Cinco ancianos arrastran los pies y se quejan del dolor que les provocan las esposas en las manos mientras entran a una sala de la Torre de Tribunales en la que se les acusará de crímenes de lesa humanidad. Hace cuatro décadas pertenecieron a un ejército que infundía terror y ahora están en el ojo de la justicia en el Tribunal C de Mayor Riesgo.

Benedicto Lucas García, el exjefe del Estado Mayor General del Ejército, y Manuel Antonio Callejas, exjefe de Inteligencia Militar, junto a los altos cargos de la zona militar de Quezaltenango, Francisco Luis Gordillo, excomandante; Edeliberto Letona Linares, exsubcomandante, y Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, exoficial de inteligencia militar, son los acusados de la desaparición forzada en 1981 del niño Marco Antonio, de 14 años, y del secuestro, violación y tortura de Emma, su hermana, de 21 años.

En el primer día del juicio, a los acusados los acompañaron sus familiares y amigos, quienes creen que el proceso penal es en una persecución con tintes ideológicos. María Elena Winter, la esposa de Lucas García, dice que se trata de un juicio injusto porque gracias a los militares que combatieron el comunismo ‘Guatemala no es hoy una Venezuela’ y confía en que ‘Dios hará justicia de la buena’.

A unos cinco metros, en la misma sala, está Emma Molina Theissen. A sus 58 años se considera una sobreviviente de uno de los regímenes militares más represivos y crueles de América Latina y una buscadora de justicia por su caso y por el de su hermano, quien ahora tendría 50 años. A su alrededor hay familiares y activistas que aplauden su coraje por exigir justicia y no venganza.

Marcela Martino, integrante del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dice que el juicio es importante para Emma y su familia, pero también es histórico en Guatemala porque implica ‘la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos que durante décadas permanecieron impunes’ y no deben repetirse.

En el primer día del juicio, los fiscales del Ministerio Público y los abogados de las víctimas acusaron a los militares de cometer el delito de deberes contra la humanidad, desaparición forzada y violación. Están listos para presentar pruebas, testimonios y peritajes que comprueban la responsabilidad de los militares por los delitos cometidos contra los Molina Theissen.

Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), entidad querellante en el caso, expone así el caso: ‘Marco Antonio es uno de los 5 mil niños y niñas víctimas de desaparición forzada. En general, se estima que se sabe dónde están sus restos de 45 mil personas. No hay un registro de todas las agresiones sexuales, pero sabemos que era un método común de agresión durante el conflicto’.

La defensa de los militares pidió que el juicio se realizara a puerta cerrada o por medio de videoconferencias para garantizar la seguridad de los acusados o para que no tuvieran que ser trasladados todos los días del juicio desde la prisión de Mariscal Zavala hasta la torre de tribunales. Alejandro Arriaza, defensor de Francisco Luis Gordillo, también expuso que por la edad de los acusados no era conveniente que se les trasladara a diario en los picops del Sistema Penitenciario. Al final, los jueces denegaron las solicitudes.

La tarde de este jueves, el excomandante Francisco Luis Gordillo se declaró ‘inocente’ frente al tribunal del juez Pablo Xitumul y de los jueces vocales Eva Marina Recinos y Elvis David Hernández.

Ayudado por audífonos, debido a deficiencias en el oído, Gordillo aseguró que nunca tuvo conocimiento de los hechos que le imputa y que tampoco dio o recibió órdenes para detener a Emma o desaparecer a Marco Antonio. El exoficial de inteligencia Hugo Ramiro Zaldaña Rojas se abstuvo de declarar y los otros tres acusados tendrán la oportunidad de hacerlo el próximo lunes.

Cuerpos como campos de batalla

Guatemala fue el escenario de enfrentamientos durante 36 años de conflicto armado interno. Ejército y los grupos guerrilleros libraron un combate sangriento en las montañas y las ciudades de Guatemala, pero también usaron los cuerpos de las mujeres y los niños como ‘campos de batalla’.

Esa fue la explicación de Alejandro Rodríguez, el abogado de Emma, sobre por qué militares de alto rango se ensañaron contra una joven de 21 años y un niño de 14 y cometieron en un crimen atroz que será juzgado después de tres décadas y media de impunidad.

