Era principios de julio cuando las autoridades llegaron a la casa de Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre, en el Estado de Guerrero. Les hablaron de forma muy directa: «Se han encontrado los restos de su hijo Christian en la barranca La Carnicería, en Cocula, el ADN corresponde. Se trata de un fragmento de dos gramos».

Clemente Rodríguez contestó con calma a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos que encabeza la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, y a Omar Gómez Trejo, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. «Les agradezco, ustedes están haciendo bien su trabajo», dijo. «Pero no veo cuerpo, no veo algo que me convenza. Me dicen que el fragmento óseo es del pie derecho de Christian, pero una persona puede sobrevivir aunque le corten un pie. No voy a aceptar tan fácilmente que mi hijo esté muerto».

Clemente Rodríguez y Luz María Telumbre viven en el poblado de Tixtla, a pocos kilómetros de la Escuela Normal Rural de Ayoztinapa, donde su hijo Christian Alfonso estudió hasta 2014, cuando desapareció junto a otros 42 estudiantes en un ataque en Iguala donde tambiénresultaron heridas más de 80 personas y seis fueron asesinadas.

En el momento de conversar por teléfono con este diario, Clemente Rodríguez estaba de regreso de Iguala, donde se manifestó junto con su esposa y los demás padres de Ayotzinapa para exigir la entrega de las grabaciones de las cámaras que se encuentran afuera del Palacio de Justicia, uno de los escenarios del ataque, y que supuestamente se perdieron. También se estaba preparando para viajar a Ciudad de México, donde este sábado marchará con motivo del sexto aniversario de la desaparición forzada de los estudiantes, y participará en la presentación del informe del presidente López Obrador y otras autoridades sobre los avances del caso.

El 26 de septiembre de 2014, unos autobuses donde viajaban los jóvenes de Ayotzinapa fueron atacados en Iguala. Los hechos fueron inmediatamente atribuidos a la Policía Municipal y a la organización criminal Guerreros Unidos. Sin embargo, de acuerdo con el informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), un grupo de investigadores designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estaban también presentes policías municipales, estatales, federales y el ejército.

La hipótesis hasta ahora más acreditada es que el ataque se dio para recuperar un paquete con heroína que estaba oculto en uno de los autobuses, sin que los estudiantes lo supieran. Se basa en las declaraciones de Pablo Cuevas Vegas, un integrante de Guerreros Unidos que, durante un juicio en Estados Unidos, afirmó que su organización traficaba droga de Iguala a Chicago utilizando autobuses.

Los intentos de encubrimiento de las autoridades judiciales, y no sólo la participación de las policiales y militares en el ataque, llevaron a los padres de los estudiantes desaparecidos a una conclusión univoca: fue el Estado.

De acuerdo con el GIEI, 56 detenidos han sido torturados para que confirmaran la reconstrucción que el ex Procurador General Jesús Murillo Karam calificó de «verdad histórica». Esta versión afirmaba que los estudiantes habían sido atacados por la Policía Municipal y Guerreros Unidos porque fueron confundidos por integrantes de un grupo adversario. Los jóvenes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula y sus restos arrojados en el cercano río San Juan.

Son 61 los funcionarios implicados en las torturas, entre ellos el ahora prófugo en Israel Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal, acusado de haber «sembrado» evidencias. El funcionario estuvo recorriendo la orilla del rio San Juan con un presunto jefe de Guerreros justo el día anterior al hallazgo, en el mismo sitio, de una bolsa con los restos del único otro estudiante identificado hasta ahora, Alexander Mora Venancio.

Ya en su informe final de 2016, los expertos independientes del GIEI habían afirmado que no existen evidencias que apoyen la «verdad histórica», y el descubrimiento del fragmento óseo de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, que se dio a más de 800 metros del basurero de Cocula, confirma lo dicho por el GIEI.

«Este hallazgo es muy importante porque cambia la narrativa impuesta por la Procuraduría General de la República (PGR), pues se da en un sitio completamente diferente al que se quiso imponer como único lugar de destino final de los estudiantes», afirma María Luisa Aguilar Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), ONG que acompaña a los familiares de los 43 estudiantes. «Además da cuenta que si se utiliza asistencia técnica internacional se pueden dar respuestas a los familiares de las más de 73.000 personas desaparecidas en México».

