México: Mujeres sin acceso a salud reproductiva y sexual

Antonia Pedro Blas es una indígena otomí que vive en la Ciudad de México. Tuvo sus dos últimos partos en el baño del Hospital Gregorio Salas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, acompañada por su esposo. De acuerdo con Cimac Noticias, servicio de la agencia Comunicación e Información de la Mujer, el personal del hospital le negó a Pedro Blas atención en salas de partos señalando que estaban saturadas a pesar de que estaba a punto de dar a la luz en el área de urgencias.

 

La discriminación que padeció Pedro Blas no es un caso aislado. Al final del 2013 fue clamoroso el caso de Irma López Aurelio, una indígena mazateca que parió en las afueras de un hospital en el sureño estado de Oaxaca luego que una enfermera le negara atención médica. La imagen de la joven en cuclillas y de su bebé en el pasto, aún ligado a ella por el cordón umbilical, circuló en las redes sociales, despertando indignación y destapando varias denuncias de casos parecidos. Según la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER), en Oaxaca un 80% de las mujeres indígenas y rurales son sometidas por el personal médico a tratos discriminatorios durante el parto y el control del embarazo.

Si bien en los últimos años en México la planificación familiar ha logrado avances, organizaciones sociales han denunciado la persistente discriminación en el acceso a los servicios de salud reproductiva para las mujeres indígenas y de bajos ingresos económicos. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, el 53.1% de las mujeres indígenas entrevistadas reportó haber usado algún anticonceptivo en la última relación sexual, en contraste con el 63.9% de las mujeres que residen en áreas urbanas.

Esterilizaciones


En el estado de Chiapas, también al sur, donde alrededor del 30% de la población es indígena, el estudio “Experiencia de Fiscalización del Acceso, Abasto y Uso de Métodos Anticonceptivos (2007-2010)”, publicado en el 2011 por DDESER y la organización no gubernamental Equidad de Género, revela que el método más utilizado entre las mujeres (49% de las mujeres entrevistadas por el estudio) es la salpingoclasia o ligadura de las trompas de falopio, mientras que sólo el 5% usa pastilla anticonceptiva y el 19% utiliza el condón.

“En Chiapas la salpingoclasia es practicada también bajo presión o con engaños, sobre todo entre mujeres indígenas o de zonas rurales, sin explicarles en detalle en que consiste la operación, y sin brindarles luego ningún seguimiento médico”, denuncia a Noticias Aliadas Nancy Zárate Castillo, profesora de psicología de género en la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y ex coordinadora estatal de la DDESER.

Según Zárate Castillo, el Estado mexicano no tiene una política integral en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, pues no existe una estrategia de acción que involucre las instituciones en varios niveles.



“En los años 70 hubo la última campaña sistemática y efectiva a nivel nacional en cuanto al cuidado de la reproducción. Era una exigencia del Banco Mundial y sí se disminuyó la tasa de natalidad”, explica Zárate Castillo. “Durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León [1994-2000] del Partido Revolucionario Institucional [PRI] se logró que en los libros de textos entrara el tema del VIH/SIDA y de los anticonceptivos. Pero llegando el gobierno de Vicente Fox Quesada [2000-2006] del Partido de Acción Nacional [PAN], en el 2000, todas estas informaciones fueron borradas de los libros de texto”.

El estudio de DDESER y Equidad de Género sostiene que en los hospitales públicos de siete estados del país que tendrían que proporcionar los anticonceptivos gratuitamente, la consulta médica debía de pagarse, el número de pastillas anticonceptivas no era suficiente, la burocratización para conseguirlas es excesiva, el personal es poco capacitado y las adolescentes deben de estar acompañadas aunque no exista ninguna ley que lo obligue.

Embarazos adolescentes


La falta de una estrategia institucional integral en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos es uno de los factores que en el 2008 llevó a México a ocupar el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): 64.2 por cada 1,000 nacimientos. Según el informe “Estado de la Población Mundial 2013. Maternidad en la Niñez”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), los embarazos adolescentes “son más probables entre niñas de hogares con ingresos más bajos, con menor nivel educativo y que viven en zonas rurales”. De hecho, en México los estados que presentan niveles más altos de embarazo adolescente son los más pobres, como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Otro elemento que determina la elevada tasa de natalidad entre las adolescentes mexicanas es la imposibilidad de practicar legalmente un aborto seguro, opción posible sólo en el Distrito Federal.

“Aquí una ley del 2007 despenaliza el aborto hasta la semana número 12, cuando la mujer lo hace de manera voluntaria, o sea sin ninguna causal. Lo practican hospitales públicos, clínicas privadas y organizaciones civiles sin fin de lucro como Marie Stopes”, explica a Noticias Aliadas Carmen González Rodríguez, gerente de mercadotecnia de Marie Stopes, red de clínicas que brindan tratamientos anticonceptivos y acceso a abortos seguros.

“Tenemos sedes en otros estados, como Chiapas, donde el aborto está permitido sólo si la mujer ha sido violada, si está en peligro su vida o la del producto, y por malformaciones congénitas”, agrega. “Allí trabajamos en la prevención del embarazo no deseado y de las infecciones de transmisión sexual, y se les da a las mujeres embarazadas la consejería para que tome la decisión que más le convenga. Si decide interrumpir el embarazo, tenemos acuerdos con otras organizaciones como el Fondo María, que apoya su viaje hasta el Distrito Federal, donde le brindamos la posibilidad de interrumpir su embarazo gratuitamente”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 20.06.2014