Esta caravana recorrió 5.700 km para pedir que se acabe la ‘guerra contra las drogas’

«Vine muchas veces aquí a Chilpancingo, a los juzgados, a pedir justicia para mis hijos. Parece que se los tragó la tierra», grita María Herrera desde un templete en la plaza central de la capital guerrerense, con la voz llena de rabia y llanto. Levanta la foto de sus cuatro hijos desaparecidos y responsabiliza a las autoridades del crimen: «No desaparecieron, los desaparecieron». Esta dramática situación, como la de miles de personas más en México, encaja de lleno en el problema de la violencia generada en el país por lucha contra los cárteles de la droga.

Doña María llegó a Chilpancingo con la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, un esfuerzo de organizaciones no gubernamentales de varios países del continente que piden el fin de la guerra a las drogas. Esta caravana recorrió más de 5.700 km que separan Tegucigalpa [capital de Honduras] de Nueva York, ciudad a la que llegaron ayer lunes, con el objetivo de pedir a la Sesión Especial de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre Drogas (UNGASS) — que se lleva a cabo entre el 19 y el 21 de abril — poner fin a la guerra contra el narcotráfico.

Una treintena de organizaciones entre las que están Global Exchange, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, el colectivo ReverdeSer, la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM), el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) y algunas asociaciones de familiares de desaparecidos, pretenden se abra un debate sobre posibles alternativas y se considere el tema de las drogas como un asunto de salud pública, en lugar de seguridad nacional.

VICE News acompañó a esta caravana, que en su recorrido desde el 29 de marzo hasta el 18 de abril, vio subir y bajar de sus autobuses a unas 800 personas de manera intermitente, aunque hasta Nueva York llegaron unos 35 representantes.

Estamos en Chilpancingo, frente al plantón que el Movimiento Popular de Guerrero (MPG) levantó tras la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Un espacio construido con palos, lonas y tiendas de campaña. En el ambiente se percibe un silencio cargado de dolor entre las personas que escuchan las palabras de María Herrera, quien como habíamos dicho, tiene a sus hijos desparecidos.

Algunos de los presentes se secan los ojos con un pañuelo, otros suspiran y miran al suelo. Cada uno con su dolor, privado y colectivo. En el templete, otros integrantes de la caravana toman la palabra, la mayoría llorando o con la voz entrecortada.

«El gobierno mexicano gasta millones en el combate a la droga y la militarización, pero lo único que está produciendo es el recrudecimiento de la violencia. Los mismos militares y policías desaparecen a los jóvenes, como pasó con mis hijos», afirma Maricela Orozco Montalvo, otra mujer que integra la caravana.

En marzo de 2014 Gerson, el hijo de Maricela que en ese entonces tenía 19 años, salió de su casa y nunca regresó. El chico, según nos contó Maricela, fue secuestrado cuando se encontraba con dos amigos dentro de una tienda Oxxo, en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz. Los secuestradores pidieron dinero para liberar a su hijo, y a pesar de que se entregó, él nunca apareció.

El mismo día Maricela encontró los cuerpos acribillados de su yerno y de su otro hijo, Alan, en un carro. Ahora ellos forman parte de los más de 27 mil desaparecidos que oficialmente hay en el país.

En su largo recorrido a través de cinco estados, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, ha pasado por todo, desde el calor húmedo de Honduras hasta los fríos bosques de los Altos de Chiapas. De ahí salieron a rumbo a Guerrero, luego Morelos, Ciudad de México, Monterrey y Estados Unidos. Este grupo encontró heridas abiertas en cada región.

«El pueblo garífuna está directamente afectado, vivimos en la costa Atlántica que es un corredor de droga. Los criminales y los militares nos amedrentan, nos matan y violan a las mujeres», dice a VICE News Félix Omar Valentín, de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), mientras viajábamos rumbo a un concierto organizado por la caravana en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México.

En el Triángulo Norte de Centroamérica — región comprendida entre Guatemala, Honduras y El Salvador, que algunos prefieren llamar «Triángulo de la Muerte» —, en 2015 ha habido 6.650 asesinatos según Insight Crime. La misma fundación advierte que el año pasado en Guatemala y Honduras se registró una leve baja en la tasa de homicidios, mientras que en El Salvador subió de 70%: hoy el pequeño país centroamericano es el más violento del mundo, con 23 homicidios diarios.

