A unos kilómetros de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco, dos escuelas públicas operan en condiciones de exposición a contaminantes que, de acuerdo con mediciones ciudadanas y parámetros internacionales, implican riesgos para la salud. Testimonios de familias y datos de calidad del aire apuntan a una problemática que se ha agravado tras incidentes recientes en el complejo industrial, como el incendio de este martes que dejó cinco personas muertas. 

El jardín de niños Agustín Melgar y la primaria Abías Domínguez Alejandro colindan con Dos Bocas: sus bardas están casi pegadas a las de la refinería, cuyo mechero quema gas constantemente y domina las instalaciones escolares.

“La escuela no queda en esta zona [del incendio], sino completamente del otro lado”, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum durante su rueda de prensa mañanera de este miércoles, un día después del accidente que se produjo por una acumulación de residuos de hidrocarburos debido a las lluvias e inundaciones. En realidad, la distancia entre los planteles y el punto del incendio —que habitantes de Paraíso llaman “zona restringida”— es de unos tres kilómetros.

Atrás del jardín de niños, las instalaciones de la refinería. Foto: Orsetta Bellani

“Estamos preocupados por la situación a la que están expuestos nuestros hijos y por esto pedimos la reubicación; no es una cuestión política. La presidenta no está viviendo lo que nosotros”, dice María del Carmen Juárez Martínez, una madre de familia.

Para ella, las dependencias de gobierno “siempre tratan de ocultar las cosas”, igual que ahora con el incendio, del que la población de Paraíso se enteró primero a través de las redes sociales de los trabajadores de Pemex en lugar de por vías oficiales, como ha sucedido antes en otros conatos de incendios dentro de la refinería. 

La Red Ciudadana de Monitoreo de Calidad del Aire instaló un sensor cerca del jardín de niños y de la primaria, el cual muestra que entre julio de 2025 y enero de 2026, durante más de una semana al mes, las alumnas y los alumnos respiraron aire que, según los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es dañino para la salud.

Madres y padres de familia afirman que a partir de 2024 sus hijos empezaron a presentar síntomas que, de acuerdo con personal médico, en el 66 % de los casos pueden estar asociados a los contaminantes de la refinería: ácido sulfhídrico, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles.

Sin embargo, en la rueda de prensa en Palacio Nacional, Sheinbaum afirmó que “se hizo un dictamen técnico de las afectaciones que pudiera tener y no salió de que [las escuelas] se requiere reubicar”; aun así —subrayó— se le pidió a Petróleos Mexicanos (Pemex) que lo hiciera.

De acuerdo con María del Carmen Juárez Martínez, antes de que empezara la construcción de la refinería, el entonces presidente López Obrador prometió la reubicación a las familias. “Lo que dijo la presidenta nos da una luz de esperanza, pero también nos pone a pensar que esto no es una petición de ayer, ya lleva años”, afirmó.

Los dos planteles de Paraíso se encuentran en Lázaro Cárdenas, una colonia de clase media que, horas después del accidente, cuando el incendio ya había sido apagado, estaba casi desierta hasta en las horas más frescas.

Aumenta la venta de vivienda en la zona. Foto: Orsetta Bellani

La gente pone a la venta sus casas

Animal Político realizó un recorrido por la colonia y pudo constatar que muchas de las casas ubicadas cerca del complejo industrial —que ocupa más de 700 hectáreas, antes cubiertas en buena parte por vegetación— hoy en día están en renta o en venta.

“Los dueños se han ido por el olor y la contaminación“, dice el trabajador de un Oxxo de Paraíso, con el tono de quien no se fue porque no pudo. 

Una mujer que vende tamales frente a la tienda de conveniencia asegura que el olor que pica constantemente la nariz no se debe al incendio registrado horas antes, sino que a veces es muy fuerte y a veces menos, a veces huele a gas y a veces a otra cosa. Como todo olor: es difícil de describir, pero es fácil entender “que no está bien”.

La contaminación del aire en Paraíso no afecta solo a los habitantes de las colonias más cercanas a la refinería, sino a la población en general, causando dolores de cabeza, mareos y náuseas. El olor es intenso desde la entrada a Paraíso por Puerto Ceiba, donde la carretera turística en sus orillas tiene restaurantes de ceviche y camarones.

“Fíjese que el agua en los charcos de Paraíso es negra y el polvo que se deposita en las hojas de los árboles también”, asegura la vendedora de tamales, mientras prepara una bolsa para un cliente.  No habla del ruido, tan fuerte como el de un cuarto de máquinas, que, a la par del olor, se desprende día y noche de la Refinería Olmeca.

Artículo publicado en Animal Político el 19 de marzo de 2026.

The post Incendio en Dos Bocas agrava exposición de estudiantes a contaminantes: familias insisten en reubicación first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

En el fraccionamiento Casas del Sol no hay árboles que amortigüen el calor abrasador de Arriaga, en la costa de Chiapas. Escasea el agua para bañarse y los cables de la electricidad son de tan mala calidad que ya se encendió un medidor. Las puertas de las casas tienen hoyos y las paredes están llenas de grietas, a pesar de que en mayo de 2024 fueron entregadas a 19 familias reubicadas por la rehabilitación de la Línea K del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

“El gobierno sí nos cumplió con la promesa de reubicación, pero con casas que tienen materiales de muy baja calidad. En mi cuarto gotea, en la sala gotea, en la cocina también, ¿adónde me voy?”, dice una vecina que pide el anonimato. “Tuve que invertir dinero para impermeabilizar y me preocupa tener que volver a ahorrar para la próxima temporada de lluvias”, agrega la mujer.

La Línea K se extiende a lo largo de 459 kilómetros y es la más larga de las tres rutas del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un megaproyecto federal a cargo de la Secretaría de Marina (Semar). Conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, en la frontera de Chiapas con Guatemala, y corre casi en paralelo al Océano Pacífico.

El 31 de marzo de 2025 el CIIT firmó un convenio con la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y le entregó 700 millones de pesos para implementar un programa de vivienda “con el propósito de generar esquemas de atención a las familias en situación de vulnerabilidad en el área de influencia del CIIT”, de acuerdo con respuestas a solicitudes de acceso a la información que Animal Político hizo a la Conavi, Semar y CIIT.

Entre 2023 y 2025, la Conavi ha gastado más de 500 millones de pesos en la construcción de 921 viviendas a lo largo del tramo chiapaneco de la Línea K, y se construyen otras 45 para las familias que recibieron promesa de reubicación.

Las viviendas que ya han sido entregadas se encuentran en los municipios chiapanecos de Acapetahua, Huehuetán, Huixtla, Mapastepec, Suchiate, Tapachula, Tonalá, Tuzantán, Villa Comaltitlán, Pijijiapan y, por supuesto, Arriaga.

En el fraccionamiento Casas del Sol las viviendas han sido adquiridas por la Conavi a la empresa local Kava Hogares, que en sus redes sociales presenta su oferta como “la mejor oportunidad de inversión” y la “casa perfecta para vivir en Arriaga”. La empresa afirma también que el fraccionamiento está conformado por 38 lotes de 90 metros cuadrados y 53 metros cuadrados de construcción; además, asegura que cada vivienda tiene un precio de 700 mil pesos, aunque las familias que allí viven afirman que es inferior.

“Aquí llueve y el agua se empieza a filtrar”

Un vecino del fraccionamiento abre la puerta de su casa y deja ver la sala, el comedor, la cocina, dos recámaras, un baño y un pequeño patio de servicio. Asegura que el inodoro se despegó a los pocos meses de ser ocupada la vivienda, y muestra cómo su mano se mancha de blanco al pasarla por los muros hechos de cal y yeso. Además, muestra las losetas quebradas y numerosas grietas que atraviesan las paredes.

“Aquí llueve y empieza a filtrar, a pesar de que las casas son nuevas. Nosotros le comentamos a Conavi que estamos en una zona altamente sísmica. El terremoto de 8.2 que se registró en Chiapas el 7 de septiembre de 2017 tuvo su epicentro a una hora de aquí. Un sismo afectaría mucho estas casas, también porque la cimentación no se puso a un metro de profundidad, como tendría que ser”, dice el hombre.

Las familias del fraccionamiento Casas del Sol, que tienen familiares ferrocarrileros, habitaban en las orillas de las vías de Arriaga, detrás de la estación. En 2023, el CIIT empezó las obras de rehabilitación y les prometió la entrega de 36 mil pesos y su reubicación, a cambio de que abandonaran sus viviendas.

Las casas fueron demolidas para construir el Parque Lineal y las 19 familias, tras muchas reuniones, promesas incumplidas y una espera de nueve meses, se mudaron al fraccionamiento Casas del Sol.

Recientemente los vecinos reubicados en el fraccionamiento Casas del Sol recibieron la visita de Alejandro Patrinos Fernández, presidente municipal de Arriaga, quien se comprometió a rehabilitar el espacio de áreas verdes y el alumbrado público, a revisar la incertidumbre jurídica y a gestionar una reunión entre las familias y Conavi para revisar las afectaciones de las viviendas.

Aunque el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec aceptó recibir de Animal Político unas preguntas sobre las condiciones en que se encuentran las casas de las familias reubicadas en Arriaga, hasta el momento de esta publicación no se tuvo respuesta.

