Cada vez que ve a su casa “lastimada de bala”, una mujer zapatista del ejido Moisés Gandhi tiene ganas de llorar. Otra vive con la sensación de que su compañero “ya está muerto”, asesinado con las palabras de un integrante de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO), que amenazó con matarle y colgarle la tripa en el cuello.

Son algunos de los testimonios de mujeres zapatistas recogidos por la Caravana de Solidaridad con las comunidades autónomas zapatistas de Nuevo San Gregorio y Región Moisés Gandhi, en el Municipio Autónomo Lucio Cabañas, que se realizó el 29 de octubre del 2020.

De acuerdo con las y los zapatistas de Moisés Gandhi, a inicios del 2020 la ORCAO comenzó una serie de agresiones que fueron escalando durante todo el año: robo y destrucción de cultivos, tala de árboles, destrozos en la escuela secundaria autónoma zapatista, amenazas y agresiones físicas. Los integrantes de la ORCAO cercaron a las comunidades zapatistas e invadieron las parcelas que en 1994 el EZLN recuperó, o sea quitó a los terratenientes para dárselas a sus bases, y de las que la ORCAO se considera propietaria.

El 22 de agosto pasado, la ORCAO llegó a saquear la tienda Arco Iris y dos bodegas de café del EZLN, que luego han sido rociadas con gasolina y quemadas junto con el comedor zapatista Compañera Lucha, ubicados en el crucero de Cuxuljá, unos de los puntos donde la presencia zapatista en la carretera que conecta las ciudades de Ocosingo y San Cristóbal de Las Casas es más visible. Las agresiones en Moisés Gandhi culminaron con el secuestro, el 8 de noviembre, del base de apoyo zapatista Felix López Hernández, torturado por unos 20 integrantes de la ORCAO.

A finales de agosto, mientras las llamas comían las bodegas de café y los balazos retumbaban en el cielo, a pocos centenares de metros una mujer zapatista estaba pariendo. Ella y sus compañeras viven una angustia constante: no pueden ir a sus parcelas por miedo a ser agredidas, sus cosecha se pierden y sus mesas se quedan vacías. Al arroyo para buscar agua se acercan sólo en grupo. Ver video.

“Los niños no saben si dormir con la bota puesta, porque la bala no tiene horario”, dijo Marisol Culej Culej, integrante del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), durante el foro “Violencia Paramilitar contra las Mujeres Zapatistas”, que se llevó a cabo en línea el 25 de noviembre, en ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Durante el evento en línea el CDMCH, que participó en la Caravana de Solidaridad que visitó a las comunidades hostigadas por la ORCAO, destacó que las mujeres zapatistas no tienen actitud de víctimas, sino que crearon formas de resistencia a través del trabajo colectivo, en sus talleres de alfarerías o de telar. Denunció también que la ORCAO ocupó las tierras para poder aprovechar del programa del gobierno federal mexicano Sembrando Vida, que otorga 5 mil pesos (unos 250 dólares) para supuestamente incrementar la productividad de zonas rurales, y que la acción de este grupo armado de corte paramilitar “tiene un objetivo primordial que es el desgaste”.

Tras la masacre de Acteal de 1997, la estrategia de guerra del Estado en contra de las comunidades autónomas de Chiapas consiste en agotar a la población con actos violentos, pero poco “llamativos”. Es la llamada “guerra integral de desgaste”. Al mismo tiempo, el gobierno impulsa proyectos asistencialistas para que las familias salgan de la resistencia y las comunidades acaben divididas.

“El gobierno incide individualizando a la persona, dándole un dinero y separandola de esta razón colectiva que le ha hecho frente al Estado mexicano, y a cualquier tipo de proyecto progresista”, ha afirmado la socióloga y antropóloga Margara Millán durante su participación en el foro en línea. “Las mujeres están en el centro de este conflicto y articulan varias luchas, entonces se convierten en un objeto a intimidar, a debilitar, porque nos mostraron que no hay que tener miedo”.

Este esquema de violencia, el “mismo miedo a los balazos”, de acuerdo con Rosy Rodríguez del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) en Chiapas afecta a las familias de Aldama, Chalchihuitán y Chilón; a la comunidad Los Chorros en el Municipio de Chenalhó, a Banavil en Tenejapa y al poblado de Viejo Velasco en Palenque. Y va mucho más allá de las fronteras chiapanecas.

De acuerdo con la antropóloga Aída Hernández Castillo, en distintas partes del mundo se utilizan prácticas de guerra similares, y elige una cita de la antropóloga Carolyn Nordstrom de la Universidad de Notre Dame que respalda su tesis: “Después de conducir investigación de campo en los epicentros de guerra en tres continentes durante más de quince años, he aprendido que el concepto mismo de guerras locales, ya sean centrales o periféricas, es una ficción”, escribe Nordstrom.

“No hay conflictos locales: la industria de guerra internacional está masivamente interconectada y hace posible las guerras en cualquier parte del mundo. He visto los mismos manuales de entrenamiento militar darle la vuelta al mundo, yendo de una guerra a otra. Cuando una nueva técnica de tortura se introduce en un país, la misma técnica puede ser encontrada en todo el mundo a los pocos días”.

Uno de los territorios donde la “industria de guerra internacional” implementa sus estrategias es el Kurdistán. Allí, inspiradas por la lucha de las zapatistas, las mujeres que resisten a la embestida del Estado turco están planteando unir los esfuerzos de las mujeres en lucha de todo el planeta, y crear una organización mundial de mujeres.

“Sin construir una lucha en común no se puede romper el patriarcado”, afirma al cierre del evento Melike Yasar, del Movimiento de Mujeres de Kurdistán.

Para ver más material de la Caravana de Solidaridad con las Comunidades Zapatistas:https://redajmaq.espora.org/materiales-caravana2020

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 30.11.2020

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La metáfora de la finca recorrió durante los cuatro días que duró el evento en el CIDECI-Universidad de la Tierra de San Cristóbal de Las Casas: la finca es el lugar donde los bisabuelos y bisabuelas – afirma el Subcomandante Moisés – han sido explotados y humillados, y lo que quieren los de arriba es regresar a aquel tiempo. Quieren convertir a los países en fincas de propiedad de los capitalistas. “Las leyes de ajuste estructural no las hicieron los diputados sino el patrón, el capitalismo”, concluyó el subcomandante zapatista.

Quienes especialmente sufren esta explotación son los migrantes, quienes “no se fueron porque quisieron, sino porque ya no pudieron estar en su finca, mejor conocida como país”.