El 27 de septiembre de 1981, Emma cayó en las manos de una patrulla militar cuando viajaba de la capital a Quetzaltenango. Los soldados detuvieron el bus en el que viajaba y le encontraron documentos de la Juventud Patriótica del Trabajo, una facción de la organización guerrillera Partido Guatemalteco de Trabajo.

Según su abogado, a Emma se le consideró ‘enemiga interna del Estado’ por su militancia política, al igual que a muchos otros activistas quel, sin ser comunistas, luchaban por reivindicar los derechos humanos atropellados por los regímenes militares.

Lo que pasó después de la detención de la joven fue un infierno. La llevaron a la base militar Manuel Lisandro Barillas de Quetzaltenango y la encerraron en un calabozo. Según su testimonio, fue víctima de torturas, violaciones e interrogatorios en los que le exigían datos sobre guerrilleros.

Después de nueve días, la joven había bajado tanto de peso que consiguió deshacerse de los grilletes, escapar y pedir auxilio. Un día después, el 6 de octubre, un comando militar allanó su casa en la colonia La Florida, en la zona 19 capitalina, y se llevó a su hermano Marco Antonio Delante de la madre, los militares engrilletaron al niño y lo subieron a un vehículo. Fue la última que ella lo vio con vida.

La familia se exilió en diferentes países. Durante décadas y desde fuera, los Molina Thiessen buscaron a Marco Antonio, sin resultados. En 1998 empezaron en Guatemala las investigaciones para dar con los responsables de los crímenes, a partir de una acción interpuesta por la familia, pero las averiguaciones no avanzaban.

En 2000, el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en 2004, después de una investigación, esa instancia responsabilizó al Estado guatemalteco por el crimen y ordenó dar con los responsables. Sin embargo, fue hasta 20016 que los presuntos responsables fueron detenidos y un año después se ordenó la apertura del juicio.

Un golpe para los militares

El caso Molina Theissen tiene implicaciones con el Ejército más allá de los cinco acusados. Manuel Antonio Callejas aún figura como vicepresidente de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (Avemilgua), según el portal electrónico de la organización.

Avemilgua está estrechamente vinculada con el Frente de Convergencia Nacional (FCN), el partido que llevó a Jimmy Morales a la Presidencia. Según una investigación de Plaza Pública, hasta junio de 2015, el 37 por ciento de los Q430 mil de financiamiento que FCN-Nación reportó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), provenía de militares, entre afiliados y candidatos.

Édgar Justino Ovalle, uno de los fundadores de Avemilgua y de FCN, es prófugo de la justicia por el caso Creompaz de desapariciones forzadas ocurridas en la zona militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, en los años ochenta.

Los militares han rodeado a Jimmy Morales antes y después de asumir el cargo y sus allegados ocupan puestos clave en las fuerzas armadas (lee esta investigación de Nómadasobre los militares que cogobiernan con Morales). Uno de ellos, el exministro de la Defensa Williams Mancilla, tiene arresto domiciliario y enfrentará juicio por haber concedido un bono de “seguridad” al presidente y a la cúpula militar, él incluido.

Con el juicio que comenzó este jueves, la familia Molina Theissen pretende alcanzar la justicia y castigar a los militares responsables de los crímenes en su contra. Pero también quieren encontrar los restos de Marco Antonio y darles una sepultura digna, aunque eso signifique buscar, una vez más, en las entrañas de las bases militares.

Artículo publicado en Nómada el 2.03.2018

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Amalia Rodríguez cuenta que, al llegar a México, un hombre la vendió. “Aquí está la mercancía”, le dijo a otro. Luego logró huir del que quería esclavizarla y llegó a Veracruz (México), donde conoció al hombre que escogió para ser su pareja desde hace más de 20 años. Con el paso del tiempo, dejó de comunicarse con su familia en Tiquisate, que empezó a pensar que estaba muerta.

Hoy Amalia Rodríguez vive en Puebla, donde tiene una familia cariñosa y estabilidad económica. Al terminar de oir el recuento de su historia, su hija Viviana y su nieto Samuel la abrazan, la acarician. La consienten porque saben que hoy es para ella un día muy especial: encontrará a su hermana Norma y a su sobrina Oneyda.

