“La dictadura perfecta”, filmada en 2014, da cuenta del México gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde las organizaciones criminales trabajan como pistoleros de los políticos y quienes se atreven a denunciarlos son asesinados. Quien manda es la televisión, capaz de manipular la opinión pública al punto de imponer y quitar presidentes. El título de la película es tomado de una frase usada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa para describir a los sucesivos gobiernos del PRI, que se ha mantenido en el poder por más de 60 años.

Así es México donde, de acuerdo a una investigación del diario británico The Guardian, durante la campaña electoral del 2012 la televisora Televisa —que cubre el 70% de la audiencia en el país, con una de las mayores concentraciones mediáticas del mundo— convirtió al poco conocido candidato priista Enrique Peña Nieto en presidente de la República, tras el pago de millones de dólares. Un equipo de periodistas, encabezado por Carmen Aristegui, que trabajaba para la emisora Noticias MVS, fue despedido intempestivamente en marzo pasado luego de revelar que la residencia donde vive Peña Nieto con su familia es de propiedad del Grupo Higa, empresa de un amigo del mandatario a la que favorece otorgándole contratos para la construcción de obras públicas.

La población mexicana está consciente del problema de corrupción que se vive en el país. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, de Transparencia Internacional, México se encuentra en el puesto 103 de 175 países —con una puntuación de 35 en una escala de 0 (elevada corrupción) a 100 (baja corrupción)—, el más bajo entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que Brasil, su principal competidor económico en la región, se encuentra en lugar 69.

Según el Banco Mundial, la corrupción en México representa el 9% del producto interno bruto (PIB) y equivale al 80% de los impuestos recaudados a nivel federal. Y la corrupción camina de la mano con la violación a los derechos humanos y la violencia. Este año más de 15,000 personas han sido asesinadas en México, siendo los estados de Zacatecas y Baja California los que registran incrementos mayores al 100%. La tasa de impunidad llega al 98%.

Revelaciones sobre Ayotzinapa
Con el caso de Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 estudiantes, quedaron en evidencia para la opinión pública internacional los altos niveles corrupción e impunidad existentes en México y la falta de compromiso del gobierno en materia de derechos humanos.

En enero del 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la que definió como  la “verdad histórica” sobre el caso: la noche del 26 setiembre del 2014 la Policía Municipal secuestró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, para luego entregarlos al cartel criminal Guerreros Unidos, que los habría llevado al basurero de Cocula para matarlos e incinerarlos. Sin embargo, a principios de setiembre, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedido del gobierno mexicano para investigar el caso y dar recomendaciones a las autoridades, llegaron a la conclusión basada en evidencias científicas que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Mostraron también cómo la PGR omitió algunos sucesos cubriendo, de esta forma, el involucramiento en el ataque de la Policía Federal y el Ejército.

“Nosotros no hemos hecho una evaluación de la intención [de las autoridades], lo que dijimos es que hay una omisión total de algunos hechos, a pesar de que estaban en las declaraciones de los normalistas, y lo hicimos saber a la procuraduría. Hay personas que tienen responsabilidad sobre estas omisiones, a nosotros no nos corresponde investigar, pero alguien tendría que hacerlo”, explica a Noticias Aliadas, Carlos Beristain, integrante del GIEI. “Nuestro trabajo es una oportunidad para el Estado mexicano y consideramos que es un aporte para la lucha en contra de la impunidad en el país. Es una herramienta importante no sólo por este caso concreto, sino que tiene también recomendaciones generales para los otros casos de desaparición forzada en el país, y esperamos que sea acogido en la práctica”.

Comisión contra la impunidad
Cuando el pasado 24 de setiembre los padres de las víctimas de Ayotzinapa se reunieron con Peña Nieto, le exigieron la formación de una comisión internacional contra la impunidad en México. La idea fue tomada de la experiencia de Guatemala, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas, destapó una gigantesca red de corrupción conocida como “La Línea” que se dedicaba a la defraudación tributaria, obligando al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxanna Baldetti a renunciar. Ambos, junto con un séquito de altos funcionarios gubernamentales, se encuentran presos a la espera de ser juzgados.

En octubre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la propuesta para creación de una comisión similar a la guatemalteca en el país. No obstante, para que se haga realidad deberá tener la aprobación del Estado mexicano.

“Cada vez está más claro que el Estado mexicano no sólo es inepto e incapaz de impartir justicia, sino que ha sido capturado por el crimen organizado a todos los niveles, desde la Presidencia de la República hasta las Policías Municipales”, afirmó a Noticias Aliadas,Federico Navarrete, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e impulsor de la propuesta.

“Es necesaria una colaboración internacional para reconstruir la gobernabilidad del país. Sin una ayuda del exterior va a ser muy difícil que el Estado mexicano se modifique, que de repente haga lo que en realidad nunca hizo. Creo que la única esperanza sería una movilización social que demandara un examen profundo de las instituciones del país, y también una presión internacional de los países aliados de México, porque un sistema tan corrupto de por si no la va a aceptar”, manifestó.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 11.12.2015

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Los pueblos indígenas no están representados en la mesa de negociación de La Habana. Existe la idea de que las FARC podrían representar sus intereses, además de los de los campesinos. ¿Qué opinas al respecto?
Algunos analistas de izquierda opinan que los intereses de los pueblos indígenas, de los campesinos y de los afrocolombianos estarían bien representados por las FARC. Esto es genuina especulación. Como diría la filósofa germano-estadounidense Hannah Arendt, es una “verdad de opinión” y no una “verdad de hecho”, pues una cosa es que las FARC y sus partidarios presuman que representan los intereses de los pueblos indígenas y otra cosa que estos pueblos se sientan representados por ellas. Los indígenas no creen que las partes que dialogan vayan a tener en cuenta sus intereses.

Percibo cierto pesimismo en sus palabras…
Puede ser. Pero fíjese usted, a pesar de todo lo que les ha sucedido, los pueblos indígenas son optimistas. Esperan que las negociaciones conduzcan a un cierre del conflicto armado, para que se entre en un periodo de transición para la reconstrucción del Estado. El escenario de La Habana no tiene que ser un espacio exclusivo del Estado y las FARC, que no admite terceros; esto es de una importancia capital para los pueblos indígenas, pues por primera vez desde la Constitución de 1991 estarían haciendo uso de lo que constitucionalmente significa ser parte orgánica de la Nación colombiana para participar en la construcción colectiva y democrática del Estado y la sociedad colombiana. Es por esto que se espera que el postconflicto sea sí un espacio abierto a todos los sectores de la sociedad para construir un nuevo país.

