a uno acaba fortaleciendo a otro, o está atacando a todos por igual.

La situación de crisis actual que vive México, de violación a los derechos humanos por parte de agentes del estado, se agudizó ulteriormente en 2008 con la Iniciativa Mérida, un plan de seguridad diseñado desde EEUU que se concretiza en la militarización del país. La sociedad civil se encuentra en medio de esta disputa para el control del territorio entre cárteles del narco, y entre ellos y el ejército, e intenta defender el mismo territorio.

¿Por qué el estado desaparece a las personas en lugar que matarlas?

No podríamos decir porqué lo hace, pero podemos hablar de las consecuencias que esto genera. Cuando se desaparece a una persona sus seres queridos sienten ansiedad, angustia y miedo. Hay incertidumbre, no se sabe lo que está pasando.

El asesinato y la desaparición forzada –que por definición es cometida por agentes del estado- se tocan en un punto que representa la frontera entre la delincuencia organizada y el estado mexicano, como actores que están impregnados el uno del otro.

¿Por qué consideran a Peña Nieto como responsable de los hechos de Iguala? El crimen ha sido cometido por la Policía Municipal, ¿no hubiera podido haber sido ordenado por el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sin intervención del gobierno federal?

El vínculo entre el narco y el estado no empieza en Iguala el 26 de septiembre. México se puede definir como un narcoestado porque la criminalidad organizada tiene tanto poder como para tener la capacidad de decidir quien es presidente municipal, inyectando recursos a las campañas electorales. Muchos alcaldes han sido denunciados como parte del crimen organizado y el gobierno nunca intervino, entonces la responsabilidad del estado mexicano es por omisión y Peña Nieto es responsable en cuanto titular del ejecutivo federal. Sin embargo, la delincuencia organizada no ha empezado con él, el estado generó condiciones para que hechos como lo de Iguala sucedieran. La criminalidad organizada es una inercia que el estado viene arrastrando desde hace más de 40 años, que es producto de sus acciones y omisiones.

Con este panorama, ¿las familias confían en la posibilidad de que el estado haga justicia? 

Las demandas de los padres fueron cambiando en este periodo. Al principio exigían al gobierno del estado de Guerrero la presentación con vida de sus hijos, luego exigieron la intervención del gobierno federal. Hoy en día no confían en ninguno de ellos y creen que Peña Nieto sólo quiere limpiar su imagen para seguir haciendo sus giras para ofertar a los inversionistas internacionales los recursos naturales de México.

El movimiento que se formó en solidaridad con Ayotzinapa pide la renuncia de Enrique Peña Nieto. ¿Qué se esperan de su eventual renuncia? ¿Piensan que podría llevar a un cambio real en el país?

El movimiento de apoyo a los padres de familia ha reivindicado públicamente que la exigencia es la renuncia de Peña Nieto, por ser responsable de la violencia de estado y entonces de los hechos de Iguala. Sin embargo, los estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa afirman que el problema no es Peña Nieto per se, sino es la estructura sobre la cual se sostiene el sistema político, que permite a una figura como Peña Nieto de estar en el poder. Los normalistas están buscando garantías reales de no repetición, y no se la pueden pedir al estado mexicano siendo que muchas violaciones a los derechos humanos son cometidas justo por actores estatales.

Por esto, el pueblo tomó unos 20 municipios en el estado de Guerrero donde se conformaron consejos populares con la idea de generar un proceso de construcción política desde abajo, que establezca espacios donde se tomen decisiones colectivamente. Los estudiantes están buscando otros espectros de posibilidad organizativa asociados con la auto tutela de los derechos. Se trata de garantizarlos a sí mismos sin pasar por las estructuras del estado. Esto te pone frente a un movimiento autonómico que toma como ejemplo las Juntas de Buen Gobierno zapatistas.

El pasado 15 de noviembre una comisión de estudiantes de Ayotzinapa y de familiares de los 43 desaparecidos encontró a la Comandancia del EZLN en territorio zapatista. ¿Se tomaron algunas decisiones durante este encuentro?

