Los pueblos indígenas ahora quieren «poner de cabeza al país»

El fin de semana pasado, don Agustín González viajó unos de 1.500 kilómetros para llegar a San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas. El indígena purépecha es originario de Nurío, en Michoacán, una de las regiones más afectadas por la supuesta guerra del Gobierno mexicano al narcotráfico, que ha causado unos 130.000 muertos y 30.000 desaparecidos en diez años.

Una aldea que, frente a la ineptitud institucional y como otras comunidades indígenas, ejerció su autonomía creando su propio sistema de Justicia y su policía comunitaria para defenderse de las organizaciones criminales.

«Hemos sufrido tanto desde hace más de 500 años que venimos trabajando para tener un Gobierno propio, ya no consideramos que cabemos en el sistema gubernamental», afirma González detrás de un sombrero de paja y de unos bigotes espesos y canosos. «Queremos trabajar conjuntamente los que somos pueblos originarios de este país. Esto es lo que se pretende con la conformación del Consejo Indígena de Gobierno (CIG), tener un Gobierno donde se tomen en cuenta todos los pueblos que existen en México, y donde el pueblo mande».

El hombre cruzó en autobús buena parte del país para llegar a Chiapas pues tenía una cita que se proponía una tarea muy ambiciosa: «Poner de cabeza al país» a través de un «alzamiento indígena no violento».

Esa fue la intención de los 1.400 delegados e invitados de 58 naciones indígenas de México, 230 bases de apoyo e insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se reunieron en asamblea para elegir a los integrantes de Consejo Indígena de Gobierno y a su portavoz que se postulará como candidata independiente en las elecciones presidenciales de junio de 2018.

«Las elecciones son la fiesta de los de arriba, queremos colarnos y echarla a perder. No pretendemos competir con los partidos ni es nuestro propósito la conquista del po- der político putrefacto. Queremos desmontar el poder de los de arriba, no administrarlo», afirmó Carlos González, delegado del Congreso Nacional Indígena (CNI), en un seminario organizado por el EZLN en abril.

Todo empezó en octubre de 2016, cuando el CNI, un espacio político impulsado por el EZLN desde 1996 para articular las resistencias de los pueblos originarios, se reunió en su quinta asamblea en el CIDECI-Universidad de la Tierra, un centro de capacitación política y laboral para jóvenes indígenas, considerado territorio zapatista y rodeado por bosques en San Cristóbal de Las Casas, uno de los poblados de Chiapas que hace 22 años vio levantarse a la guerrilla indígena.

Rearticular la lucha

El EZLN propuso entonces a los pueblos indígenas constituir de un Consejo Indígena de Gobierno «para rearticular la lucha del debilitado CNI», y crear una plataforma finalizada a resistir a la guerra que «envuelve a todo el país, que está en contra de todos y todas», integrado por un hombre y una mujer de cada pueblo originario, cuyo funcionamiento aún se desconoce pues serán las mismas naciones indígenas a decidirlo.

Una plataforma que ir más allá de los pueblos indígenas, pues «las organizaciones criminales que actúan en descarada complicidad con todos los órganos del Gobierno, partidos políticos e instituciones, configura el poder de arriba y son causa de repugnancia para millones de mexicanos en el campo y la ciudad». Pero aún falta una propuesta clara para quienes no son indígenas y quienes viven en la ciudad.

Los zapatistas propusieron al CNI que la portavoz fuera una mujer indígena, el sector más oprimido, y que presentara su candidatura a las presidenciales de 2018. Muchos interpretaran la propuesta como incoherente con la feroz crítica que desde hace años los zapatistas libran contra instituciones y partidos, que «sólo han generado muerte, corrupción y compra de dignidades».

Desde el inicio se dejó claro que no se pretendía crear un partido político sino presentar una candidatura independiente, y que el registro de la vocera del CIG a la carrera electoral es una estrategia para atraer la atención mediática, desde hace tiempo alejada de los pueblos originarios mexicanos, sobre la lucha y las propuestas del CIG.

«Ratificamos que nuestra lucha no es por el poder, no lo buscamos; sino que llamaremos a los pueblos originarios y a la sociedad a organizarnos para detener esta destrucción, fortalecernos en nuestras resistencias y rebeldías, es decir, en la defensa de la vida de cada persona, familia, colectivo, comunidad o barrio. De construir la paz y la justicia rehilándonos desde abajo, desde donde somos lo que somos», aseguran el CNI y el EZLN.

