En Colombia los indígenas liberan a la Madre Tierra

Armando conduce su moto por una carretera sin asfaltar, esquivando los baches y a las vacas que permanecen en la orilla. «Aquí antes era todo caña de azúcar, todo», dice. Con un gesto rápido para no perder el equilibrio señala a los terrenos que nos rodean, donde hoy crecen pasto y plantas silvestres.

Estamos en las afueras de la ciudad de Corinto, en el departamento del Cauca, viajando rumbo a una minga de liberación de la Madre Tierra. En esta región de Colombia, en 1971, nació el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), formado por indígenas de diez etnias, en su mayoría nasas. Armando, cuyo verdadero nombre ocultamos para proteger su seguridad, forma parte del CRIC y es un «liberador de la Madre Tierra», un movimiento que se creó en el seno de esa organización indígena.

Durante las mingas de liberación de la Madre Tierra –minga es la palabra que los nasas utilizan para describir el trabajo colectivo–, los indígenas del Cauca cortan con sus ma- chetes la caña de los ingenios azucareros de la región, reapropiándose de las tierras que ancestralmente les pertenecían y que les fueron arrebatadas en el siglo XVI por los conquistadores españoles. Por esto, en América Latina más que de toma de tierras se habla de recuperación de tierras y los nasas han ido más allá, creando el concepto de «liberación».

«Hablamos de liberar a la Madre Tierra en lugar de recuperarla, porque con nuestra acción la estamos liberando de tanta contaminación ambiental, de tantos químicos, de tanto maltrato», subraya una mujer «liberadora de la Madre Tierra», a la que llamaremos Carmela, pues prefiere no revelar su verdadera identidad para garantizar su propia seguridad.

La conquista empujó a los indígenas caucanos desde las llanuras más fértiles hasta las montañas, donde han construido sus aldeas. Con el tiempo, su población se ha multiplicado, y para los jóvenes ya no queda tierra para cultivar. «Tierra sí hay, pero la tienen las grandes empresas», dicen los nasa de más edad del Resguardo indígena de Pioyá, en el norte del Cauca. Resguardo se refiere a un territorio donde los indígenas tienen un título de propiedad colectiva de la tierra y se gobiernan autónomamente.

Las bases del CRIC ya han liberado dieciséis fincas de la región, donde unas 250.000 hectáreas están sembradas con caña de azúcar destinada a la producción de agrocombustibles. Pertenecen a grandes ingenios azucareros como Incauca, propiedad del industrial colombiano Carlos Ardila Lülle, dueño también de otras grandes empresas como RCN Televisión y la refresquera Postobón, o como Mayagüez, de la familia Holgüin, que es pro- pietaria también de San Carlos, el único inge- nio condenado por su vinculación con los grupos paramilitares.

«Bien colectivo»

«Estas tierras que ahora son monocultivos son un bien colectivo, las queremos cultivar para sembrar alimento para nuestras familias», afirma Carmela, al recordar que después de tantos años de químicos y venenos, la tierra necesita descansar antes de ser sembrada nuevamente. La mujer reconoce también las dificultades que los «liberadores» están encontrando al hacerlo: cuando sembraron maíz en unas 70 hectáreas de tierra liberada, llegó una avioneta a fumigar sus cultivos; cuando plantaron plátanos, la Policía los tumbó.

Carmela vive con sus hijos y otra decena de familias del CRIC en unos cambuches, unas viviendas muy sencillas que construyeron en las orillas de un río que atraviesa un terreno «liberado». Allí se encuentra con sus compañeros antes de ir a tumbar la caña de azúcar de los grandes latifundistas, cada dos semanas.

Desayunan plátanos machos fritos con arroz, y luego se encaminan por los senderos que cruzan los monocultivos. Se despliegan por el campo y cortan la caña con sus machetes, que rebotan en el tronco duro de la planta. Mata tras mata, haciéndose un hueco entre los troncos de las plantas abatidas, moviendo sus pasos en la tierra dura y llena de hoyos de los cañaverales. Luego, los cortadores de caña queman los terrenos liberados.

Carmela es pariente de Daniel Felipe Castro Basto, un muchacho que murió a manos del Escuadrón Móvil Anti Disturbios (ESMAD) el 9 de mayo durante una minga de liberación de la Madre Tierra, dejando a su viuda embarazada de pocos meses.