Hace 37 años que no ve a su hermana. A su sobrina, no la conoce. “En estos años la extrañé mucho, ella era la que me cuidaba cuando era niña”, dice Norma, que tenía 10 años cuando Amalia Rodríguez se fue de Escuintla.

Pero en este encuentro, hay una ausencia: falta su otra hermana Reyna, que emigró también huyendo de la pobreza y por las ganas de buscar a su hermana en 1986, siete años después de Amelia. Reyna Rodríguez, la madre de Oneyda, nunca se comunicó con su familia y hoy sigue desaparecida.

El encuentro entre las dos hermanas y su sobrina sucede durante la XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, una iniciativa organizada por el Movimiento Migrante Mesoamericano (MMM), colectivo mexicano que busca a los migrantes centroamericanos extraviados en su viaje.

El MMM estima que más de 70,000 las personas han perdido contacto con sus familiares durante la migración, secuestradas por grupos criminales o las autoridades. Pero no existen cifras oficiales sobre el número de migrantes desaparecidos en el intento de cruzar México.

Los centroamericanos en tránsito por el país son víctimas de todo; robos, extorsiones, lesiones y secuestros. En 2014, los delitos atribuidos a las autoridades eran poco más del 20%, mientras que en 2015 superaron el 40%, según un informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (REDODEM), que reúne 17 albergues para migrantes en México.

– Muchos salieron cuando era otro mundo: no había electricidad ni celulares en sus pueblos. Los que desaparecieron más recientemente son los que tememos que hayan sido asesinados, dice Marta Sánchez Soler, fundadora del MMM.

Rubén Figueroa, integrante del MMM, recoge las denuncias de desaparición y recorre México siguiendo los rastros de los migrantes centroamericanos extraviados: busca sus nombres en Google o en las listas de los detenidos en los centros penitenciarios mexicanos; encuentra pistas a partir de la última llamada que el migrante hizo a su familia y sigue los rastros del último envío de dinero que recibió. En los últimos diez años, ha logrado encontrar a 265 personas. En promedio, uno cada quince días.

En cada caso, grabó un video de cada migrante, con un mensaje para su familia. Llevó el video a Centroamérica e invitó a sus parientes la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, para que puedan reencontrarse.

En el caso de Amelia, fue su hija Viviana la que buscó a Rubén Figueroa de MMM para que viajara a Guatemala y buscara a la familia guatemalteca. Su mamá, después de tantos años, ya no sabía cómo contactarlos.

La manta de la ausencia

El 15 de noviembre era un día como los demás en La Mesilla, en Huehuetenango. Una mujer asa elotes mientras un grupo de hombres cruza la frontera con sus bultos, sin pasar por el puesto de migración. La ropa se vende barata y el quetzal vale 2 pesos y 70 centavos. Pero había unas madres que interrumpirían la rutina.

– Agarrá la manta, le dice una mujer a otra.

– ¿Dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?, empiezan a gritar juntas.

La XII Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos cruza así la frontera norte de Guatemala, marchando con sus mantas y con las banderas.

Ese día empezó el viaje de unos 3,800 km en el que 36 mujeres y 5 hombres recorrieron México en búsqueda de sus familiares migrantes desaparecidos, desde la frontera con Guatemala hasta el Estado de San Luís Potosí y luego de vuelta al sur, hasta el 3 de diciembre. Paisajes, climas y geografías que sus mismos parientes han cruzado en el intento de llegar a Estados Unidos.

– Qué la ola de xenofobia que golpeó a los Estados Unidos no llegue hasta acá, que esta caravana una México y Centroamérica. Los muros que los Trump quieren construir, ustedes los están rompiendo, dice el sacerdote guatemalteco José Luis al recibir la caravana en Frontera Comalapa (Chiapas).

– [La Caravana] es una escuela de formación; muchas regresan a sus países y se hacen activistas, dice el padre, sobre unas mujeres que regresan de la caravana con esperanza, aunque no hayan encontrado a sus familiares ni pistas sobre ellos.