Las autoridades mexicanas tuvieron el apoyo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y del prestigioso laboratorio del Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, donde han sido analizados los restos de Christian, que se encontraron junto con otros fragmentos óseos en noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, un sitio que ya había sido peinado por la PGR en 2014.

La verdad parece todavía lejana y el paso del tiempo dificulta el trabajo de los investigadores. Se han dado avances gracias al trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa y de la Unidad Especial de la Fiscalía, creadas por el presidente López Obrador al tomar posesión del cargo en diciembre de 2018.

«Creo que están trabajando bien aunque van lentas, hay voluntad política pero poca capacidad. Habría que destinarles más recursos», afirma Omar García, exestudiante de Ayotzinapa. De acuerdo con el joven, superviviente del ataque del 26 de septiembre de 2014, lo mismo habría que hacer con los demás casos de desaparición forzada que existen en México.

De hecho, a diferencia de la administración anterior, la de López Obrador parece tener la voluntad de esclarecer algunos casos, pero sólo los que se han vuelto muy mediáticos y han capturado la atención internacional. «La lógica de este Gobierno es resolver algunos casos emblemáticos, como el de Ayotzinapa, la masacre de la familia mormona LeBarón o algunos celebres casos de corrupción», afirma Jacobo Dayán, experto en derecho de la Universidad Iberoamericana. «Pero no hace nada para contrastar de forma sistémica la violencia y las violaciones a los derechos humanos, que en México son sistemáticas», concluye.

Artículo publicado en Público el 26.09.2020

The post Seis años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa: los dos gramos de fragmento óseo que cambiaron la versión oficial first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Lo mismo dijeron a Zoraida Muñoz unos hombres de la Fiscalía, cuando le enseñaron la foto de su hijo Jonny Duvián Soto Muñoz. Estaba boca arriba y con tres tiros en la espalda. “Me explicaron que había sido un enfrentamiento con el ejército, que mi hijo traía un revolver”, recuerda la mujer. “Pero mi hijo jamás ha sido guerrillero”.

Era 2008, y desde hace algunos meses los noticieros reportaban una noticia alarmante:soldados asesinaban jóvenes, les sembraban armas y los presentaban a la opinión pública como guerrilleros caídos en combate. Por esto, pronto las dos mujeres entendieron que se encontraban donde nunca hubieran querido estar.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz aún no sabían que Jaime y Jonny Duvián habían sido entregados a los militares en un falso retén por un hombre llamado Alexander Carretero Díaz, quien a cambio recibió unos 300 euros por cada uno de ellos. Se había presentado a los dos, que soñaban con ser soldados, como reclutador del ejército. Por esto confiaron en él. Poco después a Jaime y Jonny Duvián los encontraron en una fosa de Ocaña, en el Departamento de Norte de Santander.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz integran la asociación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), que pide verdad y justicia para las víctimas de “falsos positivos”.

Así se conoce en Colombia este tipo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los soldados para cobrar premios, en dinero o en vacaciones, que el Estado les otorgaba por cada baja realizada en su guerra contrainsurgente. Una práctica que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, recientemente resurgió en Colombia.

Cuando en 2007 el escandalo se hizo público, el gobierno afirmó que los “falsos positivos” obedecieron a unas “manzanas podridas”. Pero las organizaciones civiles las consideran como una política de Estado, pues los altos mandos favorecían las muertes sobre las capturas: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”, decía una directiva interna del general Mario Montoya. Ningún general llegó a ser condenado por “falsos positivos”, pero sí tuvieron sentencia 1300 soldados y oficiales de rango medio.

Entre 1988 y 2014 en Colombia se registraron 2248 víctimas de “falsos positivos”. El 59% de estas ejecuciones extrajudiciales se presentaron entre 2006 y 2008, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y el Secretario de Defensa era Juan Manuel Santos, ex presidente que en 2016 ha sido galardonado con el Nobel por la Paz por haber firmado un acuerdo de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un pacto que, a pesar de haber llevado a la reincorporación a la vida civil de unos 14 mil guerrilleros, no acabó con el conflicto en el país, donde hay territorios controlados por Grupos Armados Organizados – herederos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -, por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por las “disidencias de las FARC”, personas que no aceptaron los acuerdos firmados en 2016 por los mandos guerrilleros.

