Corrupción e impunidad dominan todos los niveles del Estado mexicano

La película “La dictadura perfecta”, del director mexicano Luis Estrada, es la sátira de un país dominado por la corrupción. “En esta historia, todos los nombres son ficticios. Los hechos, sospechosamente verdaderos. Cualquier parecido o semejanza con la realidad no es mera coincidencia”, anuncia Estrada al principio de la cinta.

“La dictadura perfecta”, filmada en 2014, da cuenta del México gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde las organizaciones criminales trabajan como pistoleros de los políticos y quienes se atreven a denunciarlos son asesinados. Quien manda es la televisión, capaz de manipular la opinión pública al punto de imponer y quitar presidentes. El título de la película es tomado de una frase usada por el escritor peruano Mario Vargas Llosa para describir a los sucesivos gobiernos del PRI, que se ha mantenido en el poder por más de 60 años.

Así es México donde, de acuerdo a una investigación del diario británico The Guardian, durante la campaña electoral del 2012 la televisora Televisa —que cubre el 70% de la audiencia en el país, con una de las mayores concentraciones mediáticas del mundo— convirtió al poco conocido candidato priista Enrique Peña Nieto en presidente de la República, tras el pago de millones de dólares. Un equipo de periodistas, encabezado por Carmen Aristegui, que trabajaba para la emisora Noticias MVS, fue despedido intempestivamente en marzo pasado luego de revelar que la residencia donde vive Peña Nieto con su familia es de propiedad del Grupo Higa, empresa de un amigo del mandatario a la que favorece otorgándole contratos para la construcción de obras públicas.

La población mexicana está consciente del problema de corrupción que se vive en el país. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción 2014, de Transparencia Internacional, México se encuentra en el puesto 103 de 175 países —con una puntuación de 35 en una escala de 0 (elevada corrupción) a 100 (baja corrupción)—, el más bajo entre las naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), mientras que Brasil, su principal competidor económico en la región, se encuentra en lugar 69.

Según el Banco Mundial, la corrupción en México representa el 9% del producto interno bruto (PIB) y equivale al 80% de los impuestos recaudados a nivel federal. Y la corrupción camina de la mano con la violación a los derechos humanos y la violencia. Este año más de 15,000 personas han sido asesinadas en México, siendo los estados de Zacatecas y Baja California los que registran incrementos mayores al 100%. La tasa de impunidad llega al 98%.

Revelaciones sobre Ayotzinapa
Con el caso de Ayotzinapa, en el que desaparecieron 43 estudiantes, quedaron en evidencia para la opinión pública internacional los altos niveles corrupción e impunidad existentes en México y la falta de compromiso del gobierno en materia de derechos humanos.

En enero del 2015, la Procuraduría General de la República (PGR) anunció la que definió como  la “verdad histórica” sobre el caso: la noche del 26 setiembre del 2014 la Policía Municipal secuestró a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, para luego entregarlos al cartel criminal Guerreros Unidos, que los habría llevado al basurero de Cocula para matarlos e incinerarlos. Sin embargo, a principios de setiembre, los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a pedido del gobierno mexicano para investigar el caso y dar recomendaciones a las autoridades, llegaron a la conclusión basada en evidencias científicas que los estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Mostraron también cómo la PGR omitió algunos sucesos cubriendo, de esta forma, el involucramiento en el ataque de la Policía Federal y el Ejército.

“Nosotros no hemos hecho una evaluación de la intención [de las autoridades], lo que dijimos es que hay una omisión total de algunos hechos, a pesar de que estaban en las declaraciones de los normalistas, y lo hicimos saber a la procuraduría. Hay personas que tienen responsabilidad sobre estas omisiones, a nosotros no nos corresponde investigar, pero alguien tendría que hacerlo”, explica a Noticias Aliadas, Carlos Beristain, integrante del GIEI. “Nuestro trabajo es una oportunidad para el Estado mexicano y consideramos que es un aporte para la lucha en contra de la impunidad en el país. Es una herramienta importante no sólo por este caso concreto, sino que tiene también recomendaciones generales para los otros casos de desaparición forzada en el país, y esperamos que sea acogido en la práctica”.

Comisión contra la impunidad
Cuando el pasado 24 de setiembre los padres de las víctimas de Ayotzinapa se reunieron con Peña Nieto, le exigieron la formación de una comisión internacional contra la impunidad en México. La idea fue tomada de la experiencia de Guatemala, donde la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por Naciones Unidas, destapó una gigantesca red de corrupción conocida como “La Línea” que se dedicaba a la defraudación tributaria, obligando al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxanna Baldetti a renunciar. Ambos, junto con un séquito de altos funcionarios gubernamentales, se encuentran presos a la espera de ser juzgados.

En octubre, un grupo de organizaciones de la sociedad civil mexicana presentaron al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, la propuesta para creación de una comisión similar a la guatemalteca en el país. No obstante, para que se haga realidad deberá tener la aprobación del Estado mexicano.

“Cada vez está más claro que el Estado mexicano no sólo es inepto e incapaz de impartir justicia, sino que ha sido capturado por el crimen organizado a todos los niveles, desde la Presidencia de la República hasta las Policías Municipales”, afirmó a Noticias Aliadas,Federico Navarrete, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e impulsor de la propuesta.

“Es necesaria una colaboración internacional para reconstruir la gobernabilidad del país. Sin una ayuda del exterior va a ser muy difícil que el Estado mexicano se modifique, que de repente haga lo que en realidad nunca hizo. Creo que la única esperanza sería una movilización social que demandara un examen profundo de las instituciones del país, y también una presión internacional de los países aliados de México, porque un sistema tan corrupto de por si no la va a aceptar”, manifestó.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 11.12.2015