Los pueblos indígenas padecieron atropellos por parte de ambas partes involucradas en las negociaciones. Entre enero y agosto de este año, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 29 indígenas han sido asesinados. ¿Creen los pueblos indígenas que con la firma de un acuerdo se pueda alcanzar la paz?
Los pueblos indígenas tienen claro que la firma de un acuerdo de paz no convertirá de la noche a la mañana a todos los desmovilizados en ángeles. Con ese realismo decidieron conformar una Comisión Humanitaria Indígena Nacional para adelantar diálogos humanitarios con los actores armados implicados en infracciones al Derecho Internacional Humanitario y llegar a compromisos públicos de respeto a la vida de los pueblos indígenas. Esta comisión busca el reconocimiento del gobierno nacional y el acompañamiento de facilitadores internacionales, garantes nacionales y observadores de países amigos.

¿En los acuerdos de paz se prevé alguna reparación de los daños causados a los pueblos indígenas?
Los indígenas esperan que de las negociaciones salga algún tipo de acuerdo sobre los derechos de las víctimas. Al respecto se respira pesimismo y crece la desesperanza por la lentitud de algunos programas del gobierno para sus pueblos. A pesar de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto Ley 4633 del 2011 —que dictan medidas de reparación integral y restitución de derechos territoriales a las comunidades indígenas— en tres años sólo ha sido restituido el territorio de un resguardo indígena en el Chocó [noroeste]. Además, los indígenas temen que la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Defensa no cumplan las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo del Tolima para proteger ese territorio de los daños de las actividades mineras de la empresa aurífera sudafricana Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, departamento centro-occidental de Tolima.

Para el postconflicto, las FARC están tratando de asegurarse una serie de reservas campesinas que se encuentran en territorio indígena. ¿Los pueblos indígenas tienen alguna preocupación asociada con la desmovilización de los grupos armados?
A esta altura del desarrollo de las negociaciones, estimamos que los movimientos que las cobijan hayan entendido que en el postconflicto todos los sectores sociales deban converger políticamente para crear un escenario amplio y participativo. En La Habana se viene discutiendo la posibilidad de constituir territorios para los desmovilizados, y analizando si la figura de “Zona de Reserva Campesina” (ZRC) sería la más adecuada.

Teóricamente es una propuesta  interesante, puesto que con la figura de ZRC no se trataría de continuar demandando una “distribución de tierras”, en el marco de una reforma agraria, sino de buscar el “reconocimiento de territorios campesinos”, que como propiedad colectiva —similar a los resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras— quedarían al margen del mercado de tierras y sería un obstáculo para la concentración de la tierra. No obstante, en la práctica, no se sabe como funcionarían.

Para nadie es un secreto que la mayoría de milicianos no se imaginan viviendo en ese mundo bucólico que tanto han predicado las FARC, de familias cultivando la tierra y comiendo del fruto de su trabajo. Para hombres curtidos en la guerra aquello de trabajar la tierra no es su vida, como lo han señalado tres desmovilizados que tuve la  oportunidad  de entrevistar.

Nos referimos también al grado de aceptación que tendrían estas reservas campesinas en el caso que se constituyesen sobre territorios de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes; tendrán que inventarse fórmulas muy creativas para que estas reservas campesinas puedan funcionar.

Pero no hay por qué alarmarse al mencionar estas preocupaciones, que más que problemas son desafíos que tiene un país multicultural. Hay que afrontarlos si se quiere construir una sociedad más democrática y más acorde con los principios de una nación multiétnica y pluricultural como es Colombia.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 31.08.2015

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“No creo que con la apertura a EEUU habrá una mejoría real en nuestros sueldos, pero seguro llegarán más turistas”, dice.

Desde que en diciembre del 2014 se anunció el deshielo diplomático, los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba se incrementaron en un 36% en relación al año anterior, y se reanudaron las comunicaciones vía marítima y aérea. Las proyecciones para la economía cubana son optimistas. En el primer trimestre del año el crecimiento estimado del producto interno bruto alcanzó el 4%, cuando el año pasado sólo llegó a 1.3% en ese mismo periodo.

Cuba y EEUU ya reactivaron sus relaciones diplomáticas, pero aún falta mucho para normalizarlas. “Sólo la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero que tanto daño y privaciones ocasiona a nuestro pueblo, la devolución del territorio ocupado en Guantánamo y el respeto a la soberanía de Cuba darán sentido al hecho histórico que estamos viviendo hoy”, declaró el Ministro de Relaciones Exteriores cubano Bruno Rodríguez, durante la ceremonia de apertura de la embajada de Cuba en Washington.

Puntos pendientes
El camino hacia la normalización parece largo y empinado, siendo que en EEUU no existe un debate público sobre la restitución a Cuba del territorio donde se encuentra la base militar de Guantánamo. Además, el levantamiento del bloqueo comercial está lejos de ser aprobado, aunque 59% de los estadounidenses está a favor de su levantamiento.

“En los Estados Unidos se están creando grupos de empresas que están apoyando el derrumbe del bloqueo”, explica a Noticias Aliadas Isbel Díaz, del Observatorio Crítico de Cuba. “Obviamente no lo hacen por solidaridad o humanitarismo, sino porque tienen intereses económicos. Casi todas estas compañías están dedicadas al agrobusiness y vinculadas con los organismos transgénicos; cuba sería un mercado virgen para eso”.

Alfredo, castrista de 75 años que pidió mantener su apellido en reserva y que en su juventud participó en la batalla de Playa Girón (1961), ve en la decisión de Obama la admisión del fracaso de su política hacia Cuba, pero también una amenaza para su gobierno. “Los EEUU no dejarán de luchar en contra del gobierno cubano. Lo harán como lo han hecho siempre, de forma encubierta”.

La hija de Alfredo migró a los EEUU hace 10 años y su esposa, que cada año viaja para ir a visitarla, a diferencia de él tiene muchas expectativas sobre la posible entrada en el país de las empresas estadunidenses. “Yo espero que lleguen y que traigan desarrollo. ¿Si me da miedo la entrada del capitalismo? No, siendo que ya existe en Cuba y la abertura a EEUU es sólo un paso más en esta dirección”.

Son muchos los inversores extranjeros que ya operan en Cuba. La Ley de la Inversión Extranjera del 2014 permite la existencia de empresas mixtas (el 51% del total) y de capital totalmente extranjero (el 4% del total). La norma creó también una Zona de Desarrollo Especial de 465 km cuadrados en el puerto de Mariel, a unos 45 km de La Habana, donde las empresas pueden operar con facilidades fiscales y aduaneras.

Apertura económica
Se trata sólo de una más de las normas que desde la década de 1990 han llevado a la paulatina apertura de la economía cubana, hasta hace unos 30 años totalmente controlada por el Estado. La caída de la Unión Soviética y su falta de apoyo a Cuba empujó la isla hacia una crisis profunda, que obligó el gobierno de Fidel Castro (1959-2008) a imponer el llamado Periodo Especial que significó serias restricciones al abastecimiento de productos básicos, y posteriormente al de Raúl Castro a impulsar algunas reformas económicas a partir del 2008 cuando asumió la presidencia.