The post Corredor Interoceánico: familias reubicadas por obras en Chiapas denuncian mala calidad de casas que les entregaron first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Lo que comenzó como visitas de funcionarios y ofrecimientos económicos terminó en carpetas de investigación. En Pijijiapan y Arriaga, Chiapas, al menos seis mujeres han sido denunciadas por invasión de bienes nacionales tras negarse a desalojar viviendas y negocios ubicados en el derecho de vía para la rehabilitación de la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

A María Rosario Duarte Hernández el gobierno de México no le ofreció ni un peso para desocupar el restaurante que abrió hace diez años al lado de las vías que cruzan el municipio de Pijijiapan, en Chiapas. En él invirtió unos 500 mil pesos que ahorró trabajando en Estados Unidos. Tuvo éxito: a su negocio de pollos y carnes asadas siempre llegaba gente y pudo mantener a sus cinco hijos.

María Rosario Duarte Hernández. Foto: Orsetta Bellani

Los problemas empezaron hace un par de años, con la primera visita de una representante de Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT). Acompañada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), le avisó a María Rosario que debía desalojar el inmueble, pues las vías férreas, hasta entonces abandonadas, iban a ser rehabilitadas para la Línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), que conecta Ixtepec, Oaxaca, con Ciudad Hidalgo, Chiapas, en la frontera con Guatemala.

Los funcionarios del gobierno federal “llegaron varias veces en grupos grandes, de una decena de personas, algunas de ellas uniformadas, y con actitud agresiva me decían que por encontrarme en el derecho de vía me tenía que ir”, dice María Rosario Duarte Hernández.

“En ningún momento me ofrecieron dinero para que dejara mi negocio, ¿cómo les voy a firmar así? Seguí trabajando hasta que empezaron a llegar máquinas y volteos por todos lados, era una polvareda. Incluso llegaron a dejar un montículo de piedras frente a mi puerta y los clientes ya no llegaban. Finalmente me salí”, afirma la mujer. 

La demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR)

María Rosario Duarte Hernández no sólo se quedó sin su principal fuente de ingresos, sino que fue demandada por el FIT y la Secretaría de Comunicaciones, Infraestructura y Transporte (SCIT) ante la Fiscalía General de la República (FGR), junto con otras dos vecinas que no quisieron desalojar sus casas, entre ellas una mujer de 80 años.

 “Las acusan de invasión de bienes nacionales, o sea del derecho de vía, que corresponde a 15 metros por cada lado. En realidad, aunque no son dueñas y no tienen títulos de propiedad, sí son posesionarias y hasta hace unos años podían ocupar el derecho de vía sin ninguna repercusión jurídica”, dice Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, quien es representante legal de tres mujeres demandadas.

Foto: Orsetta Bellani

“El decreto del expresidente Andrés Manuel López Obrador de noviembre de 2021, que declara de seguridad nacional al CIIT y establece que no se debe invadir el derecho de vía, da margen a que se denuncie a las personas que allí viven, legalizando el despojo”, afirma el abogado.  

Además, explica, aunque no hay documentos que acrediten la propiedad, existen papeles que muestran que la posesión es de buena fe y pacífica, y que no se trata de una invasión.

En diciembre de 2025 un juez de Tapachula, Chiapas, le dio la razón a María Rosario Duarte Hernández y a sus dos vecinas. Negó la apertura del proceso penal en su contra. A lo largo del derecho de vía del ferrocarril del CIIT hay otras familias que se encuentran en una situación muy parecida: el CDH Digna Ochoa conoce 12 casos en Chiapas, pero estima que puede haber más. Animal Político contactó al CIIT solicitando una entrevista sobre el tema, pero no hubo respuesta.

Las mujeres de Arriaga demandadas por la FGR

El Parque Lineal se interrumpe frente a la vivienda de Marta Laguna Sánchez y continúa unos metros más adelante. El CIIT lo construyó en la estrecha franja de tierra que separa la carretera de las vías del tren. Es la única área verde de este poblado chiapaneco, a pocos kilómetros del Océano Pacífico y de la frontera con Oaxaca.

Su construcción, sin embargo, fue sin previo aviso para los habitantes de la zona. “Nunca nos informaron de que lo iban a construir. En abril de 2024 aparecieron todas esas personas y maquinarias y empezaron a demoler las casas de los vecinos. Luego comenzaron las obras”, dice doña Marta, quien por ser viuda de un ferrocarrilero tiene derecho de posesión sobre la casa en la que vive desde hace 30 años. 

Las personas de Arriaga, Chiapas, demandadas ante la FGR. Foto: Orsetta Bellani

En 2023, representantes de varias dependencias federales tocaron las puertas de las 23 familias que vivían al lado de las vías del tren en Arriaga, detrás de la antigua estación del ferrocarril. Les ofrecieron 36 mil pesos para que abandonaran sus casas y buscaran otras viviendas para rentar, con la promesa de que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) las iba a reubicar.

Aunque la mayoría de las familias aceptaron la propuesta del gobierno federal, Marta y otras dos vecinas —-Adriana Ovando Domínguez y María Guadalupe Torres Nuripungo—- tienen claro que no dejarán sus hogares hasta que les proporcionen una alternativa digna.

Afirman que no están en contra de la construcción del Parque Lineal ni de la rehabilitación de las vías férreas, pero exigen garantías para su reubicación.

“Nosotras sí nos vamos a salir de nuestras casas, no nos vamos a aferrar, pero estamos luchando para que nos entreguen una vivienda digna donde también podamos seguir con nuestros negocios. Yo tengo un autolavado y una tiendita, de eso vivimos y no podemos movernos a cualquier lado. Además, tengo un niño con discapacidad y a mi mamá con enfermedad, por lo que necesito que me den algo seguro”, afirma Marta.

El 15 de noviembre de 2025, las tres vecinas de Arriaga fueron demandadas ante la FGR con las mismas acusaciones de las mujeres de Pijijiapan: invasión de bienes nacionales. “No aceptaron las primeras condiciones que el gobierno les ofreció ni lograron sacarlas a la buena, por lo que tuvieron que atenerse a las consecuencias, es decir al proceso legal que en este caso todavía no ha empezado. Están usando el sistema de justicia para criminalizarlas”, dice Nataniel Hernández Núñez, que es abogado también de las familias de Arriaga.

El defensor denuncia que con el paso del tiempo varias de las dependencias de gobierno involucradas en el megaproyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec han ido aumentando las presiones en contra de sus clientes.

Adriana, en audiencia; policías armados, en su negocio

Mientras Adriana Ovando Domínguez estaba, junto con sus vecinas, en su primera audiencia en las oficinas de la FGR de Tuxtla Gutiérrez, policías armados se acercaron a los empleados y a los clientes de su purificadora de agua para advertirles que tenían que irse para que hicieran una diligencia.

“Yo me estoy ganando la vida legalmente y ellos corren y asustan a mis clientes”, dice Wilfrido Torres, esposo de Adriana. Afirma que a cada reunión con representantes del gobierno llegaban personas distintas y de diferentes dependencias: podían ser de la Secretaría de Bienestar, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), de Conavi, del CIIT, del FIT, del Grupo Ferrocarrilero del Sureste (GFS) o de Semar. 

Las presiones eran cada vez más fuertes, su actitud más agresiva y la vigilancia alrededor de sus casas y negocios más preocupante. Se multiplicaban las llamadas, las reuniones, los oficios. Cada vez les exigían y prometían cosas distintas: primero les aseguraron que no los iban a sacar de sus casas, luego les prometieron que les iban construir una vivienda, finalmente afirmaron que les iban a comprar una en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Un día funcionarios de la Conavi le presentaron a Adriana un convenio que le pareció una trampa. “En un inciso decía que al firmar yo tenía que desocupar inmediatamente mi casa, aunque no estaba lista la nueva. No lo firmé, no voy a firmar yo misma mi desalojo”, afirma.

El uso del sistema de justicia para criminalizar a pobladores 

Germán Torres Pérez tiene 81 años de edad. Trabajó como ferrocarrilero durante toda su vida y se jubiló con cuatro hernias porque entonces hacía todo con su propia fuerza: descargaba durmientes de los furgones, metía vías, movía vagones. A pesar de esto, Germán también fue demandado por vivir en la casa que le dio una empresa de ferrocarriles.

La casa y el comedor de doña Guadalupe a lado de las vías del ferrocarril en Arriaga, Chiapas. Foto: Orsetta Bellani

“En esta casa vivimos mi papá, mi hija y yo, y abrieron una carpeta de investigación para cada uno de nosotros”, dice María Guadalupe Torres Nuripungo, hija de Germán. “Mi hija es una jovencita que acaba de terminar una carrera y busca abrirse paso en la vida. Nos criminalizaron a pesar de que no somos criminales”, afirma la mujer.

El 19 de febrero, las dependencias federales retiraron las acusaciones en contra de María Guadalupe y de su familia, pero no de sus vecinas. Hasta ahora, ninguna de las tres mujeres de Arriaga tiene garantizado su derecho a la vivienda.

Reportaje publicado por Animal Político el 4 de marzo de 2026.

The post Corredor Interoceánico en Chiapas: mujeres se negaron a desalojar sus viviendas y fueron denunciadas ante la FGR first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

El velador de la estación de Tonalá aparta unas cortinas de terciopelo y muestra la placa inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum el 21 de noviembre de 2025. “Reinicio de operaciones de carga y pasajeros del Ferrocarril Interoceánico. Línea K”, se lee en la inscripción. Afuera, no hay trenes ni pasajeros: el servicio fue suspendido tras el accidente que el 28 de diciembre de 2025 causó la muerte de 14 personas.

Durante seis domingos, las estaciones Tonalá y Arriaga del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), en la región Costa de Chiapas, se llenaron de pobladores emocionados por la experiencia de viajar en tren.

