Desplazados de Chenalhó exigen desarme de grupos armados y retorno seguro en Chiapas

Javier Ruiz Pérez estuvo dos días escondido con su familia en las montañas del sector Santa Martha, municipio de Chenalhó, en Chiapas. No tenían comida ni agua, pues tuvieron que salir corriendo de su casa tras el asesinato de su padre, el agente rural municipal Juan Ruiz Morales.

“Lo mataron porque no quería involucrarse en desalojar personas y quemar casas”, dice Javier en entrevista con Desinformémonos. Cuenta que su padre fue obligado a invitar refrescos a unos veinte hombres armados que, mientras estaban afuera de la tienda, le dieron con un rifle en la frente. Se cayó en el piso, donde lo golpearon en la espalda, y finalmente le dispararon un balazo en la frente.

La historia de Javier no es la única. En total, son 244 los habitantes de Santa Martha – muchos de ellos niños y niñas– los que tuvieron que abandonar sus hogares el pasado 29 de septiembre, cuando un grupo armado del mismo sector de Chenalhó atacó a sus casas por un conflicto agrario. Las familias desplazadas aseguran que dejaron atrás unas 100 viviendas quemadas, alrededor de 15 personas desaparecidas, siete personas adultas y tres menores de edad asesinados. El ejército se tardó dos semanas para ingresar al Centro de Santa Martha para patrullar la zona, aunque todavía no ha entrado a las comunidades donde fue el conflicto.
Este 26 de octubre las familias desplazadas marcharon desde Chenalhó hasta San Cristóbal de Las Casas para exigir retorno seguro a sus hogares y la desarticulación del grupo armado. Con los niños y las niñas al frente, pidieron justicia por los ausentes y castigo para los culpables. Acusaron a los agentes y al comisariado de bienes comunales de ser los jefes de la agrupación armada que, de acuerdo con ellos, usaron para despojarlos de las tierras que les pertenecen legítimamente.
La mayoría de las familias desplazadas por el grupo armado se refugiaron en Polhó, una comunidad que también se ubica en Chenalhó, donde empezaron a recibir ayuda humanitaria cinco días después su desplazamiento.

“El alimento no nos alcanza, hacen falta cobijas y medicamentos, hay niños enfermos y no tenemos atención médica”, afirmó hoy Manuel Gómez Velasco en el zócalo de San Cristóbal de Las Casas, al final de la marcha. “Exigimos a los tres niveles de gobierno que vayan al lugar de los hechos. Exigimos desarme y castigo de los grupos armados y luego un regreso seguro. El gobierno les ha dado más atención a los asesinos que a nosotros”, añadió.

Al concluir la marcha, una delegación de las familias desplazadas se reunió con representantes de la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y autoridades locales de Chenalhó, quienes les prometieron aplicar justicia a los responsables.

“No confío mucho en su palabra, pues dijeron que van a hablar con el comisariado para que entregue a los culpables y no creo lo hará, siendo que es él quien mandó a matar”, dijo Reynaldo, Pérez del Frente Indígena Latinoamericano de Chiapas, que acompaña a las familias desplazadas.

La raíz del conflicto de Santa Martha está en una disputa agraria. En este sector de Chenalhó hay presencia paramilitar a partir de la guerra contrainsurgente que se libró desde 1994 contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Desde 2017 realizan ataques constantes en contra de la población de dos municipios colindantes, con los que Santa Martha mantiene un litigio de tierras: Aldama y Chalchihuitán. Fue aquí donde los ataques causaron, en 2017, el desplazamiento forzado de más de 5 mil personas.

A finales de 2020, se firmaron acuerdos con ambos municipios que no llevaron a la paz, pero otorgaron a Santa Martha un total de 50 hectáreas de tierra, y es por el reparto de estas tierras que las tensiones en Santa Martha se recrudecieron, hasta el pasado 29 de septiembre, cuando explotaron.

Artículo publicado por Desinformémonos el 26.10.2022