Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021

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Juana y su esposo, Pedro Jiménez Méndez, junto con otras 5 familias de Las Abejas, se refugiaron en la comunidad de Acteal el 10 de agosto de 2019. Durante los primeros meses que transcurrieron en esta comunidad fría de los Altos de Chiapas fueron otras familias de Las Abejas quienes les entregaron su maíz y su frijol. Luego tuvieron apoyo de la parroquia de Chenalhó y del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México (FISANIM).

En Acteal, la pareja de poco más de 20 años perdió dos bebés. La diarrea y los vómitos empezaron para su hija María Angélica a pocos meses del desplazamiento. “Ella siente lo que ustedes sufren, su angustia hace que su hija se enferme”, dijo un curandero al matrimonio. La niña murió antes de cumplir el año. En aquel momento Juana ya estaba embarazada de María del Carmen, que falleció a los seis meses por las condiciones del desplazamiento.

“Vivir hacinados en un cuartito de madera con piso de tierra y compartir una cocina entre seis familias, la leña húmeda, el humo tupido que se penetra directamente en los pulmones hizo que ella se enfermara”, escriben en su blog Las Abejas de Acteal.

El pasado 20 de mayo, las seis familias desplazadas de Los Chorros llenaron cajas y costales con sus pocas pertenencias y las subieron a unas redilas. Viajaron en caravana hacia Los Chorros, acompañadas por otros integrantes de Las Abejas, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Una vez llegadas a la entrada del ejido, siguieron el trayecto hacia su comunidad caminando y cantando, dándose ánimo.

Acoso paramilitar desde 1997

La violencia en Los Chorros no es cosa nueva. El ejido ha sido uno de los laboratorios donde la Sedena implementó su manual Plan de Campaña Chiapas 94, que contemplaba el adiestramiento de civiles armados para la guerra contrainsurgente.

“Los Chorros es la cuna del paramilitarismo de los años ’90. Aquí se ha formado un grupo armado priista cuyos vínculos con el Estado se han comprobado y que participó en la masacre de Acteal”, afirma Jorge Luis Hernández del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba). “El grupo que opera hoy en día no está formado por las mismas personas que operaban en los años ‘90. Tampoco tiene las mismas armas o la misma estrategia, pero se trata del mismo ambiente, de la misma escuela que usa el miedo y el terror para controlar a la población”.

Hay varios grupos armados que operan en Chenalhó, atacando a la población del mismo municipio y de los territorios colindantes. De acuerdo con varias fuentes que consultamos, son financiados por la presidencia municipal. “El gobierno federal da mucho más dinero a los municipios indígenas de los Altos de Chiapas que a otros más grandes, como el de San Cristóbal de Las Casas. Con este dinero se arman estos grupos, que son manejados por las “dinastías” que se han formado en las presidencias municipales”, afirma el antropólogo experto en paramilitarismo Arturo Lomelí, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

Sin duda Abraham Cruz Gómez, que ha sido presidente municipal de Chenalhó hasta que tuvo que dejar su cargo para dedicarse a la campaña electoral de 2021, pertenece a esta dinastía. Cruz Gómez es originario de Puebla, otro ejido donde se han formado los paramilitares que participaron en la masacre de Acteal. Es hijo de Agustín Cruz, pastor presbiteriano que bendijo las armas utilizadas en la matanza, y es yerno de Jacinto Arias Cruz, quien en 1997 era presidente municipal de Chenalhó y ha sido señalado por la entonces PGR como el principal responsable de la masacre de Acteal.

En 2013, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) excarceló a Jacinto Arias Cruz por faltas al debido proceso – o sea por errores cometidos por parte del mismo Estado – junto con la mayoría de las personas sentenciadas por su participación en la masacre de Acteal. Poco después de que el ex presidente municipal de Chenalhó regresara al ejido Puebla, empezaron los ataques en contra de las bases de apoyo zapatista y de Las Abejas, hasta que 17 familias tuvieron que desplazarse.

Las elecciones de 2015 mostraron una vez más la cantidad de armas que existen en Chenalhó. Grupos priistas se enfrentaron con partidarios de Rosa Pérez Pérez del PVEM, cuyos hombres armados desplazaron unas 250 personas del ejido Puebla. En 2018, la presidencia municipal de Chenalhó pasó al tesorero de Rosa Pérez Pérez, el ya citado Abraham Cruz Gómez, cuyo rostro enmarcado por un sombrero tradicional tsotsil está en los afiches del PVEM para la campaña electoral de 2021.

De rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos

El 20 de mayo de 2021, mientras las familias desplazadas de Los Chorros regresaban a sus hogares, a menos de 20 kilómetros de distancia un campesino era herido en la mano por otro grupo armado de Chenalhó. Ocurrió en la comunidad de Ch’ivit, Aldama, municipio que mantiene una disputa sobre 60 hectáreas de tierra con Chenalhó. La víctima se llama Marcelino Santiz y se encontraba en su parcela cuando lo alcanzó una bala disparada desde Santa Martha, comunidad de Chenalhó donde opera un grupo armado que los presidentes municipales se han ido heredando. 