Es en el marco de esta nueva geopolítica del conflicto colombiano que reaparece la sombra de los falsos positivos. Una investigación del New York Times, basada en entrevistas con tres altos oficiales del ejército colombiano, ha revelado la existencia de nuevas ordenes finalizadas a intensificar los ataques sin “exigir perfección” al momento de ejecutarlos. A cambio, como en la peor época de los mal llamados “falsos positivos”, se les ofrecía a los soldados incentivos como vacaciones extras. Las directivas han sido emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel quien, como otros nueve generales, estaría supuestamente involucrado con algunos casos de “falsos positivos” ocurridos en la pasada década.

La situación preocupa a las familiares de las víctimas de “falsos positivos”. “El nuevo pronunciamiento del general Nicacio Martínez prendió nuevamente las alarmas”, afirma Jacqueline Castillo de MAFAPO. “Al exigir al ejército doblar las bajas que implica que podrían caer nuevamente muchos civiles y que sean presentados como bajas en combate”.

Una sucesiva investigación publicada por Semana documenta que se han presentado casos de falsos positivos en 2019. La revista colombiana revela también la existencia de una cacería adentro del ejército colombiano, finalizada a individuar y sancionar a los militares que filtraron informaciones a la prensa sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales y otro relacionado con actos de corrupción. Algunos oficiales, sospechosos de haber hablado, habrían sido interrogados usando el polígrafo y unos cien ya habrían sido trasladados.

Para hacer claridad sobre los hechos, el gobierno colombiano dispuso la creación de una Comisión Presidencial de Excelencia Militar, que investigará hasta noviembre. En su informe preliminar presentado al presidente Iván Duque a finales de julio, la comisión afirma que no se reportó ningún caso de “falso positivo” durante este año, y se felicita con el general Nicacio Martínez por haber retirado a las directivas cuestionadas por el New York Times.

“El informe de los expertos está plagado de errores”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien resaltó que la Comisión no ha evaluado algunas evidencias que eran de conocimiento público y que el ejército sacó solo una de estas directrices.

Intimidaciones y hasta amenazas de muerte se estarían ejerciendo, siempre de acuerdo con la información publicada en Semana, también sobre los militares que están rindiendo sus testimonios frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se trata del tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz para juzgar a los crímenes de guerra y favorecer la reconciliación a través de un mecanismo de justicia que imparte penas alternativas a la cárcel. Allí se abrió el caso 003 sobre “falsos positivos”, al que se acogieron 55 militares.

“Los militares llegan a la JEP para hacer un show mediático y su perdón que no es sincero”, afirma Carmenza Gómez, integrante de MAFAPO y madre de Víctor Fernando Gómez Romero, quien ha sido víctima de falso positivo. “Queremos saber la verdad, empezando por las responsabilidades de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y del general Mario Montoya”.

Artículo publicado en Público el 24.08.2019

The post La sombra de los asesinatos selectivos reaparece en Colombia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

La madre de la joven se llama María Lina, una comadrona con más de 48 años de experiencia. “Mi abuela me enseñó cuando tenía 12 años”, recuerda la ahora ya anciana. “Me decía: ‘cuando yo muera tendrás que aplicar todo lo que te he enseñado, el día de mañana lograrás ser una partera ─comadrona─’. Me casé con 14 y a los 15 tuve una niña. ¿Quién me atendió en el parto? Yo misma lo tuve que hacer, por aquel entonces no teníamos comadronas”.

Ahora hay cuatro parteras en Santa Rita, una pequeña población junto al río Agüita, en Colombia. Desde allí, durante casi toda su vida, María Lina ha recorrido las montañas de la tierra caliente risaraldense bajo el sol, o la lluvia, o de noche para atender un total de 56 partos. Se desplazó hasta las casas más aisladas, a veces tras caminar más de seis horas. Asegura que nunca practicó la curación a ninguna niña, que eso sólo se hacía en tiempos de su abuela.