“Más que reformas son actualizaciones del modelo económico cubano. En su momento cuando se abolió toda la propiedad privada se cometió un error”, explica a Noticias Aliadas Leonel González de la asociación civil Centro Martin Luther King de La Habana. “Ahora se pretende descargar al Estado del enorme peso que significa lidiar con todo, con cada cafetería o lustrador de calzados. El carácter socialista de un país no se determina por la pequeña economía, sino por el hecho que los medios y programas fundamentales del país estén en manos del Estado, bajo su control y supervisión”.

Una interrogante que parece interesar a la sociedad cubana hoy en día es si el control de los medios de producción fundamentales por parte del Estado corresponde a un tipo de socialismo o de capitalismo.

“Cuba está construyendo una sociedad capitalista al estilo de China y Vietnam, con todas las libertades en cuanto a comercio e inversiones, pero sin las ‘libertades’ de las democracias europeas, y con un partido único”, afirma a Noticias Aliadas Díaz.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 23.07.2015

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Desde sus vehículos los turistas observaban con asombro a los indígenas tzeltales encapuchados que se encontraban sentados al borde de la carretera que lleva a las cascadas de Agua Azul. Sus machetes y pasamontañas chocaban con la imagen del tranquilo paraíso terrenal promovida por el gobierno del estado de Chiapas.

Los simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en San Sebastián Bachajón cobraban el peaje y repartían volantes entre los turistas. En un comunicado explicaban la decisión de haber retomado el 21 de diciembre del 2014 el control de la porción de su ejido donde se encuentra la caseta de cobro para el acceso al balneario.

“El comisariado ejidal [funcionario administrativo] Alejandro Moreno Gómez no brinda información sobre el dinero que viene del pago de la entrada, ni del banco de grava. Queremos nombrar a otra persona que sepa administrar los recursos que son de nosotros, los ejidatarios”, explicó a Noticias Aliadas un integrante del ejido.

El pasado 9 de enero, los campesinos fueron desalojados por orden del gobierno y luego, mientras bloqueaban la carretera, fueron atacados por agentes de la Policía Estatal que les dispararon durante unos 20 minutos. Dos personas resultaron heridas.

En un nuevo intento por amedrentarlos, el 21 de marzo unos 600 efectivos de las fuerzas públicas, que según los ejidatarios respondían a las órdenes de Moreno Gómez, incendiaron la sede regional que los adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN (2005) —pronunciamiento en contra del capitalismo que “todo lo convierte en mercancías, hace mercancías a las personas, a la naturaleza, a la cultura, a la historia, a la conciencia”— de San Sebastián Bachajón construyeron en proximidad de las cascadas.

“Nuevamente se demuestra la política de muerte y corrupción del mal gobierno, su desprecio por el pueblo y los derechos humanos, porque le gana su ambición sobre nuestro territorio para despojar la tierra, el agua y todo lo que existe en nuestro territorio para ganar dinero como si fuera mercancía”, denunciaron los pobladores.

Ataques contra ejidatarios
Pocos turistas saben que Agua Azul, donde se encuentran unas hermosas cascadas de agua turquesa hundidas en una vegetación salvaje, es uno de los lugares más conflictivos de Chiapas. En el 2008 las consultoras de turismo estadounidenses EDSA y Norton Consulting recomendaron a las autoridades gubernamentales asegurar que los visitantes se sientan seguros y protegidos en la región.

“El movimiento zapatista todavía está fuertemente asociado a Chiapas”, escribieron las consultoras en su documento sobre la estrategia de desarrollo para la construcción de un hotel de lujo en el lugar. “Chiapas es aún considerada insegura por muchos que no están familiarizados con la región”.

Tres años después, el 2 febrero del 2011, 17 turistas que se encontraban en Agua Azul tuvieron que salir del balneario por vía aérea. Aquel día un grupo de choque oficialista atacó a los simpatizantes zapatistas que estaban administrando la caseta de cobro. Posteriormente se generó un enfrentamiento que causó la muerte de un integrante del grupo de choque, Marcos Moreno García, mientras que 117 simpatizantes zapatistas fueron detenidos por policías estatales y federales, apoyados por efectivos del Ejército.

“No tenemos problemas con los dueños de los restaurantes que están en el balneario, allá es Municipio de Tumbalá. Pero aquí donde está la caseta de cobro es nuestro territorio, y el dinero nos corresponde”, argumentó a Noticias Aliadas en junio del 2012 Juan Vázquez Guzmán, líder de los adherentes a la Sexta Declaración.

Menos de un año después Vázquez Guzmán, que tenía 32 años y dos niños, fue asesinado en la puerta de su hogar con seis disparos. Un destino parecido tocó a su compañero Juan Carlos Gómez Silvano, ejecutado con 20 balas en una emboscada, el 21 de marzo del 2014.

A los seis meses de la muerte de Gómez Silvano, tres ejidatarios de Bachajón fueron detenidos y torturados por la acusación de tentativa de homicidio de un uniformado, basada sólo en el testimonio de policías. “Su detención fue una venganza por haber pedido justicia por nuestro compañero Juan Carlos”, denunció en rueda de prensa en setiembre del 2014 Domingo Pérez, portavoz de los simpatizantes zapatistas de San Sebastián Bachajón.

Lo que se disputa en Agua Azul es más que el control del dinero por el ingreso al balneario. Desde el 2000, el gobierno planea construir un parque temático en las orillas de las cascadas, que formaría parte del Centro Integralmente Planeado (CIP) Palenque-Cascadas de Agua Azul, una red de infraestructura contemplada en el Proyecto Mesoamérica —nombre que adoptó el antiguo Plan Puebla Panamá y que promueve la integración y el desarrollo regional, coordinando esfuerzos y acciones de los nueve estados que integran la región Sur Sureste de México, los siete países de Centroamérica, Colombia y República Dominicana— que el gobierno espera transforme Chiapas en una nueva Cancún.

Chiapas, ¿la nueva Cancún?
Según la ex senadora estatal del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) María Elena Orantes López, el CIP generaría ingresos por US$6.8 millardos al año. Se crearían 30,000 empleos en beneficio de las comunidades indígenas de la zona, pero que “no participarán en puestos gerenciales, sino con su mano de obra”, según precisó en el 2008 el exsecretario de Turismo de Chiapas, Roberto Albores Gleason.

