Colombia: Campesinos sin tierra por acaparamiento

En el 2006, un grupo de mujeres campesinas desplazadas de San Cayetano, una comunidad de la zona Montes de María en la región del Caribe colombiano, constituyeron la Asociación Femenina Agropecuaria de San Cayetano (AFASAN).

Gracias al apoyo económico de la organización no gubernamental local Corporación Desarrollo Solidario (CDS) lograron comprar a privados 9.5 Ha de tierra que hoy sustentan a 16 familias.

“Sembramos hortalizas, tenemos ganados, un proyecto de apicultura y uno de piscicultura. Nuestros maridos nos apoyan en el trabajo, pero somos las mujeres que tomamos las decisiones”, explicó Duvis Ballestero, presidenta de AFASAN durante el Foro de la Tierra América Latina y el Caribe 2012, evento regional sobre el derecho a la tierra que se llevó a cabo el 27 y 28 de noviembre del 2012 en Cartagena de Indias. “Hoy nuestra finca se autosustenta y queremos ampliar la producción”.

A pesar del robo de cabezas de ganado y de las amenazas que sus integrantes recibieron por parte de los grupos armados ilegales, AFASAN se ha consolidado como un proyecto exitoso en una tierra difícil: Montes de María ha sido una de las zonas que más han sufrido las consecuencias del conflicto colombiano. Según datos oficiales, casi el 50% de su población ha sido desplazada por los actores armados que operan en el área: la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y los paramilitares del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), creadas en 1998.

A unos 20 minutos de San Cayetano se encuentra San Basilio de Palenque, donde se desplazaron los habitantes de la comunidad La Bonga.

“El 5 de abril del 2001, en La Bonga llegaron unos señores de las AUC repartiendo panfletos que decían que teníamos que desocupar la comunidad en 48 horas, y que de no hacerlo nos echarían”, relató Primitivo Pérez, de La Bonga. “Así que nos desplazamos y reubicamos en San Basilio de Palenque, donde pudimos construir nuestras casas gracias al apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, mientras no tuvimos ayuda por parte del gobierno. La mayoría de nosotros sigue trabajando su parcela en La Bonga, recorriendo 12 km diarios. Un día se presentaron unos funcionarios del INCODER [Instituto Colombiano de Desarrollo Rural] para ofrecernos terrenos aún más lejos de aquí. Les dijimos que los recursos que tienen podrían invertirlos para que podamos trabajar la tierra que ya tenemos, pero ellos se fueron. Luego llegaron algunos empresarios y nos ofrecieron comprar nuestras parcelas; sólo un campesino aceptó. En abril del 2012 obtuvimos la titulación colectiva de nuestra tierra, así que nadie pueda vender”.

Un episodio aún más trágico lo vivió Luis Alfredo Torres, de El Salado, comunidad de los Montes de María donde las AUC cometieron unas de sus acciones más sanguinarias: en febrero del 2000, una incursión paramilitar dejó 66 víctimas y provocó el desplazamiento de más de 600 familias.

“En esta época en toda la región de Montes de María asistimos a desplazamientos que son despojos disimulados: por miedo y presiones la gente vende su tierra a bajo precio a las grandes empresas”, manifestó Torres.

Presión de los bancos
Un elemento de presión fue representado por las deudas que los campesinos de Montes de María tenían con los bancos. Éstas fueron causadas por la crisis de la venta de arroz ocurrida al principio de la década pasada, cuyo cultivo había sido impulsado por el gobierno durante la fracasada reforma agraria de los años 1960. Cuando el mercado colombiano se abrió al arroz estadunidense y chino, el negocio quebró y los campesinos, que no producían nada más que arroz, empezaron a endeudarse.

Tras la desmovilización de los paramilitares en el 2004 y la muerte en el 2007 de Gustavo Rueda Díaz, conocido como Martín Caballero, jefe del Frente 37 adscrito al Bloque Caribe de las FARC, la violencia se redujo en los Montes de María. Sin embargo, no se paró la compra de tierras de forma masiva a campesinos deudores.

En octubre del 2010, el legislador Iván Cepeda pidió información al Ministerio de Agricultura sobre la compra masiva de 37,273 Ha de tierras en Montes de María, denunciando que estas formas aparentemente legales de adquisición se dan en una zona donde fueron desplazadas más de 120,000 personas.

Según el informativo La Silla Vacía, el resultado de la investigación de la Superintendencia de Notariado y Registro fue que los 133 títulos que escogieron para el análisis están en manos de unas pocas empresas interesadas en el agronegocio, en la reforestación y en la exploración petrolífera, todas administradas por tres fideicomisos.

De todos modos, en una entrevista al diario El Tiempo, el empresario Álvaro Ignacio Echeverría declaró que “de esas hectáreas unas 1,000 eran de parceleros y nadie los presionó. Todo es legal”. Sin embargo, el informe de la Superintendencia de Notariado y Registro ha denunciado también casos de irregularidades que permitieron la concentración de tierra, como la falsificación de documentos o la compraventa de una Unidad Agrícola Familiar (UAF).

Montes de María es una Zona de Reserva Campesina (ZRC) —actualmente en Colombia hay siete—, figura establecida con la Ley 160 de 1994 que determina la existencia de áreas geográficamente delimitadas donde los campesinos sólo tendrían que poseer una UAF y donde, en acuerdo con el gobierno, tendrían que concertar un plan de desarrollo sustentable.

“En las ZRC se crean UAF que determinan la extensión máxima de tierra que puede pertenecer a una familia en una determinada zona. Ninguna familia puede tener más de una UAF y así se evita la concentración de la tierra. Admitimos que en muchos casos la Ley 160 se ha violado, estamos investigando sobre esto”, explicó Jennifer Mojica, del INCODER, durante el Foro de la Tierra.

“Esta ley se viola de manera permanente”, denunció César Jerez, de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC), en el mismo foro. “El modelo del gobierno colombiano es agroexportador, y esto requiere de tierras. Tenemos que concertar un nuevo modelo de desarrollo, hacen falta soluciones estructurales”.

Artículo publicado el 23.01.2013 en Noticias Aliadas