Se sabe muy poco de esta agrupación de corte paramilitar. De acuerdo con el CDH Frayba, está formada por cinco grupos que actúan de forma conjunta en contra de las comunidades. Los pobladores los ubican como rambos, militares, ninjas, policías y ex milicianos, según la forma en que visten.

A partir de febrero de 2018, cotidianamente y constantemente, este grupo dispara en contra de los pobladores de Aldama mientras se encuentran en sus casas, en sus parcelas o viajan en carro. En estos tres años asesinaron a 7 personas y 24 resultaron heridas. A causa de las balaceras, más de 2 mil pobladores de Aldama están obligados a desplazarse de forma intermitente: abandonan sus hogares y regresan cuando la intensidad de los disparos baja.

Unos meses antes de que el conflicto en Aldama recrudeciera, este grupo armado incursionó también en Chalchihuitán, que mantiene otra disputa de tierra con Chenalhó. Entre octubre y noviembre de 2017, desplazó a 5023 personas de este municipio tsotsil, que como Aldama es de los más míseros del país: de acuerdo con Coneval, más del 99% de su población vive en situación de pobreza.

Tras el desplazamiento forzado masivo, durante un mes el grupo armado de Chenalhó cerró las carreteras para que no entrara la ayuda humanitaria para los desplazados de Chalchihuitán. Once personas, entre ellos dos bebés, murieron de hambre y frío en el monte. Por falta de condiciones de seguridad, 1237 personas siguen desplazadas.

Las Abejas negociaron durante meses con las autoridades locales las condiciones de seguridad para el regreso de las seis familias desplazadas de Los Chorros. “Creo que se respetarán los acuerdos y podremos convivir con los partidistas de la comunidad, aunque tengo un poco de preocupación”, afirma Pedro Jiménez Méndez, esposo de Juana.

El joven estaba en una reunión para ultimar los detalles del acuerdo para el regreso, cuando su esposa Juana Ramírez Pérez caminaba con las demás familias desplazadas rumbo a su comunidad. Los pobladores de Los Chorros observaban la peregrinación de de Las Abejas, mientras unos músicos los acompañaban con guitarras y trompetas, cantando de la masacre de Acteal y de otras: Aguas Blancas, Ayotzinapa, Tlatlaya. 

Fue justo el revuelo internacional que despertó la masacre de Acteal – donde la responsabilidad del Estado fue comprobada – que obligó a un replanteamiento en la estrategia contrainsurgente. Se dio prioridad a los programas asistencialistas y se sustituyeron las acciones llamativas con operaciones menos visibles pero continuas, que desgastan y quiebran psicológicamente a la población: unos balazos en Chalchihuitán, un herido en Aldama, unas niñas de Los Chorros muertas durante su desplazamiento. Cada día, día tras día. Acciones que no llaman mucho la atención y se vuelven nota para pocos medios. Por esto la fase actual del conflicto chiapaneco es llamada “guerra integral de desgaste”.

Juana, Pedro y su hijita se quedarán en la casa de los padres de él durante sus primeras semanas en Los Chorros, pues la suya está sin techo ni paredes. Las láminas han sido destruidas y las tablas de madera despegadas por los miembros del PVEM que los atacaron. La pareja regresa a su comunidad con esperanzas, pero sabiendo que como vecinos tendrán a las mismas personas que los desplazaron.

Artículo publicado en Pie de Página el 30.05.2021

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Estamos en el centro religioso de la corriente musulmana Ahmadiyya de San Cristóbal de Las Casas, una de las cuatro mezquitas de esta ciudad. Es el 13 de abril y el ruido de un aguacero fuera de temporada atenúa la oración que marca el comienzo del Ramadán, la ayuna que las personas musulmanas respetan de sol a sol durante un mes. Se trata de una oración que se repetirá cada día al atardecer, hasta el 13 de mayo, cuando nacerá la luna nueva y se celebrará el Aid al Fitr, la fiesta de fin del Ramadán. 

La oración se interrumpe y entran unos platos de frutas: papaya, plátano, naranja. El sol se ha escondido y se puede romper la ayuna. Las mujeres comen de un lado de la cortina y los hombres del otro, sentados en círculo en los tapetes que cubren el piso. Cuando platican, el árabe de la oración es sustituido por el tsotsil. 

“¡Allah akbar! – ¡Allah es grande!”, canta un joven que lleva un gorrito pakistaní llamado kufi. Laspostraciones comienzan otra vez, en la mezquita que ahora perfuma a naranja.

“El Ramadán es un mes completamente espiritual que conlleva muchas reflexiones”, dice Ibrahim Chechev, indígena tsotsil que como imam es encargado de la dirección espiritual de la comunidad Ahmadiyya. “Al padecer hambre y sed te metes un poquito en la vida de las personas más pobres y te vuelves más humilde, más humano, todo lo agradeces”.

