Antonio González, el caso del zapatista desaparecido que llevó a México a la Corte IDH; el Estado espera sentencia

Orsetta Bellani, Animal Político (Foto: CDH Frayba)

Antonio González Méndez trabajaba en la tienda cooperativa Arroyo Frío del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en la comunidad El Calvario, municipio de Sabanilla. Fue allí donde conoció a Juan Regino López Leoporto, que de vez en cuando llegaba para comprar. Antonio no prestó mucha atención a lo que decían sus compañeros, que señalaban a Juan Regino —un muchacho de 17 años— como integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar de afiliación priista que operaba en la zona norte de Chiapas y que tenía una cara pública de asociación civil para poder recibir apoyo oficial. Incluso, en 1997, el gobierno chiapaneco le dio 4 millones 6 mil pesos “para impulsar proyectos agroecológicos y productivos”. 

Era la noche del 18 de enero de 1999 cuando Antonio, indígena ch’ol base de apoyo del EZLN y militante del PRD, salió de su casa con Juan Regino y nunca más regresó. Al día siguiente empezó la búsqueda encabezada por su esposa, Sonia López Juárez, que se ha mantenido firme durante los últimos 24 años. 

Inicialmente, la mujer acudió a las autoridades del municipio de Sabanilla, que buscaron a Antonio en el río y en el monte y llegaron a detener a Juan Regino, a quien pronto soltaron. Luego, Sonia viajó a Yajalón y a la capital Tuxtla Gutiérrez, donde tampoco le hicieron mucho caso: el Ministerio Público tardó casi tres años en pedir una fotografía de Antonio para facilitar su búsqueda.

Al no encontrar respuestas en los tribunales nacionales, en el 2000 Sonia, sus hijas y su hijo, acompañados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), acudieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para demandar al Estado mexicano por la desaparición presuntamente forzada de Antonio y la falta de investigación de los hechos.

“Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Sonia durante la audiencia que se llevó a cabo ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”. 

En Facebook hay un perfil de un hombre que responde al mismo nombre y es originario de Sabanilla. Dice que Juan Regino López Leoporto vivió por lo menos hasta 2014 en Bellavista, Jalisco, donde trabajaba como pintor de casas. 

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La guerra contrainsurgente en Chiapas

Cinco años antes de la desaparición de Antonio González, el EZLN se levantó en armas. Para contener la expansión del proyecto de autonomía que los zapatistas estaban construyendo en muchos municipios de Chiapas, el Estado impulsó una política contrainsurgente moldeada en el manual Plan de Campaña Chiapas 94, donde se afirma la necesidad de organizar “secretamente a ciertos sectores de la población civil, entre otros, a ganaderos, pequeños propietarios e individuos caracterizados con un alto sentido patriótico, quienes serán empleados a órdenes en apoyo de nuestras operaciones”. 

En un principio, en la zona norte de Chiapas, y luego en otras regiones del estado, nació un total de 13 agrupaciones paramilitares: grupos de civiles armados que gozaban del apoyo financiero y logístico del Estado. Su función era hacerle la guerra al EZLN y al mismo tiempo sembrar terror entre la población, de acuerdo con una táctica contrainsurgente llamada “yunque y martillo”, donde el primero es representado por el Ejército, que actúa como contención pasiva a la guerrilla, y el segundo son los grupos paramilitares que operan, de forma clandestina, atacando activamente a sus comunidades.

Por esto, de acuerdo con los peticionarios ante el SIDH, los hechos cometidos por los grupos paramilitares son imputables al Estado y, por lo tanto, desapariciones como la de Antonio se pueden considerar como desapariciones forzadas. Sin embargo, el Estado ha negado su relación con Desarrollo, Paz y Justicia y con los demás grupos paramilitares que operaban en los años 90. 

En la zona norte de Chiapas, la guerra contrainsurgente fue especialmente dura: tan solo en las comunidades de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, 4 mil 500 personas fueron desplazadas de manera forzada, 85 fueron asesinadas y 37 siguen desaparecidas, entre ellas Antonio González. 

“Hizo falta acudir a instancias internacionales porque el Estado no se investiga a sí mismo. Vemos necesaria también la conformación de una comisión de la verdad sobre la guerra contrainsurgente en Chiapas y un mecanismo de investigación que sancione a los responsables, tanto intelectuales como directos”, afirma Pedro Faro Navarro, abogado del Frayba. “Se tiene que reconocer que la desaparición de Antonio no fue un hecho aislado, sino parte de una política genocida que se implementó en estos territorios. Hay que abrir estas heridas que nos han hecho como pueblo mexicano, para que no vuelvan a cometerse esos crímenes”.

Hasta el momento, el Estado mexicano no implementó las medidas de no repetición recomendadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): grupos paramilitares como Desarrollo, Paz y Justicia ya no existen como tal pero se atomizaron en varias agrupaciones, donde sus líderes siguen operando. El número de grupos armados en el estado creció en los últimos años, de la mano con el incremento de la violencia. De acuerdo con un comunicado del EZLN de septiembre de 2021, “Chiapas está al borde de una guerra civil”.

Incumplimientos del Estado

En 2019, la CIDH emitió un informe de fondo sobre el caso de Antonio González, donde reconoce la participación del Estado en la conformación de grupos paramilitares en función contrainsurgente. No encontró, sin embargo, la existencia de elementos que prueben la pertenencia de Juan Regino López Leoporto a Desarrollo, Paz y Justicia y, por lo tanto, no considera a la desaparición de Antonio González como forzada. 

El Estado cumplió con algunas medidas de reparación para la familia de Antonio, como una indemnización económica y el ofrecimiento de disculpas públicas. “Este acto de disculpa pública y de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano no debe de entenderse como un acto protocolario, pues no venimos a cumplir solamente una resolución de la CIDH, sino a asumir un compromiso para la dignificación y el respeto de los familiares de Antonio González por su lucha”, dijo el subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, Alejandro Encinas Rodríguez, en enero de 2022, durante una ceremonia que se llevó a cabo en Sabanilla. 

Sin embargo, de acuerdo con la familia de Antonio González y el Frayba, la posición oficial es ambigua: de un lado, el Estado reconoce su responsabilidad y ofrece disculpas públicamente, pero por el otro sigue negando su participación y afirma que su única falla ha sido en las investigaciones.

En su informe de fondo, la CIDH exige al Estado mexicano investigar la desaparición de Antonio y buscarlo. Al no hacerlo, el caso pasó a la Corte IDH que emitirá una sentencia en las próximas semanas, vinculante para el Estado mexicano. Se trata del primer caso relacionado con la guerra contrainsurgente que llega a esta instancia internacional. 

“Tenía seis años cuando desaparecieron a mi padre y no me acuerdo mucho de él”, dice Magdalena González López, hija de Antonio. “No lo conocí pero seguiré luchando, aunque sea cansado, sea como sea, hasta que encuentren a sus restos. Y que cumplan todas las promesas que hicieron”.

La familia de Antonio quedó afectada económicamente por su desaparición, ya que era el principal proveedor. Su esposa ya no tiene fuerza para trabajar, le arden los brazos y no puede cargar el machete, y seguido le duele la cabeza. La mujer exige que se brinde atención psicológica para ella, sus hijos y sus nietos. “Pensamos mucho”, dijo ayer durante la audiencia en la Corte IDH.

Artículo publicado en Animal Político el 22 de junio de 2023.