En realidad, en las comunidades emberás chamís, la mutilación genital se realiza en el momento del nacimiento de la niña. Se considera necesaria para que las menores no se vuelvan «sexualmente promiscuas». Se practica también porque se cree que si no se corta, el clítoris podría crecer hasta alcanzar el tamaño de un pene, provocando el deseo de acostarse con otras mujeres. Además, para los hombres emberás chamís, una mujer tiene que haber sido ser curada para que sea considerada deseable. 

“Eso ya ha cambiado”, asegura un grupo de pobladores emberás del municipio de Pueblo Rico. Afirman que los hombres ya no tienen esta creencia y que las comadronas tienen miedo a ser castigadas por practicar la clitoridectomía. De hecho, en 2009, el Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) emitió una resolución con la que se ordenaba la “suspensión de la práctica de la curación, para proteger la vida y la salud de las niñas recién nacidas” y se amenazaba con sanciones que van de los seis meses a tres años de trabajos comunitarios.

“Cuando mi abuela vivía, había una planta para hacer la curación. Si se hace mal sale mucha sangre, por eso murió la niña”, explica María Lina. Se refiere al episodio que se hizo público en marzo de 2007, cuando una bebé emberá chamí falleció por desangramientoen un hospital de Pueblo Rico después de que le cortaran el clítoris. A pesar esta práctica entre esta comunidad indígena había sido denunciada en la década de los noventa, su existencia era algo más bien desconocido. Suele ser común pensar que la mutilación genital es un problema restringida a algunos pueblos de África y Asia.

“Es una practica tan intima que tal vez se está dando en otras comunidades de América Latina sin que lo sepamos”, afirma Vivian Martínez Díaz, doctora en Antropología por la Universidad de los Andes. “A nivel político y ético hay que tratar el tema de la ablación con cuidado. Las instituciones y las ONG la consideran una practica aberrante. Es cierto, lo es, pero esto no tiene que llevar a decir que las costumbres de los emberás son salvajes y violentas, como hicieron muchos medios”.  La profesora recuerda también las dificultades que existen al intentar armonizar el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas con la intervención del Estado sobre ciertas materias.

En 2007, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), de acuerdo con el CRIR, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Defensor del Pueblo, lanzó un proyecto con la intención de eliminar la ablación genital en Colombia. “El proyecto Embera-Wera llegó de manera directa a aproximadamente 5.000 personas y consiguió tener el apoyo de las autoridades en el combate contra la mutilación genital femenina. Pero es importante tener en cuenta que la transformación de esta practica es un proceso de muchos años, de generaciones”, explica Dana Barón Romero, consultora sobre Género, Derechos e Interculturalidad del UNFPA. “Según un calculo hecho por los mismos emberás, en sus comunidades aún se realiza la mutilación genital a dos de cada cinco mujeres recién nacidas”.

Hasta ahora, el proyecto del UNFPA se ha desarrollado en un municipio de Chocó y en dos de Risaralda, llegando hasta Santa Rita. Sin embargo, la clitoridectomía sigue matando a bebés colombianas. El proyecto Embera-Wera aún no ha llegado al resto de emberás que habitan en otros departamentos del país, como Caquetá, Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba. “El hecho de que una practica sea ancestral no quiere decir que no pueda cambiar, las culturas se transforman, siempre se están moviendo”, afirma la antropóloga Vivian Martínez Díaz. “Muchas mujeres indígenas son conscientes de que hay usos y costumbres en sus comunidades que las reprimen, hechas para controlar su sexualidad, y que hay que cambiarlas”.

Artículo publicado en Público el 19.09.2016

The post La desconocida realidad de la mutilación genital femenina en América Latina first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Aquella mañana Miriam se despertó en la barricada en la autopista y se fue a casa para ducharse. Cuando regresó, la entrada del pueblo se había convertido en un campo de batalla: por el lado de la Policía, gases lacrimógenos y armas de fuego; por el lado de los pobladores, palos, piedras, machetes y bombas molotov. “La Policía Federal, la Estatal y la Gendarmería dicen que vinieron para desmontar la barricada que estaba en la autopista, pero después del desalojo se metieron hasta el pueblo. Eso enfadó a mucha gente», afirma la profesora a Público. Luego señala los hoteles Juquila y Merli, en los flancos de la carretera. “Los francotiradores disparaban desde allí. Yo estaba en frente del hotel Juquila y vi a un compañero caer en el asfalto”, recuerda la maestra.

