Profesores mexicanos piden justicia por la masacre de Nochixtlán

A través de una cortina de gases lacrimógenos, Miriam vio a un compañero caerse a unos metros de ella. Tras unos instantes, se dio cuenta de que había sido tiroteado por francotiradores. A pocos metros de distancia, varios coches y un camión que transportaba pollos ardían, impregnando el aire de humo negro y olor a llantas quemadas y aves carbonizadas.

El 19 de junio 2016, un centenar de agentes de la Policía Estatal, de la Policía Federal y de la Gendarmería llegaron al pueblo de Nochixtlán, en el Estado de Oaxaca, para quitar la barricada que mantenía cerrada la carretera y que, como en muchos otros lugares del sur de México, había sido colocada por el sindicado Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en contra de la reforma que abre las puertas a la privatización de la educación. Una vez abierta la carretera que conecta la Ciudad de México con los estados del sur, la Policía se encaminó rumbo al pueblo y empezó la «batalla de Nochixtlán»: en un lado, los uniformados con gases y armas, y en el otro, los pobladores con palos, piedras, machetes y cócteles molotov.

Alertados por el sonido de las campanas, centenares de vecinos de Nochixtlán y de los poblados cercanos se agruparon a la entrada del pueblo. Querían expresar su solidaridad con el profesorado, al tiempo que se declaraban preocupados por la entrada de la Policía en el pueblo. El ataque duró unas diez horas: resultaron heridas más de cien personas y ocho fueron ejecutadas, entre ellas un catequista de 19 años que había llegado para socorrer a los heridos.

A un año de los hechos, ninguna de las víctimas ha obtenido justicia por este crimen de Estado. Ningún agente o mando ha sido castigado y el Comité de Víctimas por la Justicia y la Verdad 19 Junio de Nochixtlán afirma que no ha habido avances en la investigación, solo promesas.

Las víctimas del ataque de Nochixtlán, que exigen ser reconocidas como víctimas de un delito de lesa humanidad, siguen siendo blanco de ataques e intimidaciones. Uno de los episodios más graves fue el atentado sufrido por el profesor Santiago Ambrosio Hernández, presidente del Comité de Víctimas. Un individuo disparó hasta en seis ocasiones contra su automóvil, hiriendo al maestro en una pierna. Junto a él viajaba el profesor Felipe Montesinos Sánchez, cuya casa fue tiroteada dos semanas después.

El miedo de las víctimas y la desconfianza hacia las instituciones es tal que se han negado a ofrecer su versión de los hechos a las autoridades: en el informe elaborado por el Ministerio Público faltan sus testimonios, además de material audiovisual que no han divulgado por miedo a represalias.

Un médico de Nochixtlán, que pide guardar anonimato, nos mostró el consultorio médico que, a unos meses del ataque, había abierto en la escuela primaria del pueblo, para permitir a los pacientes reservar su identidad. «Muchos heridos prefieren no ir al hospital público, donde les hacen muchas preguntas. Tienen miedo pues ya fueron amenazados», explicó. Recordó que el día del ataque, la Policía ocupó el hospital para impedir al personal atender a los civiles, y los heridos eran trasladados a la parroquia.

«Intenté acercarme al hospital, allí afuera estaban los policías y tiraban bombas de gas lacrimógeno a la gente que quería pasar», relata Alejandro que, al escuchar las campanas de la Iglesia, intuyó lo que estaba pasando y se precipitó al hospital comunitario para buscar a su mamá.

«La gente empezó a lanzar piedras en con- tra de los policías, corrimos porque empezaron a venir hacia nosotros, y llegamos hasta el panteón. Allí me apuntaron y escuché que alguien me gritó. Ya no sentía mi brazo y me dijeron que me habían disparado. De allí me trasladaron a la parroquia porque en el hospital no estaban atendiendo», relata el joven, que oculta su verdadero nombre por seguridad.

A un año de aquellos hechos, la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) aún no ha brindado los recursos necesarios para que los heridos puedan recibir la atención médica que requieren. Es una de las demandas de los pobladores de Nochixtlán, que durante todo el pasado fin de semana organizaron actividades para exigir justicia por la represión de hace un año.

«Hasta donde yo alcanzo a observar, las autoridades no quieren ir más allá de lo ya conocido», denuncia Virgilio Caballero Pedraza, diputado e integrante de la Comisión Especial de Seguimiento a los sucesos ocurridos el 19 de junio de 2016. «No sabemos cuál fue la responsabilidad de los mandos. Quién de ellos ordenó disparar contra los pobladores y por qué continuaron disparando. Yo veo a la autoridad con una actitud de omisión», subraya.

Artículo publicado en El Gara el 20.06.2017.