Foto: Orsetta Bellani

Con 459 kilómetros, la Línea K será la más extendida de las tres contempladas por este megaproyecto en el sureste mexicano, a cargo de la Secretaría de la Marina (Semar). La ruta corre casi paralela al Océano Pacífico desde Ixtepec, en Oaxaca, hasta Ciudad Hidalgo, un poblado chiapaneco fronterizo con Guatemala. A pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría lista en agosto de 2024, hasta ahora sólo se ha completado el tramo que va de Tonalá a Ixtepec.

Aunque la apertura de la Línea K fue presentada como un paso para la recuperación del servicio de pasajeros, forma parte de un sistema más amplio y ambicioso: la columna vertebral del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec no es turística ni su alcance se limita a lo regional, sino que es logística. Además de transportar personas, está diseñada para movilizar carga hacia mercados nacionales e internacionales.

Puerto Chiapas avanza sin  permisos ambientales

En Chiapas, el Corredor Interoceánico impactará principalmente en Tapachula, municipio costero cercano a la frontera con Guatemala. Allí se construye el ramal KA, una línea férrea secundaria que se desprende de la Línea K a la altura de la estación Los Toros, y conectará la red con Puerto Chiapas para el traslado de carga.

Este muelle se amplía a pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó los permisos ambientales a su proyecto de rehabilitación. La propuesta fue presentada ante la dependencia federal el 10 de octubre de 2024 por la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas, y contempla  el mejoramiento del muelle y del patio de maniobras donde se almacenan los contenedores, la prolongación de las vías férreas hasta esa zona y la construcción de un edificio administrativo y de una unidad naval de protección portuaria.

En su resolutivo del 10 de julio de 2025, la Semarnat negó los permisos para las obras al señalar que “la promovente rebasó el carácter preventivo” del procedimiento, cuyo objetivo es evaluar el impacto ambiental antes de ejecutar un proyecto. La dependencia agregó que la superficie afectada por el cambio de uso de suelo es mayor a la reportada en la manifestación presentada.

Animal Político solicitó una entrevista a la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), instancia que depende de la Semarnat y podría determinar una eventual clausura de las obras, pero no obtuvo respuesta.

Foto: Orsetta Bellani

Exportaciones desde Puerto Chiapas

En la región atravesada por la Línea K se producen principalmente plátanos, mangos, café y palma africana. En entrevistas con medios, el secretario de Economía y del Trabajo del estado, Luis Pedrero González, ha señalado que existe la intención de abrir una ruta marítima desde Puerto Chiapas hasta Los Ángeles, California, para exportar estos y otros productos agrícolas.

Pero no sólo se trata del potencial exportador del campo. El subsuelo de la región también es rico en minerales: de acuerdo con el Servicio Geológico Mexicano existen yacimientos de titanio, oro, mercurio, zinc, plomo y fierro, y el Plan Maestro de la Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Chiapas señala que el muelle busca estar “a la altura del crecimiento que la industria minera de la región tiene para los próximos veinte años”, con miras al abastecimiento de mercados del sureste asiático.

Sin embargo, de acuerdo con Nataniel Hernández Núñez, del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa de Tonalá, hasta el momento en las regiones Costa y Soconusco de Chiapas no hay proyectos mineros activos ni las comunidades han denunciado que actualmente empresas mineras estén buscando entrar a sus territorios como ha sucedido en el pasado. “En Acacoyagua las mineras lo intentaron varias veces, pero en 2015 la gente se organizó en el Frente Popular en Defensa del Soconusco (FPDS), expulsó a la empresa y declaró el municipio libre de minería”, afirma.

Un predio para los militares en Puerto Chiapas

Además de las actividades productivas, un predio de más de 104 hectáreas de Puerto Chiapas será utilizado para actividades militares. Un decreto publicado el 10 julio de 2024 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) destina al Ejército el Polígono B Puerto Chiapas-Sedena.

El documento oficial señala también que “dentro de las actividades castrenses se cuenta con un área de protección ecológica, misma que dentro de sus funciones le corresponde, planear, coordinar y supervisar las actividades en materia de protección ecológica, tendientes a apoyar al Gobierno de la República y Entidades Federativas del país en las tareas de preservación y mejoramiento del medio ambiente, reforestación de áreas compactas y comunes, tratamiento de desechos de impacto ambiental y el incremento del conocimiento de la ecología y del medio ambiente por los miembros del Instituto armado”. El decreto aclara que, en caso de que la Sedena diera al inmueble un uso distinto al indicado, le será retirado.

Foto: Orsetta Bellani

Falta claridad en los Polos de Desarrollo para el Bienestar

La red multimodal que se construye en Tapachula no contempla sólo el ferrocarril y el puerto, sino también dos parques industriales a lo largo del ramal KA y a poco más de 5 kilómetros de Puerto Chiapas, y un tercero se creará más al norte, en el municipio de Arriaga.

Uno de los parques será libre de impuestos, idea que no es nueva. En 2014, el entonces presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de una Zona Económica Especial (ZEE) en Puerto Chiapas. La apuesta ha sido retomada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien como candidata presentó, durante el segundo debate presidencial, el Polo de Desarrollo para el Bienestar en Tapachula como uno de los motores de crecimiento para el sureste de México.

Los Polos de Desarrollo Tapachula I y II ocuparán unas 412 hectáreas, son contiguos y se encontrarán a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de la ciudad. De acuerdo con el gobierno, están diseñados para atraer inversiones en sectores prioritarios, como agroindustria, dispositivos médicos, farmacéutica, maquinaria, equipo, semiconductores y electromovilidad.

“Aprovechemos esta oportunidad para convertir a la Costa y el Soconusco en la capital económica no sólo de Chiapas, sino también de Centroamérica”, expresó el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar durante un encuentro con empresarios que se llevó a cabo en julio de 2025, donde presentó las ventajas fiscales y logísticas que tendrán las inversiones en los nuevos parques industriales de Tapachula.

De acuerdo con el gobernador de Chiapas, los Polos de Desarrollo para el Bienestar servirán también para contener la migración, al ser un incentivo para que los migrantes se establezcan en la entidad en lugar de avanzar hacia la frontera norte.

Foto: Orsetta Bellani

En sus redes sociales, el mandatario chiapaneco anunció también la voluntad de construir una estación de regasificación en Tapachula, que se conectará a un gasoducto que, de acuerdo con el plan de expansión del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural (Sistrangas) 2020-2024, se llama Prosperidad y está a cargo de la empresa Rassini. El ducto correrá a lado del Ferrocarril K por 440 kilómetros —de Ixtepec a Tapachula— y su construcción aún no ha comenzado.

Sin embargo, a mediados de enero de 2026 el secretario de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Nicolás Castañeda Javier, afirmó que hay un “nulo interés” de los empresarios en instalarse en estos polos por falta de claridad en las reglas de operación.

La conexión con Guatemala

Acompañado por la presidenta Claudia Sheinbaum, en agosto de 2025 el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo dijo en Calakmul que la interconexión ferroviaria entre Ciudad Hidalgo y Tecún Umán, “tiene un potencial enorme para el comercio entre ambos países, para el desarrollo y el bienestar de la gente en Guatemala y en el sur de México, pero también para toda la región mesoamericana”.

La idea de crear una conexión logística regional entre Centroamérica y el sureste mexicano se remonta al Plan Puebla Panamá y al Plan Mesoamérica, con los que los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto planteaban el mismo deseo que la 4T está cumpliendo.

La intención es enlazar el Corredor Interoceánico no sólo con Guatemala, a través de Ciudad Hidalgo, sino también el Tren Maya con Belice. Además, el Corredor Interoceánico y el Tren Maya se conectan en Palenque, creando una red de vías que cruza todo el sureste y está enlazada también con el centro y norte de México.

Gustavo Castro, coordinador de la asociación civil chiapaneca Otros Mundos, plantea la posibilidad de que para Guatemala pueda ser difícil hacer una inversión tan grande en infraestructuras para modernizar su red de ferrocarriles, y ve algunos retos también para el gobierno mexicano. “Creo que se le podría complicar controlar el tráfico de indocumentados, que seguirán buscando vías y formas de moverse, poniendo un tren justo en una zona donde transitan”, afirma el activista.

Empresarios, preocupados por la seguridad de la Línea K 

Hasta hace no muchos años, en Arriaga las vías del tren eran ocupadas por migrantes que esperaban el paso de “La Bestia”, como le llaman al tren de carga que usaban para dirigirse al norte de México. Hoy en día las rutas migratorias se modificaron y ya no se observan migrantes caminando por las vías férreas vigiladas por la Semar. El paisaje también ha cambiado: el puente que cruza el río Lagartero ha sido remodelado, las vías del tren están nuevas y se rehabilitó la estación del ferrocarril.

El gobierno federal sostiene que la Línea K registra un avance de 88 % y que estará lista a mediados de 2026. En Tapachula, sin embargo, la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ha pedido que expertos independientes validen la seguridad de la infraestructura antes de su entrega.

“Es crucial que se realicen evaluaciones rigurosas y certificaciones de la calidad de la vía. No podemos permitir que la negligencia ponga en riesgo la seguridad de los usuarios”, advierte el organismo empresarial. En la estación de Tonalá, mientras tanto, el velador corre las cortinas de terciopelo cuantas veces sea necesario: desde noviembre de 2025 sigue anunciando el “reinicio de operaciones”. Afuera, el andén permanece vacío.

Foto: Orsetta BellaniArtículo publicado en Animal Político el 3 de marzo de 2026.