La prensa dijo que del encuentro entre las familias de los estudiantes desaparecidos y el EZLN nació la voluntad de conformar un movimiento nacional contra la desaparición forzada, no estoy muy de acuerdo con esta interpretación. Los familiares y el EZLN se reconocieron como parte del mismo dolor, como portadores de la misma rabia. Su idea es generar un movimiento nacional para cambiar las estructuras que permiten que sigan ocurriendo situaciones como la de Iguala. Su voluntad es acercarse a los otros dolores que hay en México, a personas que son víctimas de la misma violencia de estado, bajo la hipótesis que de esta forma puedan hacerse fuertes y crear causas comunes, que permitan construir otros tipos de relaciones sociales.

Entrevista publicada en Upside Down World el 24.02.2015

The post “El estado mexicano generó condiciones para que hechos como los de Iguala sucedieran.” Entrevista con Román Hernández Rivas del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

La tarde del lunes 17 de marzo de 2014 la céntrica Plaza Simón Bolívar de Bogotá estaba llena de gente. Unos 30 mil campesinos y campesinas procedentes de todo el país se movilizaron en defensa de la producción nacional, lamentando los incumplimientos de los compromisos tomados por el presidente Juan Manuel Santos, además de los altos costos de los insumos, la competencia debida a los Tratados de Libre Comercio (TLCs), los problemas de acceso a la tierra y las dificultades infraestructurales, que hacen difícil la comercialización de sus productos. 

 La marcha fue el ultimo acto, de una movilización que empezó el 15 de marzo en Bogotá con la Cumbre Nacional Agraria, un espacio que reunió las organizaciones que participaron en el paro agrario del agosto de 2013 – como la Mesa de Interlocución y Acuerdos (MIA), el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica, la Coordinadora Nacional Agraria (CNA) y el Proceso de Comunidades Negras – además de los indígenas de la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia), que el año pasado se manifestaron por separado en una Minga Social, Indígena y Popular (octubre de 2013).

 La movilización contó también con la participación, como en agosto de 2013, de muchos sectores urbanos en apoyo a los campesinos que producen más del 70% de la comida que se consume en el país. “El colectivo que integro se está movilizando en solidaridad con el campesinado colombiano, estamos preocupados por la táctica de represión aplicada por el Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) en el ultimo paro agrario, que causó 19 muertos y unos 600 heridos. En respuesta a esto atropellos estamos organizando con otros colectivos bogotanos unas Jornadas Antirepresivas para principios de abril”, nos relata Fernando del Colectivo ALDEA (Acción Libre Directa y Experimental por la Autonomía) de Bogotá.

 La movilización nacional, campesina y popular del agosto de 2013 tuvo como antecedentes el paro del sector cafetero de febrero 2013 y el estallido del Catatumbo, región fronteriza con Venezuela donde en junio 2013 los cultivadores de coca se movilizaron durante 53 días pidiendo al gobierno alternativas a los cultivos de uso ilícito, única posibilidad que se les presentó en el momento en que, a causa de las lógicas inicuas del mercado, la producción de alimentos dejó de ser rentable.

 “El campesinado colombiano sufre un abandono estructural que se agravó con la imposición de los Tratados de Libre Comercio (TLCs). En realidad, ni siquiera se trata de libre comercio, puesto que los gobiernos subsidian su agricultura. Los productos agrícolas importados de los Estados Unidos son más baratos que los colombianos, hecho que pone en desventaja nuestros campesinos, a punto que han quebrado algunos sectores agrícolas”, explica a Upsidedownworld Leonardo Rojas Díaz de ASCAMCAT (Asociación Campesina del Catatumbo).

 De hecho, en mayo de 2013 – después de un año de la entrada en vigencia del TLC con los Estados Unidos – según la revista Portafolio las importaciones colombianas registraron un crecimiento del 50%, principalmente en el rubro alimentario. Analizando los datos relativos a las exportaciones de café, producto de punta del país y cuya calidad enorgullece a la población colombiana, descubrimos que en el mismo periodo registraron una caída del 31%, mientras que su importación llegó al 59.1%.

 Durante la Cumbre Agraria de este marzo, las organizaciones participantes han afirmado su respaldo al proceso de paz que se está llevando a cabo entre el gobierno y la guerrilla de las Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y construido un pliego único de exigencias, que comprenden la aprobación de una reforma agraria integral, la aplicación de los procesos de consulta previa de las comunidades antes de la implementación de megaproyectos, un régimen de subsidios que proteja la producción nacional y la derogación de la resolución 970 del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario), que prevé la obligación de sembrar puras semillas certificadas y transgénicas, producidas por empresas transnacionales. Además, se ha acordado de establecer, en el caso en que el gobierno no cumpla los acuerdos tomados en las mesas de negociaciones regionales, una ruta de movilización campesina nacional.