Las naciones indígenas declaran su intención de «cerrar filas y pasar a la ofensiva, a desmontar el poder de arriba y reconstituirnos ya nos sólo como pueblos, sino como país, desde abajo y a la izquierda (…) a organizarnos y parar esta guerra, a no tener miedo a construirnos y sembrarnos sobre las ruinas dejadas por el capitalismo».

Se espera que en marzo la candidata indígena realice una gira por todo el país, paralela a la campaña del resto de aspirantes, que será más bien una campaña por la organización, la vida y la defensa del territorio. La esperanza es que ese viaje, ese encontrarse con los dolores que la guerra ha causado en la población y las luchas que esos dolores han despertado, lleve a una articulación de todas las resistencias del país.

Aunque ahora se está promoviendo acu- dir a las urnas para votar, la estrategia del CNI tiene sin duda un parecido con la Otra Campaña que los zapatistas impulsaron en 2006, una iniciativa que permitió el florecer de muchos colectivos y que, sin embargo, falló en sus principales objetivos.

«Cada vez que el EZLN se ha metido al terreno del enemigo le ha ido muy mal. ¿Por qué a pesar de esto ahora se están lanzando en una iniciativa tan ambiciosa?», se pregunta el periodista Gaspar Morquecho. «Desde 2007, después de la gira del Subcomandante Marcos con la Otra Campaña, el EZLN no tiene incidencia en el plano nacional. No le conviene estar en esta dinámica, tiene que moverse. Ahora está en las peores condiciones económicas, políticas y sociales para hacerlo, pero como dicen ellos: en esto son expertos. Tampoco cuando los zapatistas salieron en 1994 estaban en las mejores condiciones para presentarse como un movimiento armado, pero fue exitoso; les fue muy muy bien», sostiene.

Articular los movimientos

Durante el fin de semana, los delegados no sólo debatieron sobre el funcionamiento y propósitos del CIG, su vinculación con otros sectores de la sociedad o el nombramiento de su vocera, también charlaron tomando café o pozol, una bebida de maíz chiapaneca, o durante las largas esperas frente al comedor, donde intercambiaron contactos, acordaron movilizaciones; casi un ensayo de lo que quiere hacer la candidata con su gira: articular los movimientos.

El domingo, en un auditorio repleto de delegados del CNI, adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, periodistas y zapatistas encapuchados, y ante a la mirada atenta de la Comandancia del EZLN, tomaron posesión las y los electos del CIG, que declararon querer buscar otra forma de hacer política, desde la horizontalidad y con toma de decisiones colectiva, y que serán revocados si no cumplen con su mandado.

Fue también nombrada su portavoz: María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, indígena nahua de Jalisco, médica tradicional y herbolaria. En marzo de 2001 ocupó con el EZLN la Cámara de Diputados en Ciudad de México para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, que hubieran garantizado la autonomía de los pueblos indígenas. Allí, supo contestar brillantemente a las preguntas de los legisladores.

«Pensamos que la compañera Marichuy no se vende, no claudica y no se rinde. Como ella se formó dentro del CNI, eso creemos», dijo una de las mujeres del CIG al leer el pronunciamiento de la Asamblea Constitutiva.

Los retos de los pueblos indígenas mexicanos son muy grandes: los ataques de la prensa y partidos, la capacitad del CIG de crear consenso en torno a su proyecto, la represión que podría golpear la gira de su candidata. Podrá haber violencia o intentos de manipulación o compra de líderes y activistas, tácticas que el Gobierno mexicano conoce muy bien. Pero el primer desafío será la recogida de casi un millón de firmas para que María de Jesús Patricio sea formalmente registrada ante el Instituto Nacional Electoral y pueda presentarse a las presidenciales.

«En este país hay 20 millones de indígenas, no hay ninguna duda de que se pueden juntar las firmas», afirma Fortino Domínguez Rueda, indígena zoque de Chiapas migrado Guadalajara y electo del CIG. «Los pueblos indios estamos construyendo nuevas formas de hacer política, no sólo en el discurso sino en la práctica. En medio de esta guerra, llena de muerte y despojo, somos los pueblos indios los que estamos saliendo con alternativas reales, a través del ejercicio de nuestra autonomía», subraya.

Artículo publicado por el diario El Gara el 3.06.2017.