La familia de Ibrahim Chechev fue una de las primeras de San Cristóbal de Las Casas a convertirse al islam, en los años 90. En ese entonces el joven se llamaba Anastasio Gómez Gómez y era un adolescente preocupado por la violencia en su familia. 

“Lo que más me llamó la atención del islam es el espacio que da a libertad personal y a la protección de las mujeres. De hecho, tras la conversión mi papá dejó de maltratar a mi madre”, asegura Ibrahim Chechev, que tras siete años pasados en Granada cecea como español. “Dios dice claramente que ante los ojos de él todos somos iguales y que las mujeres no son inferiores. La forma en que tratan a las mujeres en países como Arabia Saudita no tiene nada que ver con el mensaje del islam, es una interpretación equivocada del sagrado Corán”.

En cuatro ocasiones Ibrahim Chechev viajó a La Meca, en Arabia Saudita, lugar de peregrinación casi obligada para los musulmanes. “Uno no puede descifrar la alegría, la intensidad que se vive ahí, es un regalo único realmente. Cuando encuentras a una multitud de gente y todos son tus hermanos, y hablas una sola palabra con personas de otros países y de clases sociales distintas. Allí ves que el islam es una única religión universal”.

Casi 8 mil musulmanes en México

El islam abraza unos mil 800 millones de personas en todo el mundo y se estima que al final del siglo los musulmanes superarán en número a los cristianos. Al contrario de lo que se suele pensar, sólo el 20% son árabes. De acuerdo con el censo INEGI de 2020, en México 7982 personas se reconocen como musulmanas y se estima que la comunidad de San Cristóbal de Las Casas está integrada por unas 700 personas, en gran mayoría indígenas. En el transcurso del tiempo, se han dividido en cuatro grupos distintos.

Las demás corrientes del islam existentes en el mundo consideran como herejes a los Ahmadiyya. “Su fundador se asumía como profeta, cuando uno de lo cinco pilares del islam afirma que Mohammed fue el último”, dice Abderrahman, emir de la mezquita Iman Malik de San Cristóbal de Las Casas, que es parte de la corriente musulmana sufi. Añade que otra diferencia con las demás corrientes del islam es que los Ahmadiyya no creen en la segunda venida de Jesús: afirman que el profeta no se murió en la cruz sino siguió con su misión de mensajero de Dios hasta los 107 años, cuando falleció en Cachemira.

De acuerdo con el emir Abderrahman, que es español, el islam más que una fe es una practica que desarrolla la disciplina. La vida cotidiana de las personas musulmanas se adapta a la obligación de rezar cinco veces al día y a respetar la ayuna durante el mes de Ramadán, volviendo su existencia más recta y centrada. “El Ramadán es una experiencia extraordinaria”, asegura. “Es una ayuna que purifica el organismo y que no resulta muy pesada para quien la hace, gracias a su componente espiritual”.

El emir está sentado en el tapete rojo que cubre el piso de la mezquita Iman Malik, un edificio grande con un minarete y con arcos y azulejos en estilo árabe. Se encuentra justo frente a la sede de los Ahmadiyya, en el periférico norte de San Cristóbal de Las Casas, en una colonia donde conviven iglesias católicas, evangélicas, presbiterianas y adventistas. De acuerdo con el INEGI, Chiapas es el Estado con más diversidad religiosa de México y sólo el 54% de su población se considera católica. 

Un musulmán atraído por el zapatismo

Como el catolicismo, el islam llegó a Chiapas de España. Se llamaba Aureliano Pérez Yruela, también llamado Nafia, el primer español musulmán que desembarcó en 1995, un año después del levantamiento zapatista. Integraba al Movimiento Mundial Murabitun (MMM), movimiento islámico que rechaza el capitalismo, los bancos y el papel moneda, y anhela la reconstrucción de las comunidades autónomas del Estado que Mohammed fundó en la ciudad saudí de Medina. 

Nafia llegó a Chiapas con la esperanza de encontrar al subcomandante Marcos para proponerle la puesta en marcha de “un plan económico y político de reconstrucción social”.  “La lucha por la liberación de los pueblos debe hacerse bajo la bandera del islam transformador, siguiendo el mensaje revelado que nos trajo Mohammed, el último de los profetas, el libertador de la humanidad”, escribió Nafia en la carta de 14 cuartillas que entregó al comandante Tacho y al entonces mayor Moisés.

El subcomandante Marcos nunca quiso encontrar a Nafia, que sin embargo decidió quedarse en Chiapas para establecer, no sin dificultades, una comunidad islámica. Nafia leyó como una ventaja los cambios que, a mediados de los años ’90, la chispa zapatista estaba detonando en San Cristóbal de Las Casas, ciudad donde confluía mucha gente del campo, de otras partes de México y del extranjero. El cosmopolitismo y la riqueza étnica y cultural de San Cristóbal de Las Casas se refleja en la actual composición de la comunidad musulmana, integrada en su mayoría por personas de diferentes pueblos indígenas, además de mestizos sancristobalenses y blancos de origen español.