Por esto el EZLN, que durante el seminario ha repetido varias veces “fuck Trump” en inglés, castellano y en las lenguas de los pueblos indígenas de Chiapas, apoyará a la resistencia de los migrantes en los Estados Unidos con los ingresos de la venta de 3791 kilos de café orgánico zapatista.

“Desde lejos los del color de la tierra, les decimos que no están solos, su resistencia y rebeldía también son nuestras”, ha afirmado el Subcomandante Galeano, que recordó la importancia del apoyo que los zapatistas recibieron después de su levantamiento desde la Europa rebelde, el México “de abajo” y la comunidad solidaria de Estados Unidos, quien participó en el seminario con la intervención de Tom Hansen del México Solidarity Network de Chicago.

“Es claro que el pueblo no va a aceptar este nuevo capitalismo”, ha afirmado el activista durante su ponencia. “¿Cómo construimos comunidad en un mundo dominado por el individualismo y el capital? ¿Cómo construimos el liderazgo desde abajo y a la izquierda y cómo lo convertimos en el centro de nuestras prácticas? Éstas son las preguntas que nos ponen los zapatistas”.

Durante el seminario “Los muros del capital, las grietas de la izquierda” las y los ponentes presentaron sus análisis “desde abajo y a la izquierda” sobre la coyuntura actual, en especial la de México y América Latina. “Estudiamos al enemigo para entender su modus operandi”, ha afirmado el Subcomandante Galeano, que compartió su palabra en varias ocasiones en el auditórium del CIDECI.

Luis Hernández Navarro retomó la imagen de la finca propuesta por el Subcomandante Moisés al analizar a vuelo de pájaro la guerra en contra del pueblo mexicano y su resistencia. México es, según el director de la sección opinión de La Jornada, un Estado mafioso más que un Estado fallido.

De acuerdo con Carlos Aguirre Rojas, en América existen gobiernos de ultraderecha, por ejemplo en México y Estados Unidos y gobiernos progresistas que tratan de recuperar los recursos naturales e impulsan programas sociales. Sin embargo, según el sociólogo, no tienen carácter anti sistémico y son pro-capitalistas. “El Estado es parte del arriba, siempre será el enemigo”, advirtió.

Para enfrentar este panorama los zapatistas proponen, una vez más, de organizarse en colectivo. “El grande y poderoso puede ser derrotado por el necio y débil si hay organización”, ha afirmado el Subcomandante Galeano. “El colectivo puede sacar a relucir lo mejor de cada individualidad. La tormenta viene, lo peor está por venir y las individualidades no podrán sobrevivir, hay que luchar en colectivo”.

El espacio colectivo que los pueblos originarios reunidos en el Congreso Nacional Indígena (CNI) están impulsando es el Concejo Indígena de Gobierno. Sus concejales– una mujer y un hombre por cada pueblo – serán elegidos en mayo y su vocera se postulará como candidata independiente en las elecciones presidenciales del 2018.

Varias ponencias se enfocaron en la iniciativa del CNI, criticando las acusaciones que provienen de la izquierda institucional – “la propuesta no divide a la izquierda, que se divide a sí misma”, ha afirmado Paulina Fernández –, y analizando los objetivos que se propone, entre ellos visibilizar la guerra en contra de los pueblos y sus resistencias, además de articular el CNI con otros sectores anticapitalistas del país.

Al reconocer como los tiempos que marca la ley “esta vez marcarán nuestros tiempos”, Carlos González del CNI recordó que será necesario juntar unas 900mil firmas en 17 Estados para, a mediados de febrero de 2018, registrar la vocera del Concejo Indígena de Gobierno, y que en marzo arrancará formalmente la campaña electoral que durará 90 días.

“El CNI quiere registrar formalmente a la candidata pero no quiere competir con los partidos, no quiere el poder que es putrefacto, lo quiere desmontar”, ha afirmado González.

Artículo publicado el 19.04.2017 en el Programa de las Américas

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“Los jefes de las FARC nos dan posibilidad de estudio, un día el camarada Jorge me propuso estudiar medicina o odontología”, recuerda Marta. “Decidí por el segundo porque en este tiempo habían pocos dentistas en la guerrilla. Ahora llevo 18 años trabajando como odontóloga en las FARC”.

Encontramos a Marta a mediado de septiembre en los Llanos del Yarí, una sábana de atardeceres maravillosos que se encuentra en el Departamento del Meta, en el sur de Colombia. Allí fue enviada como delegada a la X Conferencia Nacional Guerrillera, donde las FARC ratificaron los acuerdos de paz alcanzado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y decidieron convertirse en un partido político.

Sin embargo, el plebiscito popular convocado para el 2 de octubre rechazó los acuerdos firmados el 26 de septiembre. Una noticia que cayó como un balde de agua fría en una buena parte de la población colombiana – las instituciones, los medios, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil y las mismas FARC – que daba por sentado que el Sí hubiera triunfado en el plebiscito.

El 30 de noviembre, el Congreso colombiano votó a favor de un nuevo acuerdo alcanzado por las FARC y el gobierno colombiano, seis semanas después de que el pueblo rechazara el plebiscito. El nuevo acuerdo incorpora algunos cambios, entre ellos, las FARC acordaron entregar una lista de sus activos que se utilizarán para el fondo de reparación material a las víctimas, y se restringió la reforma agraria a la normatividad vigente para ofrecer mayores protecciones a terratenientes. Estructuralmente, sólo las partes del nuevo acuerdo que implican el derecho internacional serían incorporadas a la Constitución.

Los miembros del congreso que se opusieron al proceso y a la votación alegaron que no hubo tiempo suficiente para revisar los cambios y se abstuvieron. La ultraderecha representada por el partido Centro Democrático (cuyo líder es el ex presidente Álvaro Uribe), sigue criticando los acuerdos de paz, a pesar de que incorporen muchas de las instancias de los promotores del NO en el plebiscito del 2 de octubre.

Tras la firma del nuevo acuerdo, las y los guerrilleros se desplazarán en las 23 zonas de concentración previstas, donde pasarán seis meses, para entregar paulatinamente sus armas y prepararse a la integración en la vida civil.

Una vez salida de la zona de concentración, Marta sueña con abrir una clínica en las áreas rurales de Colombia. Ledis, presa política de la Unidad Gabriel Galbis de las FARC que recibió un permiso especial para participar como delegada en la X Conferencia Nacional Guerrillera, comparte su mismo sueño, aunque sabe que antes de trabajar en la clínica tendría que terminar sus estudios, interrumpidos el día en que el ejército entró en la universidad para detenerla.

