Colombia: “Un acuerdo de paz no convertirá de la noche a la mañana a todos los desmovilizados en ángeles”
Efraín Jaramillo Jaramillo es un antropólogo colombiano que durante cuatro décadas ha acompañado a las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas en sus luchas por la defensa de sus territorios y culturas. Es director del Colectivo de Trabajo Jenzera, grupo interdisciplinario e interétnico creado en 1998. El nombre Jenzera, que en lengua emberá significa «hormiga”, fue dado a este grupo por Kimy Pernía, líder indígena emberá katío asesinado en el 2001 por paramilitares.
Orsetta Bellani, colaboradora de Noticias Aliadas, conversó con Jaramillo sobre las preocupaciones y esperanzas que el proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos —que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, desde octubre del 2012— despierta en los indígenas.
Los pueblos indígenas no están representados en la mesa de negociación de La Habana. Existe la idea de que las FARC podrían representar sus intereses, además de los de los campesinos. ¿Qué opinas al respecto?
Algunos analistas de izquierda opinan que los intereses de los pueblos indígenas, de los campesinos y de los afrocolombianos estarían bien representados por las FARC. Esto es genuina especulación. Como diría la filósofa germano-estadounidense Hannah Arendt, es una “verdad de opinión” y no una “verdad de hecho”, pues una cosa es que las FARC y sus partidarios presuman que representan los intereses de los pueblos indígenas y otra cosa que estos pueblos se sientan representados por ellas. Los indígenas no creen que las partes que dialogan vayan a tener en cuenta sus intereses.
Percibo cierto pesimismo en sus palabras…
Puede ser. Pero fíjese usted, a pesar de todo lo que les ha sucedido, los pueblos indígenas son optimistas. Esperan que las negociaciones conduzcan a un cierre del conflicto armado, para que se entre en un periodo de transición para la reconstrucción del Estado. El escenario de La Habana no tiene que ser un espacio exclusivo del Estado y las FARC, que no admite terceros; esto es de una importancia capital para los pueblos indígenas, pues por primera vez desde la Constitución de 1991 estarían haciendo uso de lo que constitucionalmente significa ser parte orgánica de la Nación colombiana para participar en la construcción colectiva y democrática del Estado y la sociedad colombiana. Es por esto que se espera que el postconflicto sea sí un espacio abierto a todos los sectores de la sociedad para construir un nuevo país.
Los pueblos indígenas padecieron atropellos por parte de ambas partes involucradas en las negociaciones. Entre enero y agosto de este año, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). 29 indígenas han sido asesinados. ¿Creen los pueblos indígenas que con la firma de un acuerdo se pueda alcanzar la paz?
Los pueblos indígenas tienen claro que la firma de un acuerdo de paz no convertirá de la noche a la mañana a todos los desmovilizados en ángeles. Con ese realismo decidieron conformar una Comisión Humanitaria Indígena Nacional para adelantar diálogos humanitarios con los actores armados implicados en infracciones al Derecho Internacional Humanitario y llegar a compromisos públicos de respeto a la vida de los pueblos indígenas. Esta comisión busca el reconocimiento del gobierno nacional y el acompañamiento de facilitadores internacionales, garantes nacionales y observadores de países amigos.
¿En los acuerdos de paz se prevé alguna reparación de los daños causados a los pueblos indígenas?
Los indígenas esperan que de las negociaciones salga algún tipo de acuerdo sobre los derechos de las víctimas. Al respecto se respira pesimismo y crece la desesperanza por la lentitud de algunos programas del gobierno para sus pueblos. A pesar de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras y el Decreto Ley 4633 del 2011 —que dictan medidas de reparación integral y restitución de derechos territoriales a las comunidades indígenas— en tres años sólo ha sido restituido el territorio de un resguardo indígena en el Chocó [noroeste]. Además, los indígenas temen que la Agencia Nacional de Minería (ANM) y el Ministerio de Defensa no cumplan las medidas cautelares ordenadas por el Tribunal Administrativo del Tolima para proteger ese territorio de los daños de las actividades mineras de la empresa aurífera sudafricana Anglo Gold Ashanti en Cajamarca, departamento centro-occidental de Tolima.
Para el postconflicto, las FARC están tratando de asegurarse una serie de reservas campesinas que se encuentran en territorio indígena. ¿Los pueblos indígenas tienen alguna preocupación asociada con la desmovilización de los grupos armados?
A esta altura del desarrollo de las negociaciones, estimamos que los movimientos que las cobijan hayan entendido que en el postconflicto todos los sectores sociales deban converger políticamente para crear un escenario amplio y participativo. En La Habana se viene discutiendo la posibilidad de constituir territorios para los desmovilizados, y analizando si la figura de “Zona de Reserva Campesina” (ZRC) sería la más adecuada.
Teóricamente es una propuesta interesante, puesto que con la figura de ZRC no se trataría de continuar demandando una “distribución de tierras”, en el marco de una reforma agraria, sino de buscar el “reconocimiento de territorios campesinos”, que como propiedad colectiva —similar a los resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras— quedarían al margen del mercado de tierras y sería un obstáculo para la concentración de la tierra. No obstante, en la práctica, no se sabe como funcionarían.
Para nadie es un secreto que la mayoría de milicianos no se imaginan viviendo en ese mundo bucólico que tanto han predicado las FARC, de familias cultivando la tierra y comiendo del fruto de su trabajo. Para hombres curtidos en la guerra aquello de trabajar la tierra no es su vida, como lo han señalado tres desmovilizados que tuve la oportunidad de entrevistar.
Nos referimos también al grado de aceptación que tendrían estas reservas campesinas en el caso que se constituyesen sobre territorios de pueblos indígenas y de comunidades afrodescendientes; tendrán que inventarse fórmulas muy creativas para que estas reservas campesinas puedan funcionar.
Pero no hay por qué alarmarse al mencionar estas preocupaciones, que más que problemas son desafíos que tiene un país multicultural. Hay que afrontarlos si se quiere construir una sociedad más democrática y más acorde con los principios de una nación multiétnica y pluricultural como es Colombia.