En un principio, Nafia se acercó a las familias tsotsiles evangélicas que en los años ’70 habían sido expulsadas de San Juan Chamula. Éstas encontraron en la comunidad musulmana el espacio donde reconstruir sus lazos comunitarios, y un sentido de pertenencia que había sido trastocado por su desplazamiento forzado. Los nuevos conversos invitaban a sus familiares, aprovechando del “nomadismo religioso” presente en esta religión, donde es común que una persona cambie de fe varias veces en su vida. La comunidad musulmana se fue alargando poco a poco.

El sincretismo religioso

Cada día Aisha Gómez Pérez acude a la mezquita Ahmadiyya para conectarse al Internet y seguir las clases de la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), que son en línea desde el comienzo de la pandemia. La joven es tsotsil y su familia se convirtió al islam antes de que naciera: desde bebé la llaman Aisha, que en árabe significa “llena de vitalidad”. 

Su carrera escolar empezó en la madrasa (escuela coránica) que el MMM abrió en San Cristóbal de Las Casas. “Durante las oraciones las maestras sentaban a los niños blancos, hijos de los primeros españoles que llegaron a Chiapas, frente a los niños indígenas, y durante las clases los trataban mejor”, recuerda Aisha Gómez Pérez. 

Su familia le contó que Nafia era una persona autoritaria que les prohibía hablar tsotsil, vestir sus prendas tradicionales, comer tortillas y relacionarse con personas no musulmanas. Además, obligaba a las mujeres a llevar el velo todo el tiempo y promovía la poligamia masculina que, a pesar de ser permitida por el Corán, no era aceptada por las conversas.

La primera división de la comunidad islámica de San Cristóbal de Las Casas se dio a finales de los noventa, justo a causa de los intentos de los integrantes del MMM de borrar la identidad tsotsil e imponer costumbres que no eran aceptadas por la población local. 

“Recuerdo que en aquella época algunas activistas y académicas feministas se preocupaban de que la llegada del islam significara una cuádruple opresión para las conversas; por ser mujeres, pobres, indígenas y musulmanas”, dice la investigadora independiente Sandra Cañas Cuevas. “Veían a las mujeres indígenas como carentes de agencia y en realidad esta experiencia de conversión es más compleja”.

Cañas Cuevas afirma que las mujeres de la comunidad islámica se apropiaron de la nueva religión de forma selectiva, retomando algunas prescripciones y reformulando o hasta rechazando las que no consideraron adecuadas.

Un ejemplo es el uso del velo: algunas decidieron usarlo en la calle y otras lo llevan sólo durante las oraciones, como Aisha Gómez Pérez. En el primer día de Ramadán, la joven tapó su cabeza con un chal de lana, azul y morado. Cuando la oración termina, se sienta en círculo con sus compañeras en el tapete de la mezquita Ahmadiyya y, del otro lado del lienzo blanco que divide el cuarto, los hombres hacen lo mismo.

La lluvia ha dejado de ensordecer y en el cielo ya se ha asomado la luna nueva que señala el comienzo del mes sagrado. Se rompe la ayuna comiendo harira, una sopa marroquí que aquí se prepara con chile y se acompaña con tortillas. “El islam no cancela las expresiones culturales locales y es normal que no sea lo mismo en Asia, en África o en Europa”, afirma una mujer de origen español. “Es una religión que florece de formas distintas y adquiere las peculiaridades de un lugar, el sabor de una cultura”. 

Artículo publicado en Pie de Página el 8 de mayo de 2021

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La joven de 24 años prestaba su servicio social en la clínica de esta comunidad de la Selva Lacandona, de donde hace dos meses pidió ser reubicada por haber sido víctima de agresión sexual. Lo único que la Secretaría de Salud de Chiapas le otorgó fue un periodo de descanso sin goce de sueldo. 

“UNACH omisa, queremos justicia”, corearon las manifestantes, que en San Cristóbal de Las Casas marcharon por las calles principales del centro histórico y tuvieron un mitin frente a la Facultad de Derecho. “El feminicidio es la cumbre de la violencia machista hacia las mujeres, producto de una cultura patriarcal que promueve el odio y permite el abuso y el acoso”, afirman en un comunicado que leyeron durante el acto.

Las compañeras y compañeros de la Facultad de Medicina de Mariana Sánchez Dávalos, que declararon un paro indefinido de las actividades, aseguran que “le harán justicia” y abrieron una petición en change.org para pedir la destitución de Ana María Flores García, directora de la Facultad de Medicina de la UNACH, a quien acusan de haber dado la espalda a Mariana. 

“Gracias a Dios, Mariana no sufrió algo que es vil ante los humanos: hacer algo que tú no quieras”, afirmó Ana María Flores García tras enterarse del feminicidio de su alumna. “Siento cuando un hombre o mujer son asesinados, pero en el caso de Mariana, tenemos que ser respetuosos con la carpeta de investigación que se abrió”. 

En noviembre, Mariana Sánchez había denunciado la agresión ante la Universidad de Chiapas y también ante la Fiscalía de Chiapas, que las manifestantes consideran responsable del crimen por omisión. “Con la impunidad, esta violencia se vuelve institucional”, afirman en su comunicado.