“Mis camaradas me mandaron a estudiar odontología en la Universidad. Yo iba de civil para que nadie se enterara de que era guerrillera. Pero un desertor me reconoció y me entregó. En el juicio me acusaron de rebelión, homicidio, secuestro y me condenaron a 60 años. No nos sentencian por haber cometido algún delito, sino por lo que somos, por ser revolucionarios”, cuenta Ledis, cuyos ojos se prendieron cuando le preguntamos que iba a pasar tras la ratificación de los acuerdos de paz en el plebiscito.

“Nos dijeron que todos los prisioneros políticos iremos a la calle”, afirmó casi conmovida. “Una vez libre pienso estudiar odontología, quiero terminar el curso que ya lo tengo arto avanzado y estar a disposición del partido que creeremos, nos va a tocar trabajar mucho, sobre todo en las zonas rurales”.

Artículo publicado en el Programa de las Américas el 8.12.16

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Miguel corrió rumbo a la salida del pueblo, por donde pasa la autopista que conecta la Ciudad de México a Oaxaca y a los demás estados del sur. “Intenté acercarme pasando por la parte de atrás del hospital comunitario. Allí afuera estaban los policías y aventaban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar”, recuerda Miguel, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad. “La gente empezó a lanzar piedras en contra de los policías, yo me quede allí observando una media hora, pero llegaron más agentes. Corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, llegué hasta el panteón pero allí no pudimos cruzar porque había un tráiler de pollos que se estaba incendiando”.

Fue allí que unos policías posicionados encima del muro del panteón dispararon a Miguel. “Cuando vi que estaban apuntando, escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo”, relata el joven. Luego me agarra un dedo con su única mano no vendada y lo pasea por su hombro, donde finalmente percibo una pequeña protuberancia: “Toca acá. Es una bala, lleva un mes y medio allí”, dice.

Un médico de Nochixtlán, que prefiere guardar el anonimato, nos contó que en el día del ataque la policía ocupó el hospital para impedir al personal de atender a los civiles, y que los heridos eran trasladados a la parroquia. A pesar de que todas las personas que encontramos en Nochixtlán confirmaron esta versión, en entrevista con el diario La Jornadael director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, la rechazó. “No tengo ningún reporte de que haya sido negado ningún servicio, porque tenemos un protocolo, y cuando se niegan los servicios, ese protocolo se activa y se busca a los afectados”, afirmó el funcionario.

Según el medico de Nochixtlán que atendió a los heridos en la parroquia, el día del ataque llegaron unas 110 personas, todas heridas de balas. Alrededor de 50 eran casos complicados, pero allí no habían herramientas para sacar a los proyectiles. Con toda probabilidad, la mayoría de los heridos llevará una bala clavada en el cuerpo durante toda su vida, pues después de un rato los tejidos se cicatrizan y la encapsulan.

El doctor creó un consultorio médico adentro de la escuela primaria de Nochixtlán, donde brinda atención básica y permite a los pacientes de guardar su anonimato. “Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados”, explica.

Relata que, después de las primeras negociaciones entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la CNTE, fueron enviadas a Nochixtlán unas unidades médicas, pero no traían los especialistas necesarios para atender a los heridos de gravedad. Sin embargo, en las negociaciones más recientes se acordó trasladar a los heridos del ataque del 19 de junio a la Ciudad de México para ser trasladados y atendidos.

El médico añade que, a pesar de que unas siete personas heridas están tan asustadas que prefirieron no viajar a la Ciudad de México para ser atendidas, muchas de las víctimas del ataque están poco a poco perdiendo el miedo a salir públicamente para denunciar lo ocurrido.

De hecho, los heridos del ataque marcharon en la capital para exigir reparación del daño, justicia y castigo a los responsables, y tienen intención de presentar una demanda colectiva junto con los familiares de los fallecidos. El Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) está preparando un expediente sobre el caso para presentarlo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o alguna otra instancia internacional durante el mes de septiembre pues, afirma, en el ataque hay una clara responsabilidad del Estado, que no juzgará a si mismo.

Artículo publicado en el Programa de Las Américas el 11.09.2016

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El sol acaba de asomarse de las montañas de los Altos de Chiapas, cuando los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) empiezan un nuevo día en el campamento que instalaron en San Cristóbal de Las Casas, en la salida de la autopista que lleva a Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas. Un kilometro de carpas construidas con lonas y palos, donde desde hace más de una semana los integrantes de la CNTE se turnan, día y noche, para demonstrar su repudio a la reforma que abriría las puertas a la privatización de la educación.

“No queremos las reformas estructurales de este gobierno nefasto. Quiere privatizar la educación que según el artículo 3 constitucional debería de ser pública, laica y gratuita”, afirma Karim, un profesor de una secundaria de San Cristóbal que desde hace más de una semana está participando en el bloqueo.

“Tras la reforma los libros de texto ya tendrán un costo, no todos los padres tienen la posibilidad de comprarlos”, explica el hombre, que durante unos años trabajó en una escuela rural de Chiapas, donde las paredes eran de madera.

El 26 de junio, el magisterio chiapaneco decidió bloquear las dos salidas de San Cristóbal de Las Casas a Tuxtla Gutiérrez, para acompañar el comienzo del dialogo entre la CNTE y el gobierno, y tomó luego la decisión de instalarse de forma indefinida en la autopista de cuota, con algunas organizaciones solidarias. Los maestros construyeron carpas para cocinar y descansar, erigieron unas barricadas para defenderse de posibles agresiones de la policía y afirmaron que no se iban a ir hasta la abrogación de la reforma de la educación. Lo mismo pasó en otros 18 puntos del Estado de Chiapas y en 20 puntos del Estado de Oaxaca.

En Tuxtla Gutiérrez, las movilizaciones empezaron el 15 de mayo tras el paro docente convocado en ocasión del Día del Maestro. Desde entonces la CNTE no para de marchar, bloquear carreteras e impulsar otras acciones creativas, con un fuerte e inesperado respaldo por parte de la población, que se dio sobretodo a partir de la represión que el magisterio sufrió después de unos diez días del comienzo de las movilizaciones.