The post Corredor Interoceánico en Chiapas: avance entre negativas ambientales, dudas empresariales y cuestionamientos sobre seguridad first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Teresa miraba el cuerpo de su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez tirado en la carretera cerca de la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “De la cabeza salía sangre y más sangre”, afirma en entrevista la normalista, quien por razones de seguridad pidió que su identidad real fuera reservada.

Era el 15 de mayo de 2025 y Jesús Alain se había caído de la góndola de una camioneta de estudiantes que era perseguida por dos vehículos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), un cuerpo de élite de la policía estatal de Chiapas conocido como “pakales”.

“En el lugar de los hechos los policías nada más tomaron fotos y se fueron. Había muchos otros estudiantes desesperados. Algunos lloraban, otros marcaban a los hospitales”, dice Teresa. La ambulancia se demoró horas en llegar.

Tensiones en el gabinete de gobierno chiapaneco

El cuerpo de Jesús Alain todavía estaba tirado en la calle cuando Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas, apareció públicamente mostrando unas imágenes del C5 donde se ve al joven caer de la camioneta en fuga y a un vehículo de la FRIP esquivar a su cuerpo en el piso.

“Nunca hubo uso de la fuerza, fue un accidente provocado por estas mismas personas”, aseguró aquel día Aparicio Avendaño, que afirmó que la persecución a los normalistas se dio tras un intento de robo de un autobús.

Sin embargo, a principios de diciembre dos agentes de la FRIP —Refugio “N” y Rubicel “N” — fueron detenidos por el delito de uso indebido de funciones públicas, es decir que incumplieron con los protocolos básicos para el uso de la fuerza. Uno de ellos era el chofer de la camioneta que perseguía a los normalistas, el otro estaba al mando de la operación.

“La persecución llevó a la pérdida de la vida del joven y su familia está devastada: no se logra recuperar emocionalmente y tienen temas de salud”, dice el abogado del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, que acompaña legalmente a la familia de Jesús Alain. “Seguimos en etapa de integración de la carpeta de investigación y, una vez que se haya robustecido, esperamos reclasificar las acusaciones a homicidio”, advierte el representante legal, quien prefirió no decir su nombre.

La detención de los dos pakales generó tensión en el gabinete de gobierno chiapaneco. El 8 de diciembre de 2025, la secretaria general de Gobierno y Mediación de Chiapas, Dulce Rodríguez Ovando, apareció en un video-comunicado señalando irregularidades en la conducta de Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

“El titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo salió anticipadamente a dar declaraciones sin esperar las investigaciones derivadas del procedimiento apegado a la normativa por parte de la Fiscalía General del Estado”, dijo Rodríguez Ovando. “El gobierno del estado garantiza la legalidad. Se hará justicia conforme a derecho”, agregó.

Mural de Jesús Alain en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

FGE respalda versión de la Secretaría de Seguridad del Pueblo

Los normalistas de la Mactumactzá pasaron tres días resguardando la escena del crimen: la porción de asfalto donde murió su compañero Jesús Alain Vázquez Pérez, frente a la Feria Ganadera de Tuxtla Gutiérrez.

“La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) no llegaba para recoger las pruebas, así que pusimos ramas para tapar un carril y piedras para marcar las evidencias: había casquillos de bala y de gas lacrimógeno, incluso restos del cerebro del compañero que el polvo iba contaminando. Los peritos de la FGE se tardaron tres días en llegar”, dice Teresa.

Un par de semanas después, durante una entrevista con Milenio el fiscal General del Estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, negó la presencia de casquillos de bala en el lugar de los hechos. “Hasta ahorita no hemos determinado, de acuerdo con lo que llevamos en los actos de investigación, que haya habido disparos de armas de fuego”, dijo.

Llaven Abarca también respaldó la versión de Aparicio Avendaño, al afirmar que la muerte de Jesús Alain se dio por la caída desde la camioneta, como demostraría la necropsia de ley, la cual concluye que la causa fue traumatismo craneoencefálico. “Está totalmente descartado que presentara alguna lesión provocada por arma de fuego, lo señala el dictamen médico. Estamos trabajando de una manera transparente y objetiva con todos los actos de investigación para lograr el establecimiento de los hechos”, dijo durante la entrevista.

Según CDH Minerva Bello, Jesús Alain se cayó por el impacto de una bala de goma

En realidad, de acuerdo con el Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, en el lugar de los hechos sí se hallaron cartuchos de arma de fuego y no corresponden con las armas que están en dotación de la FRIP. Las grabaciones no muestran a nadie sembrándolos, y se teme que el cuerpo de élite maneje armas que no son reglamentarias.

El centro duda que Jesús Alain haya sido asesinado por uno de estos proyectiles. Su reconstrucción de los hechos es que el joven, a la par de otros estudiantes que aquella noche se encontraban en la góndola de la camioneta en fuga, habría sido golpeado por una bala de goma, que aturde, pero no mata, y por el impacto habría caído al suelo y perdido la vida.

La muerte de Jesús Alain causó indignación entre los padres de familia de los estudiantes. “Durante años, los normalistas han sido estigmatizados por exigir condiciones dignas para formarse como maestros al servicio del pueblo. Su lucha, lejos de ser violenta, es una resistencia frente al abandono, la marginación y las políticas que buscan desmantelar la educación pública en favor de los intereses privados”, escribieron en un comunicado.

“En días recientes, esta represión ha llegado a su punto más doloroso: uno de sus compañeros ha sido asesinado por fuerzas policiales. Sí, asesinado. No podemos llamarlo de otra forma cuando un estudiante desarmado pierde la vida a manos del Estado, cuya obligación era protegerlo. Su nombre no puede quedar en el olvido, ni su historia ser borrada por versiones oficiales que intentan justificar lo injustificable”, afirma el Comité de Padres de Familia Mactumactzá.

“El 15 de cada mes seguiremos en las calles”

En la Escuela Normal Rural Mactumactzá hay un mural de los perros Rafa y Frank. “Estos dos camaradas nos apoyaron mordiendo a los policías cuando entraron a la escuela, el 6 de agosto de 2023”, dice un estudiante.

Relata que aquel día los policías destrozaron las instalaciones de la escuela e incluso aventaban gases lacrimógenos desde un helicóptero. La normal quedó cerrada seis meses y fue el cuarto intento del gobierno para clausurar esta escuela de jóvenes socialistas hijos de campesinos.

Los muros de la normal están enteramente pintados con imágenes que recuerdan los momentos más álgidos de su historia: hay uno que representa a Jesús Alain, otro que recuerda la represión que los estudiantes sufrieron el 18 de mayo de 2021, cuando 95 de ellos fueron encerrados en la cárcel durante meses y las mujeres, que eran la mayoría, denunciaron acoso sexual por parte de las fuerzas policiacas.

También hay pintas que recuerdan las otras 16 normales rurales que existen en México, que están agrupadas en la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM). “Los de Ayotzinapa siempre son los primeros en llegar a nuestras movilizaciones”, dice el estudiante.

En la parte de atrás del terreno que la Mactumactzá ocupa hay sembradíos y criaderos de cerdos, pollos y ganado que los normalistas trabajan. Venden sus productos a buen precio a los habitantes de la colonia Plan de Ayala y piensan que esto, junto con las actividades recreativas que ofrecen a los niños, genera una buena relación con sus vecinos. Saben que, sin embargo, muchos los consideran como vándalos y delincuentes por enfrentarse con la policía durante sus acciones.

En este momento, el mayor esfuerzo de la normal tiene que ver con le exigencia de justicia por la muerte de Jesús Alain. “El 15 de cada mes seguiremos saliendo a las calles para repudiar los hechos ocurridos el 15 de mayo de 2025, porque sabemos que el compañero fue asesinado a manos del Estado”, afirma en entrevista el portavoz de la escuela.

Mural en la Normal Rural Mactumatzá. Foto: O.B.

Normalistas exigen disculpas públicas

Teresa estaba hablando por teléfono cuando, detrás de un vidrio del Hospital Manzur de Tuxtla Gutiérrez, vio al personal de salud intentar revivir a Jesús Alain presionándole el pecho. El joven no se movía. A la estudiante también le tocó ver a un enfermero subir la sábana a la cara de su compañero.

A Teresa la afectó mucho presenciar la llegada de la madre de Jesús Alain: “fue un llanto que, a pesar de que no eras tú la que estabas llorando, sentías el dolor. En los días siguientes sus familiares quedaron muy afectados por lo que salía en redes sociales, donde se decía que era un vándalo y casi parecía que se murió por su misma culpa. El dolor de la familia nadie se los va a poder quitar”.

Para los estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumactzá todos los policías que participaron en la persecución del 15 de mayo tendrían que recibir un castigo. Además, exigen disculpas públicas de Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo del estado de Chiapas.

Artículo publicado en Animal Político el 5 de enero de 2026.

The post Normal Rural Mactumactzá espera justicia tras detención de policías “pakales” por la muerte de su compañero en Chiapas first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

La motocicleta de Julio Mora brinca entre los hoyos de la pradera de Juan Mata Ortiz, en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Sabe qué dirección tomar, como si se moviera en caminos señalados en lugar de entre mezquites y madrigueras de roedores.

Julio Mora ama la nieve que en invierno cubre los pastizales y la lluvia que en septiembre enverdece las praderas que hasta hace unos cien años eran territorio de apaches y bisontes. Lo que el ejidatario teme son las sequías que en los últimos tres años se llevaron la mitad de sus vacas, y un gasoducto que la empresa Mexico Pacific quiere construir bajo de sus terrenos.

