Colombia: el largo y sinuoso camino hacia la paz

Timochenko camina rumbo al escenario rodeado por sus colaboradores. Lo muestran las pantallas gigantes instaladas en la Plaza Bolívar de Bogotá: el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) parece un boxeador que se acerca a su ring.

Allí lo esperan unos jóvenes que cargan unas mantas que dicen “Bienvenidas FARC a la política” y “Construyamos democracia”. Cuesta imaginar que estos mismos muchachos que ahora brincan entusiastas y aplauden, con toda probabilidad hace unos pocos meses combatían en las montañas, o vivían en clandestinidad en las urbes colombianas.

Timochenko, que a partir de la firma de los acuerdos de paz prefiere presentarse con su verdadero nombre, Rodrigo Londoño, ya habla como un político. Ya no llama a la lucha armada, sino a la lucha en contra de la corrupción, ya ha asimilado las reivindicaciones de los movimientos sociales y habla de tolerancia, diálogo y reconciliación.

“Fueron más de 50 años de resistencia armada, llegados a su fin con la firma de los Acuerdos de La Habana. Dejamos las armas para hacer política por vías pacíficas y legales, queremos construir con todos y todas ustedes un país diferente”, dice Rodrigo Londoño en su discurso. “Un país en el que en primer término la violencia desaparezca definitivamente del escenario de la política, en el que nadie sea perseguido, asesinado o desaparecido por pensar diferente. Impulsaremos una gran convergencia nacional, la conformación futura de un movimiento de movimientos que agrupe las más diversas propuestas de superación de la gran crisis nacional por medios pacíficos y democráticos”.

Los miles de personas presentes en la plaza central de Bogotá lo escuchan con atención. Difícil saber si llegaron para apoyar el acto público de lanzamiento del partido político de las FARC o si fueron más bien atraídos por la rica oferta musical.

El evento público se dio después de casi una semana de debates adentro del Congreso constitutivo de la agrupación política de las FARC. Allí unos 1,200 delegados entre exguerrilleros, exmilicianos e integrantes del Partido Comunista Clandestino (PC3) decidieron que el símbolo de su partido es una rosa roja con una estrella en el centro y que conserva el nombre FARC, convirtiéndolo en acrónimo de Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Una decisión que muchos consideran un error estratégico, siendo que 83 por ciento de la población tiene una imagen negativa de la exguerrilla a causa de los centenares de crímenes que cometió.

“Si van a hacer un partido comunista viejo estilo y cerrado van a tener una presencia muy limitada en el país, pero si van a hacer un partido amplio mirando hacia el futuro, como ha dicho Timochenko, pueden tener un espacio para sus propuestas”, ha afirmado la periodista colombiana Marta Ruiz en la revista Semana, al evidenciar cómo la nueva agrupación podría sacar provecho de la gran crisis de credibilidad de la política y de los partidos tradicionales. Una crisis tan grande que, de acuerdo con los resultados de la encuesta Gallup Poll de agosto, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tiene una opinión favorable de 12 por ciento, dos puntos por encima de los demás partidos políticos.

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Hay muchas imágenes que describen la nueva Colombia posacuerdos de paz. Unos policías que escoltan a los delegados de las FARC al Congreso de su partido. Un funcionario de Naciones Unidas que comparte con los periodistas el WhatsApp de un comandante de la exguerrilla. Unos marxistas que durante una rueda de prensa afirman haber solicitado un encuentro con el papa Francisco, e invitan a una reunión a su peor enemigo, el expresidente Álvaro Uribe.

Con mucha dificultad la FARC obtendrá una reunión con Uribe o con los integrantes de su partido, el ultraconservador Centro Democrático. El Centro Democrático ha sido el impulsor del No en el plebiscito de octubre de 2016, donde se preguntaba al pueblo colombiano si quería aprobar el texto de los acuerdos de paz. Si el Centro Democrático ganara las elecciones presidenciales de 2018, con toda probabilidad intentará tumbar las partes del acuerdo de paz a las que las negociaciones no pusieron candados muy resistentes.

“El gobierno está haciendo todo lo posible por cumplirle a las FARC, lo que es preocupante porque se montó un nivel de gasto exacerbado. Ahora para el gobierno la prioridad es darle dinero a las FARC, cuando tenemos 26 millones de pobres, más 12 millones en pobreza extrema”, afirma María Fernanda Cabal, diputada del Centro Democrático.