«En lo que va de la liberación, el Gobierno ya ha asesinado a tres comuneros indígenas y los ataques han dejado más de 250 personas heridas, hechos que comprometen no solo a los agentes del ESMAD, sino a fuerzas privadas de seguridad del ingenio y a grupos armados ilegales», denuncia el CRIC en un comunicado.

A causa de la represión de la fuerza policial y de las guardias de las empresas, las mingas siempre se desarrollan acompañadas por la Guardia Indígena, que cuida las entradas a los terrenos y avisa en caso de que llegue la Policia.

«Siempre hubo guardias en contra de la persecución de los españoles, a pesar de que entonces no se llamaban así», explica Gilberto Cuetia. El hombre carga todo el tiempo un bastón de mando que lleva unos listones rojos y verdes, los colores del CRIC, y forma parte de la Guardia Indígena desde su nacimiento. «La Guardia Indígena nace el 28 de mayo de 2001 en el Resguardo de Caloto, porque los grupos paramilitares y las autoridades mataban a muchos líderes. Se creó con tres objetivos: acompañar las asambleas, las marchas y cuidar a nuestras autoridades. No tenemos armas, solo bastones y piedras para enfrentar al ESMAD», explica.

El CRIC emprende recuperaciones de tierras desde su nacimiento, hace 46 años. De acuerdo con Vilma Rocío Almendra Quiguanás, nasa misak integrante del colectivo Pueblos en Camino y autora del libro “Entre la emancipación y la captura”, estas acciones se pararon a partir de 1991.

«Esencialmente fue por dos hechos. El primero es que en aquel año se aprobó una nueva Constitución que, por primera vez, reconocía los derechos de los pueblos indígenas.

Esto, por un lado, fue una ganancia, pero, por otro, provocó una fragmentación de la lucha. Empezaron a llegar transferencias (de dinero) para los resguardos indígenas y las estructuras organizativas del CRIC y la ACIN (Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, una de las nueve organizaciones que conforman el CRIC) se enfocaron más a administrar ese dinero que a luchar por la tierra», explica la activista. «El segundo hecho que ha paralizado las recuperaciones de tierras fue la masacre de El Nilo de diciembre de 1991, justo seis meses después de la aprobación de la nueva Constitución. Asesinaron a 20 compañeros indígenas durante la recuperación de una finca, y la gente se asustó mucho», recuerda.

Dos modelos de autonomía indígena

Posteriormente, en 2004, tras el fortalecimiento de espacios de formación política donde se debatía sobre las dinámicas de despojo, no solo en el Cauca sino también en otras regiones de Colombia y de Abya Yala, las comunidades indígenas desde el norte del Cauca pasaron otra vez a la acción para protestar en contra de los incumplimientos del Gobierno, que firmó más 1.282 acuerdos de restitución de tierra que han quedado en pa- pel mojado.

«Desde el año 2004, la gente ha empezado a reflexionar sobre el hecho de que no es suficiente recuperar la tierra, que quitársela al patrón para seguir con su mismo monocultivo es seguir matando la tierra. Entonces se ha empezado a hablar de la necesidad de liberar la Madre Tierra», sostiene Vilma Almendra. «Hoy las y los liberadores se están oponiendo al sistema capitalista y extractivista. Se enfrentan al empresario Ardila Lülle y están confrontando también el autoritarismo interno en la organización: en los últimos años, la dirigencia más visible ha estado muy cercana al Gobierno de Santos. Le apoyaron con votos y le apoyaron en el proceso de paz con la guerrilla de las FARC, a cambio de la promesa del dinero que está llegando a Colombia para financiar el posconflicto. Algunos líderes decían a sus bases que si salían a tomar las fincas iban a entorpecer las mesas de negociación», critica.

Estas dos actitudes frente al Gobierno re- velan dos formas distintas de entender la autonomía indígena. Almendra califica como «radical y emancipatoria» el modelo impulsado por los liberadores de la Madre Tierra, que establecen su prioridades y formas de lucha oponiéndose a la cooptación por parte del Gobierno, y «subordinada» la forma de entender la autonomía de los cuadros del CRIC y la ACIN, que utilizan los recursos que provienen del Estado en la forma que el Ejecutivo impone.

Artículo publicado en El Gara el 19.09.2017.