Julio Mora. Foto: Orsetta Bellani

Se llama Sierra Madre y llevará gas shale, extraído con el método del fracking en Texas, hasta la planta de licuefacción Saguaro Energía, en la costa de Sonora, donde será cargado en buques gigantes y transportado hasta Asia, impactando el trabajo de los pescadores locales, la vida de las ballenas y de muchas otras especies del Golfo de California. Se trata de un megaproyecto muy contaminante: las emisiones de su ciclo de vida completo serán equivalentes a las emisiones de Portugal y Suecia juntos.

Afectaciones a los pastizales de Chihuahua

Sentado en su motocicleta, ahora quieta, Julio Mora dice que la obra afectaría una porción grande de sus terrenos. Mexico Pacific pidió 25 metros de derecho de vía.

“Me preocupa que el gas se pueda fugar e infiltrarse al pasto, eso sería un problema sobre todo para el ganado, que de esto se nutre. Más adelante, ya entrando a la sierra, el gasoducto afectaría muchísimos árboles”, dice Julio Mora, quien se dedica al ganado por pasión pero, como casi todo el mundo en Mata Ortiz, vive de la alfarería.

El ejidatario indica unos puntos lejanos en la pradera protegida por la Sierra Madre Occidental: allá se ubican algunos manantiales que, teme, podrían quedar comprometidos por el gasoducto. Las afectaciones a la calidad del agua superficial —así como a la flora, al suelo y a la cobertura forestal— están señaladas también por la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del megaproyecto

“Cuando la empresa vino a la asamblea ejidal nos habló bien bonito, pero no contestaron preguntas relacionadas, por ejemplo, con el pago por metro cuadrado o las posibles afectaciones. No podemos aceptar algo que no tenemos claro”, dice Julio Mora.

Megaproyecto en el papel: sin el gasoducto la planta no podría funcionar

“Quienes nos oponemos a Saguaro Energía vemos el gasoducto como parte del conjunto, con la planta de licuefacción y los buques metaneros. Por esto criticamos que la MIA ha sido fragmentada: hay una para cada parte del megaproyecto, cuando tendría que haber una única que analice sus impactos acumulativos. Nuestro entendimiento tendría que ser completo, nada tiene razón de existir sin el resto”, dice Claudia Campero, de la organización Conexiones Climáticas, que es parte de Ballenas o Gas, coalición que impulsó movilizaciones en contra del megaproyecto y juntó unas 300 mil firmas para pedir su cancelación.

“Hasta el momento Saguaro Energía existe sólo en el papel, entonces es la mejor oportunidad para no permitir que suceda”, afirma Claudia Campero.

Foto: Conexiones Climáticas

Saguaro Energía preocupa a la ONU

El 1 de diciembre pasado, durante la rueda de prensa mañanera, una periodista cuestionó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la falta de claridad alrededor de los avances e impactos del proyecto Saguaro Energía.

“No es irregular, no hay irregularidad. Se está revisando la disponibilidad de gas y si se requiere de un gasoducto adicional o no”, afirmó Sheinbaum refiriéndose al ducto Sierra Madre. En realidad, los jueces sí detectaron irregularidades en Saguaro Energía que, según las organizaciones de litigio, está detenido por diez amparos.

Sheinbaum dijo que se trata de un excelente proyecto de inversión y que el gobierno definirá cómo deberá operar sin afectar a la biodiversidad. Sin embargo, un día después la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado oficial dirigido al gobierno mexicano en el que expresa profunda preocupación por los megaproyectos de gas fósil licuado propuestos en el Golfo de California —en particular la instalación de los gasoductos Sierra Madre y Corredor Norte, y de cuatro terminales: Saguaro Energía, Vista Pacífico, AMIGO LNG, GNL Cosalá— cuestionando su legalidad, viabilidad climática y compatibilidad con los derechos humanos y con algunos tratados internacionales firmados por México.

“La quema de combustibles fósiles constituye una de las actividades humanas con mayor impacto sobre el clima de la Tierra”, escribe la ONU en su carta. En su programa Máxima Nota, el colectivo Eskuela Radical, de Chihuahua capital, ha sido muy duro al comentar la rueda de prensa de Sheinbaum: “¿qué vamos a ganar con que los gringos manden gas a Corea? ¿Dónde está el beneficio? Solamente estoy viendo riesgos y al gobierno de Claudia Sheinbaum defendiendo abiertamente intereses de los petroleros texanos”, dijo Nayo Rodríguez, integrante de la organización.

Foto: Orsetta Bellani

En defensa del perrito de la pradera

Si hay alguien que sabe de formas creativas de protesta, son los integrantes del colectivo Eskuela Radical: llegaron a vestir una botarga de perrito de la pradera de cola negra —un roedor ya en peligro de extinción, cuyo hábitat quedaría afectado por el paso del gasoducto— para pedir firmas en su defensa.

“En mayo de este año juntamos firmas para exigir una audiencia pública con el gobierno. Se trata de uno de los instrumentos previstos por la ley de participación ciudadana que impulsamos hace poco menos de diez años. Se puede pedir como organización, no hace falta juntar firmas, pero de todos modos decidimos hacerlo para que no pareciera una lucha sólo nuestra”, dice Carlos Olvera Fernández, director de la Eskuela Radical.

Fue tiempo después que Ulises Fernández Gamboa, secretario de Innovación y Desarrollo Económico del Estado de Chihuahua —al que Animal Político envío varias preguntas sin tener respuesta—, aceptó organizar una audiencia pública sobre el gasoducto Sierra Madre, cuya fecha todavía no se establece.

Foto: Orsetta Bellani

“Que nos hayan dado una audiencia pública no significa que se va a detener el gasoducto. En estas audiencias el gobierno sólo comparte información, pero lo que estamos buscando es mayor difusión, porque muy poca gente sabe al respecto”, afirma Olvera Fernández.

No es posible conocer el trazado exacto del megaproyecto, pues sus coordenadas de ubicación han sido reservadas para no comprometer la seguridad nacional. Sin embargo, de acuerdo con la Eskuela Radical, pasará por debajo del Palanganas, un río importante en la zona porque, a diferencia de arroyos que cruzan las praderas chihuahuenses, es permanente y su existencia no depende de las lluvias.

“Sierra Madre romperá ecosistemas y la gente de la zona no recibirá beneficios, no nos parece justo que usen Chihuahua como zona de sacrificio”, dice René Moreno Medina, integrante de la Eskuela Radical, sentado en la sala de grabación del noticiero que la organización difunde a través de su canal de Youtube.

“Quieren dar una propina a los ejidos para que les den derecho de vía. La información que tenemos es que algunos los han bateado y otros sí han aceptado el paso del gasoducto”, afirma.

Que el gasoducto no cruce por aquí

En el patio de su casa, Alma Delia Soto Villa, esposa de Julio Mora, muestra cómo en Mata Ortiz preparan el barro que se usa para hacer cerámicas. Luego agarra una pelotita, la aplasta como si fuera una tortilla y la moldea hasta crear un pequeño recipiente.

Julio Mora la acompaña en la explicación de la técnica, mostrando las obras expuestas en su casa. Los alfareros de Mata Ortiz, dice Julio, usan puras arcillas locales, y hasta el momento nadie se ha preguntado si las fugas del gasoducto podrían llegar a contaminarlas. Tampoco se están preocupando de que la obra pueda afectar al turismo, que viaja hasta el pueblo para comprar sus célebres vasijas y visitar el cercano sitio arqueológico de Paquimé.

Foto de la página de Mexico Pacific.

El alfarero explica que el megaproyecto dividió al pueblo de Juan Mata Ortiz: los veinte ejidatarios que, como él, quedarían directamente afectados por la obra están en contra de su construcción, pero muchos otros están a favor, también porque las ganancias se repartirían entre todo el ejido.

“Lo que quiero no es dinero, sino que el gasoducto no cruce por aquí”, dice Julio Mora. “No sabemos qué pasará: nos dijeron que aunque la asamblea ejidal no otorgue el permiso para construir el gasoducto, lo van a hacer”.

Reportaje publicado en Animal Político el 9 de diciembre de 2025.

The post “Sin el gasoducto Sierra Madre, no funciona el proyecto Saguaro”; llaman activistas a bloquear su construcción en Chihuahua first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

De tanto que admira a Juan Quezada, Laura Bulgarini piensa que su ejido debería tener el nombre del célebre alfarero en lugar de Juan Mata Ortiz, mayor enviado a estas praderas de Chihuahua para exterminar a los apaches.

“Gracias al maestro Juan Quezada nació la tradición de la cerámica aquí en el pueblo: en los años cincuenta encontró una pieza de la antigua cultura de Paquimé, empezó a fabricar vasijas con la misma decoración y luego enseñó la técnica a sus familiares y amigos, entre ellos a mi mamá”, dice la artista ceramista, cuyas obras ganaron premios internacionales.

La familia de Laura Bulgarini es ejidataria, pero tiene muy poca información sobre un gasoducto que tendría que pasar por el pueblo. Sólo su esposo, Héctor Gallegos, ha participado en una asamblea donde se presentó una empresa. “Hace aproximadamente un par de años llegaron a la asamblea ejidal con el proyecto de un gasoducto, pero no traían mucha información y la gente se quedó con dudas”, afirma Héctor Gallegos.