Las consultoras Norton Consulting y EDSA recomendaron al anterior gobernador de Chiapas Juan Sabines Guerrero —que culminó su mandato en el 2012— resolver, antes de atraer las inversiones, la adquisición de los terrenos colindantes a las cascadas. Ya se completó la construcción de la nueva red eléctrica que dará soporte al proyecto, prevista en el Programa Institucional de la Secretaría de Turismo de Chiapas 2007-2012, que además contemplaba la reubicación de las comunidades indígenas en seis municipios de la zona, a lo que se oponen las bases de apoyo del EZLN y de sus simpatizantes.

El CIP contempla también otros proyectos, como la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en la ciudad de Palenque, que fue inaugurado en febrero del 2014, y de una súper carretera entre esta antigua urbe maya y San Cristóbal de Las Casas. El gobierno asegura que la autopista, de 169 km, beneficiaría a todas las comunidades de los alrededores, aunque buena parte de la población está en contra por los daños ambientales que significaría, y por considerar que la verdadera finalidad de la obra es acelerar el despojo de los recursos de Chiapas.

En el 2009 el gobierno se vio obligado a suspender el plan de construcción de la carretera a raíz de la oposición popular, en particular de la comunidad de Mitzitón, que fue víctima de la violencia del grupo paramilitar Ejército de Dios. Después de cinco años, en el 2014, aparecieron técnicos haciendo mediciones en los terrenos que se encuentran en el supuesto trazo de la carretera, y los pobladores fueron convocados a reuniones con funcionarios públicos sobre el tema de la autopista. Sin embargo, los proyectos de la autopista y del parque temático en Agua Azul son un enigma, aparecen y desaparecen de los documentos oficiales.

“El gobierno no quiere proporcionar la información adecuada a las comunidades para que desconozcan la magnitud de las afectaciones, no brinda detalles porque sabe que va a tener una oposición social muy fuerte”, explica a Noticias Aliadas Ricardo Lagunes, abogado de los ejidatarios de San Sebastián Bachajón.

Luego que en enero pasado los ejidatarios de Mitzitón, siguiendo el ejemplo del ejido Los Llanos (Municipio de San Cristóbal de Las Casas), interpusieron un amparo jurídico para evitar la construcción de la autopista, las autoridades negaron la intención de hacerlo. Sin embargo, el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 estima una inversión de 10 millardos de pesos ($644 millones) para la construcción de la autopista entre San Cristóbal de Las Casas y Palenque, y 1.2 millardos de pesos ($82 millones)  para “proyectos de apoyo al CIP”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 30.03.2015

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Medina Tamariz permaneció detenida 23 días, salió libre bajo caución y el 26 diciembre pasado una jueza estableció que siguiera bajo proceso por delincuencia organizada, portación de granada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existen pruebas contundentes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Marina contra la mujer, quien fue torturada psicológica, física y sexualmente. Sin embargo, ninguno de sus torturadores ha sido procesado.

El pasado 30 de setiembre, Amnistía Internacional entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) un petitorio de casi 350,000 firmas, procedentes de varios países del mundo, para que realizara una “investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz”, y actualmente su caso está siendo analizado por instancias de las Naciones Unidas.

“La tortura sexual es una forma de tortura que se puede ejercer hacia hombres o mujeres, y que en el caso de las mujeres lleva siempre una connotación de misoginia, a través de frases, tocamientos en partes íntimas y atiende a los roles de género que tienen muy introyectados los policías, militares y marinos”, explica a Noticias Aliadas Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “La sexualización de la tortura hacia las mujeres incluye llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas les gusta eso, que este es su papel”.

Culpables andan sueltos
Según el Centro Prodh, algunos estados de la federación mexicana, como el estado de México, no tienen información sobre el número de denuncias por tortura hacia mujeres cometidas por agentes del Estado en los últimos cinco años, mientras que los estados de Campeche, Hidalgo, Durango, Jalisco, Morelos y Nuevo León informan no haber recibido alguna. Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro Prodh, indica que esto no hace concluir que no haya problemas, sino al contrario hace cuestionar sobre las condiciones que tienen las mujeres en estos estados.

Los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas que sí declararon haber recibido denuncias por parte de mujeres entre 2010 y mediados de 2014, registraron en total 112 casos y no existe ninguna sentencia condenatoria.

Sin embargo, algunas instancias internacionales están analizando las denuncias de tortura sexual de mujeres mexicanas, y en algunos casos emitieron sentencias. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron torturadas por militares en el 2002, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso de las hermanas González Pérez, víctimas de tortura sexual en Chiapas en 1994.

Además, se está litigando el caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual en el marco del operativo policiaco en San Salvador Atenco, estado de México, ocurrido el 3 y 4 de mayo del 2006. Bajo la justificación de imponer orden tras actos de protesta social realizados por grupos de vendedores de flores, agentes policiales incursionaron en el pueblo. La incursión dejó como saldo dos jóvenes muertos y más de 200 personas detenidas arbitrariamente, incluidas 47 mujeres.

“Les puedo asegurar que cuando estuve en prisión todas las mujeres eran torturadas”, declaró Medina Tamariz frente al público participante al cierre de la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, que se llevó a cabo el 24 de noviembre pasado en las instalaciones del Centro Prodh, en la Ciudad de México.

El caso de San Salvador Atenco
Las 17 mujeres impulsadoras de la campaña han denunciado la existencia de un patrón de sometimiento contra las mujeres por razones de género por parte de miembros de fuerzas de seguridad. La violencia y la tortura pueden ser cometidas para fabricar culpables en el contexto de la guerra contra el narcotráfico —como en los casos de la propia Medina Tamariz, Verónica Razo Casales, Belinda Garza Melo y Miriam Isaura López Vargas, forzadas a autoinculparse de delitos no cometidos— o para castigar el activismo social, como ocurrió con las mujeres que fueron detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco y torturadas sexualmente por policías durante el traslado al penal.

La campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, fue lanzada el 5 de mayo pasado por las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, con la idea de hacer conocer a la opinión pública otros casos de mujeres torturadas sexualmente, y de acompañar sus casos.

“Con esta campaña quisimos devolver a otras mujeres la solidaridad que recibimos de muchas partes”, explica a Noticias Aliadas Italia Méndez, una de las mujeres que han denunciado al Estado mexicano por las torturas sexuales cometidas en el 2006 en San Salvador Atenco. “Nuestro objetivo es denunciar que la tortura sexual es una estrategia de Estado, no son casos aislados sino parte de la violencia estructural que se ejerce contra la mujer. Nosotras hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; cargamos con el estigma de la violación, del hecho que haya sido expuesta públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrando nuestros rostros reivindicamos nuestra lucha, nuestro cuerpo, y esto nos ayuda a sobrepasar el miedo”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 16.01.2015

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El pasado 26 de setiembre un grupo de normalistas de la localidad de Ayotzinapa, en el estado suroccidental de Guerrero, estaban recaudando fondos en la cercana Iguala para poder viajar a la Ciudad de México a la conmemoración del aniversario de la matanza de estudiantes en Tlatelolco ocurrida el 2 de octubre de 1968.