La abogada salvadoreña Aleida Almendarez de Comunidades de Fe Organizadas para la Acción, que también integra la caravana, confiesa traer siempre su documento consigo, para que sea identificable en el caso en que la maten. Almendarez explica que la ‘narcoguerra’ en el Triángulo Norte tiene el nombre de Alianza para la Prosperidad, un programa impulsado por el gobierno de Estados Unidos para supuestamente combatir al crimen organizado, pero que ha llevado a la actual crisis humanitaria.

Alianza para la Prosperidad, Plan Mérida o Plan Colombia: son los diferentes nombres que, según los integrantes de la caravana, tiene la militarización en América Latina. «Hay que reconocer el saldo negativo de esta guerra, de estas guerras, porque son rostros distintos pero estrategias compartidas», afirma Marco Antonio Castillo, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia y miembro de la Asamblea Popular de Familias Migrantes (APOFAM).

«Lo que descubrimos durante nuestro recorrido es que el discurso oficial, la mentira, está cayendo. La gente se está organizando», relata Laura Carlsen, analista y directora del Programa de las Américas. «Con esta caravana nos dirigimos a las organizaciones sociales y a la opinión pública, para impulsar la organización de base. Sabemos que no vamos a afectar las decisiones de la UNGASS, para ellos esta guerra fue un éxito en términos de ganancias, concentración de poder y expansión de las fuerzas represivas».

Otro de lo integrantes de la caravana es originario de Nuevo León, estado ubicado en la frontera norte de México, con graves problemas de violencia por narcotráfico. De hecho, a principios de marzo, 500 elementos de Policía Militar llegaron a esta entidad, para reforzar trabajos de seguridad pública, anunció la propia Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) . Jesús González, es activista de Fuerzas Unidas para Nuestros Desaparecidos de Nuevo León (FUNDENL) y afirma que el gobierno invirtió millones de pesos para que los medios de comunicación construyeran el discurso de que «la violencia ya pasó». Según el activista, en las calles de Nuevo León ya no hay enfrentamientos, pero se incrementó el número de las ejecuciones.

Las integrantes de FUNDENL, que recibieron a la caravana en Monterrey, utilizan la palabra «guerra» para definir la situación en la que se encuentra la ciudad norteña.

El pasado 14 de abril, la caravana cruzó el Río Bravo caminando por el puente que une Nuevo Laredo a los Estados Unidos. Se dejó atrás Tamaulipas, la entidad que simboliza la violencia y la descomposición social que está dejando esta «guerra» en México.

De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano, en Tamaulipas la tasa de averiguaciones previas por secuestro es casi 694% mayor que la nacional. Los integrantes de Colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas, que se reunieron con la caravana, denuncian que en el estado hay pueblos enteros desplazados por la violencia del crimen organizado.

Guillermo Gutiérrez Riestra, padre de la joven Raquel, desaparecida en Ciudad Victoria en 2011, relata que en Tamaulipas desaparecen hasta los payasos que trabajan en los semáforos, por ir con la cara pintada y no ser reconocibles.

En un acto público que se llevó a cabo ayer lunes en Nueva York, a un día de la apertura de la UNGASS, la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia conoció historias que revelan cómo la guerra al narcotráfico, está afectando también a los estadounidenses.

De acuerdo con Ted Lewis de Global Exchange, coordinador de la Caravana por la Paz, la Vida y la Justicia, Estados Unidos es el país que encarcela más personas en el mundo y alrededor de 80% de los presos están recluidos por posesión de droga. En el país, afirma el activista, existe una crisis humanitaria relacionada con el encarcelamiento masivo, que afecta sobre todo a la comunidad negra, al punto que el asunto se volvió un tema en la actual campaña electoral estadounidense.

Esta caravana, según los organizadores, pretende propiciar espacios para un diálogo franco y amplio sobre las políticas globales de drogas, «buscando profundizar en enfoques alternativos y respetuosos de los derechos humanos; así como ampliar el debate, facilitando la presencia de nuevos actores y voces, en especial de quienes han padecido de manera directa las violencias de las guerras contra las drogas».

Durante su gira buscaron «aunar conciencias de pueblos que han sufrido diversas violencias derivadas del narcotráfico y la lucha contra las drogas, para evitar seguir caminando en la soledad, rechazar las violencias y tejer solidaridades que rebasen las fronteras y continúen mas allá de la Caravana y la UNGASS 2016».

Artículo publicado en Vice News el 19.04.2016