Las comunidades tseltales que resisten a la Guardia Nacional

César Hernández Feliciano tomaba su pozol sentado frente a una tiendita en el crucero de Temó, Chiapas, cuando percibió que la tensión iba a estallar. El director de la Policía Municipal de Chilón había cortado con su navaja la manta de los ejidatarios de Bachajón, que aquel 15 de octubre de 2020 se estaban manifestando contra la instalación de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio, y el forcejeo estaba empezando. 

Cesar guardó el pozol en su morral mientras observaba la lluvia de piedras que los policías lanzaban en contra de los manifestantes, e intentó resguardarse en la tiendita. No lo hizo a tiempo: una macana lo golpeó y un grupo de policías lo arrastró, pateó y subió a la góndola de una patrulla. Luego lo trasladaron a otra, donde el campesino y catequista, militante de la organización Modevite (Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio), conoció a José Luis Gutiérrez Hernández, otro ejidatario que había sido detenido. Tenía una herida profunda en la cabeza. Los llevaron al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo y los acusaron de motín. Pronto las torturas empezaron otra vez.

“¡Eres el líder de Modevite!”, gritaban los policías mientras lo golpeaban con una macana, detrás de la reja de su celda.

“No hay líderes en Modevite”, respondía él ante los golpes.

“Estás mintiendo, cabrón”, y llegaba otra golpiza.

César y José Luis estuvieron dos días sin comer ni tener contacto alguno con el externo. Al tercer día, con manos y pies encadenados, los subieron a una urvan blanca. 

“Ahora los vamos a llevar al infierno”, los amenazaron los policías.

“Está bueno, después de nosotros van ustedes”, contestó César.

Estuvieron más de cinco horas con la cabeza tapada y agachada, las manos cruzadas en la nuca. “Parecía una desaparición forzosa, pero no tenía miedo pues tenía fe en Dios”, dice César Hernández. 

Fue llegando al CERSS “El Amate” que la tristeza empezó a asomarse. Las pesadillas espantaban sus noches y las marcas en su cuerpo no paraban de recordarle los golpes. Le costaba caminar y para pararse de pie tenía que escalar la pared con las manos. Hasta hoy en día, César no puede cargar mucha leña porque el abdomen le arde. 

Consecuencias de militarización

Los habitantes de Chilón conocen las consecuencias de la militarización. En 1995, tras el levantamiento del EZLN, Sedena construyó un cuartel en esta zona de la Selva Lacandona poblada por indígenas tseltales, que fue cerrado en 2007 justo a causa de la oposición de la población.

“La presencia de los militares nos afectó mucho, sobre todo a las muchachas. En vez de ir a la escuela iban con los soldados, muchas se quedaron embarazadas y los militares no se hicieron cargo de sus hijos. Por esto no queremos el cuartel de la Guardia Nacional”, dice Pascuala Vázquez Aguilar, integrante de Modevite y concejala del Gobierno Comunitario de Chilón.

Se trata de un órgano de autogobierno tseltal impulsado por Modevite, que justo este 20 de noviembre celebró su cuarto aniversario. Fue elegido por usos y costumbres, trabaja de forma paralela al gobierno municipal partidista y pide una consulta para que se le reconozca su derecho a gobernar sobre su territorio de forma exclusiva.

El Gobierno Comunitario de Chilón se opone a los megaproyectos y a la presencia del cuartel de la Guardia Nacional, que ya ha sido construido por orden de Sedena –en lugar que de una instancia civil, como lo prevé la Constitución- a pesar de que no hubo consulta previa, libre e informada. Quienes aprobaron su instalación fueron únicamente el comisariado municipal y el presidente municipal, que entregaron el territorio a la Guardia Nacional con un contrato de comodato -o sea sin realizar ningún cobro- de 30 años prorrogable por otros 30 años.