Héctor Gallegos y Laura Bulgarini, artistas ceramistas. Foto: Orsetta Bellani

El gasoducto del megaproyecto Saguaro Energía

El gasoducto que tendría que cruzar las praderas de Mata Ortiz se llama Sierra Madre: una tubería de 800 kilómetros con un diámetro tan grande que un niño de ocho años podría estar parado dentro de ella. Su propietaria será la empresa estadounidense Mexico Pacific, a la que Animal Político pidió una entrevista sin recibir respuesta.

De acuerdo con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, Sierra Madre empezará su camino en la frontera entre Estados Unidos y Chihuahua, donde se conectará con el gasoducto Saguaro Connector, que traerá hasta la frontera mexicana gas shale extraído mediante fracking en la cuenca Pérmica de Texas.

Sierra Madre cruzará seis municipios de Chihuahua y diez de Sonora y su metano alimentará la terminal Saguaro Energía de Puerto Libertad, en Sonora: un complejo de 400 hectáreas cuyos mecheros contaminarán el aire de forma permanente. Quemarán “gas natural”, compuesto casi totalmente por metano, promocionado como “energía limpia”, y que en realidad tiene hasta treinta veces más capacidad de calentamiento global que el CO2.

En la terminal Saguaro Energía, que mide poco menos del doble del tamaño de la colonia Roma Norte de Ciudad de México, el metano será licuado y cargado en buques de 300 metros de largo que cruzarán el golfo de California afectando a los pescadores sonorenses, a las ballenas y las demás especies que viven en este mar, considerado como el “acuario del mundo”.

Los navíos viajarán rumbo a Asia: Mexico Pacific ya firmó una decena de acuerdos, entre ellos con la empresa coreana Posco International Corporation y con las chinas Zhejiang Energy y Guangzhou Development Group.

Buscando inversionistas

Al concretarse, Saguaro Energía representará la inversión privada más grande de la historia de México: el costo total proyectado alcanza los 15 mil millones de dólares y 3.262 millones de dólares serán dedicados a la construcción del gasoducto Sierra Madre. Los bancos Santander, JP Morgan y Mitsubishi Bank son asesores financieros, es decir que están tratando de conseguir la inversión, pero aún no alcanzan su objetivo.

Otro elemento que hasta el momento ha impedido el arranque de las obras del gasoducto Sierra Madre y de la planta de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora, es la oposición de la sociedad civil, que interpuso diez amparos, juntó unas de 300 mil firmas, en contra del megaproyecto y organizó varias protestas en las calles.

Además, el gasoducto Sierra Madre obtuvo el permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), más no la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Foto: Conexiones Climáticas

La historia obscura de Bonatti

Para la construcción del gasoducto Sierra Madre, en noviembre de 2023 México Pacific firmó un contrato con una joint venture integrada por dos empresas italianas: GDI Sicim Pipelines y Bonatti.

Bonatti tiene varias obras en México, entre ellas el gasoducto que es parte de uno de los megaproyectos emblemáticos del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador: el Proyecto Integral Morelos (PIM).

En su investigación “La participación de Bonatti en el PIM y sus impactos sociales, ambientales y en DDHH”, el Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) documenta las numerosas persecuciones en contra de los pobladores que se han opuesto a Bonatti y a las demás empresas involucradas en el megaproyecto. Entre ellos Samir Flores Soberanes, asesinado frente a la puerta de su casa el 20 de febrero de 2019.

Más recientemente, en el marco de la disputa alrededor del PIM, han sido asesinados también dos dirigentes de la Asociación de Usuarios del Río Cuautla (Asurco): Francisco Vázquez y Carolina Plascencia Carvajal.

Un negocio que podría no tener futuro

El proyecto Saguaro Energía posicionaría a México como el cuarto país más importante en el sector energético de exportación del llamado Gas Natural Líquido (GNL). Sin embargo, el gas shale que se quiere exportar a Asia a través del gasoducto Sierra Madre no sería mexicano sino estadounidense.

De acuerdo con la investigación “¿Qué impulsa la expansión de plantas de licuefacción de gas metano en México?”, del colectivo GeoComunes, Estados Unidos quiere exportar su gas fósil por México porque “la instalación en costas mexicanas les podría implicar a las empresas menores costos de construcción y operación en comparación con EU, así como una mayor flexibilidad en los requerimientos de mitigación y remediación de impactos socio-ambientales”.

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) planteó la construcción de las terminales portuarias de exportación de GNL —hay otras seis en proyecto y una ya en función— como solución al exceso de gas que tiene el compromiso de comprar a Estados Unidos.

Luca Ferrari, investigador del Instituto de Geociencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el gobierno federal habla de soberanía energética, aunque en la práctica ha incrementado las importaciones de gas shale de Estados Unidos.

En entrevista, el académico afirma que en este momento Estados Unidos registra una sobreproducción de metano y lo vende muy barato, pero pronto podría alcanzar su pico de producción y la importación de gas podría volverse mucho menos conveniente.

“El tema se podría también convertir en un arma más de Donald Trump para chantajear a México”, dice Luca Ferrari, quien teme que se estén planteando inversiones muy altas en infraestructuras que, además de ser contaminantes, en un futuro podrían dejar de ser redituables.

“Creo que de todos modos el verdadero negocio será la construcción del gasoducto: aunque después de unos años no haya gas, quien haya hecho la obra ya ganó”, afirma el investigador de la UNAM. Para él, el gasoducto Sierra Madre y el proyecto Saguaro Energía convertirían a Chihuahua y Sonora en una “zona de sacrificio”.

Los pastizales de Mata Ortiz, en Chihuahua. Foto: Orsetta Bellani

Catorce impactos negativos y uno sólo positivo de acuerdo con la MIA

Entre los mezquites y agaves de la pradera de Mata Ortiz, algún día tendría que surgir una de las cuatro estaciones de compresión previstas por el proyecto Sierra Madre, que son sitios enormes que empujan el metano para que siga corriendo por el ducto.

De acuerdo con Claudia Campero, coordinadora de justicia climática para Conexiones Climáticas, las estaciones de compresión son muy contaminantes. “Las emisiones se pueden ocasionar por fugas no controladas o por flering, que se da cuando necesitan deshacerse de gas y, de forma controlada, lo ventean y queman. En general, no hay ningún gasoducto que no tenga fugas; la calidad de la construcción y el mantenimiento que le dan cambia su magnitud”, advierte la activista.

La MIA del proyecto Sierra Madre señala que el gasoducto tendrá 15 impactos en el territorio: catorce son calificados como negativos, desde la afectación del aire, del suelo y de la hidrología hasta los impactos en la fauna, flora, en el paisaje y en el medio socioeconómico. La MIA indica un solo impacto positivo y tiene que ver con la creación de empleos durante la fase de construcción del ducto.

“Creo que también el discurso relacionado con el empleo se puede derrumbar, pues para otros proyectos de este tipo en el norte de México trajeron soldadores de la India, porque el nivel de especialización requerido no se encuentra localmente”, afirma Claudia Campero.

Afectaciones a la Reserva de la Biosfera Janos

La MIA advierte que la construcción de la tubería implicará también la remoción de una superficie forestal en 1.979 hectáreas y que su trazo pasará a menos de 150 kilómetros de cinco reservas naturales.

Entre ellas, la Reserva de la Biosfera Janos, que se encuentra a poco más de una hora de Mata Ortiz y en un punto se ubica a un sólo kilómetro y medio del gasoducto. Janos es hogar de la única manada silvestre de bisontes que queda en México y tiene la colonia más grande de Norteamérica de perritos de la pradera, especie en peligro de extinción que, por el rol de conservación de los ecosistemas que habita, es considerada como “ingeniera ambiental”.

“El hecho de que el gasoducto esté enterrado causa desorden en el ecosistema, sobre todo cuando hablamos de roedores, como ardillas y perritos de la pradera, porque son especies que hacen madrigueras debajo de la tierra y son muy sensibles a vibraciones y ruidos”, dice la bióloga Diana Lugo, de la campaña Perritos en Fuga, que busca visibilizar los impactos del gasoducto. “Son especies clave para el mantenimiento de otras y, a pesar de esto, la existencia del perrito de la pradera ni siquiera está considerada en la MIA del proyecto”.

Cerámicas de Mata Ortiz. Foto: Orsetta Bellani

El ejido Mata Ortiz quedó dividido

El gasoducto Sierra Madre creó divisiones internas al ejido Mata Ortiz. Algunas personas están a favor del megaproyecto y otras no.

Mientras enseña las cerámicas que expone en su casa, Héctor Gallegos cuenta que la economía del pueblo cayó después de la Revolución, cuando clausuraron el aserradero, y se levantó nuevamente una vez que Juan Quezada impulsó la alfarería.

Las promesas de empleo que trae la empresa Mexico Pacific no parecen ilusionar a Héctor Gallegos, que a la par de su esposa Laura Bulgarini es un prestigioso alfarero. “La empresa lo cuenta bonito, pero no sé qué tantas afectaciones o beneficios pueda traer el gasoducto. Lo que me preocupa es que pueda ser peligroso”, dice.

Reportaje publicado en Animal Político el 8 de diciembre de 2025.

The post Gasoducto Sierra Madre y el proyecto Saguaro convertirán Chihuahua y Sonora en zonas de sacrificio first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Por primera vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México (Semarnat) negó a la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) el permiso para construir una obra en Quintana Roo que, sin embargo, está por concluir. La negativa se dio luego de confirmar que antes de iniciar cualquier trámite había talado 4.55 hectáreas y construido casi por completo un complejo en Quintana Roo.