El Comité de Estudiantes de Medicina de Chiapas informó este domingo que iniciaron un paro infefinido de actividades «con el fin de exigir justicia en la resolución del feminicidio de nuestra compañera médica pasane del servicio social.

La comunidad estudiantil exigieron que se tomen las medidas correspondientes en contra de quienes hicieron caso omiso a las denuncias de Mariana.

La Fiscalía de Chiapas inició una carpeta de investigación como feminicidio, conforme a protocolo. El sábado, la FGE señaló que la necropsia determinó que la causa de la muerte de la joven doctora es “asfixia mecánica secundaria por ahorcamiento”, y que “el cuerpo no presentaba huellas de violencia y tampoco de agresión sexual”. 

“¿El ahorcamiento no es huella de violencia?”, se preguntaron las usuarias en redes sociales, que con el hashtag #JusticiaParaMariana están pidiendo que el feminicidio no quede impune. María Guadalupe Cruz Acuña, fiscal contra Homicidio y Feminicidio de la FGE, afirmó que se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio, y aseguró que “se agotarán todas las líneas de investigación hasta el total esclarecimiento”.

Este domingo, la Secretaría de Salud federal dijo en un comunicado que reforzará vículos entre instituciones para que tanto estudiantes de Medicina como servidoras públicas a cargo de programas de educación tengan las herramientas necesarias para prevenir, denunciar y atenderlas violencias de género.

En el comunicado firmado por el titular de la dependencia Jorge Alcocer, la Secretaría se dijo indignafa y asguró que hay «cero tolerancia hacia las conductas y manifestaciones de violencia de género y contra las mujeres».

Antes, la Secretaría de Gobernación aseguró que el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y la Fiscalía de Chiapas trabajan en conjunto para aclarar la muerte de la joven.

Artículo publicado en Pie de Página el 31 de enero de 2021

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¿Cómo protegen los zapatistas su territorio del coronavirus? Con un territorio difuso y extenso, el EZLN ha apostado por la prevención y la desmovilización física de los habitantes

El doctor Luis Enrique Fernández Máximo se enteró de la alerta roja del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a través del Internet. Se alejó de la clínica autónoma zapatista de la comunidad de Las Tazas, donde colabora, y compró una ficha que permite conectarse a la red hasta en esta zona de la Selva Lacandona donde no hay señal. Desde que dejó Tlaxcala para trabajar con la organizacion no gubernamental Sadec (Salud y Desarrollo Comunitario) en esta comunidad, el joven doctor descubrió no sólo que le encantan la vida sencilla y los silencios nocturnos de la selva, sino que su real necesidad de conectarse al Internet es de un par de horas por semana.

Era el 16 de marzo de 2020 y en México había sólo 82 personas positivas al coronavirus. Luis Enrique Fernández leyó en su celular el comunicado del EZLN:

“Considerando la amenaza real, comprobada científicamente, para la vida humana que representa el contagio de covid19; considerando la frívola irresponsabilidad y la falta de seriedad de los malos gobiernos”, escribe el Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI) – Comandancia General del EZLN.

“Considerando la falta de información veraz y oportuna sobre el alcance y gravedad del contagio, así como la ausencia de un plan real para enfrentar la amenaza. Considerando el compromiso zapatista en nuestra lucha por la vida. Hemos decidido: declarar la alerta roja en nuestros pueblos, comunidades, barrios y en todas las instancias organizativas zapatistas”.

Al leer el comunicado, el joven doctor pensó que el EZLN lo iba a invitar a salir de su territorio. Así se hizo con los demás cuatro médicos y dos odontólogos de Sadec, que trabajan en cuatro comunidades de los municipios de Palenque y Ocosingo. Sin embargo, no fue así. Se permitió su permanencia para apoyar a la única “promotora de salud”, como se les dice a las y los zapatistas que curan con las plantas y con la medicina occidental. 

Cuando en 1994 se levantó en armas, el EZLN recuperó más de 150 mil hectáreas de tierra, donde construyó un sistema de gobierno, justicia, educación y salud totalmente autónomos del Estado; esto en regiones donde no llegaban maestros, doctores ni abogados. Lo hizo con el apoyo solidario de algunos colectivos y organizaciones nacionales e internacionales, como Sadec. Éste, desde 1995 colabora en la consulta médica en algunas comunidades autónomas y en cursos de formación para los promotores de salud, muchos de los cuales son a su vez formadores de sus propios colegas. 

Joel Heredia, fundador de Sadec, dice que de ellos aprendió que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad; y tiene que ver con “la capacidad de sentirse con ánimo de despertar, caminar, reírse, ir a la milpa. Salud es que su corazón esté contento, que uno se sienta a gusto consigo mismo y los demás”.