 Los incumplimientos del gobierno – que, sin embargo, afirmó haber formalizado 70 de los 183 compromisos tomados tras el paro campesino de 2013 – fueron la mecha que originó la convocatoria a la Cumbre Nacional Agraria. Según las organizaciones adherentes, lo único que hizo el gobierno de Juan Manuel Santos fue empezar un proceso de concertación (12 de septiembre de 2013) para la firma de un Pacto Agrario con los gremios del agro colombiano, que las organizaciones de base consideran representantes del agronegocio. “El Pacto Agrario no es nuestra alternativa”, afirmó Olga Quintero, vocera de la Mesa de Interlocución Agraria (MIA), durante el panel de inauguración de la Cumbre Nacional Agraria. “Se trata de una propuesta de la oligarquía para desalojarnos de nuestros territorios”.

Tal vez la marcha del 17 de marzo de 2014 representa un ensayo general del próximo paro campesino, étnico, afrodescendiente y popular, cuya fecha se establecerá la primera semana de mayo en el caso en que el gobierno siga haciendo oídos sordos a las solicitudes de las organizaciones sociales. Se trata de una coyuntura muy peligrosa para Juan Manuel Santos, siendo que para el 25 de mayo están previstas las elecciones presidenciales donde espera ser reelecto.

Artículo publicado en Upside Down World el 29.03.14

The post Cumbre Nacional Agraria en Colombia: ¿hacia un nuevo paro del campesinado? first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Por su cercanía con Miguel Alemán, base de las operaciones de los paramilitares de Desarrollo, Paz y Justicia, la pequeña comunidad maya chol de Susuclumil (Municipio de Tila) ha sido elegida como sede de la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP), en su capítulo que está focalizado en la guerra contrainsurgente que se desató en Chiapas después del levantamiento zapatista de 1994. “El TPP es una institución que no tiene jurisdicción pero quiere ser voz de aquellos que han sufrido injusticias por parte del gobierno o de los grupos armados. Llevaremos estas causas a los niveles más altos de justicia internacional”, nos relata el miembro del jurado Guillermo Villaseñor.

La preaudiencia se llevó a cabo el 6 y 7 diciembre de 2013 y concluyó con la declaración de culpabilidad del Estado mexicano por brindar “cobertura, seguridad y apoyo económico a las fuerzas paramilitares”. Además, según los jueces del TPP, el estado no ha garantizado el acceso de las víctimas a la justicia y “existen elementos para responsabilizar al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por colaborar con las estructuras de procuración de justicia para ocultar las violaciones de derechos humanos”.

Las conclusiones de los jueces se sacaron a partir de los testimonios de los familiares de las víctimas, que por motivos de seguridad prefirieron quedar anónimos. De estos se extrae que los paramilitares nunca atacaron a guerrilleros, sino a la población inerme: bases de apoyo del EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), afiliados al PRD (Partido de la Revolución Democrática, agrupación socialdemócrata), integrantes de organizaciones populares que no apoyaban el oficialismo. Y de este modo las personas implicadas cuentan los asesinatos, descuartizamientos, violaciones sexuales, torturas y quemas de casas que vivieron en primera persona. Después de veinte años y las noches de insomnio el recuerdo sigue vivo, el dolor no se ha ido.

Frente a los jurados del TPP una mujer relata de cuando, aún adolescente, vio descuartizar a su padre. Algunos recuerdan el momento en que encontraron a un ser querido asesinado en una emboscada y otros los días difíciles pasados en la montaña a la intemperie, mientras los desplazados huían de la violencia de sus comunidades para encontrar amparo en otros poblados de la región, muchas veces dejando sus parcelas y sus casas quemadas por los paramilitares, con todas sus pertenencias dentro. Un hombre cuenta que en 1995, en la comunidad del Limar, estuvo encerrado quince días con otras personas en una casa rodeada por los grupos armados ilegales, hasta que finalmente algunos lograron huir a la ciudad de Palenque y otros a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas.

