‘Todos comemos papitas’: campesinos marchan en Bogotá en defensa del campo colombiano

Inversiones para el campo, desmonte de los tratados de libre comercio y protección de la producción agrícola nacional. Son sólo algunas de las demandas de los campesinos procedentes de todos los rincones de Colombia que el jueves marcharon en Bogotá.

Detrás de las banderas naranjas del movimiento Congreso de los Pueblos, las mayores organizaciones sociales del país desfilaron ordenadamente hacia la céntrica Plaza Bolívar, donde realizaron un mitin final. Allí prometieron no dejar la ciudad hasta que no se hayan concretado todos los puntos acordados con el gobierno en la mesa de negociaciones instalada hace más de un año.

«Estamos aquí en Bogotá para visibilizar los incumplimientos del gobierno y llamamos a la ciudadanía a solidarizarse con nosotros. Porque ‘todos comemos papitas’, dijo el colectivo de campesinos. Todo el mundo necesita de un agricultor todos los días, tres veces al día», declaraba a VICE News Natalia Romero, de la Asociación Trabajadores Campesinos del Tolima (ASTRACATOL), recordando que en Colombia los pequeños agricultores producen más del 70 por ciento de la comida que se consume en el país.

La marcha del jueves supone la más reciente movilización de la Cumbre Agraria, un espacio de articulación de movimientos de agricultores, indígenas y afrodescendientes que nació después del paro campesino de agosto de 2013. Entonces miles de trabajadores del campo se manifestaron en todo el país durante casi un mes en contra de la política agraria del gobierno de Juan Manuel Santos, marchando y bloqueando carreteras, con un saldo de 19 muertos y unos 600 heridos.

El ejecutivo se vio así obligado a sentarse en una mesa de negociación con las organizaciones campesinas, que denunciaban la grave situación que se vive en el campo colombiano.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la tasa de pobreza en el sector rural es del 42.8 por ciento y según el Censo Nacional Agropecuario — que se elaboró en 2014 después de 45 años sin realizarse —, Colombia sigue siendo un país con una concentración de la propiedad rural muy alta: el 41,1 por ciento de la tierra está en manos del 0,4 por ciento de los propietarios.

«En el campo colombiano falta todo por hacer. Esta zona sigue en un atraso enorme en comparación con el resto del país», afirmó el presidente Juan Manuel Santos al comentar los datos del censo.

La Cumbre Agraria denuncia que, a pesar de sus declaraciones, el gobierno sigue favoreciendo a los grandes empresarios del campo y no está haciendo nada para mejorar la situación de los pequeños agricultores, que representan el 83 por ciento de la población ocupada en el sector.

«Valoro positivamente que en mayo de 2014 el gobierno estableciera una mesa de dialogo con la Cumbre Agraria, pero esta decisión surgió en un momento en que el presidente Santos estaba presionado por las elecciones y la posibilidad de no ser reelegido. En la práctica, todavía no se ven en el gobierno acciones concretas de apoyo al campesinado», relata a VICE News Javier Lautauro Medina, de la organización no gubernamental Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP).

Según las organizaciones que integran el movimiento campesino, el gobierno no cumplió con los acuerdos pactados hasta ahora, y por esto la Cumbre Agraria se movilizó durante toda la semana. El pasado martes unos 200 integrantes de la Guardia Indígena tomaron pacíficamente el Ministerio de Agricultura, para obligar el ministro a sentarse otra vez a dialogar con las organizaciones del campo.

«Han habido varios acuerdos entre la Cumbre Agraria y el gobierno sobre varios temas desde mayo de 2014. Registramos avances pero también retrasos, hoy durante nuestra reunión establecimos una nueva metodología para mejorar la implementación de los acuerdos pactados entonces», ha declarado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, saliendo de la reunión en el Ministerio de Agricultura, mientras la Guardia Indígena desmontaba el cordón que había instalado alrededor del edificio.

Los acuerdos firmados por el ejecutivo en 2014 supuestamente tenían como objetivo fortalecer la economía campesina y establecer algunas garantías políticas. En particular, el gobierno prometió revisar la situación jurídica de muchos líderes agrarios que se encuentran en la cárcel o que viven bajo proceso judicial.

Según la Cumbre Agraria, hasta ahora no sé ha financiado ninguno de los proyectos de fortalecimiento de la economía campesina y en materia de garantías no solamente no se ha cumplido con desjudicializar los que estaban detenidos, sino que se han criminalizado y asesinado líderes campesinos.

Organizaciones de derechos humanos locales denuncian que 150 campesinos han sido acusados de rebelión y terrorismo y, según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), desde el principio de año los asesinatos de los nativos han aumentado un 58 por ciento.

«Después del paro agrario de 2013 el gobierno ha desarrollado la operación ‘Canción de Cuna’ para adormecer e inmovilizar a la protesta social», explica a VICE News Leonardo Ilich Rojas, miembro fundador del movimiento Marcha Patriótica.

«La estrategia va en tres direcciones: a través de los medios de comunicación se afirma que el gobierno está resolviendo los problemas en el marco de las negociaciones, cuando no es cierto; se criminaliza a la protesta social, diciendo que los campesinos han sido infiltrados por la guerrilla; y se lanza un estatuto de seguridad interno para reprimir la protesta social, subiendo las penas a las personas que participan en las movilizaciones», sentencia Ilich Rojas.

Artículo publicado en Vice News el 04.09.2015