Colombia: Empresas privadas detrás de Parque Tayrona

El Parque Nacional Natural Tayrona es un área espléndidamente conservada de la costa caribeña colombiana. Cada año alrededor de 240,000 turistas visitan el parque para disfrutar de sus largas playas, sus aguas cristalinas y los hermosos caminos que atraviesan su selva.

Hace un par de años, extrañas marcas hechas con pintura amarilla aparecieron en los árboles y en las piedras del parque. Según César, un guía del parque, la transnacional turística tailandesa Six Senses “está poniendo puntos de referencias topográficos para levantar un hotel de lujo. Parecía que la empresa había abandonado el proyecto, pero desde setiembre del 2012 hay nuevos rumores sobre el asunto”.

En setiembre del 2011, cuando el presidente colombiano Juan Manuel Santos anunció que Six Senses —a través de Arrecifes SA, su representante en Colombia— se disponía a construir un hotel de siete estrellas en el Tayrona, los ambientalistas se movilizaron. El mes siguiente, el entonces ministro de Ambiente Frank Pearl declaró “muerto” el proyecto.

Pearl no mencionó los problemas ambientales relacionados con la construcción de un hotel en un área protegida ni la presencia en la zona de cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada que, según la Constitución colombiana, tienen derecho a ser consultados en las decisiones que se adopten con respecto a la explotación de sus territorios.

Más bien, fue por decisión del Consejo de Ministros de no realizar ningún negocio relacionado con familiares del jefe de Estado, ya que en este proyecto estaban entonces involucrados Felipe Santos, hermano del presidente, y su primo Francisco Santos.

Sin embargo, el pasado 4 de octubre, la representante legal de Arrecifes SA Claudia Dávila reveló al diario colombiano El Espectador que ya se invirtieron US$2 millones en los estudios iniciales para la construcción del hotel y que, una vez obtenida la licencia ambiental, se terminará el proyecto en tres años.

Consecuencias ambientales
La empresa Arrecifes SA se constituyó en marzo del 2011 con el objetivo de desarrollar proyectos ecoturísticos. “Arrecifes SA ya tiene un hotel dentro del parque, pero dicen que manejan ‘alojamientos’ para camuflar la actividad hotelera, que está prohibida”, denuncia Yolima Vargas Garzón, bloguera de El Espectador y activista ambiental colombiana. “Además Arrecifes SA ingresa lanchas y yates al parque, que dañan los arrecifes de coral y contaminan las aguas”.

Arrecifes SA es una empresa del grupo Daabon, que pertenece en un 10% a la familia Dávila Abondano que está involucrada en varios escándalos: el derrame de aceite de palma ocurrido en 2008 en la bahía de Taganga, cerca de Santa Marta, la construcción de la marina de la misma ciudad, inaugurada en el 2011, que alteró el flujo de las aguas causando inundaciones, y la compra en el 2006 de la Hacienda Las Pavas, cuya tierra estaba en proceso de entrega a campesinos que, en el momento de la adquisición, vivían desplazados por los paramilitares. Además, según el informativo colombiano virtual La Silla Vacía, los Dávila Abondano recibieron 3.9 millardos de pesos colombianos ($2.1millones) por Agro Ingreso Seguro, programa del gobierno del ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) de subsidios a los campesinos.

Además, los Dávila Abondano son propietarios del predio donde se planea construir el hotel.

“Nuestra propiedad fue adquirida desde 1958 a través de adjudicaciones del Ministerio de Agricultura. Es un predio privado en el que la ley permite desarrollos ecoturísticos: en el 2010 nos reunimos con Six Senses y decidimos que ellos eran los indicados para operar el lugar”, afirmó Dávila en entrevista con El Espectador el 5 de octubre.

El Parque Tayrona —a pesar de ser uno de los sitios más conocidos de Colombia en el extranjero y lugar que inspiró al escritor Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, para su obra Cien años de soledad— no pertenece al pueblo colombiano, sino a poderosas familias de la zona, entre ellas los Dávila Abondano, que en 1958 recibieron el terreno del entonces Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, poco antes de que la Ley 2 de 1959 obligara el Estado a entregar la tierra a campesinos pobres.

Parque en manos de particulares
Más del 90% del Parque Tayrona pertenece a particulares. Según una investigación del 2008 del abogado Filipo Burgos, sus dueños podrían ser unos 260. No obstante, el 23 de agosto del 2012, después de la revisión de los títulos de propiedad de los predios del parque, el Ministerio de Ambiente reveló que sólo 20 terrenos son legales.

“Entre los predios ilegales se encuentran los de Tequendama CI, empresa de Daabon, que había destinado estos terrenos a la ganadería, actividad prohibida en zonas de reserva. También Arrecifes SA está en proceso de entrega al Estado de algunos terrenos dentro del parque”, relata Vargas Garzón a Noticias Aliadas.

Mientras Arrecifes SA se encuentra a la espera de que el Ministerio de Ambiente defina los términos de referencia del proyecto para pedir la licencia ambiental, los ambientalistas colombianos anhelan que el gobierno expropie los terrenos privados en el Parque Tayrona y tome en cuenta el Decreto 622 de 1977, que prohíbe expresamente la hotelería dentro de los parques naturales nacionales.

Otro obstáculo que la empresa tiene que superar es la resistencia de las comunidades indígenas que viven en el área. Recientemente Arrecifes SA dio a conocer un video grabado los días 20 y 21 de octubre del 2012 en el que líderes de los pueblos koguis, arhuacos y wiwas respaldan el proyecto hotelero.

Para Vargas Garzón, “la firma no tiene ninguna validez porque hace falta un proceso de consulta previa formal. Esto se puede considerar como un acercamiento, aunque ha sido de mala fe: Arrecifes SA ha negociado con líderes que ni siquiera saben hablar español”.

El 28 de octubre del 2012, el pueblo kankuamo —el único de la Sierra Nevada que no participó en la reunión— hizo público un pronunciamiento donde se declara una “posición de intocabilidad e innegociabilidad de los sitios sagrados”, y denuncia que “dicha actividad no fue concertada con los cuatro pueblos de la Sierra, requisito fundamental para avalar un proyecto que afecte sitios sagrados”.

Artículo publicado en Noticias Aliadas el 16.01.2013