De regreso a su pueblo, los normalistas ocuparon tres autobuses y fueron víctimas de un ataque de la policía municipal, que disparó en su contra. En seguida llegó un grupo de civiles equipados con armas en apoyo a la policía local, que a su vez disparó. El saldo de la agresión fue de seis personas muertas, 25 heridas y 43 estudiantes desaparecidos, dos de ellos fueron secuestrados a pocos metros de una instalación militar, sin que nadie interviniera.

“Por fin se pone orden”, tituló el día siguiente el Diario de Guerrero.

Fiscalía acusa a responsables
Inicialmente abundaban las especulaciones sobre lo ocurrido en Iguala, entre ellas estaba la versión que cuando los estudiantes ocuparon los autobuses se encontraban cerca de un acto público donde María de los Ángeles Pineda, esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, estaba presentando un informe de actividad como titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del municipio. Por temor a que los normalistas se acercaran a la plaza y pifiaran a su esposa, el alcalde —quien ahora se encuentra prófugo— ordenó a su jefe de seguridad “que los persiguieran, detuvieran y dieran un escarmiento”. Según la Procuraduría General de la República (PGR), el matrimonio es cercano al cártel del narcotráfico de los hermanos Beltrán Leyva.

Esta versión fue confirmada por la Fiscalía General de México que el 22 de octubre acusó al alcalde Abarca —quien el 17 de octubre fue separado de su cargo por el Congreso del estado de Guerrero—, y su esposa, como presuntos autores intelectuales de los hechos al haber ordenado a la policía municipal que atacara a los estudiantes. La Fiscalía también responsabilizó de los hechos a Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, y ha pedido orden de detención contra Abarca, Pineda y Flores.

“Asumieron que el grupo que se aproximaba se dirigía a sabotear la celebración que se realizaba en esos momentos por la esposa del alcalde, María de los Ángeles Pineda, con motivo de su informe de actividad [como titular del DIF, el organismo encargado del bienestar de la infancia y la familia]”, indicó el procurador general Jesús Murillo Karam.

Dos integrantes del cártel del narcotráfico Guerreros Unidos —escisión del cártel de los Beltrán Leyva— confesaron el 6 de octubre que la noche del ataque la policía municipal les entregó 17 estudiantes a quienes ejecutaron, quemaron y enterraron en una fosa común. De los demás 26 desaparecidos no hay ninguna noticia. Por lo pronto, han sido detenidos 36 policías y 17 integrantes del cartel, entre ellos su líder Sidronio Casarrubias Salgado.

Buenas relaciones con la mafia
De acuerdo al libro El Cartel de Sinaloa. Una historia del uso político del narco, de Diego Osorno, en los años 70 el capo del tráfico de drogas Alberto Sicilia Falcón y un grupo de mandos militares llevaron a Guerrero la siembra de cultivos ilícitos, y las autoridades locales siempre fueron complacientes.

Los normalistas de Ayotzinapa habrían sido víctimas de las buenas relaciones entre mafia, política y militares que hace cuadro décadas instalaron las bases de la impunidad, convirtiendo a Guerrero en un estado sumamente coludido con los cárteles criminales.

“Lo que el gobierno quiere conseguir con esta agresión es asustarnos, y frente al horror que cometió lo mínimo que podemos hacer es salir a la calle a manifestar, en lugar de quedarnos paralizados por el miedo”, dijo a Noticias Aliadas un manifestante que prefirió quedar anónimo, y que participó en una movilización organizada en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, el 8 de octubre pasado.

Aquel día, más de 60 ciudades de todo el mundo se movilizaron para pedir justicia para los estudiantes de Ayotzinapa. En San Cristóbal de Las Casas, 20,000 zapatistas marcharon en filas ordenadas atravesando en silencio el centro de la ciudad colonial, enseñando pancartas que decían “su rabia también es la nuestra”, “su dolor es nuestro dolor”, “no están sol@s”. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se sumó también a la convocatoria de movilización nacional en solidaridad con los estudiantes desaparecidos y sus familias del 22 de octubre.

Operaciones de búsqueda
A un mes de la desaparición de los 43 estudiantes, nada se sabe sobre su paradero. Ante la inacción gubernamental, el 13 de octubre encapuchados prendieron fuego a la sede del gobierno de Guerrero, en Chilpancingo, capital del estado, y dejaron escrito en una pared: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.

El 4 de octubre se encontraron cinco fosas comunes cerca de Iguala con 28 cuerpos. Peritos oficiales afirmaron que no pertenecían a los estudiantes, mientras que el independiente Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dijo que no tienen aún los resultados de sus investigaciones.

Conforme avanzan las operaciones de búsqueda se ha multiplicado el hallazgo de fosas clandestinas. Al momento se han hallado 19 y casi cada día se encuentran nuevas. ¿A quiénes pertenecen todos estos restos?

“El padre [Alejandro] Solalinde, director del albergue para migrantes ‘Hermanos en el Camino’, define de forma contundente este país: es una gran fosa común”, comenta a Noticias Aliadas el escritor y periodista independiente mexicano Gaspar Morquecho Escamilla. “En particular, el estado de Guerrero tiene una larga historia de violencia. Hace poco descubrieron lugares donde fueron enterrados guerrilleros de la década de los 70; fue una práctica común desaparecerlos, asesinarlos y enterrar clandestinamente sus cuerpos”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), exigió al Estado mexicano adoptar de forma inmediata “todas las medidas necesarias para encontrar a aquellas personas cuyo destino aún se desconoce” y emprender “una investigación pronta, objetiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en Iguala”.

“La investigación debe esclarecer las causas que condujeron a estos graves hechos de violencia, identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales; así como satisfacer las expectativas de justicia de las víctimas y sus familiares”, señaló la CIDH. “De igual forma, la Comisión considera fundamental adoptar las medidas necesarias para proteger a aquellos estudiantes que sobrevivieron a estos ataques, así como a los familiares de las víctimas de estos hechos, y de sus representantes. Asimismo, el Estado debe adoptar todas aquellas medidas legales, institucionales y administrativas que sean necesarias para asegurar la no repetición de hechos similares”.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 23.10.2014

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Esta zona es el lecho del antiguo lago de Texcoco, un trozo de campo que divide la capital federal del municipio de San Salvador Atenco, en el céntrico estado de México. Es una zona sísmica donde el suelo tiene problemas de firmeza y que a menudo se inunda; expertos y académicos advierten que no es apta para la construcción de infraestructuras.