Paralelamente a la declaración de alerta roja, el EZLN cerró los Caracoles y los Centros de Resistencias y Rebeldías; asimismo, los “centros administrativos” que son sedes de su gobierno y de las clínicas autónomas más grandes y equipadas. Los promotores de salud fueron capacitados sobre la prevención del covid-19; luego fueron enviados a sus propias comunidades, también a las más remotas, donde existen pequeñas casas de salud autónomas.  

“Es un planteamiento claramente estratégico: no tener movilidad para impedir la difusión del virus y tener capacidad de atender estacionalmente, localmente, en cada punto donde hay un promotor de salud”, explica Joel Heredia. “Me sorprende que no hayan instalado un “Centro Covid autónomo”, para aislar a los casos sospechosos. Supongo que al hacer un cálculo frío de costos y beneficios asumieron que no valía la pena intentar atender en la parte asistencial; esto, dado el alto riesgo de contagio del personal de salud y se enfocaron a la acción preventiva comunitaria. Sin duda pusieron en la balanza que esto conlleva unos costos, pues no se están atendiendo personas con otras enfermedades”.  

El elemento que complica esta estrategia es que el territorio bajo influencia del EZLN no está delimitado claramente; en él, los zapatistas conviven con los partidistas, y resulta muy difícil para las autoridades autónomas ejercer un control sanitario estricto.

“Cuando el coronavirus llegó a México, en la comunidad Arroyo Granizo las autoridades zapatistas convocaron a toda la población – zapatista y partidista – para plantear las medidas de seguridad”, explica Joel Heredia. “Funcionó unos días y luego se perdió la capacidad de mantener la vigilancia, sobretodo debido a la gente migrante que regresó”.

Como en muchos rincones del mundo, una de las mayores preocupaciones del EZLN es la recepción de los migrantes que regresan a sus comunidades tras haber perdido su empleo en las maquilas del norte o en las playas del Caribe. La recomendación de la Comandancia zapatista es ponerlos en cuarentena. 

“Nosotros sabemos que los hermanos de algunas comunidades que vienen de fuera los han aislado. Después de 15 o 30 días ingresan con sus familias”, dice el comandante Tacho en un audio de Whatsapp que se difundió entre los bases de apoyo del EZLN. «Ese cuidado que ustedes han hecho es lo correcto. Así estamos seguros que estamos evitando un contagio que pueda llegar de afuera. No lo deseamos para nadie, pero tenemos que tomar las precauciones necesarias. Para que todos salgamos con vida para enfrentar esta enfermedad que tanto se ha extendido en diversas partes del mundo”.

La Clínica Autónoma de los Pobres

La clínica autónoma de Las Tazas se inauguró en 1995; y se encuentra en la zona Dolores Hidalgo, uno de los nuevos Caracoles zapatistas anunciados hace poco más de un año. Es un edificio de barro pintado de azul, con murales de mujeres con estetoscopios, plantas y rostros encapuchados. Una lona de plástico que cuelga de un muro externo explica los síntomas del nuevo coronavirus y sus medidas de prevención. Afuera, un cartel advierte las nuevas reglas: “Por motivos de contingencia sólo pasarán dos personas a la vez adentro de la clínica. Atte: los compas”.

La Clínica Autónoma de los Pobres tiene una farmacia; las consultas son gratuitas pero las medicinas tienen un costo. también cuenta con un consultorio dental y uno médico con aparato de ultrasonido y doppler. La promotora de salud zapatista y el médico de turno de Sadec atienden todos los días de la semana; en la tarde y en la mañana. Antes de la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus hacían también consultas a domicilio. Reciben unos diez pacientes al día, originarios de Las Tazas y de otras ocho comunidades. 

El servicio de la clínica autónoma es fundamental para la población de la zona: zapatista y partidista; ya que la Unidad Médica Rural del IMSS de Las Tazas abre sólo tres días a la semana, y en el mes de mayo la doctora llegó sólo unos pocos días. 

“Muchas personas que acuden a la clínica autónoma ya estuvieron en la del IMSS y llegan preguntándonos si el diagnóstico del otro médico está bien”, dice Luis Enrique Fernández de Sadec.

Cada veinte días, Luis Enrique se turna en la clínica autónoma de Las Tazas con Juan Carlos Martínez Vásquez. Éste es otro joven médico originario de Ciudad de México, que antes de llegar a la Selva Lacandona no tenía conocimiento alguno sobre el pensamiento y la práctica zapatista. Su dificultad más grande es la comunicación en tzeltal, pues buena parte de los pacientes no hablan castellano; aunque la promotora de salud lo ayuda con la traducción. Gracias a ella, Juan Carlos Martínez conoció las plantas medicinales y aprendió lo que no se enseña en universidades: tratar con personas en lugar de enfermedades. “Si un día vieras un promotor hablar con un paciente es de verdad el acercamiento más humano que llegarías a tener”, dice. 

Hasta ahora a las clínicas de Las Tazas han llegado seis pacientes con síntomas de Covid19, que se están resguardando en sus casas. A los casos más graves habría que trasladarlos al Centro de Atención Respiratoria abierto por la Secretaría de Salud en Ocosingo. Éste se encuentra a tres horas de distancia. 