Muchas personas afectadas por la violencia paramilitar han acudido a los tribunales de Tuxtla Gutiérrez para pedir justicia. De hecho, se conocen los nombres de quienes mataron y de quienes mandaron matar. Se conocen también sus caras, que los familiares de las víctimas siguen encontrando en las calles o en los palacios del poder, ahora convertidos en alcaldes o diputados, habiendo formado parte de las filas de Desarrollo, Paz y Justicia.

De hecho, los crímenes de los paramilitares siguen impunes. Así ocurrió con la masacre de la comunidad de Viejo Velasco, donde el 13 noviembre de 2006 alrededor de 40 integrantes de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por unos 300 elementos de la Policía Sectorial, asesinaron a 5 personas, desaparecieron a 2 y desplazaron a 36, que nunca pudieron regresar a sus tierras.

Otro ejemplo de impunidad es el caso de la comunidad de Acteal, en los Altos de Chiapas, donde el 22 diciembre de 1997 un grupo de paramilitares del grupo Máscara Roja, afiliados al Partido Revolucionario Institucional (PRI), asesinó a 45 personas de la asociación Sociedad Civil Las Abejas de Acteal durante una oración. De los 87 paramilitares encarcelados, 51 fueron liberados. “Los liberaron bajo fianza y recibieron dinero, casa y tierra”, denuncia frente al TPP Rosendo Gómez Hernández, presidente de la mesa directiva de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. La asociación denuncia también la manipulación de los líderes comunitarios por parte de las autoridades a través de la entrega de dinero o regalos, que Rosendo Gómez Hernández define “balas de azúcar”.

Además, según el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, la implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales es otra etapa, empezada después de 1999, de la guerra de contrainsurgente que las autoridades mexicanas están librando contra las comunidades organizadas chiapanecas, con el objetivo de dividirlas y comprar a sus dirigentes. Sin embargo, aunque con diferente intensidad, la violencia paramilitar no ha terminado: los manuales de contrainsurgencia de los ’90 – “Plan de Campaña Chiapas 94” y “Chiapas 2000” – se siguen aplicando tanto en la selva Lacandona como en los Altos de Chiapas.

Artículo publicado el 13.01.2014 en Upside Down World

The post El Tribunal Permanente de los Pueblos y la guerra de contrainsurgencia en Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

El cielo de Tegucigalpa se llenó de humo en la tarde del 26 de noviembre del 2013, frente a la sede de la Universidad Autónoma de Honduras (UNAH). Las y los estudiantes indignados por la fraudulenta elección a presidente de Juan Orlando Hernández se juntaron al medio día en una asamblea adentro de la universidad y, una vez que salieron a la calle, hubo una confrontación con la policía. 

“Estábamos manifestandonos pacíficamente cuando nos dispararon en contra con el hidrante para provocarnos”, aseguró un joven cuyo ojos cafés se vislumbraban debajo de una camiseta que le tapaba todo el rostro. Con la boca cubierta para protegerse de los gases lacrimogenos, los estudiantes hondureños lanzaban piedras en contra de la policía que bloqueaba la carretera con una camioneta, respondiendo a las piedras con gases e hidrantes. Al final del día, se reportaron algunos jóvenes heridos y detenidos.

“Nos manifestamos porque Juan Orlando Hernández se ha instalado de forma factica en la presidencia: mientras que presidía el Congreso Nacional, se ha apoderado de la Corte Constitucional y del Ministerio Publico. Además, ha creado una Policía Militar de Orden Público que es un retroceso a la década de los ’80, cuando desaparecían a los jóvenes sólo por tener ideas diferentes y estar en contra del sistema. No hemos de permitir que la policía militar nos siga reprimiendo, tenemos que salir a las calles”, me estaba diciendo Héctor Amador de la Universidad Autónoma de Honduras, cuando unos disparos anunciaron una lluvia de gases lacrimógenos lanzados en nuestra dirección. Interrumpimos la conversación y escapamos, mientras que el aire se llenaba de humo que quemaba los ojos y la garganta.

La rabia de las y los jóvenes hondureños en contra del fraude electoral no pudo esperar las declaraciones oficiales. De otro lado, algunas bases del partido Libre (Libertad y Refundación) que el día después de las elecciones se juntaron para una manifestación espontánea contra el fraude electoral, aún están esperando a que el partido trace su linea de conducta.