Se trata de unos edificios que se encuentran en la entrada de Chetumal, cabecera del municipio de Othón P. Blanco y capital del estado, a un costado del nuevo aeropuerto internacional que desde noviembre de 2023 es administrado por el Grupo Mundo Maya (antes llamado Grupo Aeroportuario, Ferroviario, de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca-Maya-Mexica, propiedad del mismo Ejército).

El nombre oficial del proyecto es “Equipamiento y Obra Pública del Cuerpo de Policía Militar, para contribuir a las operaciones del Orden Interior y Seguridad Nacional, 2023 y 2024, Construcción de Instalaciones para dar seguridad (Frente 10)”.

Se desconocen muchos de los detalles, pues la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) no está disponible en la página web de la Semarnat, pero el resolutivo refiere que se trata de instalaciones con espacios funcionales, áreas de descanso e infraestructura para el mantenimiento y almacenaje de equipo, así como sistemas que contribuyan al manejo eficiente de los recursos para el Cuerpo de Policía Militar y a las Compañías de la Guardia Nacional.

El proyecto ocupa dos predios, con una superficie total de 74,322.80 m2, manifestando que requerirá una superficie de cambio de uso del suelo de áreas forestales de 45,531.11 m2, con vegetación de tipo selva mediana subperennifolia.

Durante una rueda de prensa que se llevó a cabo a finales de junio de 2025, casi un mes antes de que la Sedena solicitara los permisos ambientales, un coronel del Ejército afirmó que las instalaciones, que albergarán dos compañías de la Guardia Nacional integradas por 120 elementos cada una, contaban con un 75 % de avance y que los trabajos iban a concluir en octubre de este año.

Las notas de los medios locales que cubrieron la rueda de prensa hablan de un complejo habitacional de 28 viviendas y 7 edificios de cuatro plantas, con una inversión de 79 millones de pesos.

Modus operandi

Arrancar las obras antes de obtener los permisos ambientales es una práctica común en los proyectos que la Sedena desarrolla en la Península de Yucatán. También empezó sin la autorización de Semarnat la excavación de bancos de extracción de material pétreo, la construcción del Tren Maya, los ahora llamados Hoteles Mundo Maya y el aeropuerto de Tulum.

Aeropuerto de Tulum. Foto: Orsetta Bellani

En estos casos, la Sedena obtuvo los permisos cuando las obras ya estaban en fase avanzada de construcción, pero el proyecto de Chetumal ha sido tratado de forma distinta.

“El artículo 35 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente afirma que la Semarnat puede negar la autorización cuando se contravenga lo establecido en la ley, reglamentos o normas oficiales. Este proyecto contraviene uno de los principios fundamentales en el derecho ambiental: que la solicitud de permiso tiene que ser previa”, dice una abogada integrante de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terravida), que pidió se reservara su identidad.

“Este resolutivo está sentando una línea alentadora para quienes defienden y protegen el medio ambiente y el territorio, además de que está dando otro mensaje a la Sedena”, agregó.

Terravida desea que este caso marque un cambio de criterio en las decisiones de la Semarnat y se aplique al megaproyecto Puerta al Mar que el Ejército construye en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.

La pelota pasa a Profepa

“Se identificó que en el predio de ubicación del proyecto ya se realizó la remoción de la vegetación existente y por ende, el cambio de uso del suelo de áreas forestales, así como un gran avance en la construcción de la infraestructura”, escribe la Semarnat en su resolutivo del 13 de agosto.

Señala como otra motivación de la negativa el hecho de que la Sedena realizó un pago de derechos de 46 mil 574 pesos, sin embargo, omitió el correspondiente a la recepción, evaluación y resolución de la MIA-P del proyecto, por la cantidad de 93 mil 150 pesos.

La Semarnat pide a la Sedena dirigirse a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), para que determine lo correspondiente al iniciar obras y actividades sin contar con la autorización respectiva. La dependencia tendría que actuar de forma inmediata y entre sus facultades está clausurar obras que no cumplen con la normatividad.

“Profepa tiene que establecer sanciones y señalar las medidas que Sedena tiene que emprender para restaurar esa zona, para que el ecosistema pueda regenerarse”, dice Irma Morales Cruz, abogada de la Asociación Civil Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS). “Esperamos que la Profepa realmente tome las medidas pertinentes y seguiremos vigilando, no hay que despegar el dedo del renglón”, señala.

Artículo publicado en Animal Político el 25 de noviembre de 2025.

The post Semarnat niega permiso ambiental a la Sedena para obra militar casi terminada en Chetumal, Quintana Roo first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

A menudo la familia del padre Marcelo Pérez Pérez visita su tumba. Se encuentra a un costado de la iglesia de San Andrés Larráinzar, en los Altos de Chiapas, pueblo natal del sacerdote tzotzil que acompañaba muchas luchas por la defensa del territorio.

“Cuando estoy allí pido a Dios que llegue la justicia en nuestro Estado”, dice Romeo Pérez Pérez, que tiene el mismo brillo en la mirada que tuvo su hermano y un gesto muy parecido al estrechar la mano. Muestra la fotografía que se tomaron en su casa el 15 de octubre de 2024, cinco días antes del asesinato.

“Yo ya estuviera muerto, pero gracias a Dios estoy vivo”, le dijo el padre Marcelo aquel día, el último que compartieron. Como siempre Romeo se preocupó, pero conocía la temeridad de su hermano. “Tenía claro que su lucha era justa y por esto vivía con una cierta serenidad las amenazas que recibía. Sabía que lo importante era seguir con su trabajo”, dice.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Edgar, el asesino del padre Marcelo

Las grabaciones del 20 de octubre de 2024 de las cámaras ubicadas en la plazuela del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, muestran a una persona que se acerca al carro del padre Marcelo, que recién había salido de oficiar la misa. Es Edgar N, el hombre que dos días después fue detenido y meses más tarde, el 6 de agosto de 2025, fue sentenciado a 20 años de cárcel por haber disparado al cura.

Edgar es originario de Nuevo León y tiene un pasado como narcomenudista. Llegó a la ciudad chiapaneca, donde fue contratado para asesinar al sacerdote, aproximadamente un mes antes del homicidio.

“No dimensionó la repercusión social y lo vasta que iba a ser la investigación. Lo consideró como un encargo cualquiera y pensaba que, como en muchos otros casos, iba a haber impunidad”, dice el abogado de la familia del padre Marcelo y de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, que prefiere el anonimato para proteger su seguridad. Explica que por la relevancia del caso —tras el asesinato, hasta el entonces papa Francisco se pronunció en solidaridad con la Iglesia mexicana—, la investigación pronto pasó de la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) a la Fiscalía General de la República (FGR).

Caminante del Pueblo Creyente en San Andrés Larrainzar. Foto: Orsetta Bellani

¿Por qué optaron por el juicio abreviado?

La sentencia de 20 años en contra de Edgar N se dio por juicio abreviado, lo cual implica que reconozca los cargos a cambio de una reducción significativa de la pena.

“Aceptamos el juicio abreviado, aunque de esta forma no pudimos solicitar la pena máxima, que era de unos 50 años. Tomamos la decisión para no poner a los familiares en una situación de riesgo ni someterlos al estrés de un juicio, porque algunos son de la tercera edad”, dice el abogado.

El representante legal se dice satisfecho de que, en su sentencia, el juez destacó la importancia que tenía el padre Marcelo no sólo como presbítero, sino también como defensor de derechos humanos y vocero de los pueblos originarios. Además, asegura que la investigación sigue para dar con los autores intelectuales, y comparte que ya existen dos órdenes de aprehensión sin ejecutar: una en contra del hombre que manejaba la motocicleta en la que el asesino huyó, la otra en contra de quien estuvo revisando los movimientos del sacerdote. Los dos hombres son prófugos de la justicia.

Se inconforman ONG por el juicio abreviado 

No toda la sociedad civil chiapaneca aplaudió de lleno la sentencia. El Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR) la celebró, pero al mismo tiempo manifestó preocupación por el sometimiento a procedimiento abreviado.

“Lo fundamental de este mecanismo es la elusión de un juicio a partir de la autoinculpación del procesado, lo que evita el desahogo de pruebas recabadas”, escribe en un comunicado la organización internacional que acompañó al cura durante casi una década.

“No se conocerán en audiencia pública las pruebas ofrecidas por la FGR, lo que limita la posibilidad de acceder a una reconstrucción más amplia de lo sucedido. Este aspecto tiene un impacto relevante en el derecho a la verdad en su dimensión colectiva: la sociedad tiene la facultad de conocer qué ocurrió en el asesinato del padre Marcelo”, agregó.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) también expresó en un comunicado preocupaciones relacionadas con la estrategia institucional que mantiene la impunidad y la injusticia, “sin que se aportaran pruebas que condujeran a los autores intelectuales de este crimen atroz, que atentó contra los pueblos y comunidades que luchan por la vida y la paz en Chiapas”.

Peregrinación en San Andrés Larrainzar en el primer aniversario luctuoso de Padre Marcelo.Foto: Orsetta Bellani

El acompañamiento al pueblo de Pantelhó

Personas cercanas al padre Marcelo piensan que su asesinato tiene que ver con el conflicto de Pantelhó, poblado que en el 2021 tras el homicidio del ex presidente de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, Simón Pedro Pérez López, se levantó en contra de los criminales que controlaban la presidencia municipal.