Catalina López, maya kaqchiquel que trabaja en atención psicosocial de familiares de migrantes desaparecidos, toma palabra delante de sus compañeras, antes de que la caravana deje San Cristóbal de Las Casas (Chiapas). Las anima a gritar las consignas durante las marchas, las invita a perder la pena. Les asegura que cada vez que tengan ganas de llorar, encontrarán el abrazo de las demás, que todas allí conocen su dolor.

– Durante la caravana, las mujeres sienten que hay otras mamás que demandan atención y que denuncian, esto les da ánimo y voz para poder exigir sus derechos, dice Catalina López, que integra el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), un espacio de empoderamiento donde familias de varias regiones de Guatemala aprenden a hablar de su coraje, dolor e incertidumbre frente a la desaparición de su ser querido.

En el viaje, seis mujeres y dos hombres guatemaltecos se integran a la caravana:

Rosalba, de Huehuetenango, busca a su marido Santos Rodrigo Paiz.

David, también de Huehuetenango, busca a su hermano Domingo Marcelino Ramos.

Samuel, de Chichicastenango, busca a su hermana María Mejía.

Martha Julia, de Zacapa, busca a su hermano Juan Luis Zacarías.

La posibilidad de las puertas

– ¿Acaso vio a mi hijo?, pregunta la guatemalteca Manuela de Jesús de Canalito. Enseña la foto de su muchacho, Juan Neftalí, a una mujer que vive a lado de las vías de Villa Estación Chontalpa (Tabasco).

Las madres centroamericanas van tocando puertas, caminan de casa en casa recorriendo las vías del tren de carga llamado La Bestia. Los migrantes lo siguen utilizando a pesar de que el Plan Frontera Sur, al incrementar los controles en las vías, empujó al 75% de ellos a tener que confiar sus vidas a un traficante de personas.

En algunos casos, el trabajo de campo de las mujeres y el aporte de los pobladores locales regalan pistas que permiten emprender búsquedas exitosas.

– No está fácil recordar caras, hay muchas personas que pasan por acá, dice una mujer de la caravana a otra. Pero su esperanza algunos vecinos reconocen en las fotos los rasgos de alguien que transitó por allí, que les pidió un vaso de agua, o que tal vez se quedó un rato en la zona trabajando.

En su recorrido por México, la caravana está visitando penales y albergues para migrantes. Durante la estadía en el comedor y albergue de Las Patronas –un grupo de mujeres de Amatlán (Veracruz) que pasan comida a los migrantes que viajan en La Bestia–, las madres de la caravana corren afuera cuando escuchan el silbido del tren. Quieren verlo para acercarse a la imagen de sus hijos viajando en el lomo de La Bestia.

En Bojay (Hidalgo), el maquinista invita a las mujeres a un breve recorrido.

– Acepté (subirme) para sentir qué pueden sentir los migrantes al viajar allí, y sí me emocioné, dice Reyna Elisabeth, una joven de Ixcán (Quiché) que busca a su mamá, Irma Vicente García, desde hace 10 años.

Busca a su mamá desde hace 10 años.

La caravana está encontrando estudiantes y escuchando con escepticismo las promesas de los representantes de las instituciones. Las madres se están reuniendo con organizaciones de familiares de desaparecidos mexicanos: personas que traen su mismo dolor, víctimas de la misma ‘guerra al narcotráfico’ que golpea a los migrantes.

A menudo las mujeres de la caravana hablan entre ellas de sus hijos extraviados, intentan imaginar qué estarán haciendo en aquel momento.

– Estaba muy enferma de depresión por no saber qué dolor está pasando mi hijo, tal vez tiene hambre o frío, dice Irma Yolanda, de Boca del Monte, quien busca a su hijo Gerber Estuardo García Pérez.

– Desde que estoy en la caravana estoy un poco mejor.

A veces las madres cantan, otras rezan, a veces lloran o se ríen.

– Las mujeres con hijos desaparecidos tenemos una laguna en la cabeza. Perdimos cosas, nos ponemos las camisetas al contrario, se nos olvida todo, afirma una mujer de El Salvador, entre las risas de sus compañeras.

– Pero por lo menos nos reímos, y reír cura el alma.

Artículo publicado por Nómada el 15.12.2016

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