Libre significa una fuerza política importante en el país y hoy estamos en primer lugar”, declaró Castro. Libre es un partido con varias y distintas almas, que reúne políticos tradicionales y activistas de los movimientos sociales. La mayoría de sus líderes son ex afiliados al Partido Liberal que se deslindaron del golpe de estado de junio 2009 y apoyaron al ex presidente “Mel” Zelaya en la formación de un nuevo partido. Esto quiere decir que muchos cuadros de Libre, que propone “una vía hondureña” al Socialismo del Siglo XXI, no son nada más que ex líderes del Partido Liberal, agrupación política expresión de la oligarquía hondureña que durante unos cien años se alternó en el poder con el Partido Nacional.

Libre nació después del regreso del exilio del ex presidente Zelaya, en mayo de 2011. Al principio no todas las organizaciones del FNRP (Frente Nacional de Resistencia Popular, entidad nacida para luchar en contra del golpe de estado de junio) aceptaron la transformación del movimiento en partido. De hecho, la creación de Libre dividió al FNRP entre una corriente “electoral” y una “refundacional”, que creía necesario seguir con las movilizaciones en las calles en lugar que apostar a la vía electoral.

Sin embargo, con el pasar del tiempo, muchos integrantes de la corriente antipartidaria del FNRP empezaron a ver en “doña Xiomara” una oportunidad para romper el bipartidismo que oprime al país desde hace cien años, además de un desafío al machismo hondureño y al poder de la oligarquía del país, un puñado de familias que controlan el sistema político y económico del país centroamericano.

“Creo que es importante que gane Libre, en Honduras hay necesitad de que otra fuerza política partidaria se instale en el gobierno”, explica la coordinadora general de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) Bertha Cáceres, que encontré en la vigilia de las elecciones. “Creemos que Libre no hará cambios profundos, el poder real lo va a tener la oligarquía aunque Libre triunfe. De todos modos, representaría un gobierno distinto a lo que hemos tenido con la ultraderecha fascista, y sería también algo histórico tener a una mujer presidenta, aunque sabemos que no necesariamente con ella las mujeres alcanzaremos una vida digna”.

Artículo publicado el 29.11.2013 en Upside Down World

En una Ya en agosto de 2013, a la movilización campesina se sumaron mineros, camioneros, trabajadores de la salud, maestros y estudiantes, que “tomaron” hasta la capital.

The post Honduras: las diferentes almas del partido Libre y la represión en contra de los estudiantes first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