En realidad, según cálculos del Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz), el dinero que el gobierno prometió a los 6,900 guerrilleros y 1,541 milicianos para su desmovilización —220 dólares mensuales durante dos años más unos 660 dólares de entrada— equivale a los gastos de menos de una semana de guerra.

El acuerdo de paz establece que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común tenga asegurados diez curules y, como muchos colombianos, Cabal está preocupada también de que el Congreso se llene de criminales, acusación que muchos mueven a los miembros de su partido, especialmente a Álvaro Uribe, que tiene relaciones comprobadas con los grupos paramilitares.

“Me parece terrible que las FARC estén en el Congreso sin antes haberle contado algo de verdad al país. Vamos a ver acá en el Congreso al comandante de las FARC Iván Márquez y a todos los grandes asesinos, antes de ir a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)”, dice la congresista.

La JEP es la entidad que tiene el mandato de investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto por parte de todos los actores armados. De acuerdo con Diego Martínez, asesor jurídico de la delegación de paz en La Habana y miembro de la comisión jurídica que la creó, como en cualquier proceso de transición está previsto que aquellos que puedan ser sujetos de la JEP puedan participar en política. “La otra posibilidad era aplicar amnistías e indultos generales para todo el mundo, que es lo que hace la comunidad internacional en gran parte de los procesos”, explica Martínez.

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Tras la firma de los acuerdos de paz, las FARC están promoviendo un gran lavado de imagen. Activísimos en las redes sociales, los cuadros de la organización hablan de paz, de reconciliación, de cuidado del medioambiente y de su capacitad de hablar con transparencia a diferencia de “algunos políticos”.

Los líderes del exgrupo armado circulan videos que muestran el lado humano y amigable de las FARC: guerrilleras dando pecho a sus bebés o guerrilleros sonrientes preparando árboles de Navidad, jugando al futbol, hablando de la importancia de la igualdad de género. En los últimos meses en Facebook aparecieron los rostros de los guerrilleros desmovilizados que se están incorporando a la vida civil, y que antes no tenían acceso a los celulares.

“Muchos cristianos salieron del clóset”, afirma riendo un exmando de las FARC al enseñarme, en la lista de sus amigos de Facebook, las fotos de sus camaradas recién llegados: cruces, parejas abrazadas, corazones, poses sensuales, perritos.

“Con Facebook la comunicación con la familia y con los amigos es más chévere, más cercana. Pero también es un riesgo poner las fotos porque este país está lleno de paramilitares. Nuestra preocupación es que se venga una arremetida y empiecen a matarnos”, dice una mujer que desde que entró en la guerrilla, hace 40 años, se llama Chiqui.

Las preocupaciones de Chiqui tienen fundamento. Entre abril y agosto se han presentado 12 homicidios de excombatientes de las FARC y 11 asesinatos de sus familiares, lo que evidencia la debilidad de las garantías de seguridad ofrecida por el gobierno. Esta situación despierta la preocupación de que se pueda repetir lo que sucedió con el partido Unión Patriótica (UP) a finales de la década de 1980: la guerrilla se desmovilizó y creó la UP pero, tras el exterminio de sus integrantes, retomó las armas y regresó a la montaña.

Chiqui tiene 50 años —“¿te lo crees?”—, es chaparrita y muy enérgica. Se crio en una familia humilde de Bogotá, su papá militaba en las FARC y a los diez años decidió entrar en el movimiento armado M19. Allí combatió 20 años y, cuando la organización decidió desmovilizarse, pasó a las FARC. “Nunca he creído en las desmovilizaciones. En el país sigue gobernando la misma oligarquía reaccionaria, los mismos políticos que llevan 200 años en el poder. Y no creo que el gobierno vaya a cumplir con todo lo que nos prometió”.

A Chiqui la encontramos en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) Carlos Perdomo, en el Departamento del Cauca, una de las 26 aldeas que el gobierno tenía que construir para las FARC y que al final los guerrilleros tuvieron que edificar por su cuenta. Allí, a partir de enero, se concentraron tras dejar los territorios que ocupaban unos centenares de integrantes de la Columna Móvil Jacobo Arenas, una de las más temidas de las FARC.