“Estamos aquí desde el 15 de mayo y nos quedaremos hasta el ultimo momento. La niñez ha sido muy afectada por el mal gobierno”, asegura un maestro que viene del Municipio de Amatlán, donde –relata- en las escuelas faltan piso firme, baños y canchas. Viajó unas 5 horas para establecerse en el plantón que la CNTE instaló en Tuxtla Gutiérrez, que abarca buena parte del centro de la capital chiapaneca. Aquí los maestros conviven, se organizan para hacer turnos para cocinar y limpiar, y hablan entre ellos de sus actividades diarias de protesta.

Apoyo “incondicional” 

Al igual que en San Cristóbal, la población los apoya con víveres, café, leña, o ofreciendo descuentos en sus comedores. Brigadas de médicos y enfermeros, que también se encuentran en paro en contra de las reformas estructurales que afectaron el sector salud, los visitan regalando medicinas y ofreciendo consultas gratuitas. Y el 4 de julio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció la cancelación del evento que había organizado para el final de julio y la donación a la CNTE del dinero que había ahorrado para llevar acabo la actividad.

“Cuando, como zapatistas que somos, decimos que respetamos un movimiento, quiere decir eso: que lo respetamos. Quiere decir que no nos inmiscuimos en sus modos y tiempos, en su estructura organizativa, en sus decisiones, sus estrategias y tácticas, sus alianzas, sus decisiones”, escribe la Comandancia del EZLN en su comunicado “Las lecciones en Junio”.

“Voten o no voten, se alíen o no con partidos políticos, dialoguen o no dialoguen, negocien o no negocien, acuerden o no acuerden, sean creyentes o ateos, flacos o gordos, altos o chaparros, bonitos o feos, mestizos o indígenas. Los apoyamos porque su lucha es justa. Y nuestro apoyo, aunque bastante limitado, es incondicional.  Es decir, no esperamos nada a cambio”.

Los subcomandantes Moisés y Galeano concluyen el comunicado hablando de cómo el paro docente haya asumido características de insurrección popular: “Es porque se dicen ‘sigo yo’, que se da el respaldo popular a los maestros”.

Desde el primer día en que se instaló el bloqueo en San Cristóbal de Las Casas, los maestros están impidiendo el tránsito de los vehículos menos que las ambulancias. Esta decisión ha sido tomada a pesar del resolutivo de la asamblea estatal de la CNTE del 29 de junio, que sugería detener únicamente a los camiones que traen mercancías de las empresas transnacionales. Para llegar en la ciudad desde Tuxtla Gutiérrez, queda abierta la vieja carretera libre.

Los diálogos entre CNTE y gobierno están estancados. Al mismo tiempo, suben de intensidad las amenazas de desalojo por parte de la Secretaría de Gobernación y, en San Cristóbal, de un grupo de choque local llamado Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach). Durante la pasada Semana Santa, el maestro Juan Carlos Jiménez Velasco, integrante de la CNTE, fue asesinado con ocho balazos por un comando de encapuchados en el centro turístico de la ciudad y a la luz del día. De acuerdo a la CNTE y a los familiares del maestro, el comando era formado por integrantes de la Almetrach.

“Estamos firmes y nos mantenemos firmes, el Estado de Chiapas sigue firme en la misma posición”, afirmó la coordinación de la CNTE de los Altos de Chiapas, al comentar rumores sobre la posibilidad de que levantara los bloqueos. “Y no solo es el magisterio, también está el pueblo, no estamos solos”.

Cada noche en San Cristóbal, mientras la CNTE refuerza sus barricadas, en grupo formado por empleados del sector salud y por personas organizadas de los barrios y colonias de la ciudad, se despliegue alrededor del bloqueo formando un “Cinturón Ciudadano de Paz”.

El falso desabasto

Al día siguiente del comienzo del bloqueo, las grandes tiendas y las gasolineras de San Cristóbal cerraban declarando de enfrentar una crisis por desabasto.

“Disculpen las molestias. Agradézcanselo al Magisterio”, decía un cartel colgado afuera de la Bodega Aurrera, mientras mucha gente en la ciudad se preguntaba cómo un hipermercado pueda vaciar todos sus almacenes en día y medio.

“No es cierto de que falta la gasolina. El gobierno ha ordenado que no se distribuya para que la gente se enoje con los maestros”, nos dijo un taxista que nos cobró casi el doble de la tarifa ordinaria, pues de un día al otro la gasolina subió de 14 a 40 pesos el litro.

Aquella noche, unos pobladores de San Cristóbal solidarios con la CNTE tomaron algunas gasolineras y encontraron gasolina en las cisternas, que distribuyeron gratuitamente a los automovilistas.

“Al menos acá en Chiapas, el supuesto desabasto de gasolina no fue sino una descarada especulación de los empresarios del ramo, que sabían que el precio subía el viernes y desde el martes empezaron a correr el rumor, en redes sociales, de la escasez”, escribe el EZLN en su comunicado del lunes.

“En las gasolineras, curiosamente, sólo había el combustible llamado diesel, que es el que no subiría de precio.  Los despachadores dijeron que sí había, pero “el patrón dijo que racionáramos y luego que pusiéramos los letreros de que no hay. (…) Del mismo modo, la escasez de alimentos y productos perecederos se dio sólo en los grandes supermercados. En los mercados populares continuaban ofreciéndose frutas, legumbres, maíz, frijol, arroz, carne, huevos, sin que se hubieran aumentado los precios.”

Artículo publicado en el Programa de Las Américas el 7.07.2016

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La historia de Myrna es la historia de un dolor que se convirtió en una lucha tenaz y exitosa. Separada por sus hijas a causa de las leyes migratorias de Estados Unidos, logró reunirse con ellas y tal vez crear un antecedente jurídico que permita a otros padres que se encuentran en la misma situación –unos 200mil hasta 2012- logren juntarse otra vez con sus hijos. Y lo hizo entregándose voluntariamente a la Policía Migratoria de Estados Unidos.

Conocí a Myrna al principio de abril, cuando me subí a la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad, que viajó desde Honduras hasta Nueva York para pedir a la ONU el fin de la guerra a las drogas. Sentada a mi lado durante un largo viaje en autobús en territorio mexicano, Myrna me contó que migró a Nueva York desde Puebla en 1998. Allá encontró a un hombre y nacieron sus dos hijas, Heidi y Michelle.

Después de 15 años de vivir en Nueva York, Myrna viajó a Puebla para visitar a su mamá. Allí se topó con una situación de violencia y la falta de oportunidades económicas. Sin papeles, tomó la difícil decisión de volverse a Estados Unidos “de mojada”.

“Michelle [su hija menor] iba a cumplir seis años y le había prometido que íbamos a cortar su pastel juntos. Tenía la necesidad de llegar a Nueva York”, recuerda la mujer.