Según Joel Heredia, fundador de Sadec, en Ocosingo y Palenque, la atención en el sistema de salud pública paradójicamente mejoró con la pandemia. “Antes, los hospitales no tenían áreas ni ambulancias de cuidados intensivos; porque las que más lo necesitaban eran mujeres indígenas que tenían complicaciones durante el parto”.

“Esta pandemia nos dejó ver la vulnerabilidad de todo el mundo, hasta de un presidente municipal o de un diputado. No es la bondad de la pandemia, es lo terrible de la pandemia” remató Heredia. 

Artículo publicado por Pie de Página el 4 de julio de 2020

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Araceli tiene tres años y sabe que cuando se escucha un disparo se debe tirar al suelo. Se lo enseñaron después de que la cocina de su casa fue baleada. Era el 22 de enero de 2019 y su madre, su tía y su abuela – todas ellas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) – hacían tortillas frente a su fogón, cuando desde la comunidad de Santa Martha (Municipio de Chenalhó) llegó una ráfaga que agujereó las paredes de tablas y destruyó el techo en lámina. Por fortuna, esa vez no hubo heridos.

“Los grupos armados de corte paramilitar disparan casi diario, día y noche”, dice Abraham, padre de Araceli e integrante de la cooperativa de café zapatista Yach’il Xojolabal. “Estamos pensando en construir un muro de concreto aquí afuera, para que si llegaran a disparar otra vez las balas no entren”. 

Todos en San Pedro Cotzilnam (Aldama), tanto familias zapatistas como partidistas, coinciden: la última semana de enero de 2019 es una de la más violentas. Un conflicto que empezó en 2016, cuando Aldama negó a los habitantes de Santa Martha el permiso para utilizar un ojo de agua. Las tensiones entre los dos municipios remontan en realidad a la década de 1970. Una disputa sobre 60 hectáreas de bosques, milpas y cafetales, que un fallo del Tribunal Unitario Agrario (TUA) de 2009 otorgó a Aldama. 

Desde 2016 la población de Aldama, que de acuerdo con el último estudio sobre pobreza de Coneval (2015) es el tercer municipio más pobre de México, vive bajo la amenaza constante de unos grupos armados de corte paramilitar. Éstos disparan desde la comunidad de Santa Martha, aprovechando de la ventaja que les da el estar en un campo más alto que Aldama. Tirotean en contra de casas y personas, sean zapatistas o partidistas. Tiran a los carros, aunque transporten heridos, y a los campesinos mientras se dirigen a sus parcelas. 

El conflicto en Aldama ha causado, en total y hasta ahora, 7 muertos, 19 heridos de balas y unas 2 mil personas que constantemente tienen que desplazarse de forma “intermitente”.

Es decir, que durante los tiroteos se esconden en la montaña, en casa de familiares o en refugios, y regresan a sus casas cuando vuelve la calma. 

Al vocero de los desplazados de Aldama, Cristóbal Sántiz Jiménez, lo detuvieron el pasado 14 de marzo por homicidio calificado. Varias organizaciones de derechos humanos denuncian la existencia de irregularidades jurídicas y piden su excarcelación.

Por otro lado, los pobladores de Santa Martha acusan a Sántiz Jiménez de ser responsable de los 19 asesinatos ocurridos en su comunidad. 

“Lo que como Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) hemos documentado, es que de estos 19 muertos, 15 han sido asesinados antes del comienzo del conflicto más álgido (2016) y con una violencia brutal, lo que nos hace pensar que se trate de un ajuste de cuentas entre grupos criminales”, afirma Pedro Faro, director del (Frayba).

“Las demás 4 personas pensamos que puedan haber sido asesinadas como respuesta de los pobladores de Aldama a los ataques de Santa Martha”. 

El conflicto se da en una región – los Altos de Chiapas – donde en dos años y medio grupos armados de corte paramilitar desplaaron a más de 7 mil indígenas tsotsiles (incluidos los de Aldama).

Varios de los paramilitares se formaron en el Municipio de Chenalhó. En ese municipio, en 1997, masacraron a 45 personas, en la capilla de la comunidad de Acteal.

El Frayba no señala la existencia de una conexión directa entre los grupos armados de corte paramilitar actuales y los que se formaron en los 90 tras la insurrección del EZLN. Pero denuncia que excarcelaron a las personas detenidas por la masacre de Acteal. Muchas de ellas regresaron a Chenalhó; nunca les decomisaron sus armas y algunos de los políticos que los apoyaban siguen operando en la región.

¿Qué hay detrás de los ataques?

De acuerdo con los zapatistas de Aldama, existen intereses van más allá de las 60 hectáreas en disputa, posible motivo real de tanta violencia. “La gente de los grupos armados de Santa Martha son campesinos, ¿dónde encuentran el dinero para comprar las balas?”, pregunta Abraham. 