Cuando estaba en la Jacobo Arenas, Chiqui subía y bajaba montañas, combatía, cocinaba para sus compañeros. Ahora se aburre, los días pasan lentos y todos parecen iguales. Para ocupar el tiempo, Chiqui prepara ambientadores naturales, o toma tinto [café] en la casa de su amigo Rubencho, una construcción sencilla que, sin embargo, representa la primera casa que el joven tiene desde hace mucho tiempo. A diferencia de la vivienda de Chiqui, la de Rubencho tiene baño y un cuartito que un día podría convertirse en una cocina. “No habiendo más, con mi marido me acuesto”, afirma Chiqui cuando le preguntamos si le gusta su nueva casa.

A Chiqui la encontramos el 13 de agosto pasado, cuando acababan de salir los tráileres de Naciones Unidas con las armas entregadas por los ya exguerrilleros. Desde aquel día, la ZVTN, como las otras 25 presentes en el país, cambió su nombre en Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación. Allí siguen viviendo los excombatientes, preparándose para su reincorporación económica en la sociedad colombiana, uno de los retos más importantes del proceso de paz.

“Colombia tiene mucha experiencia en procesos de desmovilización y reincorporación, aunque en esta ocasión se trata de una organización guerrillera más grande y que ha estado en guerra más tiempo. El pilar fundamental del acuerdo es la reincorporación política: dar cláusulas de participación política a un grupo que deja las armas es directamente proporcional al éxito de que no reincida o no recaiga en la violencia”, explica Eduardo Álvarez, director del área dinámicas del conflicto y negociaciones de paz en la Fundación Ideas para la Paz.

“En el acuerdo se establecen también unos principios de la que podría ser una estrategia de reincorporación económica. Las FARC quieren mantenerse cohesionadas y han diseñado una que han llamado Economías del Común (Ecomun), y que ancla la reincorporación colectiva al enfoque del cooperativismo. Algunos propusieron emplear a los excombatientes en empresas, pero las FARC dicen: ‘Nosotros no queremos ser empleados de nadie; vamos a formar nuestras cooperativas, nuestras estrategias de economía solidaria’. Sin embargo, es uno de los temas que francamente vemos que va muy lento, no vemos una estrategia de reincorporación real ni de contención temprana. Lo que se conoce como holding pattern, o sea, unos patrones para que los guerrilleros no se vayan de las zonas veredales. Algunos dicen que se quieren quedar a vivir allí, pero otros ya se han ido y se siguen yendo”, añade Álvarez.

Chiqui está entre las personas que se quieren ir a vivir en otro lado. No tiene pensado dedicarse a ningún trabajo, pues “después de los 30 años nadie te da trabajo en este país”.

A la Zona Veredal, Chiqui trajo su perro Morocho y muchos recuerdos. Algunos muy duros —el padre de su hijo murió en un bombardeo cuando estaba embarazada de siete meses—, otros bonitos: “Extraño la relación con los compas, la hermandad, la confianza, esto se va a perder en la ciudad”.

La mujer dice que tenía miedo cada vez que combatía, pero no estaba cansada de hacerlo. Cuando piensa en los 40 años que pasó en armas siente nostalgia: “Una como guerrillera, como revolucionaria, espera un día entrar en la Plaza Bolívar de Bogotá como Fidel Castro en La Habana. Pero ahora sabemos que no pasará”.

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Ángel está seguro de que la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común es solo para los comandantes, y que acabará siendo un partido corrupto y clientelar como todos los demás. El joven maneja su nueva moto por las terracerías que rodean el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación “Carlos Perdomo”. Mientras intenta no perder el control de su moto sobre las piedras lisas de la carretera, cuenta sobre su militancia de diez años en las FARC. Ahora que entregó su arma está decepcionado con los cuadros de la organización porque no lo están apoyando en obtener la amnistía que le permitiría caminar tranquilo por la calle.

“A mí no me interesan los beneficios económicos”, afirma Ángel. “Yo solo quiero los papeles para regresarme a mi casa, quiero criar a mi hijo de dos años, mi mujer me espera. Y quiero seguir estudiando telecomunicaciones”.

La felicidad para Ángel se encuentra cerca de aquí. Tres horas de carreteras de polvo, rodeadas de montañas cultivadas con plátanos, café y marihuana, lo dividen de su familia.

“Por estas montañas antes de los acuerdos de paz había tiroteos a todas las horas del día. Ahora está mucho más calmado, aunque a veces se siguen escuchando disparos por allí”, asegura Ángel.