Durante su camino por el desierto de Arizona, Myrna fue interceptada por una patrulla fronteriza, llevada a un centro de detención de migrantes y al fin deportada a su patria con las manos y los pies esposados y con la orden de no regresar a Estados Unidos durante 10 años. Mientras, su esposo y sus hijas, de nacionalidad estadounidenses, seguían en Nueva York.

Al contarme su historia, a pesar de la tristeza y de las lagrimas que escurrían en su rostro, Myrna retomó fuerza cuando habló de su trabajo de defensora de derechos humanos en la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM).

“Toda esta frustración ahora se convierte en lucha. Sé que puedo aportar algo a mi comunidad y por el resto de los niños que se han quedado sin sus padres por causa de las deportaciones. Una madre nunca se cansa de luchar para estar con sus hijas”, dijo.

Leyes injustas, familias rotas

Las leyes migratoria de Estados Unidos son una barrera que impide a las mujeres deportadas reunirse con sus familias, mientras que la inseguridad que se vive en México es lo que las obstaculiza en traerlas al país.

Angélica María Díaz, otra integrante de APOFAM que participó en la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad, tuvo su primera hija en Estados Unidos. Después de seis meses de vivir allá, en 1995 se mudó con su marido y su bebé a Tacupa, en Michoacán, donde nació otra niña.

“Todo estaba bien, hasta que empezó a llegar mucha gente armada”, relata Angélica. “A los 14 años mi hija mayor era muy perseguida y amenazada por personas que la querían obligar a llevar droga a unas casas solas, donde habían personas armadas. Tenía mucho miedo y yo no sabía qué hacer”.

Siendo que la muchacha tiene nacionalidad estadounidense, Angélica decidió mandarla a vivir en Estados Unidos con su hermana, donde hoy trabaja y estudia medicina. También la otra hija migró y Angélica, a pesar del dolor de vivir lejos de ellas, prefiere que se queden allá para protegerlas de la violencia, y para darles mejores posibilidades de estudios.

La fuerza de la solidaridad

Cuando la Caravana por la Paz, la Justicia y la Dignidad llegó al puerto fronterizo de Nuevo Laredo (Tamaulipas) para cruzar la frontera con Texas, Myrna se veía nerviosa y preocupada. Con gran alegría ya se había reencontrado con sus hijas en Monterrey, después de tres años de no verlas. Ahora estaba a punto de enfrentar el día más difícil.

Myrna se encaminó por el puente internacional enseñando un cartel que decía “Mis hijas me extrañan y no son culpable de que yo sea migrante”. Sus hijas caminaban a su lado y los integrantes de la caravana detrás de ella, mientras que los medios de comunicación le seguían cado paso. Una vez alcanzada la línea que señalaba el comienzo del territorio estadounidense, se entregó a las autoridades y entregó su petición de asilo político.

Los activistas que acompañaban el caso de Myrna se esperaban que hubiera sido detenida en la frontera durante un par de semanas, y de allí trasladada a un centro de detención.

“Por lo regular es ese el proceso, aunque típicamente más cruel, ya que se aísla la persona completamente de la comunidad y muchas veces ni siquiera se sabe su paradero por días o semanas”, explica Juan Carlos Ruiz, sacerdote de la Iglesia de Sion de Nueva York, y defensor de derechos de los migrantes que acompañó el caso de Myrna.

Sin embargo, cuando los integrantes de la Caravana terminaron los tramites migratorios y lograron reunirse en Laredo (Texas), llegó la noticia inesperada–en pocas horas, Myrna habría sido liberada. Sus hijas se abrazaron y lloraron, esta vez de felicidad.

“A Myrna le otorgaron un estatus condicional por un año, dándole el tiempo para que pueda presentar los documentos necesarios para su estadía en los Estados Unidos de Norteamérica”, explica Juan Carlos Ruiz. “El escenario es esperanzador ya que creemos que hay amplía evidencia de que las condiciones violentas y la política de impunidad que se está viviendo en México no son apropiadas”.

Ahora, sentada en su casa de Nueva York, rodeada por su familia y sus cosas, Myrna relata lo que pasó en la estación fronteriza entre Tamaulipas y Texas donde un hombre le advirtió, “A los mexicanos no le damos asilo. Si cruzas la puerta te vamos a arrestar”.

Entonces, mientras más de cien personas de la Caravana gritaban “¡No estás sola!”, de repente, le preguntó: “¿Usted piensa ir hasta Nueva York?”

“Sí, pensaba llegar allá con la caravana”, le dijo Myrna, y se sorprendió cuando le contestó, “Sí,–le dijo—“usted se va a ir hasta Nueva York”.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 16.06.2016

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Cuando se enteró de que el Papa iba a encontrar a los pueblos originarios, Julián López Canare se asombró. “Es la primera vez que un Papa se voltea hacia los pueblos nativos, hacia los más pobres”, observa el hombre de etnia nayeri.

Miles de personas, en su mayoría indígenas, acudieron el 15 de febrero al centro deportivo de San Cristóbal para escuchar la misa del Papa, en parte oficiada en lenguas mayas. El Papa Francisco habló desde un altar decorado con artesanías maya tzotzil, ante un telón que reproducía la catedral ciudadana.

Llegaron de varios rincones de México y de Centroamérica, muchos desde la madrugada y formaron largas filas en el intenso frío de la sierra chiapaneca. En espera de la llegada del Papa recordaron, desde el escenario, el trabajo pastoral del ex obispo Samuel Ruiz García, y los Acuerdos de San Andrés de 1996, un documento que garantiza la autonomía indígena y que el gobierno federal firmó pero nunca transformó en ley.

“Vuestros pueblos han sido incomprendidos y excluidos de la sociedad. Algunos han considerado inferiores sus valores, sus culturas, sus tradiciones. Otros, mareados por el poder, el dinero y las leyes del mercado, los han despojado de sus tierras o han realizado acciones que las contaminan”, afirmó el Papa durante su misa. Invitó a pedir perdón a los pueblos originarios. Al concluir su función, entregó un decreto que autoriza formalmente la celebración de ceremonias litúrgicas en lenguas indígenas.

La visita del Papa en México, y sobre todo en Chiapas, tiene una finalidad estratégica para la Iglesia. De acuerdo a la revista Forbes, el país es el noveno en el mundo por dinero que aporta al Vaticano y el segundo por número de fieles, con 96 millones de personas. Sin embargo, muchas personas se están alejando de la religión romana. En Chiapas sólo 58% de la población se declara católica.

