La sombra de los asesinatos selectivos reaparece en Colombia

Cuando le preguntaron si su hermano Jaime pertenecía a la guerrilla, Jacqueline Castillo se quedó sorprendida. “Es que figura aquí como guerrillero muerto en combate”, le dijeron las autoridades.

Lo mismo dijeron a Zoraida Muñoz unos hombres de la Fiscalía, cuando le enseñaron la foto de su hijo Jonny Duvián Soto Muñoz. Estaba boca arriba y con tres tiros en la espalda. “Me explicaron que había sido un enfrentamiento con el ejército, que mi hijo traía un revolver”, recuerda la mujer. “Pero mi hijo jamás ha sido guerrillero”.

Era 2008, y desde hace algunos meses los noticieros reportaban una noticia alarmante:soldados asesinaban jóvenes, les sembraban armas y los presentaban a la opinión pública como guerrilleros caídos en combate. Por esto, pronto las dos mujeres entendieron que se encontraban donde nunca hubieran querido estar.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz aún no sabían que Jaime y Jonny Duvián habían sido entregados a los militares en un falso retén por un hombre llamado Alexander Carretero Díaz, quien a cambio recibió unos 300 euros por cada uno de ellos. Se había presentado a los dos, que soñaban con ser soldados, como reclutador del ejército. Por esto confiaron en él. Poco después a Jaime y Jonny Duvián los encontraron en una fosa de Ocaña, en el Departamento de Norte de Santander.

Jacqueline Castillo y Zoraida Muñoz integran la asociación MAFAPO (Madres de Falsos Positivos de Soacha y Bogotá), que pide verdad y justicia para las víctimas de “falsos positivos”.

Así se conoce en Colombia este tipo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por los soldados para cobrar premios, en dinero o en vacaciones, que el Estado les otorgaba por cada baja realizada en su guerra contrainsurgente. Una práctica que, de acuerdo con investigaciones periodísticas, recientemente resurgió en Colombia.

Cuando en 2007 el escandalo se hizo público, el gobierno afirmó que los “falsos positivos” obedecieron a unas “manzanas podridas”. Pero las organizaciones civiles las consideran como una política de Estado, pues los altos mandos favorecían las muertes sobre las capturas: “las bajas no es lo más importante, es lo único que importa”, decía una directiva interna del general Mario Montoya. Ningún general llegó a ser condenado por “falsos positivos”, pero sí tuvieron sentencia 1300 soldados y oficiales de rango medio.

Entre 1988 y 2014 en Colombia se registraron 2248 víctimas de “falsos positivos”. El 59% de estas ejecuciones extrajudiciales se presentaron entre 2006 y 2008, cuando Álvaro Uribe Vélez era presidente de la República y el Secretario de Defensa era Juan Manuel Santos, ex presidente que en 2016 ha sido galardonado con el Nobel por la Paz por haber firmado un acuerdo de paz con los guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un pacto que, a pesar de haber llevado a la reincorporación a la vida civil de unos 14 mil guerrilleros, no acabó con el conflicto en el país, donde hay territorios controlados por Grupos Armados Organizados – herederos de los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) -, por los guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y por las “disidencias de las FARC”, personas que no aceptaron los acuerdos firmados en 2016 por los mandos guerrilleros.

Es en el marco de esta nueva geopolítica del conflicto colombiano que reaparece la sombra de los falsos positivos. Una investigación del New York Times, basada en entrevistas con tres altos oficiales del ejército colombiano, ha revelado la existencia de nuevas ordenes finalizadas a intensificar los ataques sin “exigir perfección” al momento de ejecutarlos. A cambio, como en la peor época de los mal llamados “falsos positivos”, se les ofrecía a los soldados incentivos como vacaciones extras. Las directivas han sido emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel quien, como otros nueve generales, estaría supuestamente involucrado con algunos casos de “falsos positivos” ocurridos en la pasada década.

La situación preocupa a las familiares de las víctimas de “falsos positivos”. “El nuevo pronunciamiento del general Nicacio Martínez prendió nuevamente las alarmas”, afirma Jacqueline Castillo de MAFAPO. “Al exigir al ejército doblar las bajas que implica que podrían caer nuevamente muchos civiles y que sean presentados como bajas en combate”.

Una sucesiva investigación publicada por Semana documenta que se han presentado casos de falsos positivos en 2019. La revista colombiana revela también la existencia de una cacería adentro del ejército colombiano, finalizada a individuar y sancionar a los militares que filtraron informaciones a la prensa sobre el caso de las ejecuciones extrajudiciales y otro relacionado con actos de corrupción. Algunos oficiales, sospechosos de haber hablado, habrían sido interrogados usando el polígrafo y unos cien ya habrían sido trasladados.

Para hacer claridad sobre los hechos, el gobierno colombiano dispuso la creación de una Comisión Presidencial de Excelencia Militar, que investigará hasta noviembre. En su informe preliminar presentado al presidente Iván Duque a finales de julio, la comisión afirma que no se reportó ningún caso de “falso positivo” durante este año, y se felicita con el general Nicacio Martínez por haber retirado a las directivas cuestionadas por el New York Times.

“El informe de los expertos está plagado de errores”, ha afirmado José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, quien resaltó que la Comisión no ha evaluado algunas evidencias que eran de conocimiento público y que el ejército sacó solo una de estas directrices.

Intimidaciones y hasta amenazas de muerte se estarían ejerciendo, siempre de acuerdo con la información publicada en Semana, también sobre los militares que están rindiendo sus testimonios frente a la Justicia Especial para la Paz (JEP). Se trata del tribunal creado en el marco de los acuerdos de paz para juzgar a los crímenes de guerra y favorecer la reconciliación a través de un mecanismo de justicia que imparte penas alternativas a la cárcel. Allí se abrió el caso 003 sobre “falsos positivos”, al que se acogieron 55 militares.

“Los militares llegan a la JEP para hacer un show mediático y su perdón que no es sincero”, afirma Carmenza Gómez, integrante de MAFAPO y madre de Víctor Fernando Gómez Romero, quien ha sido víctima de falso positivo. “Queremos saber la verdad, empezando por las responsabilidades de los ex presidentes Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, y del general Mario Montoya”.

Artículo publicado en Público el 24.08.2019