Ahora que las FARC están quietas y desarmadas la situación está mucho más tranquila en el Cauca, uno de los departamentos donde la guerra ha sido más brutal. Desde hace tiempo en esta región hay tensiones muy fuertes entre la guerrilla marxista y los indígenas organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC). Los problemas empezaron hace unos 15 años. Antes las dos organizaciones lograban convivir y a menudo las FARC apoyaban al CRIC en las recuperaciones de tierra.

“Las FARC empezaron a llegar a nuestro territorio alrededor de 1983, suavemente, pero después comenzaron a llevarse a nuestros niños y a nuestras niñas para meterlos a combatir, ni nos avisaban si estaban vivos o muertos, los desaparecían. Las mujeres dijeron: ya no vamos a parir más hijos para la guerra”, recuerdan unos mayores exgobernadores del Resguardo indígena de Pioyá, un territorio frío del norte del Cauca donde la Corona Española arrinconó a los nasas. “La guerrilla puso minas en nuestras tierras y mató a los líderes que la criticaban. Tuvimos muchos momentos de tensión, en 2003 secuestraron a un suizo que trabajaba con nosotros y fuimos a liberarlo”.

Los recursos de esta región rica en agua, oro y petróleo siguen siendo atractivos para los demás grupos armados y las empresas.

“La firma de los acuerdos de paz y el despeje de los territorios que estaban bajo control de las FARC facilita la entrada en estas regiones de las transnacionales y de los grupos paramilitares”, afirma Vilma Rocío Almendra Quiguanás, caucana e indígena nasa misak, integrante del colectivo Pueblos en Camino. “No es un caso si hay tantos líderes sociales asesinados —según la organización no gubernamental Somos Defensores, han sido 51 en los primeros seis meses del año y el número más alto se registró en el Cauca. Toda gente que se opuso al mismo modelo económico que motivó las FARC a levantarse en los años 60 y que luego, al firmar los acuerdos de paz, la guerrilla aceptó que no se tocara”.

De acuerdo con Vilma Almendra, el reconocimiento del modelo económico neoliberal por parte de la cúpula de las FARC y la creación de un partido que representa más que nada la “jubilación para los comandantes”, llevó algunos guerrilleros a no desmovilizarse. De hecho, varias fuentes nos confirmaron que en el Cauca algunos exmiembros de las FARC cambiaron de bandera y tomaron la de otros grupos armados izquierdistas como el Ejército Popular de Liberación (EPL) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

“Nuestro trabajo de campo en Cauca, ya antes del proceso de desmovilización, deja ver que en el frente sexto de las FARC había fricciones muy fuertes. Se creó una disidencia que se dividió y ahora se enfrentan entre sí. Una de ellas es una estructura miliciana que controla el comercio de la marihuana y se llama Patria Grande Ejército del Pueblo. En el frente 60 no se habla de una disidencia en el sentido estricto de la palabra, más bien parece que unos milicianos no se apegaron al proceso de paz y se quedaron delinquiendo en la zona esperando el mejor postor”, explica Eduardo Álvarez de la Fundación Ideas para la Paz.

“Creemos —añade— que el gobierno no reconoce adecuadamente la gravedad de estos grupos. Aunque no tienen control sobre territorios o capacidad armada como las FARC, son grupos armados que están en formación y que pueden poner en peligro a los guerrilleros desmovilizados y a las comunidades”.

Gilberto Cuetia, fundador y coordinador de la Guardia Indígena del Resguardo de Corinto, afirma que las comunidades del Cauca están aprovechando este momento de calma aparente, en que la gente sale más de su casa.

Señala con la mano las montañas que nos rodean, que cuando el sol se mete se llenan de luces intensas que señalan la presencia de sembradíos de marihuana, y afirma que allí, antes de la desmovilización de las FARC, los ataques y las balaceras eran diarios. “Para nosotros no habrá paz nunca en la vida, salimos de un conflicto y entramos en otro. Ya hemos detectado la presencia de gente con brazalete del ELN y del EPL y nos estamos preparando en un plan para enfrentar lo que viene”, explica Cuetia. “Nosotros no queremos a los grupos armados, ni de derecha ni de izquierda”.

Artículo publicado en Newsweek en Español el 8.09.2017