El catolicismo mexicano es distinto a el de otros países, explica Yaredh Marín Vazquéz, antropóloga de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). “La religiosidad tiene una fuerte connotación cultural y la practica del catolicismo en México se define Catolicismo Popular. Es una mezcla que incluye las prácticas locales de los pueblos que existían antes de la conquista: los santos católicos se mezclaron con los dioses prehispánicos y nacieron nuevas figuras”, dice.

“Por ejemplo la Virgen de Guadalupe [que el Papa rezó en la Ciudad de México] es una fusión entre la Virgen católica y la diosa de la tierra. Es una fusión útil porque los indígenas cuando rezan a la Guadalupe adoran a su diosa. A la Iglesia católica no le queda más remedio que reconocer a estos santos, porque al imponer su doctrina debería de enfrentarse con implicaciones no sólo espirituales, sino también económicas”.

En Chiapas la visita papal despertó entusiasmos y reproches. La Asamblea Popular de los Altos de Chiapas (APACH) criticó los fuertes gastos sostenidos para recibir al Papa en el estado más pobre del país–en la región de los Altos, donde se encuentra la ciudad de San Cristóbal, el 88% de la población es indigente. Un grupo de diferente índole denominado “auténticos coletos’’ (se definen coletos los sancristobalenses), mestizos conservadores que a partir del levantamiento zapatista se opusieron a la presencia de los indígenas en el centro urbano, criticaron la visita papal porque “no beneficia a la ciudad’’, siendo que sólo ‘‘viene a verse con los indios’’, de acuerdo con el diario La Jornada.

En 1995 los “auténticos coletos’’ llegaron a apedrear y lanzar huevos en contra de la curia de la catedral de San Cristóbal, para protestar en contra del entonces obispo don Samuel Ruiz García, considerado un “subversivo”. El trabajo pastoral de Ruiz García era criticado también por la jerarquía eclesiástica, por su elección de adherir a la Teología de la Liberación, por su predicación en las comunidades maya, y su participación en las negociaciones entre los Zapatistas y el gobierno federal.

Por esto hizo clamor la decisión de Papa Francisco de rezar en frente a la tumba del ex obispo. “La visita del Papa a don Samuel Ruiz da un impulso al trabajo de la Teología de la Liberación, a la opción preferencial por los pobres”, explica Jorge Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), fundado por Ruiz. “Es el reconocimiento de que su trabajo era válido y sigue siéndolo. Es el reconocimiento de que los obispos no son príncipes, sino tienen que mancharse las manos, caminar con el pueblo”.

La visita a la tumba de don Samuel Ruiz ha sido el momento más apreciado del viaje del Papa en México por parte de los sectores críticos de la sociedad, que le reprocharon sobretodo no haber reunido con los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, ni a otras organizaciones de víctimas. Según algunos analistas locales, los mensajes del Papa han sido tibios y generales, y no abarcaron los problemas concretos del país ni individuaron responsabilidades. “Pues sí, si se está en el infierno, ni modo de no hablar del calor, pero también hay que referirse a los demonios”, escribió el periodista Álvaro Delgado en la revista Proceso.

Artículo publicado el 19.02.2016 en el Programa de Las Américas

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– ¿Por aquí pasan muchos migrantes?

– Sí, a veces.

Luis mira con curiosidad a las mujeres de la XI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos.

– ¿Es verdad que todas ellas perdieron a sus hijos?

– Están desaparecidos, pero algunas ya los encontraron.

Tal vez Luis encontró a Mauricio Francisco Sauzo Mejía cuando en 2012 atravesó el Suchiate en balsa. Su camino desde Honduras a Estados Unidos se interrumpió en Cadereyta (Nuevo León, México). “Lo decapitaron y mutilaron junto con otras 48 personas, dicen que han sido Los Zetas”, asegura su hermana Lourdes. Era imposible brindar una identidad a los pedazos de cadáveres que se encontraron amontonados en Cadereyta, hasta que la prueba del ADN dio un nombre a aquellos restos. El único consuelo, dice la mujer, ha sido recibir el cadáver de su hermano para enterrarlo.

Lourdes Sauzo Mejía integra al Comité de Familiares de Desaparecidos del Centro de Honduras (Cofamicenh), organización que estuvo luchando para la creación de un Mecanismo Transnacional de Justicia, que permita a las familias de migrantes desaparecidos poner denuncias desde las embajadas mexicanas de sus países de origen. Hasta ahora, para hacerlo los ciudadanos centroamericanos deben viajar hasta México, enfrentando un largo y costoso viaje. Muchas veces ni siquiera obtienen visa para entrar al país. Las demandas de Cofamicenh y de otras organizaciones han sido en parte recibidas por el gobierno mexicano, que el pasado 18 de diciembre creó un mecanismo que permite a las victimas presentar una denuncia penal -por desaparición, secuestro, homicidio u otros delitos cometidos contra los migrantes en  tránsito- ante el agregado de la Procuraduría General de la República (PGR), en las instalaciones de la embajada mexicana de su país.

Encontré a Lourdes en Tapachula, última etapa del recorrido de tres semanas de la XI Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, un grupo de treinta seis mujeres y cinco hombres de Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala que atravesó más de 2.500 quilómetros de territorio mexicano para buscar a sus familiares que migraron y desaparecieron en el camino. No existen datos oficiales sobre el número de migrantes desaparecidos, pero se calcula que desde 2006 sean entre 70mil y 120mil. Lo que se sabe con certidumbre es que desde que se impulsó el Programa Frontera Sur -cuya finalidad declarada por el gobierno mexicano es proteger los migrantes en transito- se han incrementado las violaciones a los derechos humanos y las deportaciones han aumentado sensiblemente. En los primeros diez meses de 2015 han sido expulsados 130.826 migrantes centroamericanos, más que desde Estados Unidos, con un incremento del 41% con respecto a 2014.

“El Plan Frontera Sur es una acción policiaca, es el desplazamiento de cientos de fuerzas federales que implementan operativos y retenes en la ruta migratoria para cazar, detener y deportar al mayor numero de migrantes posible”, explica Rubén Figueroa, coordinador Sur-Sureste del Movimiento Migrante Mesoamericano, que desde 2006 organiza a la Caravana de Madres.

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Clementina Murcia González se sienta a un escritorio y enseña las fotos que lleva colgadas al cuello. Retraen a sus dos hijos desaparecidos, Jorge y Mauro Orlando Funes. La empleada de la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en contra de Migrantes de Tapachula (Chiapas) escucha su historia y de vez en cuando tecla algo en la computadora.

