Juez dicta suspensión definitiva de obras de Sedena en Bacalar y activistas denuncian intimidaciones 

Orsetta Bellani, Desinformémonos

Los pobladores de Bacalar se enteraron de que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) inició la construcción de un inmueble en un terreno a la orilla de la laguna, justo frente al emblemático fuerte, en marzo de 2025, cuando vieron las maquinarias trabajar. Empezaron a protestar, pues nunca fueron informados, y menos consultados, sobre el proyecto. Algunos estaban preocupados no sólo por las afectaciones ambientales, sino también por la militarización del territorio que la presencia del Ejército conlleva.

Frente a las protestas, el 25 de marzo de 2025 representantes de la Sedena encontraron a un grupo de pobladores. Los informaron sobre el proyecto y les avisaron de lo que dos días después se notificó formalmente: la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había exentado a la Sedena de la presentación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la obra, argumentando que en el terreno ya existe una edificación que sólo necesita remodelación y mantenimiento. De acuerdo con un comunicado de Semarnat, este edificio funciona como “casa de descanso para personal con estrés postraumático a consecuencia de agresiones sufridas en operaciones de alto riesgo y otros actos del servicio, para coadyuvar con su recuperación física y mental”.

“No es cierto, antes en este terreno nada más había un muelle con palapas”, dice una pobladora de Bacalar, cuyas afirmaciones están apoyadas por imágenes aéreas del predio. La mujer prefiere quedar anónima, pues teme ser intimidada. 

“Ha habido una acción muy frontal, no por parte de la Sedena sino de otros órganos del Estado, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ha hecho revisiones muy exhaustivas (bajo la lógica de buscar hasta encontrar algo) e impuso algunas sanciones a las caras más visibles del movimiento”, agregó.

La exención de la presentación de la MIA es lo que motivó la demanda de amparo, que fue interpuesta por las organizaciones locales Proyecto Justicia Común (PROJUC) y Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS).

“Lo que nosotros estamos diciendo en el amparo es que la resolución de Semarnat viola el derecho humano al medio ambiente sano, porque existen cientos de especies endémicas en la laguna, y además la construcción se está desarrollando en un suelo kárstico, que es muy poroso”, dice José Mario de La Garza, director de estrategia legal del PROJUC.

El abogado recuerda que existe también otro amparo en contra de la casa de descanso para militares de Bacalar y ha sido interpuesto por la Defensoría Pública Federal. Se basa en un argumento novedoso: la necesidad de asegurar las condiciones para que las generaciones futuras puedan vivir en un medio ambiente sano, y plantea cómo una obra de este tipo puede afectar el derecho al futuro de la niñez. 

El 6 de junio de 2025, un Juez de Distrito del Estado de Quintana Roo otorgó la suspensión definitiva de la obra hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo. “Si el juez declara inconstitucional el permiso que Semarnat otorgó a Sedena, ésta tendrá que llevar a cabo y desahogar todo el proceso administrativo de la MIA antes de seguir con la obra”, explica José Mario de La Garza.

Hasta el momento, Sedena está respetando la suspensión definitiva y desde el 7 de junio sus trabajadores ya no aparecieron en el terreno en la orilla de la Laguna de los Siete Colores.

Artículo publicado en Desinformémonos el 21 de junio de 2025.