“Las cifras de violencia e inseguridad en Chilón no justifican la imposición de un cuartel y la presencia castrense en este territorio”, afirma en rueda de prensa César Contreras del Centro Prodh, que junto con el Centro de Derechos Humanos Frayba asumió la defensa legal de César Hernández y José Luis Gutiérrez, y el acompañamiento jurídico de las comunidades tseltales. “La pregunta es: ¿cuáles son entonces los objetivos de la instalación de este cuartel? ¿A quiénes o a qué proyectos está cuidando?”.

De acuerdo con el gobierno comunitario de Chilón, los megaproyectos en juego son varios. “El comisariado ejidal de San Sebastián Bachajón anda diciendo en las asambleas que la empresa Coca Cola llegará para explotar un ojo de agua para producir refrescos”, afirma la concejala Pascuala Vázquez Aguilar.

Chilón sería además atravesado por la Carreteras de las Culturas, infraestructura que es parte de un megaproyecto que retoma la ambición que Fonatur tiene desde 2000 de construir una autopista entre las ciudades turísticas de San Cristóbal de Las Casas y Palenque, para transformar Chiapas en una “nueva Cancún”. 

El proyecto carretero se congeló en 2008 por la oposición de las comunidades, pero la actual administración decidió ampliarlo de unos 300 km, hasta la ciudad costeña de Pijijiapan. La autopista permitiría a los turistas viajar ágilmente de las playas chiapanecas a los sitios arqueológicos y balnearios de la Selva Lacandona, y funcionaría como enlace entre el Corredor Transístmico y el Tren Maya. A lo largo de esta carretera habría siete cuarteles de la Guardia Nacional: en Tonalá, Arriaga, Cintalapa, San Cristóbal de Las Casas, Chilón y dos en Palenque, ciudad donde también se planea construir una de las estaciones del Tren Maya. 

Los autores y autoras del documento “Militarización del Sureste Mexicano” del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica expresan una fuerte preocupación por el crecimiento del poder de los militares – y de la Guardia Nacional, que por el 76% está compuesta por elementos de las fuerzas armadas- durante este sexenio. “Cuando dentro de tres años este Gobierno terminará, los militares ya habrán ocupado regiones enteras del país”, advierte Ana Esther Ceceña, investigadora de la UNAM y coautora del documento. “No sé quién va a poder desmontar ese poder, o a regresarlo a sus niveles anteriores, que tampoco era poco”.

De acuerdo con el Centro Prodh, en Chiapas ya fueron erigidos –sin consulta– 10 cuarteles de la Guardia Nacional y se planea construir 21 de los 300 cuarteles que en unos años tendremos en todo el territorio nacional.

“El cuartel de Chilón es el único que todavía no se inauguró en Chiapas, pensamos que nuestro amparo está frenando su entrada en funciones”, dice Victorico Gálvez Pérez del CDH Frayba. Junto con el Centro Prodh, en noviembre de 2020 el Frayba interpuso un amparo, que todavía no se resolvió, en contra de la presencia del cuartel en territorio tzeltal y en contra del despliegue de actividades militares en general. Las autoridades judiciales tampoco avanzaron en la investigación de las torturas que César y José Luis sufrieron, y el Ministerio Público llegó a afirmar que las lesiones fueron producidas por ellos mismos.

Los dos indígenas tseltales están firmes en su lucha y en su exigencia de que el proceso judicial en su contra cese inmediatamente. César Hernández celebra el cambio de medidas cautelares que obtuvo hace un año, pero viajar cada dos semanas hasta Ocosingo para firmar en el Juzgado de Control le resulta muy caro y la prohibición de salir de su municipio lo hace sentir enjaulado. Los días pasan lentos entre el trabajo en la milpa y su casa. 

“Cuando estoy aquí sentado me viene a la mente todo lo que me pasó y me pongo a llorar”, dice César. Ni siquiera aquí, en el patio de su casa en la comunidad de San Martín Cruztón, donde con su esposa sembró flores violetas y naranjas, halla paz.

Artículo publicado en Pie de Página el 25.11.2021