Clementina viene de San Pedro Sula (Honduras), la ciudad más peligrosa del planeta. Decidió denunciar la desaparición de sus hijos para que la Fiscalía de Tapachula la ayude en su búsqueda, aunque se dice convencida de que hayan sido las mismas autoridades mexicanas los responsables de la desaparición de Mauro.

En 2002 el joven salió de San Pedro Sula porque no encontraba empleo. Además, según Clementina, allá la violencia no permite vivir una vida normal. “Las pandillas ni a los adultos los dejan en paz. Si usted no quiere abrir la puerta, la rompen. Y si no quiere dar lo que tiene, la matan con toda su familia, hasta niños de pechos matan”.

Durante un año Mauro llamó a su madre a menudo, diciendo que estaba en Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) donde había encontrado un trabajo. Un día dijo a su patrón que se iba y cuando regresó para cobrar encontró a unos guardias que lo esperaban. Le dijeron que su patrón lo acusaba por desfalco y se lo llevaron. “Aquí en México mucha gente encarcelada está pagando algo que no ha hecho”, asegura Clementina.

Con las demás mujeres de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos, Clementina visitó varios penales, pero en ningún lugar encontró el rastro de Mauro. Ni del otro hijo, Jorge, que salió de San Pedro Sula en 1987.

“Cuando estábamos en Tuxtla Gutiérrez enseñando las fotos de nuestros hijos en la calle, unas personas me dieron una pista”, afirma Clementina esperanzada. “Me dijeron que vieron a Mauro en el parque de la ciudad y que andaba con una guitarra, aunque yo lo veo raro porque él es mecánico y no es músico”.

“Normalmente los migrantes dejan de comunicarse con sus familias en Centroamérica porque tienen muchas limitaciones de recursos intelectuales y económicos”, explica Marta Sánchez Soler del Movimiento Migrantes Mesoamericano. “Las personas que encontramos normalmente tiene mucho tiempo de haber migrado. Cuando salieron era otro mundo, en sus pueblos no había electricidad, calles señaladas o teléfonos celulares, tal vez había una caseta de teléfono a la entrada de la aldes. No es fácil para ellos poderse comunicar. Los que salieron más recientemente son los que nosotros tememos que hayan sido asesinados”.

A través de indicios como este el Movimiento Migrante Centroamericano, que desde 2006 coordina la caravana, encontró a 250 personas, catorce en el último año. Muchas veces se localiza la persona durante un trabajo previo a la salida de la caravana, y luego se invita a la madre u otro familiar a participar en ella para que la pueda encontrar en México.

Artículo publicado por el Programa de Las Américas el 1.01.2016

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“Pablo Emilio Escobar Gaviria. 1 diciembre 1949 – 2 diciembre 1993”, dice la lapide. A su lado están sepultados el hijo, fallecido a los 19 años, la madre, el padre, un tío y la gobernante que crió a los hijos. Es una tumba sobria en comparación con la vida ostentosa y excéntrica del Patrón, como todo el mundo llamaba al capo del Cartel de Medellín.

Llega una pareja de unos 50 años, bien vestida. La mujer se asoma a la lapide de Escobar mientras que el marido le saca una foto, me dice que vienen de la Ciudad de México. “Por aquí pasan muchos mexicanos”, asegura Don Federico. “Don Pablo era un buen hombre, ayudó a muchas personas”.

Muchos en Medellín se dicen convencidos de la bondad del capo del cartel, a pesar de que las autoridades lo vinculen con la muerte de unas 10 mil personas, y que durante su “reinado” la ciudad se convirtió en la más peligrosa del mundo.

Criado en una familia de origen humilde, en 1989 la revista Forbes nombró a Pablo Escobar como el 7° hombre más rico del planeta, gracias a una fortuna que superaba los 25 mil millones de dólares. En 17 años construyó el imperio de la droga más grande de la historia: en su mejor momento filtraba diariamente a los Estados Unidos 15 toneladas de cocaína, utilizando aviones y dos submarinos que se manejaban a control remoto.

A Pablo Escobar lo llamaban el “Robin Hood paisa”. Regalaba dinero a la gente pobre, construía escuelas, hospitales, parques y estadios. Llegó a edificar un entero barrio en Medellín, donde viven 16 mil personas que anteriormente vivían en un vertedero y Escobar los transfirió a este suburbio durante la campaña para ser elegido como representante en el Congreso de la República en 1982.

“Bienvenidos al barrio Pablo Escobar. ¡Aquí se respira paz!”, reza el mural que se encuentra en la entrada.

La generosidad del capo no era gratuita. Fácilmente se convertía en fama y votos para su campaña. Quienes ponían trabas a sus planes eran eliminados. Como el director del diario El Espectador, Guillermo Cano, asesinado por sus sicarios en 1986 después de publicar unas investigaciones sobre las actividades ilícitas de Escobar. O el entonces Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que se atrevió a denunciarlo en frente a la plenaria del Congreso.

El Patrón vivía con su familia y unos animales salvajes traídos desde África en la Hacienda Nápoles, una finca de miles de hectáreas donde recibía políticos, empresarios y periodistas. El reclusorio donde se mudó en 1991 no era meno lujoso. Se llamaba La Catedral y se encontraba en un predio de propiedad del criminal, que se había entregado a la justicia acordando su prisión con el presidente César Gaviria Trujillo, a cambio de no extraditarlo.

Diego Armando Maradona fue invitado a jugar un partido amistoso en La Catedral a cambio de una enorme cifra por parte “de persona muy importante de Colombia”. “Cuando entré a ese lugar parecía un hotel de lujo de Dubai, ahí me lo presentaron, me dijeron: “Diego, él es el patrón”, contó el futbolista. “Lo saludé y el tipo muy respetuoso, bastante frío, pero demostró amabilidad conmigo. Pero como yo de noticias y tele nada, no sabía muy bien quien era”.

Pablo Escobar Gaviria murió hace 22 años, el 2 de diciembre de 1993. Según la versión de su familia, se suicidó disparándose en la cabeza cuando se vio atrapado por la policía y sin escapatoria.

“En los ’90 Medellín llegó a tener una tasa de 390 homicidios por cada 100 mil habitantes y buena parte de la responsabilidad la tiene la aparición del narcotráfico. Ha sido una opción de vida para mucha gente, alimentándose de la crisis que generó la caída de la producción industrial”, me explica en entrevista Jorge Mejía, Consejero para la Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín.