El sacerdote ya había recibido amenazas en la época en que era párroco de Chenalhó y acompañaba a los sobrevivientes de la masacre de Acteal, también cuando desde la parroquia de Simojovel denunciaba a la mafia de los caciques locales. Pero fue al acercarse al pueblo de Pantelhó que las acusaciones en su contra se volvieron más agresivas: fue señalado de ser jefe del Machete, el grupo de autodefensas de Pantelhó, y en julio de 2022 la FGE emitió una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de 19 personas, ocurrida durante el levantamiento de la agrupación armada.

“Hay una orden de aprehensión en mi contra; sin embargo, mi conciencia está muy tranquila. Sí tengo una gran preocupación por las personas detenidas que no se ha podido rescatar, pero no está en mis manos”, aseguró el padre entonces. “Yo voy a seguir con mi vida normal, no voy a huir ni voy a escapar porque soy inocente”.

Padre Marcelo, al fondo, en la catedral de San Cristóbal de Las Casas tras la peregrinación por la Paz en Chiapas del 6 de julio de 2023. Foto: Orsetta Bellani

Jorge Santiago Santiago, defensor de derechos humanos sancristobalenses de larguísima trayectoria, recuerda que por pelear por los derechos de los pueblos, también a don Samuel Ruiz lo acusaron de ser el responsable del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Es cierto que el padre Marcelo asumió las denuncias de los crímenes que se cometían en Pantelhó, pero esto es muy diferente a dirigir o ser parte del Machete. Marcelo tampoco tenía un papel de mediador —que sí tuvo don Samuel Ruiz en el conflicto entre el EZLN y el gobierno—, sino que hacía un trabajo de búsqueda de justicia y de acompañamiento a las demandas de los pueblos frente a las estructuras de poder”, dice Jorge Santiago.

“Para mí no importa tanto quién lo mató, sino por qué lo mataron. Lo podríamos convertir a una cuestión individual, “lo mató tal persona por esto”, pero se trata más bien de intereses profundos, de defensa de la estructura económica y política. Lo asesinaron porque buscaba alternativas a un sistema y este sistema lo asesinó, por su insistencia, por su no parar”.

El problema de la inseguridad en Chiapas no está resuelto

El asesinato del padre Marcelo ocurrió durante un periodo de crisis de violencia e inseguridad en Chiapas, que empezó a mediados de 2021. Hoy en día, en Chiapas los enfrentamientos ya no son tan generalizados, pero tampoco se han detenido, sobre todo en zonas como la Sierra, la Frailesca y en la región fronteriza con Guatemala, país al que los chiapanecos se siguen desplazando. El 13 de octubre, tras un operativo de las fuerzas de seguridad, en los municipios de Jiquipulas, Cintalapa y Arriaga se registraron narcobloqueos, vehículos calcinados y un helicóptero militar fue agredido desde tierra.

“Cuando asesinaron al padre Marcelo estábamos en el contexto de la transición de gobierno y la población tenía la esperanza de que la nueva administración pudiera atender los problemas de inseguridad”, dice el padre Miguel Montoya Moreno, vicario de Paz y Justicia de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas.

“El gobierno anterior negaba el problema, ahora sí hay un discurso distinto que asegura que las zonas en conflicto serán atendidas. Se hizo una especie de tregua, pero el problema no está resuelto e incluso hay reportes de ciudadanos que denuncian que el nuevo cuerpo de seguridad del Estado, los Pakales, violan derechos humanos y fabrican delitos”.

La población en las calles

En marzo de 2025, durante la presentación del informe Chiapas, en la espiral de la violencia armada y criminal, Pedro Faro, del CDH Frayba, afirmó que el asesinato creó un clima de miedo en el estado. Muchos sintieron que si le pasó a un cura que gozaba de la “protección” de una institución como la Iglesia católica, le podía tocar a cualquiera.

Peregrinación que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, a dos semanas del asesinato del padre Marcelo. Foto: Orsetta Bellani

Al mismo tiempo, tras el asesinato del sacerdote los sujetos colectivos tomaron valor en las calles. Fuera carteles de Chiapas, gritaron miles de personas al acompañar el cortejo fúnebre del padre Marcelo. La misma consigna resonó en varias ocasiones en las calles del centro de San Cristóbal de Las Casas, frente a transeúntes y turistas, durante las marchas organizadas por las parroquias.

Feligreses y ciudadanos se reunirán nuevamente en San Andrés Larráinzar este 20 de octubre, en ocasión del primer aniversario del asesinato del sacerdote. Acompañarán a Romeo Pérez Pérez y su familia en la marcha-peregrinación que conmemorará la vida del padre Marcelo en el lugar donde está “sembrado”.

Artículo publicado en Animal Político el 20 de octubre de 2025.

The post A un año del asesinato del padre Marcelo en Chiapas, “la pregunta es ¿por qué lo mataron?” first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.

Liliana Ka’n se acercó a las artes cuando era adolescente y fue años después que eligió el audiovisual como forma para expresarse. Gabriela Domínguez Ruvalcaba agarró por primera vez una videocámara cuando era niña y Ana Ts’uyeb sintió el deseo de hacer un documental tras ver una película sobre la masacre de Acteal, comunidad tzotzil cercana a la suya.

Las tres cineastas son exponentes de la “nueva ola de cine chiapaneco” y sus documentales viajaron por los festivales de medio mundo antes de regresar, esta semana, a su lugar de origen: los Altos de Chiapas. Allí fueron presentados en la sexta edición del Festival Ocote, que se llevó a cabo en San Cristóbal de Las Casas entre el 4 y el 10 de octubre. 

Foto: Orsetta Bellani

El Festival Ocote

Ocote es un espacio pensado para el cine de Chiapas en Chiapas. “Aquí las películas no se enfrentan: se acompañan, se miran, se escuchan, se potencian”, se lee en la página del festival, que no otorga premios, pues no tiene el afán de que las cintas compitan. 

Su sexta edición fue un gran éxito: una semana de salas llenas, conversatorios y proyecciones. Se presentaron 40 producciones cinematográficas -no sólo chiapanecas- y un día entero fue dedicado a la programación para las infancias.

“Ocote ha sido testigo de la transformación que ha tenido el cinema en los últimos años en Chiapas. Creo que antes había una cierta tendencia a copiar lo que se hace en el centro de México, mientras que este nuevo cine chiapaneco explora una identidad propia”, dice Medhin Tewolde, cineasta y coordinadora de programación en Ocote. 

“Es muy emocionante ver como muchas personas de otros lugares de México ven a Chiapas ahora. Creo que proyectos de formación y exhibición como Ocote, Ambulante y el Foro Cultural Kinoki de San Cristóbal de Las Casas favorecieron esta posibilidad”, dice Gabriela Domínguez Ruvalcaba, que hace unos diez años, cuando del centro del México regresó a Chiapas, quedó impactada al descubrir que había personas que estaban empezando a documentar sus entornos, sus historias personales, y a través de ellas lograban tocar temas trascendentales. 

Foto: Orsetta Bellani

La nueva generación del cine chiapaneco

De acuerdo con Medhin Tewolde, históricamente los festivales han marginado a muchos tipos de cine y las películas chiapanecas difícilmente entraban a estos lugares. Recientemente, los documentales de estas realizadoras irrumpieron en espacios lejanos y prestigiosos: Li cham (Morí) de Ana Ts’uyeb y Formas de atravesar el territorio de Gabriela Domínguez Ruvalcaba ganaron, entre los demás, premios en el Festival de Morelia 2024, Vientre de luna de Liliana Ka’n fue nominada al Ariel 2025 y Mamá de Xun Sero ha sido presentada en más de 60 festivales, donde obtuvo 20 premios.

“Estamos pasando de ser representadas a representarnos”, dijo la cineasta tzotzil María Sojob durante un conversatorio de Ocote. La nueva generación del cine chiapaneco asegura que ha sido ella en abrir la brecha que están caminando y piensan que fue el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) a crear las condiciones para que, años después, tomaran la iniciativa de agarrar una cámara en sus manos. 

“El zapatismo aborda el arte como herramienta para narrar y visibilizar lo que pasa en nuestro contexto, y nos invita a usar las nuevas tecnologías”, dice Ana Ts’uyeb. “Mis papás pertenecían a la organización zapatista y desde pequeña me hablaban del sistema opresor, del racismo y de otras formas de violencia”. 

Para las y los realizadores de esta nueva generación, el cinema es una herramienta de lucha y denuncia, pero no lo hacen con un lenguaje militante, sino a través de narraciones poéticas e intimas. Sus documentales hablan de sus familias y de las comunidades tzotziles de las que la mayoría son originarios: muestran paisajes lentos de montañas rodeadas de neblina y hablan de la dureza de la vida, sobre todo para las mujeres: el parto, la maternidad y la discriminación que las mujeres viven en sus propias comunidades son los temas más explorados. No hay espacio para la romantización en estas películas que quieren exponer y romper estructuras coloniales.  

“Creo que las personas que hacemos cine y somos tzotziles estamos expresando contundentemente que amamos nuestra cultura y que al mismo tiempo queremos hacer cambios sobre las situaciones que no nos han permitido vivir tranquilamente”, dice Xun Sero.

Liliana Ka’n no esconde que en su comunidad, en el municipio de Chamula, ha sido criticada por lo que muestra en su película. “Creo que el cine tiene la capacidad de detonar e inclusive hacernos repensar cosas, creo tiene mucho poder el lenguaje cinematográfico”, dice la cineasta.

Artículo publicado en Animal Político el 11 de octubre de 2025.

The post Festival Ocote: la nueva generación del cine chiapaneco con identidad propia de lucha y denuncia first appeared on Sobre América Latina - Blog de Orsetta Bellani.