Abraham es integrante de la cooperativa Yach’il Xojolabal. Afirma que algunos grupos de poder podrían impulsar la violencia como pretexto para militarizar la región. Así lo demostraría la apertura en enero de 2019 de la Base de Operaciones Mixtas (BOM) en Cocó, una de las comunidades de Aldama más golpeadas por la violencia. 

De acuerdo con esta teoría, más que garantizar la seguridad de la población, la presencia militar sería funcional a la entrada de las empresas extractivistas. En Aldama hay rumores de un interés en extraer recursos minerales de su subsuelo. Y en construir una hidroeléctrica en el río que cruza el valle que lo divide de Chenalhó.

Sin embargo, el Servicio Geológico Mexicano no señala la presencia de ningún tipo de mineral en el subsuelo del municipio y el Frayba no tiene documentada ninguna de estas actividades.

“Hemos investigado en los presupuestos anuales del gobierno federal y no hay ningún dinero dedicado a la construcción de proyectos de este tipo”, afirma Jorge Luis López, integrante del Frayba.

En un comunicado del 6 de febrero de 2019, la Junta de Buen Gobierno de Oventic denunció la violencia que afecta a las familias zapatistas de Aldama y Santa Martha. Responsabilizó a los tres niveles de gobierno por no haber solucionado a fondo el problema. “Su política es repartir dinero y migajas, crear conflictos y militarizar a las comunidades indígenas. Solo mal acostumbran dando dinero para calmar a la gente. Y eso ¿No es corrupción?”, preguntan las autoridades autónomas zapatistas. 

Un pacto fallido

La administración federal de Andrés Manuel López Obrador impulsó, en junio de 2019, un pacto de no agresión entre Aldama y Santa Martha. Su firma se dio bajo la presencia del subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien lo consideró como “el inicio de una nueva etapa de paz y reconciliación”. 

Sin embargo, los tiroteos empezaron a los pocos días y a finales de julio de 2019 Filiberto Pérez Pérez, un joven de la comunidad de Tabak (Aldama), fue asesinado por un francotirador durante el velorio de su abuela. Una bala le dio en el cuello.

Desplazados, cosechas perdidas

Cuando Abraham llega a su casa Araceli, su hija de 3 años, toma su celular y se pone a ver videos, hasta que su mamá se lo quita y le dice que mejor se vaya a jugar con sus vecinos. 

Cuando Abraham vuelve Araceli, su hija de 3 años, toma su celular y se pone a ver videos, su mamá se lo quita y le dice que mejor se vaya a jugar con sus vecinos. No ha habido balaceras recientes y eso les permite cierta libertad para transitar. 

Según Abraham, la violencia afectó a las familias zapatistas menos que a las partidistas porque están organizadas. Las bases de apoyo del EZLN tienen una disciplina que les impone respetar las indicaciones de las autoridades autónomas zapatistas. Y éstas son claras: no responder al fuego de Santa Martha, no ceder a las provocaciones.

“Si nuestras autoridades nos dicen de no ir tal día a nuestras parcelas porque está peligroso, nosotros no vamos”, dice Abraham. “En muchos casos esto nos salvó, porque los francotiradores nos disparan justo mientras caminamos rumbo a los cafetales”.

En un principio, los zapatistas iban a sus parcelas antes del amanecer y regresaban después del atardecer para ocultarse de los grupos armados. Cargaban el café en sus hombros en costales negros en lugar que blancos, que se mimetizaban en la oscuridad. Pero a partir de agosto de 2018, una familia de 5 personas fue asesinada en su carro en una emboscada. Para salvar sus vidas muchos campesinos decidieron abandonar su cosecha en los cafetales. 

“¿Lo ves? De allí tiraban”, dice Juan, integrante de Yach’il Xojolabal, “el año pasado era imposible estar aquí, ahora está más tranquilo”. Juan señala un punto en la ladera de la montaña frente a nosotros, que estamos en los cafetales, a unos doscientos metros: es allí donde los grupos armados de Santa Martha se atrincheran detrás de unos bultos de arena.

La violencia causó graves afectaciones económicas a las 25 familias de Aldama que integran la cooperativa de café Yach’il Xojolabal. Esta cooperativa fue fundada en 2001 y es integrada por un total de unas 700 familias de 8 municipios autónomos de Chiapas. 

En 2019, los cafeticultores zapatistas perdieron el 50 por ciento de sus granos. Aunque este año las pérdidas han sido menores. Justo durante el periodo de la cosecha – entre noviembre de 2019 y el comienzo de marzo de 2020 – en Aldama no hubo tiroteos. 

Sin embargo, a causa de las balaceras del año pasado los cafetales no recibieron el mantenimiento que necesitaban, y la cosecha de 2020 de los zapatistasde Aldama alcanzó sólo el 60-70 por ciento de lo estimado.

“De todos modos, la situación de Aldama afecta sólo parcialmente nuestra producción total para 2020”, asegura Yach’il Xojolabal. De los 8 municipios donde producen café “cosechamos alrededor del 87 por ciento de la producción estimada y no vamos a tener problemas en cumplir con los contratos que firmamos”.

Artículo publicado en Pie de Página el 10.04.2020

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