Sin embargo, ya se tomó le decisión. El pasado 3 de setiembre el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto en el área de Texcoco. Será el tercer aeródromo más grande del mundo, con seis pistas por donde transitarían 120 millones de personas al año. La inversión está calculada en más de US$12 millardos y la primera etapa de las obras, que incluye tres pistas de operación simultánea, se iniciará en octubre próximo y culminará en el 2020. Sin embargo, no se tiene fecha de cuándo estarán operativas las seis pistas.

La Secretaría de Comunicación y Transportes mencionó un “Programa Hidráulico” para proteger al aeropuerto de las inundaciones, pero la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales aún no presentó la manifestación de impacto ambiental.

Ya en el 2000 el gobierno mexicano había considerado el área de Texcoco como apto a la cimentación del nuevo aeropuerto de la capital debido a que el actual se encuentra saturado. La implementación del proyecto incluía la expropiación en el Municipio de San Salvador Atenco de las tierras ejidales, de propiedad colectiva, que las familias reciben en usufructo y cuyos derechos pueden ser cedidos sólo por decisión de la asamblea. Los ejidatarios, que no querían dejar de cultivar sus parcelas, crearon el FPDT y lucharon en los tribunales y en las calles hasta el 1 de agosto de 2002, cuando obtuvieron la abrogación del decreto expropiatorio y la cancelación del proyecto.

El conflicto con los vendedores de flores

El mayor promotor de la construcción del nuevo aeropuerto de la capital era Carlos Hank González, patriarca del llamado Grupo Atlacomulco —asociación clandestina presuntamente conformada por miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dirigida a apoyarse recíprocamente para ocupar los principales cargos políticos del país, incluyendo la gobernación del estado de México, presidencias municipales, cargos relevantes en las cámaras de Diputados y Senadores, y hasta la presidencia de la República—, al cual estaría vinculado Peña Nieto.

En mayo del 2006, el desalojo por parte de policías locales de vendedores de flores de un mercado en Atenco devino en un enfrentamiento que se acrecentó con la mayor represión ejercida por policías federales. Este uso excesivo de la fuerza de seguridad tuvo lugar cuando el actual mandatario era gobernador del estado de México.

Fue un operativo violento, las imágenes del 3 y 4 de mayo del 2006 son terroríficas. Las personas fueron detenidas casa por casa y sin orden de aprehensión, centenares resultaron heridos y dos jóvenes murieron.

“En el autobús que nos llevó al penal de Toluca me depositaron como si fuera un bulto encima de otras personas. Allí comenzaron los sofocamientos, los golpes, las amenazas de muerte, me desnudaron e introdujeron varios instrumentos en mi vagina”, relata a Noticias Aliadas Italia Méndez, que había llegado a Atenco desde la Ciudad de México para solidarizarse con el FPDT.

Junto con otras 10 mujeres, Méndez es peticionaria ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por tortura sexual y otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos, 26 mujeres fueron víctimas de tortura sexual y 202 personas fueron sometidas a un tratamiento “cruel, inhumano y degradante”.

El 14 de marzo del 2013, el Estado mexicano admitió en audiencia ante la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), su responsabilidad por las agresiones sexuales a que fueron sometidas las mujeres tras ser detenidas en enfrentamientos con efectivos policiales, aunque nunca presentó una disculpa formal, como había prometido durante la audiencia.

Ambicioso proyecto

La reactivación del proyecto de construcción del nuevo aeropuerto preocupó a los integrantes del ejido Atenco, aunque el gobierno aseguró que no se expropiarán tierras y que las 4,430 Ha (11 acres) que serían ocupadas por la obra son terrenos federales contiguos al actual aeropuerto de la capital, sin especificar con exactitud su ubicación. Para los pobladores de Atenco, esta ambigüedad se debe a que las autoridades no quieren admitir que el aeropuerto se construirá en las tierras ejidales.

“Sabemos que lo que dice el presidente no es la realidad”, denunció a Noticias Aliadas Ignacio del Valle, líder del FPDT. “El gobierno quiere nuestras tierras y no sólo para construir el aeropuerto. Tiene un proyecto mucho más ambicioso que se llama Ciudad Futura y comprende corredores industriales, residenciales y turísticos”.

Algunas excavadoras, que oficialmente están realizando trabajos de nivelación de bordes de un canal, ya están operando en las tierras de Atenco. El 1 de junio pasado, en una asamblea donde votaron personas que, según el FPDT, no pertenecen al ejido, se aprobó el cambio de uso del suelo con el fin de vender las tierras. Ya en el 2009, se había empezado el cambio de uso y venta de tierras en otros ejidos que se encuentran en el municipio de Atenco.

El FPDT ha denunciado que la compra de terrenos por parte del gobierno ha sido ilegal, ya que son tierras ejidales y pueden ser cedidas —no vendidas— sólo con el consenso de la asamblea. El 8 de setiembre, los pobladores del ejido Atenco se concentraron frente al Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, exigiendo se pronuncie sobre el recurso de amparo en el que han solicitado la anulación de la asamblea del 1 de junio. La próxima audiencia será el 15 de octubre.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 19.09.2014

Sullo stesso argomento in italiano: http://www.sobreamericalatina.com/?p=1398

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Con estas palabras anunció su “desaparición” el subcomandante Marcos, legendario vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), decisión que tomó a todo el mundo por sorpresa. Lo hizo en la madrugada del 25 de mayo pasado en el Caracol de La Realidad, sede del gobierno autónomo zapatista en la profundidad de la Selva Lacandona. En su reemplazo como portavoz del EZLN fue nombrado el subcomandante Moisés.

“Es nuestra convicción y nuestra práctica que para rebelarse y luchar no son necesarios ni líderes, ni caudillos, ni mesías, ni salvadores”, declaró Marcos desde el escenario levantado en La Realidad, en una atmósfera onírica creada por la lluvia nocturna en la selva. “Para luchar sólo se necesita un poco de vergüenza, un tanto de dignidad y mucha organización”.

Ejemplo de coherencia


El ex vocero del EZLN se definió a sí mismo como una “botarga”, un engaño mediático creado por los pueblos zapatistas. Ellos decidieron construirlo y ahora optaron por desaparecerlo, porque ya no es necesario en una organización que cree en la horizontalidad y en el poder desde abajo, y cuya dirigencia ya no es mestiza sino indígena.

La gente aplaudía, lanzaba consignas, algunos lloraban, quizás más para descargar la intensidad de aquel momento que por tristeza. Al final, la decisión de “desaparecer” a Marcos, una figura que de alguna forma ocultaba la resistencia cotidiana de millares de bases de apoyo zapatistas, fue un gran ejemplo de coherencia para una organización como el EZLN.