El domingo 24 de noviembre del 2013 la escuela República de Chile, en el barrio popular El Reparto por Bajo de Tegucigalpa, parecía un hormiguero. Las calles que la rodean estaban llenas de gente que acababa de votar, o que estaba esperando su turno. El sol bajaba sobre la larga fila de personas que serpenteaba hasta la escuela y, según cuenta la gente del barrio, el desfile de votantes había empezado temprano en la mañana. Algunos dicen no recordar una afluencia tan alta en las elecciones.Adentro de la escuela las personas empujaban para entrar, para salir o para depositar su boleta electoral en la urna. La confusión era tanta que algunos colocaron su boleta en la urna equivocada, o sin sellarla. Los militares presidiaban la entrada de la escuela, de la misma forma que otros 28 mil miembros de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional que el gobierno hondureño desplegó para vigilar sobre las elecciones.
“Hoy monitoreamos varias sedes electorales y no registramos problemas, aunque esto no significa que no hubo ninguno”, relata Ron Nearing, ex presidente del Partido Republicano de California. “Todas las sedes electorales están resguardadas por los militares y creo que es un elemento positivo hasta que su rol sea limitado en cuidar la seguridad de la urnas”.
Alrededor de 20mil observadores, entre ellos unos 800 internacionales, han sido acreditados para vigilar sobre la transparencia del proceso electoral hondureño. Sin embargo, la Mesa de Análisis sobre Violación a Derechos Humanos recogió más de 60 denuncias de irregularidades durante el proceso electoral, entre ellas hostigamiento a observadores internacionales, militarización de medios, acoso militar contra integrantes de mesas electorales y compra de votos por parte del oficialista Partido Nacional, a cambio de comida o dinero.
Además, la noche de la vigilia de las elecciones ha sido manchada de sangre: en el Municipio de Cantarranas (Departamento de Francisco Morazán) dos dirigentes campesinos del partido Libre han sido asesinados por hombres encapuchados con armas de alto calibre, mientras que se dirigían a su casa en la comunidad El Carbón. Los lideres locales ya habían recibido amenazas de muerte a causa de su lucha por la tierra por parte del terrateniente local, afiliado al oficialista Partido Nacional. Estas muertes se suman a las de los 35 candidatos (18 de ellos del partido Libre) que según un informe de la ONG canadiense Rights Action han sido asesinados entre mayo del 2012 y octubre de este año.
“Durante la semana pre electoral se ha incrementado la presencia militar y policial, incluso con reservistas, no es un clima que ayuda el desarrollo de elecciones democráticas”, denuncia Bertha Cáceres, coordinadora general de COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras). Según nos relató Cáceres, además de policía, ejercito y aparatos de inteligencia, en Honduras operan también cuerpos encubiertos y agencias privadas de seguridad, cuyos efectivos duplican el número de militares y policías. Azadeh Shahshahani, presidenta de Nacional Lawyers Guild, añadió haber viajado en avión desde Georgia con algunos militares hondureños alumnos de la Escuela de las Américas, que regresaban al país centroamericano en ocasión de las elecciones.
“Creo que Juan Orlando Hernández (Partido Nacional) es el candidato que ayudaría al pueblo. Voté por Orlando para que nuestro país tenga un buen futuro y podamos acabar con la delincuencia”, relata Lesly Yamileth Avilez de 18 años, que encontré en el barrio El Reparto por Bajo de Tegucigalpa.
De hecho, la campaña de Juan Orlando Hernández estaba centrada en el control de la inseguridad a través del despliegue de la fuerza policial, en un país que tiene un promedio de veinte asesinatos al día y una impunidad que abarca el 80% de los delitos. Juan Orlando – rebautizado Juan “Robando” por sus detractores – es el promotor de la Policía Militar de Orden Público, cuerpo de élite creado para frenar el crimen organizado y la delincuencia común. Su propuesta de militarización de la sociedad y expansión de la industria maquiladora, como de los monocultivos de caña de azúcar y de palma africana, según el Tribunal Supremo Electoral le garantizó la presidencia recogiendo el 34.08% de los votos.
En la mañana del lunes pasado, en una rueda de prensa animada por sus bases, el Partido Libre (Libertad y Refundación) desconoció los resultados electorales que atribuyeron sólo el 28.92% de los votos a su candidata Xiomara Castro. Manuel “Mel” Zelaya – ex presidente de Honduras, esposo de Xiomara Castro y coordinador general de Libre – denunció que más del 20% de las actas no han sido registradas, aseguró no buscar ningún acuerdo con el Partido Nacional y afirmó que al termino de los escrutinios, si necesario, Libre hubiera salido a la calle para defender su derecho. Según las ultimas declaraciones, el viernes 29 de noviembre el partido presentará las pruebas del fraude.

Artículo publicado en Upside Down World el 29.11.2013

The post Militarización e irregularidades en las elecciones hondureñas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

En el frio pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, trepado en la Sierra Norte del Estado de Oaxaca (México), entre 7 y 13 de octubre 2013 se llevó a cabo la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena.

“Esta cumbre es muy importante porque nos permite fortalecer nuestra red de mutuo apoyo, de forma que podamos hacer presión internacional”, relata Liliana Pachana Moila, colombiana del pueblo misak que trabaja en la creación de contenidos pedagógicos para las radios.

