México: La tortura sexual es práctica institucionalizada

En la madrugada del 7 de agosto del 2012 Claudia Medina Tamariz, vendedora de productos naturistas, fue detenida en su casa en el puerto de Veracruz por efectivos de la Marina mexicana. Fue torturada con descargas eléctricas y asfixias, le echaron baldes de agua y le introdujeron los dedos en la vagina. Cuando la amenazaron con dañar a sus hijos, ella confesó un delito que no cometió: pertenecer al cártel del narcotráfico Jalisco Nueva Generación.

Medina Tamariz permaneció detenida 23 días, salió libre bajo caución y el 26 diciembre pasado una jueza estableció que siguiera bajo proceso por delincuencia organizada, portación de granada y operación con recursos de procedencia ilícita, entre otros delitos. De acuerdo con la gubernamental Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), existen pruebas contundentes de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Marina contra la mujer, quien fue torturada psicológica, física y sexualmente. Sin embargo, ninguno de sus torturadores ha sido procesado.

El pasado 30 de setiembre, Amnistía Internacional entregó a la Procuraduría General de la República (PGR) un petitorio de casi 350,000 firmas, procedentes de varios países del mundo, para que realizara una “investigación inmediata, imparcial y exhaustiva sobre la denuncia de tortura presentada por Claudia Medina Tamariz”, y actualmente su caso está siendo analizado por instancias de las Naciones Unidas.

“La tortura sexual es una forma de tortura que se puede ejercer hacia hombres o mujeres, y que en el caso de las mujeres lleva siempre una connotación de misoginia, a través de frases, tocamientos en partes íntimas y atiende a los roles de género que tienen muy introyectados los policías, militares y marinos”, explica a Noticias Aliadas Araceli Olivos Portugal, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). “La sexualización de la tortura hacia las mujeres incluye llamarlas putas, perras, insistir en que a ellas les gusta eso, que este es su papel”.

Culpables andan sueltos
Según el Centro Prodh, algunos estados de la federación mexicana, como el estado de México, no tienen información sobre el número de denuncias por tortura hacia mujeres cometidas por agentes del Estado en los últimos cinco años, mientras que los estados de Campeche, Hidalgo, Durango, Jalisco, Morelos y Nuevo León informan no haber recibido alguna. Stephanie Erin Brewer, abogada del Centro Prodh, indica que esto no hace concluir que no haya problemas, sino al contrario hace cuestionar sobre las condiciones que tienen las mujeres en estos estados.

Los estados de Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Veracruz y Zacatecas que sí declararon haber recibido denuncias por parte de mujeres entre 2010 y mediados de 2014, registraron en total 112 casos y no existe ninguna sentencia condenatoria.

Sin embargo, algunas instancias internacionales están analizando las denuncias de tortura sexual de mujeres mexicanas, y en algunos casos emitieron sentencias. Por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) sentenció sobre los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, que fueron torturadas por militares en el 2002, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe de fondo sobre el caso de las hermanas González Pérez, víctimas de tortura sexual en Chiapas en 1994.

Además, se está litigando el caso de las mujeres denunciantes de tortura sexual en el marco del operativo policiaco en San Salvador Atenco, estado de México, ocurrido el 3 y 4 de mayo del 2006. Bajo la justificación de imponer orden tras actos de protesta social realizados por grupos de vendedores de flores, agentes policiales incursionaron en el pueblo. La incursión dejó como saldo dos jóvenes muertos y más de 200 personas detenidas arbitrariamente, incluidas 47 mujeres.

“Les puedo asegurar que cuando estuve en prisión todas las mujeres eran torturadas”, declaró Medina Tamariz frente al público participante al cierre de la campaña “Rompiendo el silencio, todas juntas contra la tortura sexual”, que se llevó a cabo el 24 de noviembre pasado en las instalaciones del Centro Prodh, en la Ciudad de México.

El caso de San Salvador Atenco
Las 17 mujeres impulsadoras de la campaña han denunciado la existencia de un patrón de sometimiento contra las mujeres por razones de género por parte de miembros de fuerzas de seguridad. La violencia y la tortura pueden ser cometidas para fabricar culpables en el contexto de la guerra contra el narcotráfico —como en los casos de la propia Medina Tamariz, Verónica Razo Casales, Belinda Garza Melo y Miriam Isaura López Vargas, forzadas a autoinculparse de delitos no cometidos— o para castigar el activismo social, como ocurrió con las mujeres que fueron detenidas durante el operativo en San Salvador Atenco y torturadas sexualmente por policías durante el traslado al penal.

La campaña “Rompiendo el Silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, fue lanzada el 5 de mayo pasado por las 11 mujeres sobrevivientes de tortura sexual en San Salvador Atenco, con la idea de hacer conocer a la opinión pública otros casos de mujeres torturadas sexualmente, y de acompañar sus casos.

“Con esta campaña quisimos devolver a otras mujeres la solidaridad que recibimos de muchas partes”, explica a Noticias Aliadas Italia Méndez, una de las mujeres que han denunciado al Estado mexicano por las torturas sexuales cometidas en el 2006 en San Salvador Atenco. “Nuestro objetivo es denunciar que la tortura sexual es una estrategia de Estado, no son casos aislados sino parte de la violencia estructural que se ejerce contra la mujer. Nosotras hubiéramos podido presentar una denuncia anónima pero decidimos no hacerlo; cargamos con el estigma de la violación, del hecho que haya sido expuesta públicamente nuestra sexualidad, y pensamos que mostrando nuestros rostros reivindicamos nuestra lucha, nuestro cuerpo, y esto nos ayuda a sobrepasar el miedo”.

Artículo publicado por Noticias Aliadas el 16.01.2015