“Habríamos tenido que hacer un esfuerzo para que se concentraran menos en la figura de Marcos, durante los primeros años”, admitió el subcomandante en el 2009, durante una entrevista con la periodista mexicana Laura Castellanos. “Sucesivamente tratamos de remediarlo, pero ya no se pudo”.

Pero el 10 de agosto el rostro enmascarado de Marcos  reapareció sorpresivamente en el Caracol de La Realidad durante una rueda de prensa con los medios libres. Allí el ahora subcomandante Galeano —personaje en el que Marcos anunció haberse convertido en homenaje a un zapatista asesinado en mayo pasado por opositores al movimiento insurgente—, criticó a los “medios de paga” y anunció que la organización hablará exclusivamente con los medios independientes. Hay sólo que esperar que el subcomandante Galeano no se vuelva el nuevo mito mediático zapatista.

La desaparición de Marcos ocurrió en un momento de madurez del EZLN, que en sus 20 años de vida alcanzó importantes logros y demostró tener la suficiente humildad para transformarse. Aunque en los últimos años haya sido invisibilizado por los medios, el proyecto político zapatista sigue adelante.

Después de la traición, por parte del gobierno, de los compromisos asumidos con la firma de los Acuerdos de San Andrés sobre el derecho a la autonomía indígena, en el 2003 el EZLN decidió ejercerla unilateralmente a través de la creación de las Juntas de Buen Gobierno, que reforzaron el principio del “mandar obedeciendo”. Pese a enfrentar muchas dificultades, en estos 20 años aumentó en las comunidades autónomas la participación política de las mujeres, se formaron maestros y médicos zapatistas, se crearon escuelas y clínicas, se desarrolló un sistema de justicia al que muchas veces acuden personas que no pertenecen al EZLN, por ser más eficaz que el institucional.

Cambio de actitud


La insurrección armada de 1994 supo también cambiar la actitud de buena parte de la población mestiza mexicana hacia los indígenas. “Antes del levantamiento, los coletos [como se conoce a los habitantes de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas] expresaban de forma explicita su racismo hacia los indígenas”, explica a Noticias Aliadas Juan Blasco, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH). “Después de la insurrección, los periódicos criticaron mucho a los sancristobalenses por haber maltratado a los indígenas durante siglos, y desde entonces su actitud cambió, por lo menos en el discurso”.

Además, el levantamiento zapatista fue capaz de impulsar un proceso que llevó a algunos pueblos originarios de América a ser actores centrales en la política de sus países. Otro logro del EZLN fue visibilizar la marginación en la que viven los pueblos originarios, poniendo la causa indígena en la agenda política de México. Sin embargo, el gobierno utilizó instrumentalmente las nuevas demandas, para implementar estrategias de contrainsurgencia cuya finalidad es alejar el pueblo de la resistencia. Estas se disfrazan de programas de apoyo a los indígenas, que se pueden concretar en políticas asistencialistas o de inversión en infraestructura.

Según explica a Noticias Aliadas Nancy Zárate Castillo, ex coordinadora estatal para Chiapas de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDSER), “la inversión en infraestructura por parte del gobierno empezó después del levantamiento zapatista, ahora cada cabecera municipal tiene su centro de salud. Sin embargo, siguen faltando los recursos humanos, los hospitales están vacíos”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 21.08.2014

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En junio del 2013 unos 20,000 cocaleros bloquearon las carreteras durante 53 días, y los choques con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) causaron la muerte de cuatro campesinos. Los agricultores demandaban al gobierno que financiara soluciones alternativas a la siembra de la coca, una sustitución concertada de las matas y la creación de una Zona de Reserva Campesina, figura jurídica que garantiza importantes derechos a los agricultores, como la formalización de la propiedad de la tierra.

Para los campesinos del Catatumbo cultivar coca es una elección obligatoria. Hasta fines de la década de 1980 muchos sembraban alimentos, pero luego la distancia de las ciudades hizo imposible comercializar sus productos. El pésimo estado de las carreteras hacía que el transporte hasta los mercados costara más que la ganancia esperada de su venta.

El Estado nunca les ofreció otra opción que cultivar coca, cuyos compradores —los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN)— llegaban hasta la puerta de las fincas.

La situación de los campesinos catatumbenses empeoró con la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con Canadá (2011) y EEUU (2012), países que subsidian su sector agrícola permitiendo vender sus productos en el mercado colombiano a un precio inferior que los locales. De hecho, la caída del precio de las hortalizas coincide con el aumento de los cultivos de coca en el Catatumbo.

Acuerdos incumplidos

Según el Monitoreo de Cultivos de Coca 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), dado a conocer el pasado 26 de junio, Colombia tiene 48,000 Ha sembradas con coca, la misma cantidad que en el 2012. En algunas regiones su cultivo ha bajado y en algunas otras hubo un incremento, como es el caso del Catatumbo, donde el aumento fue de 41.6%. De acuerdo con la UNODC, el área productiva estimada en la región es de 5,604 Ha y la producción promedio de hoja de coca fresca, que en el 2009 era de 13.8 TM, en el 2013 subió a 30.8 TM.

A causa del incumplimiento, por parte del gobierno, de los acuerdos tomados con la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) después de la movilización de junio del 2013, los cocaleros de la región decidieron sumarse al paro agrario que en mayo pasado fue convocado en todo el territorio nacional.

“El 9 de mayo se realizó una nueva movilización masiva para exigir el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el gobierno”, relata a Noticias Aliadas Leonardo Rojas Díaz, representante de ASCAMCAT en la mesa de interlocución con el gobierno. “Logramos presionarlo para que se abriera un espacio nacional que permita avanzar en la discusión de la problemática campesina”.

Los campesinos cocaleros no sólo son los que perciben la menor ganancia en la cadena desde la producción hasta la venta al menudeo de la cocaína, sino pueden también ser encarcelados por la ley 30 de 1986 —que tipifica como delito la siembra de los cultivos de uso ilícito—, y están expuestos a las consecuencias de las aspersiones aéreas con el glifosato Roundup Ultra, un herbicida producido por Monsanto que se utiliza para acabar con las matas de coca. La fumigación está prevista por el Plan Colombia, el acuerdo bilateral con EEUU para la lucha contra el narcotráfico vigente desde el 2000.

Colombia es el único país en el mundo que fumiga los cultivos de usos ilícitos en una superficie que anualmente comprende más de 100,000 Ha. La práctica persiste a pesar de que una sentencia del Consejo de Estado del 11 de diciembre del 2013 establece que las aspersiones violan el principio de precaución que prevé la suspensión de las actividades humanas cuyos riesgos están probados.

“Hace 14 años fumigaron mi terreno con los aviones, después de la tercera vez que pasaron dejé de sembrar coca”, cuenta a Noticias Aliadas Romaira G., campesina cocalera del Catatumbo. “Una se siente mal después de la fumigación, me picaba todo el cuerpo”.