Dice que hoy en día los muertos sean poco más de 16 por cada 100 mil habitantes. “Esta reducción de homicidios y criminalidad tiene que ver con el hecho que buena parte de la ciudad se rebeló en contra de la ilegalidad, Pablo Escobar no es una persona recordada gratamente por la mayoría de la población. Además el estado empezó a hacer presencia en el territorio y hubo una fuerte inversión social en los sectores mas desprotegidos”.

En 2013 Medellín fue galardonada con el premio de ciudad más innovadora del mundo gracias a la repentina baja en la tasa de homicidios y a la inversión infraestructural, que llevó a la construcción de la única metro de Colombia, de una biblioteca y un centro cultural en zonas afectadas por la violencia, de unas escaleras eléctricas y unos funiculares que permiten alcanzar los barrios más humildes y alejados.

Sin embargo, la violencia no ha parado en la ciudad. Lo que era el Cartel de Medellín de Pablo Escobar se transformó en la Oficina del Envigado, mientras que de los restos de los narco-paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) surgió el grupo de los Urabeños.

“Hoy estamos ‘pacificados’, pero en los medios todos los días salen fotos de personas desaparecidas”, afirma Luis Fernando Quijano, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), que encontré en su oficina. “En los últimos 10-15 años son más de 4 mil las personas desaparecidas en Medellín. esto tendría que darnos una alerta”.

La organización no gubernamental señala que la Oficina del Envigado y los Urabeños controlan actualmente el 70% del territorio de la “ciudad de la innovación”, y que el acuerdo de no agresión llamado Pacto del Fusil, firmado entre los dos grupos en 2013, se está deteriorando.

Artículo publicado en el Programa de las Américas el 2.12.2015

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Los expertos independientes presentaron también algunas evidencias que la autoridad conocía y que fueron ocultadas, como las pruebas del involucramiento de la Policía Federal y del ejército en los hechos y la presencia de un quinto autobús. Se trata de uno de los carros que los normalistas ocuparon en Iguala y que probablemente se utilizaba para transportar droga, aunque los muchachos lo desconocían. Según los expertos de la CIDH, este autobús podría representar el móvil del ataque.

A pocos días del aniversario del ataque de Iguala, el Programa de las Américas entrevistó a Carlos Beristain, uno de los expertos independientes que participaron en la investigación.

¿Cómo pueden afirmar que los 43 estudiantes no han sido quemados en el basurero de Cocula?

Nuestro perito, que tiene una enorme experiencia internacional, visitó el lugar. Hizo un análisis in situ de las condiciones que se dieron en el basurero y de si había habido quema en la flora alrededor, causada por la supuesta pira de los 43 cuerpos. Evaluó también los testimonios de los inculpados sobre el modo en que se habría llevado a cabo la acción.

Sin embargo, algunos de los 111 imputados afirmaron que los 43 cadáveres han sido incinerados en el basurero.

Las declaraciones de los diferentes imputados tienen inconsistencias. Presentan cuatro versiones diferentes sobre lo que habría pasado con los normalistas: una señala que los normalistas habrían sido llevados a una casa de seguridad; otra dice que los normalistas habrían ido a atacar armados a los hermanos Benítez Palacio; otra que hubieran sido llevados a Pueblo Viejo y allí enterrados en una fosa; y otra más señala que los muchachos han sido llevados al basurero de Cocula. Estas declaraciones presentan cuatro escenarios diferentes, con inconsistencias entre si, y también adentro de la versión del escenario del basurero de Cocula hay inconsistencias fuertes sobre cómo fueron transportados, dónde y cómo habrían sido supuestamente ejecutados, además de incongruencias sobre otros elementos.

Ustedes averiguaron que es imposible que en el basurero de Cocula haya habido una pira tan grande como para incinerar 43 cuerpos. ¿No será posible que hayan sido quemados un numero inferior de cadáveres?

No hay ninguna versión que diga que hayan sido quemados menos cuerpos, no hay ninguna declaración de ninguno de los inculpados que lo diga. Esto ya sería para nosotros una quinta versión.

¿Se puede afirmar que hubo, por parte del estado mexicano, un intento de ocultar lo qué pasó aquella noche en Iguala?

Nosotros no hemos hecho una evaluación de la intención, lo que dijimos es que hay una omisión total de algunos hechos, a pesar de que estaban en las declaraciones de los normalistas, y lo hicimos saber a la PGR. Nuestro informe contiene descripciones de los hechos y no tiene valoraciones de comportamiento del estado, de la PGR o de los funcionarios. De todos modos, hay personas que tienen responsabilidad sobre estas omisiones, a nosotros no nos corresponde investigar, pero alguien tendría que hacerlo.

¿Qué reacción tuvo la autoridad frente a sus recomendaciones?

Durante los primeros días hubo una respuesta un poco contradictoria. Por una parte el presidente Enrique Peña Nieto publicó en su cuenta de Twitter varios mensajes de apoyo al informe, señalando que el estado lo acogía y que sería incorporado a la investigación. También la PGR hizo declaraciones en el mismo sentido, aunque algunos sectores señalaron que era cierta la versión de la autoridad.

Para nosotros la respuesta es la oficial, o sea que el informe será incorporado a la investigación y que nuestras recomendaciones serán tenidas en cuenta para reorientar la investigación, la búsqueda y la atención a los familiares, que son los tres puntos clave de nuestro mandato.

Nuestro trabajo es una oportunidad para el estado de México y consideramos que es un aporte para la lucha en contra de la impunidad en el país. Es una herramienta importante no sólo por este caso concreto, sino tiene también recomendaciones generales para los otros casos de desaparición forzada en el país, y esperamos que sea acogido en la practica.

Su mandato fue ampliado para otros seis meses. ¿En qué consistirá su trabajo?

Vamos a tener 6 meses más de trabajo para poder seguir empujando en esta dirección. Ahora sabemos algunas cosas claramente: que los normalistas no fueron confundidos con narcotraficantes, que no estaban infiltrados por nadie, que a través del C4-una estancia de coordinación en la que están la Policía Federal, la Municipal, la Estatal y el Ejército-los jóvenes fueron monitoreados antes y después de que llegaran a Iguala.

De esta parte de la historia sabemos lo que pasó, hay otra parte de la que todavía no tenemos claridad y es en esta zona gris que tenemos que encentrarnos en los próximos meses.

Artículo publicado por el Programa de las Américas el 23.09.2015

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