De hecho, la plenaria acordó construir una  Plataforma Multimedial de Comunicación Indígena del Abya Yala, como herramienta de articulación y socialización de los procesos políticos y de comunicación de los pueblos indígenas, así como una Escuela Itinerante de Comunicación para ellos.
Acudieron al encuentro comunicadores y comunicadoras, sobre todo indígenas, procedentes de varios países americanos para compartir sus ideas y experiencias. Algunas especialmente exitosas, como la de Canal 22 de Nicaragua, que tiene el rating más alto de la zona donde opera, o la ecuatoriana Tv Micc, que ha nacido de la movilización social del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (Micc). El canal indígena ecuatoriano logró cambiar la agenda de los medios comerciales y de aquellos del estado. “Al principio nos discriminaban como ‘el canal de los indios’, luego empezaron a preocuparse porque tenemos un producto de calidad, con una señal buena y una buena recepción de parte de la gente”, relata José Venegas, comunicador integrante del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi. “Pensaban que como es un canal indígena iban a pasar indígenas todo el día, mientras que tenemos un noticiero en quitchwa y uno en español, programas musicales y culturales, documentales y reportajes que los otros canales no te van a dar, cinema alternativo latinoamericano, europeo y estadounidense para que la gente piense de otra forma. Vinculamos también a la población mestiza y creemos que no tenemos que quedarnos chiquitos sólo porque somos un canal indígena”.
Los medios de los pueblos originarios, según los participantes en la cumbre, deben utilizar el idioma indígena que refleje a sus cosmovisiones, reforzar los procesos organizativos y la cohesión e identidad de los pueblos, promoviendo el buen vivir y proyectando hacía afuera una “buena imagen” de los pueblos originarios, que los otros medios presentan como folklóricos, terroristas o borrachos. Además, tienen que trabajar para la eliminación del neocolonialismo, del racismo y del patriarcado. De hecho, el medio comunitario mismo puede convertirse en un espacio de formación y empoderamiento para las mujeres.
Las y los comunicadores indígenas no deben sólo aprender el utilizo de las herramientas de la comunicación, sino formarse como lideres capaces de denunciar los atropellos que padecen sus pueblos y los planes gubernamentales que afectan a sus territorios. Por esto ser comunicador indígena, sobre todo en países como México, Colombia y Honduras, puede ser muy peligroso. “En Honduras los pueblos lenca y garifuna trabajan muy de lleno en lo que son las radios comunitarias y han tenido una fuerte represión por parte del gobierno. Les tiene miedo porque las radios pasan la información real sobre lo que está sucediendo en el país”, relata Wilma Calderón de la organización del pueblo misquito Masta.
Sin embargo, ni el pueblo lenca ni el garifuna estaban presentes en la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena, como muchos otros pueblos, colectivos y organizaciones que decidieron boicotear el encuentro. El motivo es bien reasumido por Tonatiuh Díaz, de Ojo de Agua Comunicaciones de Oaxaca, que no acudió al evento: “No creo que se pueda organizar una cumbre continental sólo con nuestros recursos, pero depende de dónde viene el financiamiento. El dinero que financió la cumbre es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que es la misma que está persiguiendo las radios y la inversión que hicieron es muy alta si consideramos las necesidades que tienen las comunidades. Además vimos como ridícula la invitación que se hizo al presidente Enrique Peña Nieto”.
“Respecto la opinión de quienes decidieron no participar pero planteo que podemos sentarnos a dialogar con Peña Nieto, frente a frente y de forma digna, exigiendo las cosas sin pedirlas”, contesta el mexicano José Luis Matías Alonso, documentalista del pueblo nahua y miembro del grupo impulsor del comité organizador. “Además, es cierto que recibimos un financiamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no nos han mandado ningún guion y no afectará la autonomía en la toma de decisiones de esta cumbre”.
Pues parece que para las organizaciones presentes como para las ausentes la autonomía con relación al gobierno sea un elemento imprescindible, pero hay posiciones muy diferentes a la hora de definir en cuales condiciones ésta se pueda ejercer. Algunos piensan que hay que exigir financiamientos por parte del gobierno sin dejar que afecte a la autonomía del medio, otros creen que sí hay que aceptar dinero público, pero no por parte de todas las instancias gubernamentales y sólo bajo algunas condiciones, y otros más piensan que para preservar la autonomía no hay que aceptar ningún financiamiento gubernamental.
Otro tema controvertido tiene que ver con el reconocimiento que el gobierno otorga a los medios indígenas: si algunos buscan la “legalización” de su operar, otros se declaran orgullosos de no tener ningún reconocimiento oficial. De todos modos, la situación es muy diferente de país a país: por ejemplo en Bolivia las comunidades manejan el 17 por ciento de la banda radioeléctrica, mientras que en México, según una investigación del periodista Francisco Vidal Bonifaz, sólo 15 radios comunitarias tienen permiso oficial.
La actitud hacía el gobierno sigue siendo un tema que opone a los movimientos, y es allí donde el estado se mete para dividirlos.

Artículo publicado el 22.10.2013 en Upside Down World

The post Autonomía y pueblos originarios: la II Cumbre Continental de Comunicación Indígena first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.