Atacar la oferta pero no la demanda

Los problemas dermatológicos causados por las aspersiones han sido demostrados en una investigación realizada en el 2012 por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes, en Bogotá, estudio que estuvo a cargo de los catedráticos Daniel Mejía Londoño, director del CESED, y Adriana Camacho. El estudio revela también que en las zonas de aspersión hay una mayor tasa de abortos, mientras que otros trabajos encontraron efectos negativos sobre el medio ambiente y sobre la confianza en las instituciones de las personas que tienen fumigaciones en sus municipios.

Otra estrategia utilizada para acabar con los cultivos de coca es su erradicación manual, que en el 2012 se realizó en más de 30,000 Ha.

“La erradicación manual tiene un alto costo, muchos erradicadores murieron por las minas antipersona sembradas por las FARC o por los paramilitares”, denuncia Mejía Londoño a Noticias Aliadas. “Incluso si fuera una estrategia eficiente, no veo por qué deban de morir tantos colombianos para que llegue menos cocaína a los EEUU y a Europa. Están transfiriendo todo el costo a los países productores”.

El 16 de mayo pasado, el presidente Juan Manuel Santos y las FARC anunciaron la firma, en el marco de las conversaciones de paz, de un acuerdo sobre los cultivos de uso ilícito, que será efectivo sólo si se llega a un consenso sobre los demás puntos en agenda.

“En las elecciones presidenciales del 25 de mayo Santos fue elegido porque está en un proceso de paz, por ello los sectores demócratas lo apoyaron”, explica Rojas Díaz. “Santos es el representante de la derecha tradicional colombiana, lo trágico de este momento es que era preferible él al candidato uribista Óscar Iván Zuluaga. Mi única esperanza es que el pueblo colombiano tenga la capacidad de presionar para que concluya de forma coherente este proceso de paz”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 10.07.2014

In italiano

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La discriminación que padeció Pedro Blas no es un caso aislado. Al final del 2013 fue clamoroso el caso de Irma López Aurelio, una indígena mazateca que parió en las afueras de un hospital en el sureño estado de Oaxaca luego que una enfermera le negara atención médica. La imagen de la joven en cuclillas y de su bebé en el pasto, aún ligado a ella por el cordón umbilical, circuló en las redes sociales, despertando indignación y destapando varias denuncias de casos parecidos. Según la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), en Oaxaca un 80% de las mujeres indígenas y rurales son sometidas por el personal médico a tratos discriminatorios durante el parto y el control del embarazo.

Si bien en los últimos años en México la planificación familiar ha logrado avances, organizaciones sociales han denunciado la persistente discriminación en el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres indígenas y de bajos ingresos económicos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 53.1% de las mujeres indígenas entrevistadas reportó haber usado algún anticonceptivo en la última relación sexual, en contraste con el 63.9% de las mujeres que residen en áreas urbanas.

Esterilizaciones


En el estado de Chiapas, también al sur, donde alrededor del 30% de la población es indígena, el estudio “Experiencia de Fiscalización del Acceso, Abasto y Uso de Métodos Anticonceptivos (2007-2010)”, publicado en el 2011 por DDESER y la organización no gubernamental Equidad de Género, revela que el método más utilizado entre las mujeres (49% de las mujeres entrevistadas por el estudio) es la salpingoclasia o ligadura de las trompas de falopio, mientras que sólo el 5% usa pastilla anticonceptiva y el 19% utiliza el condón.

“En Chiapas la salpingoclasia es practicada también bajo presión o con engaños, sobre todo entre mujeres indígenas o de zonas rurales, sin explicarles en detalle en que consiste la operación, y sin brindarles luego ningún seguimiento médico”, denuncia a Noticias Aliadas Nancy Zárate Castillo, profesora de psicología de género en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y ex coordinadora estatal de la DDESER.

Según Zárate Castillo, el Estado mexicano no tiene una política integral en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pues no existe una estrategia de acción que involucre las instituciones en varios niveles.



“En los años 70 hubo la última campaña sistemática y efectiva a nivel nacional en cuanto al cuidado de la reproducción. Era una exigencia del Banco Mundial y sí se disminuyó la tasa de natalidad”, explica Zárate Castillo. “Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León [1994-2000] del Partido Revolucionario Institucional [PRI] se logró que en los libros de textos entrara el tema del VIH/SIDA y de los anticonceptivos. Pero llegando el gobierno de Vicente Fox Quesada [2000-2006] del Partido de Acción Nacional [PAN], en el 2000, todas estas informaciones fueron borradas de los libros de texto”.

El estudio de DDESER y Equidad de Género sostiene que en los hospitales públicos de siete estados del país que tendrían que proporcionar los anticonceptivos gratuitamente, la consulta médica debía de pagarse, el número de pastillas anticonceptivas no era suficiente, la burocratización para conseguirlas es excesiva, el personal es poco capacitado y las adolescentes deben de estar acompañadas aunque no exista ninguna ley que lo obligue.

Embarazos adolescentes


La falta de una estrategia institucional integral en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos es uno de los factores que en el 2008 llevó a México a ocupar el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 64.2 por cada 1,000 nacimientos. Según el informe “Estado de la Población Mundial 2013. Maternidad en la Niñez”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los embarazos adolescentes “son más probables entre niñas de hogares con ingresos más bajos, con menor nivel educativo y que viven en zonas rurales”. De hecho, en México los estados que presentan niveles más altos de embarazo adolescente son los más pobres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Otro elemento que determina la elevada tasa de natalidad entre las adolescentes mexicanas es la imposibilidad de practicar legalmente un aborto seguro, opción posible sólo en el Distrito Federal.

“Aquí una ley del 2007 despenaliza el aborto hasta la semana número 12, cuando la mujer lo hace de manera voluntaria, o sea sin ninguna causal. Lo practican hospitales públicos, clínicas privadas y organizaciones civiles sin fin de lucro como Marie Stopes”, explica a Noticias Aliadas Carmen González Rodríguez, gerente de mercadotecnia de Marie Stopes, red de clínicas que brindan tratamientos anticonceptivos y acceso a abortos seguros.

“Tenemos sedes en otros estados, como Chiapas, donde el aborto está permitido sólo si la mujer ha sido violada, si está en peligro su vida o la del producto, y por malformaciones congénitas”, agrega. “Allí trabajamos en la prevención del embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual, y se les da a las mujeres embarazadas la consejería para que tome la decisión que más le convenga. Si decide interrumpir el embarazo, tenemos acuerdos con otras organizaciones como el Fondo María, que apoya su viaje hasta el Distrito Federal, donde le brindamos la posibilidad de interrumpir su embarazo gratuitamente”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 20.06.2014

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