Al enterarse del ataque, el párroco de Nochixtlán tocó las campanas para convocar a la población. Cuando las escuchó Yalid Jiménez, un padre de familia de 29 años, no se lo pensó dos veces y corrió en apoyo de los profesores. Allí murió acribillado tras recibir cuatro disparos. “Hasta ahora no hemos tenido ningún apoyo del Gobierno, ni siquiera un expediente sobre las circunstancia de su muerte. Sólo promesas y ningún avance”, denuncia Juan Antonio Jiménez Santiago, profesor y padre del joven. Responsabiliza al Ejecutivo federal y estatal del asesinato del hijo y pide justicia con un tono tan firme que parece que la rabia le haya tapado el dolor.

De acuerdo a la CNTE, once personas murieron por impacto de bala tras el desalojo del bloqueo. Entre ellas, un catequista de 19 años que había llegado para socorrer a los heridos. En un primer momento, la Comisión Nacional de Seguridad negó el uso de armas de fuego, pero después tuvo que admitir la evidencia mostrada en las fotografías publicadas en la prensa local. El titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, afirma que el tiroteo duró unas diez horas y que la Policía Federal llegó a lanzar gases lacrimógenos en la colonia 20 de Noviembre, donde se encontraban sólo mujeres y niños.

El día de la agresión, el cura de Nochixtlán organizó una sala de emergencia en la parroquia de la localidad. “Todos eran heridos de bala. Calculo que llegaron unas 110 personas, los casos más complicados son alrededor de 50”, afirma un doctor que, para preservar su seguridad, prefiere no revelar su nombre. Cuenta que el hospital de Nochixtlán fue ocupado por la Policía, que amenazó a los médicos para que no atendieran a los civiles heridos.

Un muchacho que quiere guardar su anonimato cuenta que aquella mañana, cuando fue intentó llegar al hospital en búsqueda de su madre, fue recibido por la Policía con gases lacrimógenos. Retrocedió hasta la entrada del Panteón, donde le dispararon. “Toca aquí ”, dice, mientras se señala con su única mano no vendada su hombro. Tiene una pequeña protuberancia. “Es una bala. Lleva un mes y medio allí”, asegura. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos del ataque de Nochixtlán llevará una bala incrustada en el cuerpo durante toda su vida. Después de mes y medio ─explica el doctor que los socorrió en la parroquia─ los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

Casi todos los heridos de Nochixtlán se encuentran hoy en la Ciudad de México, donde están recibiendo atención médica. Algunos han preferido no ir porque tienen miedo, ya que desde el día siguiente al ataque han recibido amenazas para que no denuncien. Ni siquiera entran al hospital de Nochixtlán. Prefieren acudir a un consultorio que el profesorado abrió en la escuela primaria del pueblo, donde pueden conservar el anonimato. Tras las primeras negociaciones, el Gobierno de Enrique Peña Nieto envió a Nochixtlán unidades médicas, pero sin médicos especialistas, necesarios para atender heridos de gravedad. Por la noche los doctores se fueron prometiendo regresar al día siguiente, pero nunca volvieron.

La masacre de Nochixtlán sigue impune. Tras más de un mes y medio, el pueblo oaxaqueño parece tranquilo, aún con los vehículos calcinados que recuerdan el día de la batalla. En un autobús carbonizado cuelgan pancartas que piden justicia para los caídos y acusan a los gobernantes de ser unos asesinos. Un poco más lejos, un cartel turístico que invita a visitar las cascadas de Apoala luce un agujero de bala. A su lado se extiende un prado, donde un hombre y una mujer rezan junto a una cruz. “Allí el 19 de junio murieron dos muchachos”, dice Miriam.

Artículo publicado en Público el 9.08.2016

The post México, el desalojo de profesores que se convirtió en matanza first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.